La Alcaldía de La Paz denunció ayer en la Fiscalía a la empresa constructora Pro Urban, que cavó los cimientos para construir un edificio, y a los presuntos propietarios de la edificación colindante que colapsó.
El edificio se desplomó en la zona de Miraflores el miércoles La acusación es por el delito de atentar contra la seguridad común y desobediencia a la autoridad, respectivamente.
“Hoy (ayer) en la tarde he presentado a la Fiscalía de Distrito (la denuncia), solicitando que a través del Ministerio Público se haga la investigación correspondiente”, afirmó Gabriela Niño de Guzmán, quien hasta ayer fungía como alcaldesa de la ciudad.
Los artículos en los que se basa la comuna paceña para acusar a la empresa constructora Pro Urban son el 207 y 208 del Código Penal y están referidos a Delitos contra la Seguridad Común.
El artículo 207 dice: “El que causare estrago por (...) desmoronamiento, derrumbe de un edificio (...) será sancionado con privación de libertad de tres a ocho años”. El artículo 208 señala que el “que por cualquier medio originare el peligro de un estrago incurrirá en privación de libertad de uno a cuatro años”.
Según la Alcaldía, Pro Urban realizó excavaciones irresponsables en el terreno donde se iba a construir el edificio Angélica María, de 22 pisos. Dichos trabajos, presuntamente, ocasionaron el desplome de una parte de un edificio aledaño de cinco pisos.
Por otro lado, denunció a los supuestos propietarios de este inmueble, debido a que construyeron el edificio de forma irregular y sin autorización edil.
“Habrían hecho construcciones totalmente fuera de norma, habrían elevado (tres) pisos adicionales encima de (dos de) adobe y de acuerdo con informes preliminares, aparentemente en ese sector había pozos sépticos, razón por la cual he pedido al fiscal extender su investigación a ese edificio”, dijo Niño de Guzmán.
De acuerdo con el Código Penal, artículo 160, “el que desobedeciere una orden emanada de un funcionario público o autoridad, dada en el ejercicio legítimo de sus funciones, incurrirá en multa de treinta a cien días”.
La autoridad explicó que la presentación de la denuncia fue acompañada por los informes de la Subalcaldía del macrodistrito Centro y de la Dirección Especial de Gestión Integral de Riesgos (DEGIR), de la comuna.
Respecto de la solicitud que hizo el Concejo Municipal, de procesar al subalcalde Ramiro Burgos, Niño de Guzmán dijo que el pedido fue remitido a una autoridad sumariante, la que decidirá la pertinencia del proceso.
El jueves, el titular del Concejo Municipal, Omar Rocha, sostuvo que la Alcaldía tiene tuición para fiscalizar las propiedades privadas y este procedimiento “no lo habría hecho Burgos, pese a las denuncias formuladas por los vecinos años atrás” con relación a los problemas presentados en la zona de Miraflores.
Por su parte, Burgos dijo que la comuna no puede fiscalizar obras privadas y que la subalcaldía cumplió sus funciones.
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