ESTUDIOS El presidente de la SIB-La Paz , Marcelo Badani, dijo que el segundo estudio se entregará el 15 de marzo.
Redacción central / Cambio
Las columnas soportaron durante 16 años el sobrepeso de 18 pisos.
En la actualidad, las 174 familias viven en alquiler y aún no pueden sacar todas sus pertenencias.
El abogado de un grupo de afectados del edificio El Alcázar, Franklin Gutiérrez, denunció que la estructura presentó más grietas y por tal razón se postergó el retorno de los copropietarios.
El 17 de diciembre de 2012, 174 familias fueron evacuadas del edificio El Alcázar, uno de los más altos de la ciudad de La Paz, a causa de un movimiento inusual provocado por los daños en una de sus columnas fundamentales.
“Un informe de los copropietarios señala que hay más columnas con rajaduras, por lo cual creo que se genera un nuevo conflicto para los técnicos de la empresa Ormachea, como un nuevo presupuesto y nueva agenda. Por eso
Ormachea no cumplirá con la promesa del retorno”, aseguró Gutiérrez a Cambio.
Según el abogado, la información la dieron los afectados luego de una de sus reuniones hace una semana.
“También se informó que la maquinaria que se habría comprado para la reparación de los pilares se encuentra en los predios de la Aduana Nacional, aparentemente por irregularidades en la gestión”, agregó.
Tras la evacuación y cierre de calles aledañas, la empresa Ormachea, responsable de la construcción, se comprometió a la reparación de los daños y se anunció el retorno de los copropietarios para marzo, pero eso está en duda.
El presidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) filial La Paz, Marcelo Badani, informó que dicha postergación tiene que ver con “algunas fisuras que representan daños colaterales y el estudio pendiente de Ormachea para garantizar la estabilidad de la estructura”.
Entretanto, el alcalde Luis Revilla y el presidente del Concejo Municipal, Omar Rocha, afirmaron que aún esperan los informes del avance de la refacción para luego realizar las acciones correspondientes.
Sin embargo, el concejal Jorge Silva advirtió que este caso “se tornó político y que detrás de la postergación se estarían haciendo convenios entre la Alcaldía y Ormachea para encubrir la negligencia edil y la irresponsabilidad de la constructora”.
CONVOCAN A GOBIERNO
A partir de los nuevos hechos, el abogado de un grupo de los afectados convocó a las autoridades del Gobierno nacional a intervenir porque a dos meses del suceso la Alcaldía de La Paz y el Ministerio Público no toman acciones en el caso.
“Esta situación se le fue de las manos a la Alcaldía porque no tiene la capacidad de controlar lo que pasa dentro de El Alcázar y su omisión sólo demuestra negligencia y obstaculización”, dijo.
A esto se suma, según el abogado, la retardación de justicia en el Ministerio Público, donde un grupo de afectados inició un proceso legal contra Ormachea, el 28 de diciembre, y aún no muestra avances.
El proceso de siniestro con daños múltiples requiere las declaraciones de los empresarios y del comité de mantenimiento del edificio, la presentación de los planos estructurales y la intervención de la SIB-La Paz porque no tiene personería jurídica, afirmó el abogado.
Asimismo, convocó a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados a realizar las investigaciones “porque se trata de la afectación a decenas de familias”.
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