En los últimos años, las empresas constructoras informales en Cochabamba, conocidas en el rubro como “de maletín y celular”, se incrementaron en más del 100 por ciento, según representantes de las cámaras departamentales de Industria y de la Construcción.
Los representantes también coinciden en que estas empresas, nacieron para aprovechar el "boom" de las construcciones y la flexibilización de normas en los procesos de adjudicación de obras, particularmente municipales.
El presidente de la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco), Christian Eduardo Rojas, informó que, a nivel nacional, el gremio cuenta con apenas 1.300 empresas legalmente establecidas, frente a 10 mil informales, que disputan de manera desleal la ejecución de obras tanto públicas como privadas.
“Muchas de estas empresas (informales) son de maletín y celular; son unipersonales, no tienen oficinas, mucho menos maquinaria y personal especializado; trabajan en sus domicilios y la familia es parte del equipo de trabajo”, sostuvo.
Según el presidente de la Cámara de la Construcción de Cochabamba (CCC), Franklin Pérez, “basta que un empresa X tenga NIT y esté registrada en Fundempresa para que, con algo de favor político, se adjudique los proyectos que quiera”.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Industrias de Cochabamba, Federico Díez de Medina, estimó que el 80 por ciento de las construcciones en esta ciudad está a cargo de empresas informales o que carecen de alguno de los requisitos necesarios para completar su formalización.
"El Gobierno está presionando al empresariado formal mediante mecanismos de fiscalización y esta situación está haciendo que muchas empresas formales pasen a la informalidad y que las informales no tengan ningún deseo de formalizarse”, sostuvo.
Los empresarios de la construcción advirtieron que los grandes perdedores son las instituciones públicas, como alcaldías o gobernaciones, y también las personas particulares, debido a que las empresas informales se caracterizan por incumplir plazos, utilizar materiales de segunda, incrementar precios finales e incluso abandonar obras o "desaparecer" porque sencillamente no tienen capacidad económica y técnica.
Sin mencionar nombres, Pérez dijo que, en Cochabamba, las empresas informales han dejado abandonadas más de 200 obras, muchas de ellas del programa "Bolivia cambia, Evo cumple".
Entre los problemas de esas empresas citó la falta de supervisión, utilización de materiales de poca calidad, cálculos de estructura y cimiento con errores, salarios impagos y sus trabajadores no gozaban de beneficios sociales como el seguro de salud, implementos de seguridad industrial y ropa de trabajo, entre otros, añadió Pérez.
Dijo que las ventajas de contratar una empresa legalmente establecida son la seguridad y garantía que ofrecen de que los trabajos serán bien ejecutados, en el tiempo establecido y con los materiales comprometidos en el contrato de obra.
En contrapartida y también sin identificarlas, Díez de Medina afirmó que en el país existen decenas de construcciones ejecutadas por “empresas familiares y de amigos” que, a pocos meses de su entrega, presentan destrozos y serias deficiencias en sus sistemas sanitario y eléctrico porque fueron ejecutadas sin supervisión técnica alguna o delegadas a microempresas.
En busca de evitar estafas, ejercer control, regular actividades e impulsar la formalidad, los empresarios de la construcción y el Colegio de Arquitectos de Cochabamba (CAC) proponen un agresivo plan de formalización con aval de los colegios de ingenieros civiles y arquitectos de Cochabamba.
El presidente del CAC, Rafael Sainz, recomendó verificar que los profesionales de las empresas constructoras por contratar tengan el aval de los colegios de Arquitectos y de Ingenieros.
380 mil empleos
• Según datos de la Cámara de la Construcción de Cochabamba, en el país, alrededor de 380 mil obreros trabajan en construcción, de ellos 87 mil desarrollan sus actividades en el departamento de Cochabamba en más de 10 mil empresas, entre pequeñas, medianas y grandes.
• Apenas uno de cada 10 trabajadores, que presta servicios en empresas legalmente establecidas, gozan de estabilidad laboral, beneficios sociales y seguro de salud, el resto trabaja desamparado debido a que no cuenta con contratos de trabajo.
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