Christian Eduardo Rojas: “El déficit de vivienda generó un amplio mercado”

Para el máximo representante del sector constructor boliviano, la anterior gestión fue buena. No obstante, señala que urge hacer ajustes normativos.

¿Cómo cerró 2013 el sector constructor boliviano?

2013 fue otro año más que nuestro sector está dentro de los líderes de aporte al Producto Interno Bruto (PIB). En la actualidad, las empresas extranjeras están a cargo del 30% de las obras estatales y en montos económicos representan el 70%, mientras que las empresas nacionales están a cargo del 70% de las obras estatales, pero en presupuestos representan el 30%.
En la gestión 2013 el sector de la construcción registró un crecimiento del 7,6% que es similar a años anteriores. El déficit de vivienda existente en nuestro país, generó un amplio mercado para la edificación de edificios multifamiliares, actividad impulsada económicamente, en gran parte, por una atrayente oferta de créditos de diferentes entidades financieras.

¿Cuál fue el nivel de consumo de cemento en 2013 y qué se prevé este año?
Según datos del Instituto Boliviano del Cemento y Hormigón (IBCH), La demanda de cemento, como ha sido su comportamiento los últimos años, viene creciendo entre el 9% y el 10%.
El año 2010 el consumo de cemento creció un 9,59%; en 2011, 9,12% y en 2012, 8,39%, cifras muy elevadas que reflejan el dinamismo del sector constructor en Bolivia.
Los departamentos que más consumen el producto (74,6%) son Santa Cruz, La Paz y Cochabamba.
Según datos de la industria del cemento en junio de 2013, se informó de que se habría concluido con ampliaciones y mejoras de producción de este insumo en las distintas fábricas de cemento del país, estimando ellos poder producir un 20% más que la gestión 2012, con lo cual se podría garantizar el abastecimiento en la época alta de consumo de este material (de octubre a diciembre), para de esta manera disminuir o paliar la época crítica.

¿2014 tiene mejor o peor proyección para el sector?
Siendo un año electoral y también no existiendo nubarrones en el horizonte económico, tenemos la expectativa de mantener mínimamente el mismo ritmo de crecimiento de los dos últimos años. Esperamos que las gestiones institucionales referidas a temas normativos, reglamentarios y de impuestos puedan motivar, impulsar el ambiente de inversión y poder crecer de esta manera en momentos óptimos para este tipo de emprendimientos.

Para 2014, el Gobierno contempla una inversión pública de $us 4.519 millones. En su plan estratégico de participación sectorial, ¿a qué porcentaje prevé llegar este año?
Se estima que mínimamente se pueda mantener el 70% de la inversión pública en infraestructura productiva y social, lo que reflejaría un incremento del 20% con respecto al año 2013, es decir, alrededor de unos $us 3.000 millones.

Una parte muy importante, mayor al 50% de esta inversión en infraestructura, se halla en manos de empresas extranjeras. Estamos seguros de que se deben implementar políticas que permitan al empresariado nacional participar de manera más activa con asociaciones accidentales.

¿La Empresa Estratégica Boliviana de Construcción y Conservación de Infraestructura Civil (EBC) es complementaria como lo menciona el Gobierno o representa una competencia desleal?
Es importante desarrollar las asociaciones público-privadas (PPP), más aún con un Estado que pretende hacerlo a través de la implementación de empresas públicas.
Consideramos que la participación de las empresas públicas debe desarrollarse en las mismas condiciones en las que se desenvuelve el sector privado. De otra manera existe una competencia desleal.

¿Cuáles son las principales trabas que observan a la hora de participar en las licitaciones de obras estatales?
Lamentablemente, la actual normativa que regula las contrataciones estatales -decreto 181- no cuenta con procedimientos claros para dirimir controversias y realizar ajustes necesarios a los contratos (por aspectos de modificación de diseños, ajustes de precios), que son dos elementos principales que dan la característica de equilibrio entre las partes, ante un contrato de derecho administrativo que privilegia las condiciones del Estado.

Es necesario hacer un cambio en aspectos fundamentales, como el difícil acceso a las garantías y generar una normativa clara con relación a la solución de controversias a través de la conciliación o el arbitraje