martes, 6 de mayo de 2014

Hay 27.152 casas del PVS que registran ‘cero pago’

El sueño de contar con una vivienda propia fue el primer paso que dieron los beneficiarios de las 52.804 casas del Programa de Vivienda Social y Solidaria (PVS)-2006-2013- que ya recibieron sus llaves.

Sin embargo, 27.152 (51,42%) viviendas aún registran ‘cero pago’, lo que genera que los adjudicatarios aún no pueden consolidar dicho sueño, debido a que no saben qué entidad financiera será la encargada de cobrarles las respectivas cuotas por la compra de las unidades habitacionales.

La incertidumbre de los beneficiarios se vuelve más asfixiante cuando, como en el caso de la urbanización Akualand 21 (km 16 carretera al norte), solo un grupo paga sus cuotas, mientras el resto, por problemás técnicos o legales, no cuenta con sus papeles al día, lo que genera que muchas veces grupos de personas busquen ingresar de manera violenta a esas unidades observadas.

La situación es similar en la urbanización Trabajadores de La Prensa, doble vía a La Guardia km 9, en donde los más de 90 beneficiarios, luego de pagar algunas cuotas a la cooperativa Piraí, otra vez no saben dónde cancelar sus obligaciones.

Al respecto, Miguel Ángel Vespa, técnico del PVS Santa Cruz en liquidación, explicó que en la apertura de cartera para que los titulares paguen sus cuotas, el problema radica en que el Estado tiene serias dudas sobre la capacidad del sistema cooperativo del país, por lo cual todos los precontratos que se hicieron están siendo nuevamente analizados.

La apertura de cartera, especialmente en Santa Cruz, es de vital importancia debido a que el 90% de las 6.274 unidades habitacionales entregadas en el departamento corresponde a los subprogramas 2, 3 y 4, y en donde el Estado solo en el periodo 2011-2013 realizó un de-sembolso de Bs 363 millones, recursos que debe recuperar.

Algunos avances

Vespa indicó que en algunas urbanizaciones, como Santísima Trinidad, La Solana, Confederación de Choferes 16 de Noviembre y Akualand 21, ya están pagando a la cooperativa San Martín de Porres (las tres primeras) y la restante a la cooperativa La Trinidad, y remarcó que calcula que en mes y medio los adjudicatarios del proyecto Trabajadores de La Prensa ya podrán volver a pagar sus cuotas en una nueva entidad.

Sobre el tema, Alfonso Parrado, coordinador general del PVS, sostuvo que en la actualidad son siete las entidades financieras, aunque no las detalló, que ya están cobrando a los 25.652 (48,58%) beneficiarios titulares, y que en estos días se lanzará una licitación para que otras entidades financieras puedan participar en la captación de los recursos de las personas que ya están en posesión de las viviendas sociales.

Sobre el rol del Banco Unión, principal entidad bancaria del Estado, Parrado señaló que no se puede hacer una licitación directa, aunque remarcó que hubo algunos acercamientos, por lo que es de esperar que en esta licitación pública el Unión muestre interés.

Problemas legales

Según Parrado, el balance que se puede hacer del PVS es más positivo que negativo, pues a su criterio un programa que construyó 52.804 viviendas beneficiando a 211.216 personas, si se toman en cuenta al titular más tres familiares, no puede ser considerado un fracaso.

En siete años, 2006-2013, de existencia del PVS, el Gobierno destinó Bs 1.443 millones ($us 207 millones) con el objeto de dar respuesta a la demanda de unidades habitacionales.

Parrado subrayó que en ese periodo algunos dirigentes, aprovechando sus cargos y un control que recién empezaba a funcionar, se beneficiaron con las viviendas sociales provocando la paralización de varios proyectos en los que se detectaba alguna anormalidad.

“Con esa experiencia, la nueva Agencia Estatal de Vivienda debe tener menos trabas y más resultados”, señaló Parrado.

Desde el PVS Santa Cruz en liquidación hicieron notar que los principales problemas de corrupción o malos manejos de los recursos del Estado se dieron en los proyectos Vallecitos I, II y III y en las 427 viviendas sociales que se debían construir en San Javier y en las que, de acuerdo con Vespa, la quebrada cooperativa Sudamericana y su exgerente Miguel Ángel Linares son los responsables por el retraso de los proyectos mencionados

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