Este marcado interés por poseer una propiedad en algún sector del departamento empezó a notarse especialmente después de la Guerra del Chaco, allá por los años 50.
A su regreso del conflicto bélico, gran parte de los soldados bolivianos se asentó informalmente en el valle, junto a sus familias.
Entonces, el gobierno de turno (Movimiento Nacionalista Revolucionario), a objeto de lograr una estructura de tenencia de tierras más equitativa, aprobó la Reforma Agraria.
Es en el marco de esta determinación que expropiaron tierras -pertenecientes a poderosos hacendados como Marcelo Gumucio y Simón I. Patiño, entre otros- próximas al Casco Viejo de Cochabamba.
No obstante, según el docente investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicos de la Universidad Mayor de San Simón (IESE-UMSS), Fernando Salazar, las autoridades distribuyeron las tierras “asaltadas” de forma irresponsable.
“No había ningún plan de urbanización ni de dotación de servicios básicos. Simple y llanamente se les dio la tierra para que cada uno haga su casa”, observó Salazar.
El investigador considera que este proceso fue un hito histórico, pues la presión política influyó en la distribución de tierras que supuestamente eran estatales. Por tanto, el pésimo criterio de repartición generó un caos porque no se sabía qué propiedades estaban destinadas, por ejemplo, para los servicios de educación o salud.
REFORMA URBANA
Este panorama empeoró unos años después con la llegada de la Reforma Urbana.
Se trató de un loteamiento privado e institucionalizado que benefició a personas y grupos sociales que habían comprometido su voto por el MNR.
Pero como ya no habían tierras estatales (la Reforma Agraria dispuso de ellas), la gente se disputó tierras municipales. Una de las zonas asaltadas fue el cerro San Pedro, espacio que la Municipalidad pretendía destinar al desarrollo urbano, pero sin dejar de lado lo ecológico.
Sin embargo, el Estado, un ente que arremetía contra todo aquel que pensara diferente, ignoró la herencia ecológica que las autoridades municipales de Cochabamba querían dejar al pueblo y loteó todos los cerros ubicados al sur del departamento.
Lo que más indignó a los cochabambinos fue que los beneficiarios eran de otros departamentos, como exmineros, excampesinos, entre otros, comentó Salazar.
NUEVA OLA
Tras el avasallamiento de tierras estatales y municipales, la necesidad compulsiva de conseguir propiedades en Cochabamba se calmó hasta los años 70.
Aquella temporada, personas vinculadas al poder estatal y al narcotráfico, según Salazar, empezaron a “engordar la tierra” para luego venderla a precios elevados.
Así, ya para el año 1985 las áreas verdes de Cochabamba fueron loteadas y ahí se construyeron barrios residenciales.
“Esos barrios residenciales provienen del mercado negro y están vinculados a la élite del poder nacional, por eso esos barrios nunca vas a poder tocarlos”, manifestó Salazar.
Hoy por hoy, el investigador dice que esta actividad continúa y es llevada adelantes por “profesionales que están vinculados al poder”.
“No es posible pensar en un actividad ilegal sin complicidad de autoridades políticas”, concluyó Salazar.
El valle es una zona codiciada
Según el docente investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicos de la Universidad Mayor de San Simón (IESE-UMSS) Fernando Salazar, Cochabamba, por sus condiciones territoriales, despierta en la gente del interior del país la intención de adquirir una residencia fija en alguna de sus zonas.
Demanda sube en los años 80
Según el gerente de la empresa de bienes raíces Faros S. A, Jhonny Flores, la demanda por adquirir una propiedad en Cochabamba se incrementó allá por los años 80. Aquel entonces hubo un elevado flujo migratorio de bolivianos a la Argentina y por ende la población tenía mayor capacidad de adquisición.
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