martes, 20 de octubre de 2015

El conflicto por tierras alcanza a un millón de hectáreas en la Llajta

Más de un millón de hectáreas en Cochabamba están declaradas en “conflicto” por diversos motivos, entre los que sobresalen loteamientos ilegales, tráfico y avasallamiento de tierras.

El último dato registrado en septiembre pasado da cuenta de que la extensión de hectáreas afectadas llega a 1.036.107, confirmó el director departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Víctor Hugo Claure.

“Hay una cantidad de problemas que tienen sus propias particularidades y merecen una atención diferenciada”, declaró la autoridad, para quien la falta de definición de los límites territoriales entre provincias y municipios agrava el problema.

Los conflictos más delicados, y que tienen por detrás intereses económicos importantes, se hallan en el eje metropolitano.

El denominado eje metropolitano en Cochabamba está conformado por los municipios de Cercado, Quillacollo, Vinto, Sipe Sipe, Sacaba, Tiquipaya y Colcapirhua.

Una parte sustancial del millón de hectáreas se encuentra en el eje, pero las que tienen mayor relevancia, debido a que son tierras con vocación productiva, se encuentran en los otros municipios del departamento.

“En todos hay, sin excepción, conflicto de límites y ahí está el millón de hectáreas en conflicto”, apuntó Claure.

TRÁFICO EN EL EJE

En el llamado eje metropolitano no están en juego grandes cantidades de tierras, pero de por medio existen intereses económicos significativos. El INRA, sin embargo, aún no tiene en carpeta las cifras o montos que mueve el negocio del tráfico de tierras.

En las ciudades capitales la lucha por la tierra ya no tiene como objetivo garantizar la seguridad alimentaria para la población, sino que el interés está orientado a “generar recursos económicos a través del loteamiento”, subrayó Claure.

El Comité departamental de Defensa de las Tierras Agrícolas, del Agua y la Madre Tierra tomó la palabra al INRA, y su máximo representante, Manuel Castro, denunció que la extensión de la mancha urbana, sin control y menos planificación, está “encubriendo el tráfico de tierras, pero sobre todo legalizando el loteamiento y avasallamiento de miles de hectáreas”.

“Lo que sucede, y es una regla común ahora, es que cuando los municipios deciden ampliar la mancha urbana, sin quererlo despiertan intereses oscuros y comienzan a funcionar planes para fraccionar áreas productivas”, comentó Claure.

Bajo esta lógica de cubrir con cemento vastas tierras con vocación agrícola, se está permitiendo también prácticas ilegales que lindan en los delitos criminales, alertó la autoridad.

Frente a esta situación, es urgente que el INRA, los gobiernos municipales, en coordinación con la Gobernación de Cochabamba, “hagan respetar la propiedad agraria desde Sacaba hasta Sipe Sipe”, afirmó por su lado Castro.

CONTROL SOCIAL

Para aminorar los conflictos por tierras en Cochabamba y frenar el crecimiento descontrolado de la mancha urbana, que a su vez genera el negocio lucrativo del tráfico de tierras, Claure decidió promover junto con la Asamblea Legislativa y los gobiernos municipales, seminarios de socialización para analizar el crecimiento de la población en las áreas de jurisdicción administrativa que tienen.

A raíz de esta campaña de reflexión y control social, el INRA puso al descubierto que los 47 municipios del departamento no están cumpliendo con lo que manda el Decreto Supremo 1809, que fue aprobado en 2013.

“Esa disposición nació en Cochabamba para conservar las áreas agrícolas, inclusive así hubieran sido aprobadas las manchas urbanas”, afirmó Claure.

En ese sentido, los municipios tienen la obligación de “poner un candado a esa propiedad”, subrayó tajante la autoridad.

Por lo tanto, las autoridades municipales deberían haber aprobado, hace dos años, ordenanzas y otro tipo de disposiciones normativas para evitar que la mancha urbana se expanda a costa de las tierras con vocación productiva.

“Pero lastimosamente hasta ahora las alcaldías alejaron de su competencia el fiel cumplimiento de la ley”, recalcó Claure.

Agregó que si las alcaldías hicieran su trabajo, es decir, prohibir a los propietarios de predios colectivos e individuales que tienen vocación productiva fraccionarlos, en cumplimiento de la ley, el departamento y el Estado se ahorrarían muchos problemas.

Lo que falta hacer ahora -según Claure- es informar a la gente que hay una ley que impide el crecimiento irracional de las áreas urbanas a costo de la frontera agrícola “y el Instituto Nacional de Reforma Agraria está trabajando, sistemáticamente en eso”.

La falta de planificación urbana en los municipios “es un verdadero dolor de cabeza”, por lo que urge buscar salidas y para hallar respuestas habrá que trabajar coordinadamente, propuso Claure, para quién además tendrá que haber leyes.


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