martes, 20 de octubre de 2015

Traficantes de tierras actúan con impunidad en 48 comunidades

Al menos 48 comunidades de Cochabamba tienen problemas de tráfico, avasallamientos y loteamientos de tierras, según un informe del Comité Departamental de Defensa de las Tierras Agrícolas, del Agua y la Madre Tierra.

La directiva de esta organización envió al presidente Evo Morales, el pasado 11 de septiembre, una carta en la que le informan sobre esta situación.

Asimismo, en la misiva le dan a conocer una resolución de ampliado, en el que solicitan, entre otras cosas, la realización de una auditoría al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), a la brevedad posible.

El presidente del Comité, Manuel Castro, informó que en los últimos meses inició acciones concretas de persecución legal para identificar, con nombre y apellido, a los traficantes y loteadores de tierras.

AFECTADAS

Las comunidades indígenas-originarias de Cochabamba que tienen problemas de avasallamiento, tráfico y loteamientos de predios son la Hacienda Falsuri, Potrero, Paucarpata, Marquina, El Paso, Cuachaca, Charinco, Tiamoko, Vargas Linde, Laderas, Chancarcullo.

Se encuentran también involucrados Vila Vila, Pirwas, Salauis-Convento, Molle Molle, Caico, Pucarita, Maica, Higuerani, Alba Rancho, Área Subcentral Azirumarca.

En la lista están también Pucara, Arrumani, Pampa San Miguel, Tamborada, Puntiti, Mesa Pata, Korihuma, Mollocota, Buena Vista, Tuskapujllo, Área Subcentral Lava Lava, San Juan de Liquinas.

San Lorenzo, zona norte de Tolata, Carcaje, Vía Rancho, Villa Copacabana, Paracaya, Blanco Rancho, Illataco, Caviloma, Subcentral Esmeralda Sud, Chullapamogo, Puntiti Chico y Puntiti Grande, completan la nómina de comunidades con problemas serios de loteamientos, refiere el documento de denuncia que fue enviado al Jefe de Estado.

SEGUIMIENTO

La organización campesina departamental precisó que está esperando respuestas del presidente Evo Morales.

“Cada caso que tiene denuncia concreta está siendo monitoreado y sujeto a decisiones administrativas”, declaró el viceministro de Tierras, Jhonny Cordero, a modo de anticipar respuestas a las denuncias que hizo el Comité Departamental de Defensa de la Tierra.

La autoridad agregó que en el tema de avasallamientos, hay denuncias que se están procesando.

“En Cochabamba no son muchas”, acotó Cordero, para quien los problemas de avasallamientos, tráfico de tierras y asentamientos ilegales se resumen en los problemas que existen en la Cota 2.750, que es el límite físico para la expansión de la mancha urbana de los municipios sobre el Parque Nacional Tunari.

Las apreciaciones del Viceministro fueron, sin embargo, refutadas por el Comité de Defensa de las Tierras Agrícolas.

Varios dirigentes que forman parte de la entidad señalaron en el documento de denuncia, que ahora está en manos del Presidente, que “...los alcaldes, el INRA, los fiscales, así como los jueces agroambientales deben actuar con severidad para procesar y perseguir penalmente a loteadores que son de conocimiento de las autoridades...”

En esta misma línea, el Comité exigió al Presidente disponer, lo antes posible, a través de la Contraloría General del Estado, una auditoría al INRA y a los municipios que se hallan comprometidos con el Parque Nacional Tunari.

Los dirigentes justificaron la petición indicando que “...las autoridades deben dar cuenta de lo que hicieron porque manejan y administran las tierras en el departamento...”

En respuesta, el director del INRA Cochabamba, Víctor Claure, aseguró que la entidad está desplegando esfuerzos para atender los problemas que existen de avasallamiento, tráfico de tierras y loteamientos”.

“No es que estemos haciendo mal nuestro trabajo, sino que no todo lo que hacemos deja contentos a todos. Muchas veces generamos con nuestras decisiones molestias e incomodidades, pero todo está orientado a cumplir la ley”, puntualizó.

FISCALÍA

El Comité de Defensa solicitó también al presidente Evo Morales la creación de una Fiscalía de Tierras para que se pueda ejercitar un control riguroso y serio al manejo y uso de los suelos. Esa instancia debe estar integrada por fiscales, alcaldes y otras autoridades.

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