Los afectados por las demoliciones en predios del aeropuerto de El Alto demandan 20.000 dólares por cada vivienda derruida. El dirigente Germán Chino denunció que no hubo notificación previa por parte de la Alcaldía. La comuna alteña reafirma que las construcciones eran ilegales.
El lunes, personal municipal y efectivos policiales demolieron más de un centenar de viviendas construidas "clandestinamente” en la parte posterior del aeropuerto. En el operativo hubo enfrentamientos y resultaron heridos un policía, un funcionario edil y varios vecinos. El martes los afectados protestaron en puertas de la Subalcaldía del Distrito 4 y denunciaron que, a raíz de la demolición, una mujer embarazada perdió a su bebé.
En medio de los escombros, ayer, la familia Saire hacía una fogata cobijada bajo las calaminas de lo que fue su vivienda en Punto Seke. "Forzosamente tengo que vivir así porque no tengo casa donde ir, nos han sorprendido con la demolición”, asegura Gumercindo Saire Oruño, de 55 años, y añade que ya pasaron dos noches bajo la lluvia.
En el sector ahora sólo quedan escombros de un centenar de viviendas. Perros y gatos rondan, otros animales quedaron enterrados. Don Gumercindo es viudo y era inquilino en una de las casas demolidas. Según cuenta, sus hijas y su yerno sólo lograron rescatar su ropa porque cuando llegaron los tractores, vecinos les robaron sus pertenencias.
Griselda Saire, hija de don Gumercindo, recuerda que a las 8:00 del lunes unos 300 policías cercaron la zona y 15 tractores iniciaron la demolición. "No es justo. Sin decirnos nada, sin dejarnos sacar las cosas, derrumbaron nuestra casa”, lamenta.
Tiene un hematoma en el ojo. Cuenta que fue golpeada por policías y que su cuñado fue herido con una piedra. Asegura que, durante la demolición, la Alcaldesa alteña "sólo observó cómo jaloneaban a las personas y se fue”.
Según su asesor legal, los afecta compraron el lote a comunarios. "La comunidad Punto Seke está hace 15 años ahí, no es reciente. Por eso, el impuesto edil es barato”, arguyó y mostró copias de pagos de impuestos.
Roxana Condori, vecina del sector, dijo que su esposo sufrió una baja de presión al ver su casa destruida. Con un año de matrimonio, su familia compró y construyó su vivienda con más de 15.000 dólares. "Los dirigentes nos mostraban los documentos, por eso confiamos”, explica.
"Chapetón tiene que pagar y reponer las casas como estaban. Ellos sin notificar nos las han derrumbado, ahora tienen que asumir porque esta gente está en la calle”, reclama Chino. Advierte que las medidas de presión continuarán hasta que la Alcaldía y la empresa de Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana) se comprometan a pagar los daños a los afectados.
Juana Francisca Cahuaya asegura que su yerna, con ocho meses de gestación, fue empujada y golpeada durante el operativo. "Ensangrentada la llevaron al hospital, el bebé murió, se lo veló en la Subalcaldía del Distrito 4”, narra entre lágrimas y gritos. Ayer en la tarde se enterró al infante.
La alcaldesa alteña Soledad Chapetón reiteró ayer que estas personas construyeron ilegalmente sus casas y pusieron en riesgo la categoría del aeropuerto. "Tenemos la total claridad que son terrenos del gobierno municipal de El Alto, ellos no cuentan con los papeles”, dijo.
La autoridad edil declaró el martes que la comuna alteña cumplió con un proceso administrativo de demolición motivado por la denuncia de Aasana y SABSA. "Se verificó la planimetría de El Alto y se evidenció que las casas eran ilegales”, dijo.
La cronología
Lunes Más de un centenar de viviendas "ilegales” fueron demolidas por personal municipal y efectivos policiales. Un funcionario edil, un policía y vecinos resultaron heridos.
Martes Afectados por las demoliciones protestaron en puertas de la Subalcaldía del Distrito 4. El exgerente se Aasana denunció que fue suspendido en represalia por gestionar la demolición.
Miércoles Vecinos de la zona demolida demandaron que la Alcaldía pague 20.000 dólares por casa, argumentan que "son dueños legítimos”.
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