Pero ante la existencia de denuncias sobre que algunas casas otorgadas por la Agencia Estatal de Vivienda (AE vivienda) estarían sin uso, el 2016 se realizará una evaluación técnica social, en el afán de revertir aquellas que sean encontradas sin cumplir su función.
Al respecto, el jefe departamental de la AE vivienda, Edson Plata, contextualizó que el 2012 nació el programa pero el 2013 entró en ejecución física, estando en ese entonces a cargo un órgano, el Programa de Vivienda Social (PVS) y otros, que tuvieron una limitación en el aspecto social para el control de las obras.
En esta nueva gestión que cuenta con un nuevo directorio, la institución prevé crear el 2016 una base de datos para fortalecer el seguimiento; paralelamente, Plata indicó que a nivel nacional se habla de la creación de un decreto para la expropiación viviendas abandonadas.
“Una de las cosas más importantes es que nuestras listas o los beneficiarios que califican sean avalados por comunidades, centrales subcentrales, para involucrar más a estas instancias para que coadyuven en detectar que quien no corresponde este aprovechándose del programa”, explicó la autoridad.
Ante la AE vivienda llegaron denuncias verbales sobre casos de abandono de casas del beneficio social; sin embargo, al momento no se tienen denuncias documentadas, lo que no permite generar acciones a plazo inmediato.
A esto, se suma el fenómeno migratorio en Tarija, que fue usado como una excusa en algunos casos del área rural para justificar una casa sin usarse. “Refieren a que en tal temporada (el beneficiario) va a Argentina, es complicado, se necesita una ley que permita generar una acción”, agregó Plata.
Las casas que hasta ahora se han construido en su mayoría en el área rural, implican una importante erogación de recursos por parte del Estado. En Tarija, la inversión asciende desde el 2014 a 205.323.732.04 bolivianos.
“Hay gente que se ha aprovechado, basta que uno perjudique reduce el ámbito de alcance para quien realmente lo necesita”, sostuvo Plata. Por ello solicitó al pueblo tarijeño que coadyuve presentando denuncias fundamentadas, ya que como institución están en la obligación de generar acciones jurídicas para recuperar las obras a favor de quien lo necesita.
El director ejecutivo de la Agencia Estatal de Vivienda (AE Vivienda), Alfonso Parrado, remarcó que son cuidadosos en que sean los sectores más necesitados quienes reciban el apoyo, pero reconoció que se tuvieron casos de que por ejemplo, cuando se hizo mejoras mediante un plan social a determinada casa; éstas se alquilaron, capitalizando el apoyo recibido. Por todo esto, dijo que el control será estricto.
Cumplimiento de empresas
Según reporte oficial, dentro de Programa de Vivienda Social, a inicios del 2015, se tenían 61 procesos penales contra empresas constructoras que incumplieron contratos, vendedores de terrenos o beneficiarios. En términos generales, en toda Bolivia 981 casas presentaron retraso.
Orlando Barreta, jefe de la Unidad de Transparencia de la AE vivienda, fue enfático en indicar que mediante esta instancia se despliega una acción estatal a nivel nacional, de lucha contra la corrupción, cuyos resultados se publican cada año. Se tratan de procesos penales y civiles contra supervisores, exautoridades o funcionarios públicos, por figuras como incumplimiento de funciones, desvío de recurso o incumplimiento de convenios.
Datos de viviendas concluidas en Tarija
La provincia Gran Chaco registra 800 viviendas concluidas, 194 en ejecución y 170 en gestión; le sigue Arce, donde se tienen 468 concluidas, 300 en ejecución y 50 en gestión. Luego está Méndez, con 239 casas acabadas, 500 en ejecución y 50 en gestión, le sigue Aviléz con 169 concluidas y 200 en ejecución. Casi al final de la lista está Cercado con 300 viviendas concluidas y 50 en gestión y finalmente está O´connor, donde se tienen 250 en proceso de ejecución
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