El viceministro de Vivienda, Bony Morales, denunció que empresas ilegales y embajadas falsas ofrecen, a nombre del Estado, viviendas a los pobladores de los municipios del norte de La Paz, donde cobran dinero a las familias para que accedan a listas de supuestos beneficiarios.
La autoridad precisó que al menos 6.000 familias fueron estafadas por esas empresas en los municipios yungueños de Palos Blancos, Teoponte, Luribay, Chuma, La Asunta y Coroico, entre otros.
"Estamos hablando de cerca de 6.000 familias que estuvieran en estas listas. Hemos recibido algunas denuncias, principalmente de los gobiernos municipales de la zona de los Yungas de La Paz, en los municipios de Palos Blancos, Teoponte, Luribay, Chuma, La Asunta, Coroico y varios otros”, informó.
Entre las empresas ilegales que operan en el norte de La Paz, se encuentran Merbaca Fidefica y Ambra y otras como la Organización Latinoamericana de Municipios.
"Se calcula, en base a denuncias, que se ha llegado a pagar un millón de bolivianos y es mucha plata para gente que busca vivienda, esperamos que no sea más. No se debe entregar dinero por ningún concepto”, dijo.
Las personas que representan a estas supuestas empresas y embajadas árabes arman listas y cobran desde 50 bolivianos, 100, hasta 1.000 y 1.600 bolivianos.
La autoridad mostró la fotocopia de un recibo por 105.070 bolivianos, monto que habrían cancelado los pobladores de un municipio para acceder a las listas de supuestos beneficiarios.
La única entidad autorizada para construir viviendas sociales a nombre del Gobierno es la Agencia Estatal de Vivienda.
Además, no hay cobros mayores a lo establecido en las contrapartes de municipios y en aporte en mano de obra de las familias y material local.
"Hemos realizado una comunicación a nuestras organizaciones para advertirles que tengan mucho cuidado, se replieguen y no realicen más la oferta de este tipo de viviendas”, sostuvo.
Según la autoridad, estas empresas ilegales ofrecen hasta 1.000 viviendas por municipio. "Si tenemos 87 municipios, tendríamos 87.000 viviendas, lo cual es imposible”, remarcó.
Incluso los estafadores efectuaron el acopio de material de construcción y áridos y llevaron topógrafos y técnicos para hacer el estudio de suelos.
Las ofertas se hicieron mediante organizaciones sociales, que fueron engañadas para impulsar los supuestos proyectos de vivienda.
El Viceministerio de Vivienda comenzó a investigar a los ejecutivos de las empresas ilegales y advirtió que se les iniciará procesos penales por estafa. "Tenemos a cuatro personas identificadas”, dijo el viceministro.
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