miércoles, 3 de agosto de 2016

Comisión trabaja ley para revertir viviendas sociales que incumplan función original

El presidente de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, Lino Cárdenas, informó que esa instancia legislativa trabaja un proyecto de ley para que el Estado recupere las viviendas que entregó a sectores sociales, y que no cumplen con la función para la que fueron dotadas.

"Esta ley faculta al Estado a que mediante un acto administrativo se pueda entregar un inmueble a esos sectores sociales y a través de otro acto administrativo se pueda revertir ese inmueble cuando no está cumpliendo esa función social", dijo.

El legislador explicó que esa norma fue propuesta porque se identificaron viviendas sociales que fueron alquiladas, transferidas a terceros, vendidas e incluso inhabitadas.

Cárdenas aclaró que la norma le permitirá al Estado "recuperar" las viviendas sociales mediante un procedimiento administrativo, que será ejecutado por la misma instancia que ayudó a la dotación de los inmuebles, entre ellos el Ministerio de Obras Públicas y alcaldías.

"Es de carácter administrativo, implica que no va a ser necesario acudir a un juez de la justicia ordinaria, sino que va a ser la misma instancia administrativa que le entrega el inmueble, la que le va hacer un proceso en la vía administrativa, para revertirla vivienda social", complementó.

En caso de que el inmueble haya sido adquirido mediante un préstamo, esa vivienda -dijo- "tendrá que ser rematada, para cumplir con las entidades financieras".

Afirmó que el objetivo no es que el Estado actúe de forma arbitraria, por eso habrá mecanismos de control que prueben que una vivienda social está siendo mal utilizada o está inhabitada, antes de iniciar cualquier proceso, asimismo, un beneficiario que no esté de acuerdo con algún proceso de reversión podrá defender su causa.

"Si el beneficiario no está de acuerdo, puede interponer el recurso de revocatoria ante esa misma instancia, si no le es favorable, puede poner el recurso jerárquico ante la máxima autoridad de vivienda, inclusive puede interponerse un proceso de carácter administrativo ante la justicia ordinaria y acudir a una sala social", precisó.

Aseguró que el Estado sólo quiere precautelar los recursos económicos que emanan de la misma población.

"El Estado no quiere actuar de forma arbitraria, sino quiere precautelar los recursos que les cuesta a todos los bolivianos, para que sirvan para un fin noble", insistió.

Adelantó que la norma, en su reglamentación establecerá mecanismos para que una vez que el Estado recupere las viviendas, éstas sean "reasignadas" a otros beneficiarios.

Detalló que no existe un dato concreto, pero según información del Ministerio de Obras Públicas, hasta el momento cerca de "2.500 a 3.000 viviendas no estarían cumpliendo la función social".

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