jueves, 25 de febrero de 2016

Estafan a 6.000 familias con planes falsos de vivienda

El viceministro de Vivienda, Bony Morales, denunció que empresas ilegales y embajadas falsas ofrecen, a nombre del Estado, viviendas a los pobladores de los municipios del norte de La Paz, donde cobran dinero a las familias para que accedan a listas de supuestos beneficiarios.

La autoridad precisó que al menos 6.000 familias fueron estafadas por esas empresas en los municipios yungueños de Palos Blancos, Teoponte, Luribay, Chuma, La Asunta y Coroico, entre otros.

"Estamos hablando de cerca de 6.000 familias que estuvieran en estas listas. Hemos recibido algunas denuncias, principalmente de los gobiernos municipales de la zona de los Yungas de La Paz, en los municipios de Palos Blancos, Teoponte, Luribay, Chuma, La Asunta, Coroico y varios otros”, informó.

Entre las empresas ilegales que operan en el norte de La Paz, se encuentran Merbaca Fidefica y Ambra y otras como la Organización Latinoamericana de Municipios.

"Se calcula, en base a denuncias, que se ha llegado a pagar un millón de bolivianos y es mucha plata para gente que busca vivienda, esperamos que no sea más. No se debe entregar dinero por ningún concepto”, dijo.

Las personas que representan a estas supuestas empresas y embajadas árabes arman listas y cobran desde 50 bolivianos, 100, hasta 1.000 y 1.600 bolivianos.

La autoridad mostró la fotocopia de un recibo por 105.070 bolivianos, monto que habrían cancelado los pobladores de un municipio para acceder a las listas de supuestos beneficiarios.

La única entidad autorizada para construir viviendas sociales a nombre del Gobierno es la Agencia Estatal de Vivienda.

Además, no hay cobros mayores a lo establecido en las contrapartes de municipios y en aporte en mano de obra de las familias y material local.

"Hemos realizado una comunicación a nuestras organizaciones para advertirles que tengan mucho cuidado, se replieguen y no realicen más la oferta de este tipo de viviendas”, sostuvo.

Según la autoridad, estas empresas ilegales ofrecen hasta 1.000 viviendas por municipio. "Si tenemos 87 municipios, tendríamos 87.000 viviendas, lo cual es imposible”, remarcó.

Incluso los estafadores efectuaron el acopio de material de construcción y áridos y llevaron topógrafos y técnicos para hacer el estudio de suelos.

Las ofertas se hicieron mediante organizaciones sociales, que fueron engañadas para impulsar los supuestos proyectos de vivienda.

El Viceministerio de Vivienda comenzó a investigar a los ejecutivos de las empresas ilegales y advirtió que se les iniciará procesos penales por estafa. "Tenemos a cuatro personas identificadas”, dijo el viceministro.

Denuncian a estafadores que ofrecen viviendas sociales

Empresas ilegales y personas inescrupulosas que ofertan viviendas sociales a nombre del Gobierno fueron denunciadas ayer por el viceministro de Vivienda y Urbanismo, Bony Morales, quien pidió a la población no dejarse sorprender por estafadores que engañan a las familias haciendo cobros indebidos para adjudicarse una casa.
Informó que el Ejecutivo no utiliza intermediarios para beneficiar con unidades habitacionales a las familias sin hogar y que la única entidad autorizada para ese fin es la Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda).
“Se alerta a toda la población para que no caiga en este tipo de estafas”, manifestó.
Morales dio algunos nombres de las entidades denunciadas: Merbaca Fidefica y Ambra, además de embajadas de países árabes, las que, según la autoridad, en algunos casos no existen y en otros no trabajan de forma legal en el territorio nacional.
“Hemos realizado una comunicación a nuestras organizaciones sociales para advertirles que a partir de nuestra investigación estas entidades no existen y que tengan mucho cuidado”, dijo.
Aunque el Viceministro no quiso revelar algunos nombres de personas implicadas, remarcó que se iniciarán procesos penales para sancionar el ilícito.
De acuerdo con el registro de las denuncias, estas entidades habrían realizado el cobro ilegal de casi Bs 1 millón.
Morales indicó que cerca de 6.000 familias figuran como presuntas perjudicadas.
Las denuncias provienen de municipios como Palos Blancos, Teoponte, Luribay, Chuma, La Asunta, Coroico, entre otros, todos del departamento de La Paz.
La autoridad dijo que también hay denuncias contra organizaciones no gubernamentales de origen norteamericano que también estarían incurriendo en el delito de estafa.

lunes, 22 de febrero de 2016

Cochabamba Pocos incentivos para dueños de casas patrimoniales

La revitalización de la plaza de Armas 14 de Septiembre trajo consigo una mirada fresca de la historia del “Centro Histórico” de la ciudad. Sin embargo, recorriendo las diferentes calles se pueden encontrar varias casas con valor histórico-patrimonial que no se encuentran en buen estado.

La restauración de estas edificaciones tiene costos altos. El mínimo puede llegar a ser 100.000 bolivianos y el máximo superar los 5 millones de bolivianos. Esto es debido a la mano de obra que debe ser especializada, al igual que los materiales que se utilizan. Además, en varios casos se paga hasta 10 mil dólares de impuestos.

El mantenimiento de estas casas se complica, pues en muchos casos estas infraestructuras fueron heredadas por varias personas. Algunos vendieron la parte que les tocó, otros las dieron en alquiler o las utilizan como depósitos. Además, la mayoría de los propietarios se encuentran en el exterior, señaló el director de Patrimonio de la Alcaldía, Gustavo Siles.

Normativa

Ante la inversión que se requiere y la división del bien entre varias personas, es complicado lograr un mantenimiento constante de estas viviendas. Por ello, el Artículo 302 de la Constitución Política del Estado señala que es competencia municipal la promoción y conservación del patrimonio.

Ante esta situación, la Ordenanza Municipal 1061/91 señala diversas políticas de preservación, protección y conservación del Patrimonio. Asimismo, prevé incentivos a los propietarios para que mantengan sus edificaciones.

El Artículo 102 señala que “estarán exonerados de los impuestos o tasa impositivas los anteproyectos y proyectos en el área. Los anteproyectos y proyectos de restauración, remodelación y mantenimiento de los edificios considerados en la categoría 1 y 2. Los proyectos de renovación controlada sólo deberán pagar el 50 por ciento del costo general de aprobación”.

Sin embargo, por el momento, las categorías están sujetas a la aprobación del catálogo que realizó la Dirección de Patrimonio durante tres años. Pues en la Ordenanza se contempló características de 1991.

Asimismo, el Artículo 103 de la misma Ordenanza indica “Los propietarios de los inmuebles a preservar quedarán exentos de pago de impuestos por el lapso de cinco años, tiempo en el que los propietarios deberán realizar trabajos de conservación bajo la supervisión fiscal y disposiciones reglamentarias con carácter obligatorio”.

De este modo, se busca que los propietarios realicen trabajos de protección. De igual modo, se está trabajando en actualizar la norma.

En la actualidad, se puede observar la sede de los fabriles, así como una casa, ambas en la acera este de la plaza 14 de Septiembre, que están en proceso de restauración. La primera tiene un costo de 4 millones de bolivianos y la labor se realiza con cautela, señaló Siles.

En el caso de la casa el propietario tuvo que pagar una multa de 20.000 bolivianos por demoler una torre de la parte superior. También se vio obligado a reconstruirla.

Prohibiciones

Ante la necesidad de preservar estas edificaciones, existen diversas prohibiciones que los propietarios deben acatar. Caso contrario recibirán sanciones.

La Ley Municipal 0042/2014 señala en el Artículo 10 que: “El propietario interesado en efectuar, sobre bienes patrimoniales protegidos por ley, actor materiales de construcción, mantenimiento, modificación, restauración y renovación (...) deberá gestionar, previo a la ejecución, el respectivo permiso y autorización ante las instancias pertinentes del municipio”.

Sin embargo, Siles señaló que esta prohibición no se respeta a cabalidad. “A veces levantan muros en los patios, hacen modificaciones sin pedir permiso. La sanción por edificar sin autorización es de mil bolivianos y la demolición de lo que se construyó”, aseveró.

Sin embargo, la situación es más compleja si se trata de una demolición sin el respectivo permiso. La sanción para estas acciones depende de aquello que se derribó. Además que el dueño debe reconstruir la pieza de manera exacta.

“Pierde el gran valor que tenía, porque se vuelve un falso histórico. Por más que se reconstruya idéntico, ya no es como el original”, explicó Siles.

CATÁLOGO ESPERA REVISIÓN Y APROBACIÓN

Después de tres años de trabajo se finalizó el catálogo de edificaciones patrimoniales del centro histórico. Por el momento, se espera la aprobación para promulgar y aplicar las prohibiciones, sanciones y beneficios a los propietarios de estas construcciones históricas.

El catálogo cuenta con cuatro categorías, según explicó el director de Patrimonio de la Alcaldía, Gustavo Siles. La primera consiste en Conservación Integral, esto se aplica edificaciones monumentales, cuyo valor no sólo es la infraestructura, sino los bienes en su interior. Éste es el caso de iglesias, que no puede ser demolida ninguna parte de la estructura por ningún motivo.

La segunda categoría corresponde a Conservación Estructural. Se aplica a las casonas que conservan los patios íntegros. La tercera es Conservación y Remodelación, que permite la demolición de muros y sus remodelaciones correspondientes.

Finalmente está la categoría de Integración Urbana. Es decir, son casas sin valor patrimonial, que buscan darle una misma estructura lineal al centro histórico.

Según la Ordenanza Municipal 1061/91, el centro histórico llega al sur hasta la calle Ladislao Cabrera, al este hasta la avenida San Martín, al oeste a la calle Junín y al norte a la calle Mayor Rocha.

Siles contó que la tarea no fue sencilla debido a la suceptibilidad de algunos propietarios. “Muchos no viven aquí. En otros casos fue difícil el acceso porque pensaban que íbamos a buscar expropiar o subir los impuestos”, dijo.

A cada casa se le colocará un letrero que explique la categoría y características de la edificación.



CATÁLOGO

Gustavo Siles. Director de Preservación del Patrimonio de la Alcaldía

La mayoría son de estilo neoclásico

La mayoría de las casas no tiene un estilo único. Comenzaron siendo construidas de una forma, pero luego fueron cambiando de acuerdo a las épocas y las tendencias.

Se puede hablar que el estilo de la gran mayoría es de tipo neoclásico. Aunque muchas ya tienen muros añadidos y demás.

La plaza, que es parte del patrimonio del centro histórico es la única plaza en Bolivia que mantiene sus cuatro galerías intactas y originales.



IDENTIDAD

Patricia Dueri. Arquitecta Especialista en Patrimonio

La ciudad va perdiendo su identidad

La mayor parte de las edificaciones patrimoniales del centro histórico se encuentran en estado de deterioro y algunas están abandonadas. Son despreciadas por ser de abobe y poco rentables, los propietarios prefieren demoler y construir edificios que sean rentables.

Se conoce de demoliciones y como éstas, hay muchas constantemente. La pérdida de estas casas patrimoniales en el centro histórico es de gran preocupación porque la ciudad va perdiendo su identidad.



INCENTIVOS

Edwin Jiménez. Concejal

Se está viendo dar incentivos

Las propiedades no pueden ser modificadas sin el permiso de la unidad de patrimonio. Sin embargo, los propietarios deben pagar impuestos elevados.

Por ello, se está viendo la posibilidad de dar incentivos. Estamos trabajando en una normativa que permita que este aspecto sea contemplado.

Pese a que esto debería estar en el catálogo, todavía no hemos recibido el documento para su revisión.

COCHABAMBA, SANTA CRUZ Y BENI Replicarán condominio Whipala en tres ciudades

En el segundo semestre de este año, se inaugurará en la ciudad de Cochabamba el condominio Bartolina Sisa, con similares características al condominio Wiphala, inaugurado la semana pasada en la ciudad de El Alto.

El jefe de la Unidad de Transparencia de la Agencia Estatal de Vivienda, Orlando Barreta, informó que tras el éxito en la construcción del que se construyó en la ciudad de El Alto, se replicará el proyecto en los departamentos de Cochabamba, Santa Cruz y Beni inicialmente.

“Este mismo modelo que se hizo en el condominio Wiphala se replicará en la ciudad de Cochabamba, donde en el segundo semestre se hará entrega el condominio Bartolina Sisa, así como en Santa Cruz también se tiene un condominio similar. En el Beni también se tiene este proyecto”, aseveró.

Barreta dijo que en los demás departamentos, por algunos problemas de terreno u otros aspectos, aún no se pudo acceder a ese tipo de proyectos, pero que esos temas serán solucionados y se podrá ejecutar la construcción de viviendas.

Aseguró que la construcción de los condominios es parte del Plan Habitacional de Vivienda Social que el Gobierno boliviano preparó para que hasta el año 2020 se pueda cumplir con la meta de otorgar viviendas a la población más necesitada.

Asimismo, el Jefe de la Unidad de Transparencia, detalló que 1.870 familias interesadas se presentaron para adquirir los departamentos en el condominio Wiphala, pero que luego de iniciar una evaluación quedaron 800 familias, para luego pasar a una segunda evaluación en la que quedaron 554 y de ellas hasta el momento se beneficiaron 80 familias.

domingo, 21 de febrero de 2016

Clanes delincuenciales estafan sumas millonarias en anticréticos

Una cadena delincuencial que involucra a algunos agentes inmobiliarios, que operan sin regulación, y clanes de estafadores están tras los “ahorros de toda una vida” de las familias que buscan una vivienda provisional en anticrético en Cochabamba. Éstos urden tramas para apoderarse de ese dinero.

Considerando que en el país hay al menos 250 mil familias que no tienen casa, el anticrético es, entre todas las opciones de “techo provisional”, el más demandado, pero a la vez el más riesgoso.

Solo en el último trimestre de 2015 (octubre, noviembre y diciembre), falsos arrendadores timaron más de medio millón de bolivianos en Cochabamba, según un reporte del director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel Freddy Fernández.

La autoridad policial detalló que esa ingente cantidad de dinero está vinculada solamente a cinco casos.

Uno de los más graves le sucedió el 19 de diciembre de 2015 a una persona que pretendía tomar en anticrético un departamento ubicado en la zona de Queru Queru (norte).

La víctima perdió más de 198 mil bolivianos, informaron desde la FELCC.

Las estafas perpetradas en los últimos tres meses de 2015 en el departamento no solo tienen que ver con propiedades privadas, sino también comerciales.

Una persona que pretendía tomar en anticrético una tienda ubicada en la zona sur, entregó 35 mil bolivianos al supuesto dueño, pero jamás le devolvió su capital.

DETENCIONES

En los cinco casos, el personal de la FELCC detuvo a las personas implicadas en las estafas, pero ninguna de las víctimas recuperó su dinero.

MODUS OPERANDI

“Solo una persona que no tiene casa puede entender la desesperación que se siente cuando se está cumpliendo el plazo de un anticrético y no puedes encontrar otro”, explicó una víctima a la que le timaron “solo” dos mil dólares en la zona del Servicio Nacional de Caminos, avenida Villazón.

Esta desesperación a la que hace referencia la mujer, que prefirió guardar su identidad en reserva, es la que aprovechan los delincuentes, de acuerdo con los modus operandi descritos por la FELCC.

Según el coronel Fernández, la mayoría de los estafadores tiene un modo de operar similar.

En principio, el timador toma en alquiler una propiedad y, luego de ganarse la confianza del propietario, accede a una copia de su título propietario.

Posteriormente, el antisocial falsifica esa documentación -sobreponiendo nombres, cambiando número de identificación personal, entre otros aspectos, e inicia la estafa.

Generalmente, estos delincuentes captan a sus víctimas a través de los medios de comunicación escritos, en los que publican datos generales de la vivienda y solo un número de celular como referencia. Cuando las víctimas se contactan, el estafador se hace pasar por el propietario de la casa y las invita a conocerla.

El delincuente pasea a sus víctimas por la propiedad y “los hace sentir como en casa”, describió el abogado Iver León.

Entre toda la tramoya que arma el estafador, el golpe de gracia generalmente viene al final, cuando éste condiciona a su víctima.

Finge que hay muchos interesados en la propiedad y convence a la víctima de dejar un adelanto para ya no ofrecerla más. Según el coronel Fernández, la mayoría cede.

Otros delincuentes, aún más expertos, prolongan la ocupación de la vivienda y, entre tanto, piden a la víctima más adelantos económicos e incluso la cancelación del monto total del anticrético.

Una vez que el supuesto dueño logra su objetivo, huye con el dinero. Cuando la víctima intenta contactarlo, éste cambia el chip de su celular.

“Un número de celular no es garantía”, observó el gerente de Faros S.A. y presidente de la Cámara de Empresas de Bienes Raíces de Cochabamba (Cebirac), Jhonny Flores.

PROCESO ADECUADO

Este “trágico final” puede evitarse, según Flores, siempre y cuando los anticresistas -los que adquieren temporalmente el derecho sobre una propiedad a cambio de un monto económico- se enmarquen en la norma.

Y es que detrás de casi todas las estafas de anticresis, “hay un anticresista negligente”, acotó León.

Flores informó que hay un proceso para hacer un contrato de anticrético enmarcado en la norma.

Ejecutarlo implica inversión de tiempo y dinero, pero “es indispensable”, considerando que los ahorros de la familia están en juego.

Entre otras cosas, el anticresista debe contratar un abogado, acudir a un notario de fe pública y finalmente a Derechos Reales (San Martín, entre Jordán y Sucre).

Al finalizar el proceso, pagará un impuesto trimestral o anual por el contrato de anticrético.

Sin embargo, se puede sustituir ese pago, descargando facturas. Para ello se hace un último trámite en el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).

Desde el punto de vista de Flores, en Bolivia la gente debe acostumbrarse a realizar trámites y dejar de evadirlos.

En última instancia, los arrendatarios que por razones de fuerza mayor no tienen la posibilidad de ejecutar el proceso, pueden contratar los servicios de alguna de las 18 agencias de bienes y raíces establecidas legalmente en Cochabamba.

Para Cebirac, contratar a una agencia de bienes raíces es una especie de candado en medio de un mercado inmobiliario aún no regulado.

CLANES

Flores advirtió que detrás de las estafas hay gente peligrosa y, en algunos casos, organizada.

Los últimos casos de estafa, sucedidos en Cochabamba, involucran a media decena de antisociales que operaban de forma individual. Los cinco están recluidos.

Sin embargo, la cantidad de dinero que timaron en tres meses en Cochabamba es comparable con la cantidad que logran los clanes que operan durante años en otros departamentos del país.

Un clan está integrado por un grupo de personas unidas bajo un mismo fin, estafar. Es decir, si por lo menos hay dos personas involucradas, ya existe esta figura.

La mayoría de estos grupos actúa en La Paz y uno de los últimos que la Policía desarticuló es el clan El Doffini, que estafó a más de 100 personas.

El clan El Doffini tiene 70 casos abiertos en la Fiscalía de ese departamento, pero al menos un centenar de víctimas en su lista, según la Policía.

Un reporte del periódico La Razón indica que El Doffini es el alias de Justo René M.D., un hombre de 60 años que, en complicidad con su esposa Janneth Amalia M.V. y sus hijos, timó entre dos mil y tres mil dólares a más de 100 personas.

El dinero que la familia reunió a lo largo de los más de 15 años que operaron, les permitió -entre otras cosas- hacer construir la casa que era ofrecida a sus víctimas.

El clan El Doffini ofrecía en anticrético un departamento en una casa de tres niveles.

Luego de pedir adelantos económicos, e incluso cancelaciones totales a sus víctimas, Justo René M.D. apagaba su celular o cambiaba el número de referencia que había dado.

Lo más grave es que cuando las víctimas se dirigían personalmente a la vivienda, la familia se organizaba para agredirlas físicamente.

Solo el cabecilla del clan, Justo René M.D., fue aprehendido en septiembre de 2014, cuando caminaba por la calle cubriéndose el rostro, tras ser reconocido por una de sus víctimas.

Todos los cómplices están prófugos.

PADRE E HIJOS

Otro clan que se desarticuló en La Paz, pero cuyos integrantes, en su mayoría, huyeron a Cochabamba, estafó a más de 28 personas.

El monto económico que tomaron a los anticresistas superó los 500 mil bolivianos.

La cabecilla es una mujer llamada Juana Salazar que, sin ser propietaria de un inmueble, lo ofrecía en anticrético, a través de anuncios en casas comerciales de El Alto.

Juana actuaba en complicidad con sus hijos.

Al igual que en el anterior caso, algunos de los integrantes del clan fueron atrapados por sus propias víctimas.

RECUPERACIÓN

A ninguna de las víctimas en Cochabamba les repusieron la totalidad del dinero estafado, informó el coronel Fernández.

“Como son montos altos, es difícil de conseguir para reponer”.

Sin embargo, aclaró que los estafadores no solo deben cumplir una sentencia penal sino también resarcir el daño civil.

Dentro de lo último está contemplada la devolución del monto económico timado a la víctima.

Es decir, el estafador sí o sí debe devolver el dinero a la víctima, aunque esto implica mucho tiempo, reconoció el jefe policial.

RECOMENDACIÓN

Para evitar una estafa, Fernández llamó a la gente a desconfiar.

Su recomendación coincidió con la de la presidenta del Colegio de Notarios de Cochabamba, Orieta Alba, quien aconsejó sospechar incluso de los carnets de identidad de los arrendadores.

Hay gente que usurpa identidades para cometer sus fechorías indicó.

Ella evidenció un caso en el que reemplazaron la fotografía de un carnet.

Sin embargo, para comprobar situaciones como ésta es necesario solicitar respaldo al Servicio General de Identificación Personal (SEGIP).

Anticretico Abogados y notarios deben filtrar los contratos sin protocolización

El Colegio de Notarios de Cochabamba informó que los abogados y los notarios deben constituirse en los primeros filtros de contratos de anticresis sin protocolización.

La presidenta del Colegio de Notarios, Orieta Alba, aseveró que los clientes piensan que un documento privado o un reconocimiento de firmas es suficiente respaldo para un pacto de anticresis.

Sin embargo, el artículo 491 del Código Civil establece “que la anticresis debe ser suscrita mediante documento público”.

Según Alba, ese artículo es de conocimiento de los abogados, pero hay algunos que acuden a las notarías de fe pública para insistir a los funcionarios que les validen documentos privados o reconocimientos de firmas para contratos de anticresis.

Si un abogado pasa por alto ese proceso, es deber del notario de fe pública “controlar la legalidad del acto público”, según el artículo 19 de la Ley del Notariado 483, dijo Alba.

Más allá del control interno, no existe otro.

CASOS

En el año 2015, el Colegio de Notarios de Cochabamba reportó al menos cinco casos de suplantación de firmas.

Algunos de estos hechos tienen que ver con personas que, luego de arrendar una vivienda, se hicieron pasar por los dueños para subalquilarla o darla en anticrético.

Estas personas falsearon documentos propietarios, de identificación personal y otros, pero en el proceso fueron sorprendidos por los notarios.

Alba identificó un hecho de ese tipo, con el respaldo del Servicio General de Identificación Personal (SEGIP), pero cuando lo denunció, el Ministerio Público le puso una serie de trabas.

GARANTÍA

El abogado Iver León dijo que las personas se toman muy a pecho la frase: “El cliente siempre tiene la razón” y quieren imponer su decisión”.

León contó que las veces que le tocó elaborar documentos de anticresis, sus clientes le ordenaban que sea privado, justificando que “hay acuerdo entre partes”.

Él les explicaba los riesgos que implicaba no elevar un contrato de anticresis a documento público, pero “no lo consideraban o preferían buscarse otro abogado”.

Otro abogado, quien prefirió guardar su identidad en reserva, señaló que “a los clientes les basta con ver su nombre escrito en un documento y el monto de dinero. De lo demás se olvidan”.

Confesó que él prefiere evitar ese tipo de trámites porque los bolivianos no están acostumbrados a respetar la norma.

JUSTIFICACIONES

La omisión de este proceso pasa por múltiples factores, aunque los económicos y temporales son los más citados por los interesados: arrendatarios y arrendadores.

“Ese trámite para el anticrético cuesta mucho, te sale igual que pagar un alquiler mensual”, indicó Patricia Guevara, mientras buscaba una oferta de alquiler en una entidad inmobiliaria de Quillacollo.

Agregó que lo más costoso es pagar los honorarios de los abogados, contadores y notarios.

Otros arrendatarios, como Roxana Suárez, justifican que los inquilinos generalmente cargan con muchas responsabilidades, la mudanza, el cambio de colegio, y demás, por lo que “no se puede lidiar con un trámite más”.

COTIZACIÓN

El presidente de la Cámara de Bienes y Raíces de Cochabamba (Cebirac), Jhonny Flores, aseguró que a los bolivianos “no les gusta hacer este tipo de trámites”.

Explicó que en otros países estos procesos son respetados por todos los que están involucrados en el rubro inmobiliario.

Sin embargo, en el exterior la figura de anticresis no rige de la misma forma que en Bolivia.

En países como Argentina o España, las propiedades son dadas en anticrético solo cuando hay deudas de por medio.

Por ejemplo, un deudor puede dar su casa en anticresis a su prestatario hasta que junte el dinero que le debe. Es decir, es una figura similar a la hipoteca.

Sin embargo, a diferencia de la hipoteca, las personas que dan en anticrético sus viviendas están amparadas por la norma para hacer inspecciones periódicas por dentro y fuera del inmueble.

DATOS PARA TOMAR EN CUENTA
Banca da préstamo para anticrético

El Reglamento para Operaciones de Crédito de Vivienda Social autoriza que la banca otorgue créditos para anticrético sin garantía hipotecaria.

La tasa de interés establecida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) para ese tipo de créditos es de 5.5 por ciento y no piden garantía hipotecaria.

Tres requisitos para crédito de anticresis

Las entidades bancarias solicitan al menos tres requisitos para otorgar un préstamo para anticrético.

Uno es la presentación de las tres últimas papeletas de pago, el segundo es un certificado de aportes a la Administradora de Fondo de Pensiones (AFP). Por último, se debe entregar un certificado de Derechos Reales.

Los cuatro pasos para “blindar” un contrato de anticrético

Un anticrético debe estar respaldado por un contrato, uno que ofrezca doble garantía: al arrendador y al arrendatario.

La elaboración de este documento “blindado”, según la perspectiva del abogado Iver León, demora, en el mejor de los casos, una semana.

Durante ese período, los interesados, en coordinación con sus abogados, realizan trámites en unas cuatro instancias, entre públicas y privadas.

Los pasos que deben seguirse se resumen en cuatro:

1.- La persona que tomará una casa en anticrético, arrendatario, debe solicitar al arrendador un “informe rápido” de Derechos Reales sobre la situación de su propiedad. Para ello se verifica con el número de folio real.

Esa documentación será determinante para que el arrendatario opte o no por esa propiedad, pues ahí se detalla si la misma tiene anotaciones preventivas u otras obligaciones hipotecarias, puntualizó el gerente de Faros S.A. y presidente de la Cámara de Empresas de Bienes Raíces de Cochabamba (Cebirac), Jhonny Flores.

Agregó que lo ideal es que la propiedad no tenga ninguna observación, pero hay excepciones.

Por ejemplo, si la propiedad vale 100 mil dólares y su propietario debe 10 mil a una entidad bancaria (hay de por medio hay una obligación hipotecaria) y el arrendatario cancela 20 mil dólares por el anticrético, no hay riesgo.

Flores dijo que lo ideal es que entre el monto de la deuda bancaria y el anticrético cubran como máximo el 50 por ciento del valor comercial de la vivienda.

Lo recomendable es que en este primer paso el arrendatario contrate su propio abogado, sugirió el registrador de Derechos Reales, Reynaldo Amurrio.

Contó que hay casos en los que los arrendadores se brindan a contratar a abogados “enseñados” para cometer fechorías.

Generalmente esos profesionales, por indicaciones del dueño de la propiedad, sugerirán al arrendatario hacer solo un documento privado para respaldar su capital y no un contrato enmarcado en las normas.

Así, en Derechos Reales no habrá ningún registro de anticresis y el dueño podría dar su propiedad en anticrético a varias personas o la venderá sin devolver el capital entregado por el arrendatario.

2.- Una vez que el abogado del arrendatario corrobora que la propiedad no presenta irregularidades, debe hacer una escritura pública ante un notario de fe pública.

Esta acción se denomina “de protocolización”.

3.- Posteriormente se debe llevar esa escritura pública original y dos copias a Derechos Reales.

También se debe adjuntar dos copias de la cédula de identidad del dueño de la propiedad.

Con esos documentos en mano, el arrendatario debe sacar una ficha en Derechos Reales y aguardar que los asesores verifiquen si los datos que figuran en su escritura pública coinciden con los de su base de datos, según un funcionario que prefirió guardar su identidad en reserva.

Entre otras cosas, los asesores corroboran la ubicación, matrícula y nombres de los propietarios de la vivienda.

Si todo es correcto, el interesado será derivado a cajas de Derechos Reales para cancelar una cuantía de 4x1.000.

Esto significa que si, por ejemplo, el anticresista está pagando 70 mil bolivianos por el anticrético, debe gravar 4 bolivianos por cada mil. Es decir, 280 bolivianos, dijo el registrador de Derechos Reales, Reynaldo Amurrio.

Posteriormente, el anticresista debe esperar máximo tres días para que el registrador de Derechos Reales firme la boleta.

Una vez que se recoge la boleta, el trámite termina y -tanto el arrendatario como el arrendador- solo deben preocuparse por pagar el 1.8 por ciento del impuesto anual.

Los que quieren evitar ese gasto, que se extiende hasta el final del plazo del anticrético, deben aplicar un paso más.

4.- Ese 1.8 por ciento de impuesto puede ser reemplazado por un descargo trimestral de facturas en el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).

Para acceder a este beneficio, generalmente el anticresista toma la iniciativa de tramitar un Número de Identificación Tributaria (NIT) en el SIN (Jordán, entre Nataniel Aguirre y Esteban Arze), explicó el presidente de Cebirac, Jhonny Flores.

Respecto a ese trámite, desde la gerencia del SIN explicaron que es gratuito y se lo realiza de la siguiente manera:

- Ingresar a la página www.impuestos.gob.bo y en la ventana “Oficina Virtual” crear un usuario y contraseña temporal para acceder al Formulario MASI-001 de Inscripción al Padrón Nacional de Contribuyentes.

- Una vez llenado el formulario, el mismo sistema generará un número de trámite y detallará la documentación original con la cual el arrendatario deberá presentarse en la Plataforma de Atención del SIN.

- Si no existen observaciones, la entrega del NIT se produce el mismo día.

Flores recomendó este último procedimiento a los arrendatarios, considerando que las facturas que descargarán son por un valor mínimo.

León acotó que solo mediante el trámite descrito el Estado protege el capital del anticresista.

700 agentes inmobiliarios operan sin regulación en Cochabamba

Al menos 700 agentes inmobiliarios operan en el mercado de bienes raíces cochabambino sin regulación alguna.

Muchos son exagentes que trabajaron temporalmente en entidades inmobiliarias legales del departamento, solo con el propósito de analizar su sistema laboral e incluso “hurtar información”.

El presidente de la Cámara de Empresas de Bienes Raíces de Cochabamba (Cebirac), Jhonny Flores, describió a esos agentes como “expertos en indagar hasta los detalles más íntimos de las familias, como su economía”.

“Su objetivo solo es lucrar”, puntualizó.

SIN REGULACIÓN

Ante la proliferación de este tipo de agentes, también llamados “intermediarios”, empresas constituidas de forma legal en el departamento optaron por fundar Cebirac en 2008, que no está regulada por un ente mayor, solo por estatutos internos.

Flores aseguró que años atrás sostuvieron reuniones con instituciones públicas de Cochabamba, como la Alcaldía, para reglamentar el rubro.

El primer paso que Cebirac propuso fue que cualquier persona que tramite una licencia de funcionamiento vinculada al ámbito de bienes y raíces, también asuma el compromiso de afiliarse a la Cámara. Sin embargo, la propuesta fue rechazada.

Ocho años han transcurrido desde la creación de Cebirac y a la fecha solo hay 18 entidades inmobiliarias afiliadas.

Flores dijo que continuarán presionando para que se regule el área. Una de las tareas que están asumiendo los afiliados es la elaboración de un proyecto de ley de bienes raíces.

El Órgano Ejecutivo es la instancia que debería regular a este rubro, para lo que se requiere una ley y su reglamento respectivo.

EN LA MIRA

Cebirac proporcionó algunos consejos para que arrendatarios y arrendadores eviten robos o secuestros, dos consecuencias que, según Flores, derivan de la contratación de un “intermediario inescrupuloso”. En el momento de mediar entre un comprador y un vendedor, el intermediario no revela su identidad, tampoco da la dirección de su oficina, donde debería juntar a las partes.

Según Flores, generalmente este tipo de agentes cita a sus clientes en plazas o calles y, en el mejor de los casos, en ambientes que son usados para otras actividades paralelas.

Legalmente hablando, Cebirac dice que una empresa inmobiliaria regulada no solo debe contar con una licencia de funcionamiento extendido por el municipio, sino también con un registro en la Fundación para el Desarrollo Empresarial (Fundempresa).

Otra recomendación para identificar a un intermediario es a través de su método de trabajo que, casi siempre, se limita a la mera mediación.

Un agente legal tiene al menos 28 procedimientos para prestar servicios inmobiliarios.

En el caso de los anticréticos, por ejemplo, los agentes legales acompañan el caso desde el inicio del contrato hasta el final, para resguardar tanto la propiedad como el dinero que hay de por medio.

Por este servicio los agentes cobran entre el 3 al 5 por ciento , dependiendo del tipo de vivienda que se dará en anticresis. Normalmente un intermediario cobra menos del 3 por ciento de comisión.

PRECIOS

Según Flores, la inexperiencia de los intermediarios hace que los precios de los bienes inmuebles se haya disparado en Cochabamba desde el año pasado.

Algunos intermediarios, sin conocimiento en el área, ofrecen servicios de avalúo de inmuebles y asignan precios elevados, que el dueño mantiene, aunque eso implique que su casa o edificio demore en venderse.

DATOS PARA TOMAR EN CUENTA
Cebirac acredita agentes en la Llajta

La Cámara de Empresas de Bienes Raíces de Cochabamba (Cebirac),

además de reunir a entidades inmobiliarias, ofrece información de riesgo a los clientes (mora, observaciones, por ejemplo); capacita a personal, con el objetivo de crear una cartera de funcionarios acreditados en Cochabamba.

Anuncian en medios de comunicación

La mayoría de los agentes inmobiliarios ilegales pone anuncios en medios de comunicación o redes para captar a sus víctimas.

Generalmente, ese tipo de anuncios ofrecen referencias restringidas del inmueble y el mediador.

Estos agentes inmobiliarios ilegales solo presentan un número de celular.


Estafa Anticretico En una semana perdió el dinero que ahorró en más de 10 años

“Todo era para el anticrético”. Reducía tanto los gastos en su hogar que casi no compraba ropa, evitaba salidas e incluso alguna vez privó a su hijos de comer. A ese ritmo, en 10 años, Lucía F. acumuló unos 20 mil dólares que le fueron arrebatados en menos de una semana por un falso arrendatario.

Su caso es solo uno de muchos que comenzaron con la búsqueda de un techo provisional en Cochabamba y culminaron con la pérdida del ahorro “de toda la vida”.

Esta mujer de 40 años vivió más de una década en alquiler, y como al tercer año se dio cuenta de que trabajaba solo para el dueño de casa, decidió “ajustarse más los pantalones” y ahorrar para un anticrético.

Sabía que su decisión no se ejecutaría a corto plazo, considerando que tomar en anticrético una propiedad emplazada en una zona “mínimamente céntrica” sobrepasaba los 15 mil dólares. Aún así, empezó a ahorrar.

Durante ese período de austeridad, recuerda que no estaban admitidos los paseos al parque, la compra de ropa y menos las comidas en la calle.

Cuando estaba a punto de reunir la cantidad necesaria, al cabo de nueve años, empezó la búsqueda de un anticrético.

Compraba el periódico casi a diario, pero abundaban más los avisos de las inmobiliarias, “esos que sacan su tajada” y ella no tenía mucho dinero para pagar comisiones. Su objetivo era encontrar avisos sin intermediarios.

Hasta que encontró la oferta que esperaba. “Casa en anticrético, zona este. Referencias al tantos, tantos, tantos”, recuerda.

Llamó al teléfono celular y concretó una visita a la casa ubicada por el Servicio General de Identificación Personal (SEGIP).

El supuesto dueño de la casa, un hombre de unos 40 años, le mostró la vivienda y -como en casi todos los casos de estafa- le dijo que habían muchos interesados.

Estaba convencida de que esa era la casa que estaba buscando, pero el estafador pedía 25 mil dólares. Ella solo tenía un poco más de 19 mil.

Lucía le confesó al hombre que le faltaba dinero y para no perder la oportunidad ella le ofreció adelantarle todo lo que tenía en una semana.

Él aceptó, pero a cambio le pidió que le diera tiempo para desocupar la casa. Al día siguiente, el estafador llamó insistentemente a Lucía para firmar un contrato que él se ofreció a elaborar.

Como la mujer no sabía nada al respecto, pidió asesoría a un abogado conocido que concluyó que el documento privado parecía estar en regla.

Tras la firma, en no más de siete días, completó el pago y siguió en contacto con el estafador, por lo menos dos semanas más.

Él prorrogaba el día para desocupar la vivienda, dejó de contestar el celular, luego lo apagó y finalmente desapareció.

Ante la desesperación, Lucía recuerda que habló a todos los vecinos para preguntarles sobre el paradero del supuesto dueño.

Entonces se enteró que la persona con la que hizo el trato era solo un inquilino que vivía en alquiler.

Lucía presentó su denuncia. La situación sería diferente si hubiera seguido el proceso establecido por la ley que, entre otras cosas, implica visitar Derechos Reales para saber la situación de la propiedad.

En 2015, apenas 174 personas de Cochabamba siguieron el proceso, 10 por ciento menos que en 2014, según un reporte de estadística de Derechos Reales.

El delegado del Consejo de la Magistratura, Jhonny Rocha, dijo que casos vinculados a la anticresis se abordaban cuando aún funcionaba el Centro de Conciliación del Tribunal Departamental de Justicia.

Se conoce que más del 50 por ciento estaba vinculado a inquilinatos tanto en alquiler como en anticrético.

MÁS CASOS

Hay otros casos en los que los mismos dueños de casa se quedan con parte del capital del anticresista.

Por ejemplo, a Humberto O. le devolvieron menos dos mil dólares. “Se aprovecharon de mi edad”, dijo este hombre de 70 años.

Cuando se cumplió el plazo del anticrético, el dueño de casa les dijo -a él y a su esposa- que no juntó el dinero total, luego apareció con el monto parcial y quedó en deberles.

Un tiempo después los echó de la casa y les dijo que no saldaría la deuda porque lo usaría para hacer reparaciones en la vivienda.

En criterio de Humberto, la retención no justificaba, pero aceptó porque su estado de salud no le permitía lidiar más con ese tipo de personas. “Habría sido peor que no nos quiera dar nada del dinero”, dijo resignado.

sábado, 20 de febrero de 2016

Se revalorizarán terrenos por donde pasará la vía a Warnes

La nueva vía a Warnes, que tiene 27,4 metros de longitud, que iniciará desde el octavo anillo del Cambódromo, sin duda alguna traerá muchos beneficios, sobre todo a la parte inmobiliaria empresarial, ya que a lo largo de la zona por donde irá la carretera hay terrenos de gran extensión que están en venta, que gracias a esta obra serán revalorizados en gran magnitud. De acuerdo con los datos de la Cámara Inmobiliaria de Santa Cruz (Cicruz), con la construcción del Cambódromo y hasta la conclusión de la avenida G77 en el 2014, los terrenos por esta zona estaban valuados en 100 dólares el metro cuadrado. "Sin duda alguna, al contar con una obra de esta magnitud, ayudará para que el valor de los inmuebles suba, en especial los que estarán sobre la misma vía, tomando en cuenta que por la zona hay un mayor desarrollo", dijo Franz Rivero, presidente de Cicruz.

Se proyectan urbanizaciones y grandes negocios. El titular de Cicruz indicó que los costos por metro cuadrado se incrementarán de acuerdo a los dueños de los predios y de lo que se esté proyectado construir.

Entre tanto, Alfredo Soliz, promotor de terrenos que están en venta por la zona de Motacusal, atrás del aeropuerto Viru Viru, indicó que se han vendido grandes extensiones a empresas que proyectan construir grandes negocios por la zona. "Se ha vuelto una zona muy cotizada porque a mediano plazo todo estará urbanizado y será totalmente comercial", indicó Soliz.

Por su lado, Claudia Zárate, presidente de la junta vecinal del barrio Divino Niño, por la zona de la G77, expresó que aparte de la carretera espera que se realicen obras que beneficien a todos, como ser colegios y centros de salud.

Construirán condominios Wiphala en otros departamentos del país

El jefe de la Unidad de Transparencia de la Agencia Estatal de Vivienda, Orlando Barreta, informó que tras el éxito en la construcción del condominio denominado Wiphala, que se construyó en la ciudad de El Alto, se replicará el proyecto en los departamentos de Cochabamba, Santa Cruz y Beni inicialmente.

"Este mismo modelo que se hizo en el condominio Wiphala se replicará en la ciudad de Cochabamba, donde en el segundo semestre se hará entrega del condominio Bartolina Sisa, así como en Santa Cruz también se tiene un condominio similar. En el Beni también se tiene este proyecto", aseveró.

Barreta dijo que en los demás departamentos, por algunos problemas de terreno u otros aspectos, aún no se pudo acceder a ese tipo de proyectos, pero que esos temas serán solucionados y se podrá ejecutar la construcción de viviendas.

Aseguró que la construcción de los condominios es parte del Plan Habitacional de Vivienda Social que el Gobierno boliviano preparó para que hasta el año 2020 se pueda cumplir con la meta de otorgar viviendas a la población más necesitada.

Asimismo, el Jefe de la Unidad de Transparencia, detalló que 1.870 familias interesadas se presentaron para adquirir los departamentos en el condominio Wiphala, pero que luego de iniciar una evaluación quedaron 800 familias, para luego pasar a una segunda evaluación en la que quedaron 554 y de ellas hasta el momento se beneficiaron 80 familias.

"Se han tenido dos filtros, uno en el que quedaron 800 familias, y luego el segundo filtro fue la visita a domicilios de cada uno para ver las distintas características, producto de ello fueron depuradas 400 familias quedando 554 que fueron remitidas a la entidad financiera para que se realice el contrato respectivo y así se acceda a este beneficio. Hasta el momento para el condominio 80 familias cumplieron con todos los requisitos", explicó.

Barreta dijo que el Condominio Wiphala cuenta con todos los servicios básicos, tres dormitorios, baño, cocina y un área de lavandería; parqueos, iluminación exterior y que se construirá un supermercado y tendrá un parque para que los niños puedan jugar.

Reveló que cada departamento cuesta 42 mil dólares y que la gente que tenga hijos con discapacidad tiene mayor probabilidad de acceder a este beneficio.

viernes, 19 de febrero de 2016

Legalizarán 129 procesos de derecho propietario


PROCESO

El proceso de regularización del derecho propietario representa cumplir con el recojo de la información técnica y jurídica que tenga el propietario; si no tuviera una o ninguna de las dos, debe conseguir una certificación de asentamiento antes de 2007 otorgada por la Junta Vecinal. De acuerdo con las condiciones del terreno, se levantarán estudios especializados de suelos para validar o no el asentamiento.

Con un presupuesto de Bs 6,6 millones, la Alcaldía de Sucre se propuso realizar 129 procesos de regularización de derecho propietario hasta agosto de este año, para unos 12.000 beneficiarios.

Ayer, el alcalde de Sucre, Iván Arciénega, se presentó en el Concejo Municipal para responder a una petición de informe sobre la regularización del derecho propietario planteada por el concejal Santiago Ticona.

Antes de responder en qué situación estaba el proceso de regularización de derecho propietario, Arciénega recordó que desde que se aprobó la ley nacional N° 247, el 5 de junio de 2012, en Sucre se iniciaron 22 procesos de intervención de los cuales concluyeron 13 y quedaron pendientes nueve.

Un proceso de regularización de derecho propietario engloba a varios predios que pueden pertenecer a toda una zona o barrio. Están llamadas a participar aquellas personas que tienen una vivienda o un lote con su muro perimetral y un pequeño cuarto que no tengan documentación al día y que esté siendo ocupado antes de 2007.

En ese sentido, el Alcalde de Sucre informó que desde que asumió el cargo en 2015, el 1 de agosto relanzó la regularización y hasta el 29 de diciembre concluyeron 24 procesos.

Para la presente gestión la meta es más ambiciosa. Hasta agosto, cuando concluye la vigencia de la ley, la Comuna quiere regularizar el derecho propietario de 120 procesos, además de los nueve pendientes de la anterior administración municipal.

Para ello, se destinará un presupuesto de Bs 6,6 millones, de los cuales la administración central pondrá Bs 1.419.720, mientras que el financiamiento de Bs 5.287.056 lo compartirá con las subalcaldías.

Por su parte, el secretario de Planificación y Ordenamiento Territorial de la Alcaldía de Sucre, Hugo Becerra, que acompañó al Alcalde en la interpelación, informó que para realizar este trabajo ya se contrató algo más de 50 arquitectos, abogados, topógrafos y alarifes, entre otros profesionales.

Arciénega anunció que todos trabajarán bajo la modalidad de contrato por producto con oficinas desconcentradas en los mismos barrios. Esto quiere decir que no habrá una oficina, aclaró.

Para que funcione este sistema, explicó, pedirán a las juntas vecinales que presten ambientes de manera temporal mientras se realiza el trabajo en su zona. “Las oficinas irán a los barrios”, recalcó.

martes, 16 de febrero de 2016

Familias alteñas estrenan condominos familiares

Con una inversión de 94,2 millones de bolivianos y en el marco de las políticas sociales impulsadas por el Gobierno, el presidente Evo Morales inauguró ayer el condominio multifamiliar Wiphala, en la ciudad de El Alto.
“Esta clase de proyectos, de edificios, es impresionante. Yo solamente he visto del avión, pero cuando llego había sido tan grande, de toda Bolivia sólo tenemos en la ciudad de El Alto esta clase de edificios y viviendas”, señaló el Presidente durante el acto central.
Este condominio, el más grande de la historia construido por un Gobierno, beneficiará a 336 familias que no cuentan con su vivienda propia, ayudando a mejorar sus condiciones de vida.
Los edificios, que fueron decorados por el artista boliviano Mamani Mamani, están ubicados en la zona Mercedario 2 del municipio del El Alto.
Es además la primera comunidad urbana de intervención estatal masiva, la cual se hace realidad gracias al trabajo del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, a través de La Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda).
“Es impresionante y felicidades a la Agencia Estatal de Vivienda, al Ministerio (de Obras Publicas) y a los trabajadores y a los alteños por haber convertido esta clase de viviendas, esto se va a convertir (en un sitio) turístico. Felicidades, mucha suerte, es su edifico y es de ustedes”, dijo Morales.
Por su parte, las familias beneficiadas agradecieron una y otra vez las obras. En distintos contactos con BTV coincidieron en que sufrieron mucho al mudarse de casa en casa, por lo que ahora tendrán un nuevo estilo de vida.
Mediante esta obra se prevé beneficiar a 1.680 habitantes del sector, generando además 300 empleos directos y 1.200 indirectos.
Entre 2006 y 2015, el municipio de El alto fue beneficiado con un total de 2.464 viviendas sociales para familias de escasos recursos, con una inversión de 262,8 millones de bolivianos.
Morales anunció también la inversión de más de 133 millones de bolivianos en agua y alcantarillado para esa ciudad y la posibilidad de dotar a la urbe de una asfaltadora.

Características de las nuevas viviendas
La obra consta de siete bloques con un total de 12 plantas. En su interior, cada planta comprende cuatro departamentos construidos en poco más de 80 metros cuadrados.
Los departamentos están dotados de 3 dormitorios, cocina, baño, lavandería, sala y comedor. Entre otras características, cabe destacar que cada bloque cuenta con un ascensor con capacidad de transportar ocho personas, además de áreas de esparcimiento, áreas recreacionales y parqueos vehiculares.
El costo de las viviendas es de 42 mil dólares, en promedio, la mitad del precio estándar de un departamento con estas características en ese municipio. Asimismo, existe la facilidad del acceso a créditos que acompaña a este programa de vivienda.
Estas viviendas fueron pensadas en las personas más necesitadas, familias de escasos recursos, profesionales jóvenes, parejas recién casadas y otras que carecen de un techo propio.

lunes, 15 de febrero de 2016

Construyen una casa en lote cedido a los reclusos

Vecinos de la zona de Sarco, al norte de la ciudad, denunciaron que en uno de los 13 lotes que fueron cedidos a los privados de libertad se realizan construcciones irregulares.

En 2010, el Comité Pro-Cárcel vendió este terreno, de cerca de 7 mil metros cuadrados, por fracciones a 77 dólares, cuando el precio en la zona era superior a 200 dólares. Por este hecho, 11 de sus miembros son procesados y acusados de uso indebido de influencias, legitimación de ganancias ilícitas y otros.

La Fiscalía, dentro del proceso, solicitó la anotación preventiva de los 13 lotes, pero algunos de los compradores que ya tienen construcciones solicitaron la cancelación de esta medida.

Marina Vásquez Ureña, vecina del lugar, recordó que estos terrenos son patrimonio del Estado y se encuentran en litigio por lo que deben defenderse.

“Esta última construcción tiene planos aprobados por la Alcaldía para una casa de dos pisos, pero se ha avanzado a un tercer piso, eso es irregular”.

La alerta la dio Vásquez Ureña de manera verbal y por carta desde diciembre del año pasado a la Comuna Molle, la Subalcaldía, Alcaldía, la Dirección de Transparencia y la Fiscalía.

El 7 de enero hubo una inspección en el lugar y recién este sábado, a dos meses de la denuncia, personal del municipio colocó un adhesivo, donde señala que la construcción está fuera de norma y pide suspender obras.

LA SITUACIÓN En el 40 por ciento del terreno existen construcciones de viviendas, edificios y un local comercial de venta de vehículos.

El secretario interino de Servicios al Ciudadano del municipio, Sergio Coca, informó que se hizo una solicitud al juez para mantener la medida precautoria y restringir el uso de estos lotes que son un bien público y no así privado.

“El juez cautelar debe imponer la medida en resguardo de los bienes de propiedad del Estado”.

A siete años de descubrirse estas irregularidades y el inicio del proceso, la retardación de justicia y los incidentes presentados por las partes evitan llegar al juicio oral.


En El Alto entregarán el primer condominio familiar

El Gobierno entregará hoy el condominio Wiphala, la infraestructura habitacional más grande construida hasta el momento por el Estado y que beneficiará a 336 familias que no cuentan con un hogar propio.
El viceministro de Vivienda y Urbanismo, Bony Morales, confirmó el viernes que el proyecto habitacional, construido en el marco del programa Comunidades Urbanas, será entregado por el presidente Evo Morales.
Cada departamento está valuado en alrededor de $us 40 mil que serán financiados a través del crédito de vivienda social de las entidades financieras.
El condominio Wiphala está ubicado en la zona Mercedario de la ciudad de El Alto y demandó una inversión de aproximadamente $us 9 millones.
El director ejecutivo de la Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda), Alfonso Parrado, en una entrevista con Cambio, en diciembre de 2015, destacó el proyecto habitacional porque se constituye en el más grande construido por el Estado, que consta de siete edificios de 12 pisos cada uno y cuatro departamentos en cada nivel.
Los departamentos tienen tres dormitorios, una cocina, baño. Asimismo, en la planta baja cuenta con parqueo para vehículos, áreas recreacionales y supermercado.
Cada uno de los 12 pisos de los siete edificios cuenta con todas las comodidades y servicios básicos para las familias como ser agua potable, luz, alcantarilla, gas a domicilio, una sala y hasta lavandería.
El viceministro Morales indicó que la selección de las familias beneficiadas fue el resultado de un proceso transparente y cada una demostró tener ingresos mensuales de un mínimo de Bs 3.300 bolivianos para pagar el crédito habitacional.
Importante salto estatal
De acuerdo a la AEVivienda, en los últimos 10 años, el programa estatal de vivienda experimentó un salto cualitativo al pasar de la construcción de pequeñas unidades habitacionales de tan sólo 35 metros cuadrados a enormes bloques multifamiliares, como es el caso del condominio Wiphala.
La transformación profunda comenzó el año 2010, cuando se determinó que el espacio mínimo de construcción de una vivienda debería ser de 50 metros cuadrados con dos dormitorios, cocina, baño, además de los servicios básicos de agua y luz.
A partir de ese año, el Estado encaró la construcción de casas de mejor calidad.

sábado, 13 de febrero de 2016

Una inmobiliaria de éxito Remax ya tiene 13 oficinas en el país

Ya son cinco años que la inmobiliaria Remax está en el país y con motivo de festejar realizará la apertura de su decimotercera oficina, la cual está ubicada en la zona de Las Palmas.

Llegaron a la apertura. Para dicha ocasión los cinco socios organizaron un coctel donde invitaron a clientes y amigos, quienes no dudaron en felicitarlos y darles mensajes de éxito. La empresa cuenta con una red de agentes de más de 150 profesionales en el rubro inmobiliario, los cuales están en constante capacitación tanto local como internacional.

viernes, 12 de febrero de 2016

Caso escándalo Zapata Anticrético de $us 100.000 está registrado en Derechos Reales

La casa donde habita Gabriela Zapata en la zona Sur de La Paz, fue dada en anticrético por un valor de 100.000 mil dólares y los documentos están registrados en Derechos Reales, para quienes deseen comprobarlo, afirmó la hija del fallecido Guillermo Fortún, Jimena, quien reveló que a Zapata la unen lazos de amistad.

“En base a una amistad, a una ligazón, íntima y familiar en base a un comadrerio (comadre) que yo mantengo con Gabriela (Zapata), es que se la he dado la casa, porque ella necesitaba en ese momento (la casa) y yo necesitaba el monto de dinero”, explicó Ximena Fortún en conferencia de prensa, convocada en la oficina del abogado de la familia Alex Panique.

En dicha conferencia, Panique aseguró que el inmueble ubicado en la urbanización La Rinconada es de única y exclusiva propiedad de las dos hijas del difunto, quien, al contar con un proceso penal en su contra, fue encarcelado y para los gastos de representación debió recurrir a una serie de acciones financieras como el dar en anticrético el inmueble.

Fortún fue senador y diputado de la República de Bolivia. También exministro de Hugo Banzer, entre los años 2000 y 2001. En marzo de 2010 salió del país rumbo a Perú, mientras era investigado por la supuesta malversación de 18 millones de bolivianos en su calidad de ministro. Ese mismo año fue recluido.

“Lamentablemente el señor ingeniero, Guillermo Fortún Suárez, exministro de Gobierno, ha tenido un problema judicial, en este Gobierno, por lo cual ha tenido que ser recluido inclusive en el penal de San Pedro, en esa oportunidad ningún político se acogió al dolor que embargaba a esta familia, al sufrir un proceso penal injusto y que emergente a ello, ha tenido que realizar fuertes erogaciones de dinero, que han motivado una serie de deudas que han sido plasmadas en certificados de Derechos Reales”, explicó Alex Panique, abogado de la familia Fortún.

El jurista, al igual que Ximena Fortún, rechazó que formen parte de las personas o movimientos sociales que hacen campaña por el NO a la reelección del presidente Evo Morales. Al contrario, afirmó que junto a un grupo de mujeres, harían campaña por el SÍ.

Zapata accedió al inmueble, por la suma de 100.000 dólares, por el plazo de cinco años, de los cuales solo ha transcurrido un año y medio, pero rechazó que la vivienda tenga un valor de $us 2 millones y dijo que el precio estimado es de 500.000 dólares.

La aclaración surge a raíz de la relación que la empresaria Zapata mantuvo con el presidente Evo Morales hasta el año 2007, con quien tuvo un hijo que falleció, según la versión oficial, por lo que se cuestiona el origen de los recursos económicos que tiene.

martes, 2 de febrero de 2016

REGULARIZACIÓN DE CONSTRUCCIONES Alistan “ley corta” para edificios fuera de norma

La Alcaldía informó que promulgará una “ley corta” para que 1.073 propietarios de construcciones fuera de norma regularicen su situación a través de la amnistía que abrió hace dos años.

La normativa beneficiará a una mínima cantidad de propietarios. Pues, de las 18.000 solicitudes que se recibieron, sólo se completaron 1.500, informó el secretario general del municipio, Ricardo Pol.

El 2014, se promulgó la Ley 041 para la Regularización de Construcciones fuera de norma. Ante esta situación se presentaron 18.000 trámites. Sin embargo, más de 15.000 se quedaron en la fase de inspección. Por otro lado, 1.073 se encuentran en la última etapa.

“Debido al cambio de subalcaldes 1.073 trámites no llegaron a tener la firma y terminó feneciendo el plazo de la ley. Por ello, vimos la promulgación de esta ley corta que durará 60 días. Luego de unos 30 días más pensamos sacar otra ley que permita continuar el proceso de los otros 15.000 que quedan”, señaló el secretario de Gobernabilidad, Jorge Ibáñez.

La subalcaldesa de la comuna Adela Zamudio, Roxana Neri, señaló que los trámites se realizarán en cada comuna en horarios de oficina. Los 1.073 trámites que faltan ya pagaron el monto que correspondía. Para evitar perjuicios a la población se decidió promulgar la ley corta, agregó Neri. Para la siguiente ley se analiza recibir trámites nuevos y se planificó un trabajo específico.

lunes, 1 de febrero de 2016

En edificios lo aconsejable es un extintor por planta



La Dirección Departamental de Bomberos de La Paz recordó que los edificios deben contar con un extintor de incendios por piso. “Lo ideal sería que tengan extintores de 20 libras y que todos puedan acceder a ellos”, dijo el coronel Edwin Lazo.

La Guía Boliviana de Construcción de Edificaciones del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, aprobada en 2015, dispone que todos los edificios tienen que poseer un sistema de prevención y protección contra incendios, y que instalaciones y equipos tienen que ser mantenidos en buenas condiciones “para lo cual deben ser revisados y probados periódicamente por la autoridad competente” (art. 119).

“Los extintores —agregó— deberán ser revisados cada año, debiendo señalarse la fecha de la última revisión, de la última vez que fue recargado y la fecha de su vencimiento. (...) Después de haberse usado un extintor, deberá ser recargado de inmediato y colocado en su lugar”.

En el artículo 124 establece que edificaciones de hasta cinco niveles, con excepción de las destinadas a vivienda (riesgo menor), tienen que contar en cada piso con esos artefactos.

Las de más de cinco pisos (riesgo mayor) están obligadas a disponer además de tanques de almacenamiento de agua para alimentar una red interna antiincendios.

En cada piso debe haber un grifo o hidrante instalado en los corredores de acceso, dos bombas, una eléctrica y otra con motor a combustión, entre otras.

El 4 de diciembre de 2013 fue promulgada la Ley de Bomberos, que dispone que “edificios, industrias, centros comerciales, hospitalarios, educativos, etc., al momento de su construcción, deben instalar un hidrante de uso exclusivo” de esta unidad policial, y da tres años para las erigidas antes de la vigencia de la norma.

Sin embargo, la ley no se cumple porque, según Lazo, su reglamentación no fue concluida —debió hacerse en 60 días— y no se ha definido si serán Bomberos o las alcaldías los que velarán por su cumplimiento.

Aparato matafuego, hasta en Bs 400

Comprar un extintor de incendios de uso doméstico cuesta entre Bs 300 y Bs 400, informó la Dirección Departamental de Bomberos de La Paz.

“Lo ideal es adquirir uno de 10 libras, es suficiente porque servirá para apagar el incendio cuando se está iniciando”, explicó su director coronel Edwin Lazo.

Un aparato matafuegos tiene una duración de un año, pasado el cual debe ser recargado. Cada recarga cuesta entre Bs 40 y Bs 50.

Tiendas. ¿Dónde se puede adquirir un aparato matafuegos? Lazo afirmó que en las ferreterías ubicadas en las calle Ingavi y en la avenida Montes.

En estos negocios también se realiza la recarga de los artefactos. Para el hogar, se recomienda un extintor multiuso que se pueda utilizar en todos los tipos de incendios.

Hay hasta cuatro clases de artefactos según la naturaleza del fuego: A (madera, telas y papel), B (líquidos combustibles o inflamables, como gasolina, kerosén, aceite y grasa de cocina), C (cuando hay equipos eléctricos en funcionamiento), y ABC: para todos los tipos de incendio.

“Mucha gente no tiene esa confianza de usar un matafuego, por eso realizamos simulacros de incendios y les damos capacitación a quienes así lo requieran”, manifestó el jefe departamental de Bomberos.