Representantes de los adjudicatarios, hace algunos meses, presentaron denuncia formal a la Fiscalía de Materia en contra de Roberta Vargas y la familia Urquidi, identificados como los presuntos autores de la supuesta estafa que movilizan a los afectados.
El representante de los adjudicatarios de la denominada urbanización Concordia, Cirilo Colque, informó a los medios de prensa en Cochabamba que cada persona habría entregado entre 4 y 5 mil dólares por un lote de 300 metros en la zona del Calvario de Urkupiña.
Según miembros del Colegio de Arquitectos de Quillacollo, los loteamientos y emplazamientos urbanos en el cerro de Cota, o, Calvario de Urkupiña están prohibidos por normas municipales y nacionales, porque fue declarado como patrimonio arqueológico, ecológico y religioso por una Ley promulgada por el presidente Evo Morales Ayma en 2007.
Asimismo, la zona fue declarada área de preservación y protección ambiental, ecológica, turística y religiosa por una ordenanza del Concejo Municipal de Quillacollo.
FALTA DE ATENCIÓN: Por su parte, el dirigente del Comité Pro Qollcas de Cotapachi, Jorge Ovando, afirmó que esa y otras urbanizaciones son ilegales debido a que toda el área de influencia del Calvario de Urkupiña, laguna y Qollcas de Cotapachi y otras zonas son tierras fiscales y están protegidas por una ley del Estado.
Reveló que la degradación o destrucción del Calvario de Urkupiña no interesa a nadie, ya que las sucesivas autoridades municipales dieron su visto bueno por motivos políticos para el asentamiento de urbanizaciones ilegales.
Dijo que debido a los loteamientos, muchos proyectos turísticos, ecológicos y religiosos se van perdiendo, sin tomar en cuenta la jerarquía de esta serranía que es considerada sagrada por la presencia de la gruta y santuario de la Virgen de Urkupiña, que es visitada anualmente por más de un millón de personas.
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