DIFICULTADES
Explicó que las entidades enfrentaron dificultades para verificar la información de las solicitudes principalmente en cuanto a la eventual propiedad de bienes inmuebles por parte de los interesados. Según dijo pese a estas limitaciones, las entidades constataron que en 957 casos éstos eran titulares de viviendas con registros actualizados en Derechos Reales. Asimismo, se evidenció que los prestatarios pretendían utilizar el bien inmueble para fines comerciales y no como vivienda familiar. La autoridad señaló también que otra causal para el rechazo de los trámites fue el monto de las solicitudes que excedían los límites máximos dispuestos por el reglamento aprobado el 10 de enero pasado. Otro de los motivos que dio lugar a la denegación de las solicitudes fue la probada incapacidad de los interesados para honrar la amortización del crédito hipotecario.
CRÉDITOS APROBADOS
Según Valdivia, los créditos aprobados significan recursos del orden de 43,5 millones de dólares y se registraron mayormente en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, respectivamente. Asimismo, puntualizó que de los 1.179 créditos aprobados, 763 son nuevos desembolsos y 416 representan préstamos antiguos que migraron a los beneficios que establece la nueva Ley de Servicios Financieros considerando las tasas diferenciales de interés y el valor de la vivienda.
MERCADO INMOBILIARIO
En opinión de la autoridad la movilización de más $us 100 millones en un período relativamente corto y las tasas preferenciales de interés señaladas en la normativa está provocando una dinámica del sector inmobiliario del país, por lo que anticipó que se advierte que habrá importantes ofertas especialmente en departamentos y propiedades horizontales. “Lo que queremos es beneficiar a las familias de escasos recursos para que accedan a techo propio”, sostuvo Valdivia.
ANTICRÉTICO
La autoridad manifestó que la oferta de recursos de las entidades financieras se mantiene firme en el mercado, aunque admitió que la demanda habría disminuido en el caso de familias que tienen suscrito un contrato anticrético. Aclaró que en el proceso de evaluación de la capacidad económica de la unidad familiar incluye los ingresos de los cónyuges y no solamente de uno de ellos. En ese sentido, recomendó a los interesados deben proporcionar la información veraz a las entidades financieras sobre los ingresos reales percibidos.
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