Mostrando entradas con la etiqueta Avasalladores. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Avasalladores. Mostrar todas las entradas
sábado, 10 de diciembre de 2016
Tarija Asamblea de DDHH registró 1.800 estafas por la compra de terrenos
La ilusión de tener un lote y una casa pasa a ser una pesadilla para algunas personas. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APPDDHH) en Tarija registró 1.800 denuncias de familias afectadas por estafa en la compra de terrenos durante el año 2016.
Según la presidenta de la institución, Teresa Rojas, esas familias fueron perjudicadas por diferentes documentos elaborados por abogados para los supuestos propietarios. Después aparecieron otros dueños.
Rojas dijo que lo lamentable de estos hechos es que las víctimas son personas de escasos recursos, que incluso se prestaron dinero para comprar sus lotes y luego construir sus casas. Posteriormente fueron avasalladas por otros grupos, quienes reclaman la misma propiedad.
Otro aspecto que preocupa a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, es que ambos sectores en conflictos tiene los planos aprobados. Lo que advierte complicidad en algunas instituciones públicas. Este punto se hizo conocer a los gobiernos municipales del departamento de Tarija, para que investiguen esa situación.
“Aquí quiero reflexionar a los abogados y notarios. Cuando hagan la compra de terrenos exijan la documentación correcta, lo mismo al hacer un reconocimiento de firma-sentenció- Nadie sanciona a esos profesionales porque elaboran documentos que perjudican a muchas familias”.
Para Rojas hay una lucha de poder entre los loteadores. Los propietarios usan a los dirigentes para que presionen a sus bases hasta hacerlos comprar el inmueble. El justificativo es que el próximo año subirá de precio. Por ello los interesados acceden hasta prestarse plata para cancelar, pero luego son engañados.
El director de Ordenamiento Territorial (DOT) de Cercado, Horacio Rodríguez, sabe de este tipo de situaciones. Por ello se logró la aprobación de una Ley de Movimiento de Tierras, pero se espera que el legislativo municipal acepte otra normativa que permitirá sancionar a quienes se dedican a la oferta y venta de terrenos.
Con la primera ley mencionada se hicieron alrededor de 40 intervenciones de movimientos de tierra ilegal durante el 2016. Éstas pretendían ser fraccionadas para la venta de lotes en Pampa Galana, El Portillo, San Blas, Turumayo, El Temporal, entre otras zonas.
De ahí que el funcionario también deduce el número de denuncias recibidas en la APPDDHH en esta gestión. Pues, lograron advertir de la ilegalidad en la oferta de superficies que no tienen regulado sus papeles ni autorización del Municipio.
Sin embargo, esa normativa no es suficiente. Por eso dijo que presentaron un proyecto de ley al Concejo Municipal para regular la venta de lotes. Esa normativa tiene la finalidad de regular la oferta y controlar la venta de terrenos que no tienen aprobación por parte de la DOT.
Pero además, Rodríguez espera zanjar el problema de raíz, personas inescrupulosas que hacen la transferencia de terrenos sin ninguna documentación. Sin embargo, a la fecha no tuvo una respuesta del legislativo sobre el proyecto de ley.
El País eN se comunicó con el vicepresidente del Concejo Municipal, Francisco Rosas, para coordinar una entrevista sobre ese caso. El legislador pidió que se hable del tema en otra oportunidad.
Hubo 36 denuncias de adultos mayores
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APPDDHH) en Tarija, durante el año 2016, recibió 36 denuncias de personas de la tercera edad. Los casos fueron principalmente por desalojo de viviendas, abandono por parte de sus hijos, de salud, violencia física y psicológica. Satisfactoriamente pudieron intervenir en todos los casos y dar solución a los problemas a través de las instancias correspondientes.
jueves, 21 de julio de 2016
Oruro Incertidumbre y tensión en urbanización "Las Praderas"
Como sucede en varias juntas vecinales nuevas, en la urbanización "Las Praderas", ubicada en el extremo Norte de la urbe, al lado Oeste de la doble vía Oruro-La Paz, surgen denuncias de avasallamientos y réplicas contrarias, provocando un clima tenso y de incertidumbre en la zona
Según explicación de un representante de los vecinos, quien por temor a represalias prefirió guardar su nombre en reserva; esta urbanización fue creada legalmente el 2002 y desde entonces se ha realizado trámites pertinentes ante el Municipio y Derechos Reales, a tal grado que en la actualidad cada uno de ellos ya cuenta con documentos individuales saneados.
Agregó que al margen de tener documentos al día, tienen también impuestos cancelados por diversos conceptos (inmuebles, tasas y servicios), por lo que se consideran legítimos propietarios y exigen que ese derecho se les respete.
URBANIZACIÓN
FANTASMA
Los vecinos de urbanización "Las Praderas", hicieron conocer su indignación porque de un tiempo a esta parte, apareció un grupo de personas a la cabeza de Ricardo Saavedra Quinteros, que comenzó a amedrentarlos e incluso agredirlos aduciendo la existencia de otra urbanización de nombre "Santa María" cuya extensión supuestamente alcanza hasta el terreno que ellos están ocupando desde hace tiempo.
"Nosotros hemos verificado, incluso con una certificación de Derechos Reales, que esa urbanización no existe; por lo que hacemos esta denuncia pública de que nos están avasallando", aseveró el vecino afectado.
"Con sorpresa, nos hemos enterado que hace unos tres meses atrás, una vecina ha sido avasallada en su casa. No solo le agredieron físicamente, sino también derribaron los muros de su construcción y lo peor, ahora existe una denuncia en su contra. Es extraño cómo las autoridades no dan crédito a quienes sí tenemos documentos", enfatizó, a tiempo de exhibir un plano de "Las Praderas", además de otros documentos de prueba.
Contó que en días recientes, los avasalladores han llegado acompañados de fuerzas policiales para amedrentar a los vecinos; lo cual consideran que es una injusticia total; mucho más cuando cuentan con documentos legales.
TEMOR
Otra de las vecinas, en declaraciones a LA PATRIA, pidió que de una vez por todas las autoridades en Oruro pongan orden y se haga respetar el derecho propietario bien consolidado.
"Como ustedes están viendo, aquí varios de nosotros ya hemos hecho construir nuestra casita, haciendo un gran sacrificio, pero ni siquiera eso respetan. Vienen en grupo, nos amedrentan, nos golpean. En la noche ya tenemos miedo caminar en esta zona, porque en cualquier momento podemos ser atacados. Queremos que haya justicia", enfatizó.
ACUSADO
El ciudadano Ricardo Saavedra Quinteros, arquitecto de profesión y acusado de avasallar terrenos, lamentó que este tipo de asentamientos estén proliferando desde hace tiempo y utilizando la técnica de victimizarse, acusen a los verdaderos propietarios de incurrir en hechos irregulares, cuando pasa lo contrario.
El abogado de Saavedra, Avelino Murillo Salvatierra, explicó que el 2014, su cliente adquirió esos terrenos de René Callejas y que en la actualidad, ese proceso de compra se encuentra en instancias del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (Gamo), pero desde el momento en que compró esos predios, ha procedido a su ocupación física.
"Extrañamente, desde hace unos meses atrás, se ha tenido la presencia de asentamientos clandestinos y ante ese hecho, se ha presentado una denuncia de forma oportuna ante el Ministerio Público y actualmente se encuentra en proceso de investigación signado con el número 16/16 de avasallamiento", explicó.
Lamentó que a partir de esta semana un grupo más numeroso de estas personas ha ingresado en el sector con volquetas, palas mecánicas y demás, para realizar construcciones y demoliciones de algunas propiedades que no les pertenecen, por lo que una vez más, se decidió iniciar otro proceso contra ese grupo de desconocidos.
Según explicación de un representante de los vecinos, quien por temor a represalias prefirió guardar su nombre en reserva; esta urbanización fue creada legalmente el 2002 y desde entonces se ha realizado trámites pertinentes ante el Municipio y Derechos Reales, a tal grado que en la actualidad cada uno de ellos ya cuenta con documentos individuales saneados.
Agregó que al margen de tener documentos al día, tienen también impuestos cancelados por diversos conceptos (inmuebles, tasas y servicios), por lo que se consideran legítimos propietarios y exigen que ese derecho se les respete.
URBANIZACIÓN
FANTASMA
Los vecinos de urbanización "Las Praderas", hicieron conocer su indignación porque de un tiempo a esta parte, apareció un grupo de personas a la cabeza de Ricardo Saavedra Quinteros, que comenzó a amedrentarlos e incluso agredirlos aduciendo la existencia de otra urbanización de nombre "Santa María" cuya extensión supuestamente alcanza hasta el terreno que ellos están ocupando desde hace tiempo.
"Nosotros hemos verificado, incluso con una certificación de Derechos Reales, que esa urbanización no existe; por lo que hacemos esta denuncia pública de que nos están avasallando", aseveró el vecino afectado.
"Con sorpresa, nos hemos enterado que hace unos tres meses atrás, una vecina ha sido avasallada en su casa. No solo le agredieron físicamente, sino también derribaron los muros de su construcción y lo peor, ahora existe una denuncia en su contra. Es extraño cómo las autoridades no dan crédito a quienes sí tenemos documentos", enfatizó, a tiempo de exhibir un plano de "Las Praderas", además de otros documentos de prueba.
Contó que en días recientes, los avasalladores han llegado acompañados de fuerzas policiales para amedrentar a los vecinos; lo cual consideran que es una injusticia total; mucho más cuando cuentan con documentos legales.
TEMOR
Otra de las vecinas, en declaraciones a LA PATRIA, pidió que de una vez por todas las autoridades en Oruro pongan orden y se haga respetar el derecho propietario bien consolidado.
"Como ustedes están viendo, aquí varios de nosotros ya hemos hecho construir nuestra casita, haciendo un gran sacrificio, pero ni siquiera eso respetan. Vienen en grupo, nos amedrentan, nos golpean. En la noche ya tenemos miedo caminar en esta zona, porque en cualquier momento podemos ser atacados. Queremos que haya justicia", enfatizó.
ACUSADO
El ciudadano Ricardo Saavedra Quinteros, arquitecto de profesión y acusado de avasallar terrenos, lamentó que este tipo de asentamientos estén proliferando desde hace tiempo y utilizando la técnica de victimizarse, acusen a los verdaderos propietarios de incurrir en hechos irregulares, cuando pasa lo contrario.
El abogado de Saavedra, Avelino Murillo Salvatierra, explicó que el 2014, su cliente adquirió esos terrenos de René Callejas y que en la actualidad, ese proceso de compra se encuentra en instancias del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (Gamo), pero desde el momento en que compró esos predios, ha procedido a su ocupación física.
"Extrañamente, desde hace unos meses atrás, se ha tenido la presencia de asentamientos clandestinos y ante ese hecho, se ha presentado una denuncia de forma oportuna ante el Ministerio Público y actualmente se encuentra en proceso de investigación signado con el número 16/16 de avasallamiento", explicó.
Lamentó que a partir de esta semana un grupo más numeroso de estas personas ha ingresado en el sector con volquetas, palas mecánicas y demás, para realizar construcciones y demoliciones de algunas propiedades que no les pertenecen, por lo que una vez más, se decidió iniciar otro proceso contra ese grupo de desconocidos.
martes, 3 de mayo de 2016
video Chuquisaca Avasalladores aprovechan feriado para intervenir cerro
AVASALLAMIENTO
En los últimos meses, varios sectores de los cerros Sica Sica y Churuquella, áreas de protección ambiental, fueron avasallados por personas que aseguran haber comprado terrenos.
Aprovechando el fin de semana y el feriado del 1 de Mayo, un grupo de avasalladores aceleró las obras de remoción de tierras con maquinaria pesada y la construcción de viviendas ilegales en el cerro colindante entre Rumi Rumi y Pajchiri, zona de protección ambiental.
Tras talar centenares de eucaliptos, el grupo de avasalladores, emprendió, entre el sábado y ayer lunes, una ardua tarea de remoción de tierras en un área de preservación ambiental que estaba bajo el custodio de la Fundación Acción Cultural Loyola (ACLO).
Ante la impotencia de los vecinos, quienes incluso pensaron en bloquearles el ingreso, los avasalladores removieron centenares de metros cúbicos de rocas y tierra, luego las trasladaron en volquetas a la quebrada de La Calavera, cuyas aguas van hacia un dique en el municipio de Yotala.
“Desde hace un mes, todos los días han cortado árboles, han sacado tierra con tractores y han ido construyendo unas casuchas, pero el fin de semana y hoy (ayer) han trabajado mañana, tarde y noche”, comentó un vecino.
El pasado viernes, personal de varias unidades del Gobierno Municipal, junto al Ministerio Público y la Policía realizaron una inspección al lugar donde verificaron la tala indiscriminada de árboles, la apertura de caminos con maquinaria pesada y la construcción de viviendas ilegales, sin embargo, no consiguieron detener a los avasalladores.
“Las autoridades presentes en la inspección tomarán acciones en el marco de sus competencias para sancionar a los infractores, ya que el terreno afectado es zona de protección ambiental, tal como lo señala la ordenanza Municipal N° 090 “A”/13 y 074/13”, señala el boletín de prensa enviado por la Dirección Municipal de Medio Ambiente.
En pasados días, la Alcaldía informó que presentó una denuncia ante el Ministerio Público por varios delitos, entre ellos, avasallamiento de área forestal.
viernes, 29 de abril de 2016
Sucre Avanzan en recuperación de espacios avasallados
En poco más de un mes, la Intendencia Municipal despejó dos cuadras de la zona del Mercado Campesino que estaban tomadas por comerciantes dificultando el tránsito vehicular y anunció que continuará recurando los espacios públicos avasallados a lo largo de las últimas décadas.
El pasado 8 de marzo la Intendencia con el apoyo de la Guardia Municipal y la unidad de Tráfico, Trasporte y Vialidad y otras reparticiones despejó parte de la calzada de la calle Nataniel Aguirre, entre José Prudencio Bustillos y Pando, y recientemente habilitó la calle paralela Eulogio Ostria Reyes que estaba siendo avasallada por vendedores de discos compactos piratas.
“Vamos a resguardar el lugar durante el día y la noche hasta consolidar este lugar, el siguiente paso que vamos a dar es recuperar las siguientes cuadras de la Ostria Reyes con el objetivo de descongestionar esta zona”, manifestó el intendente municipal, Mirko Sanabria al pedir a los vendedores de la calle que vayan ubicándose dentro de mercados y tiendas.
El pasado 8 de marzo la Intendencia con el apoyo de la Guardia Municipal y la unidad de Tráfico, Trasporte y Vialidad y otras reparticiones despejó parte de la calzada de la calle Nataniel Aguirre, entre José Prudencio Bustillos y Pando, y recientemente habilitó la calle paralela Eulogio Ostria Reyes que estaba siendo avasallada por vendedores de discos compactos piratas.
“Vamos a resguardar el lugar durante el día y la noche hasta consolidar este lugar, el siguiente paso que vamos a dar es recuperar las siguientes cuadras de la Ostria Reyes con el objetivo de descongestionar esta zona”, manifestó el intendente municipal, Mirko Sanabria al pedir a los vendedores de la calle que vayan ubicándose dentro de mercados y tiendas.
viernes, 4 de diciembre de 2015
Video El drama sigue para los desalojados en los barrios Italia y La Purísima
Han pasado tres días del operativo policial que desalojó a casi un millar de familias de los barrios Italia y La Purísima en la zona este de la ciudad. Pero el drama sigue para los vecinos que, además de haberse quedado en la calle, deben hacer vigilia para evitar que alguien robe sus pertenencias.
Muchos continúan con sus cosas en la puerta de lo que una vez fue su hogar ya que no tienen un lugar para llevarlos.
"Hay ladrones que llegan en la noche y se llevan desde calaminas hasta marcos de puertas. Se aprovechan de la desgracia ajena", decía Lucy Fernández, una mujer que junto a otros seis vecinos, aprovechaba la sombra de un árbol para desde allí, vigilar sus pertenencias.
Otros como José Quispe han tenido que recurrir a parientes para subsanar esta situación y hasta han pedido que alojen de manera provisoria a sus hijos ya que no cuentan con un espacio propio. "Ahora mi cabeza está 'partida en dos', por un lado estoy pensando en cómo estará mi familia y la otra está pendiente de mis cositas".
La preocupación pasa en que a pesar de que existen grupos de policías que aún siguen haciendo sus rondas por las calles del barrio, los 'amigos de lo ajeno' no paran de hacer sus fechorías a pesar de la presencia de los uniformados.
"A ellos parece que no les interesa nuestra situación y no hacen nada. Nos hemos quedado sin casa y corremos el riesgo de quedarnos sin nuestras cosas", se quejaba José.
Estas familias son acusadas de ocupar ilegalmente cerca de 34 hectáreas de la lechería Talla Grande ubicada en el kilómetro 5 en la ruta a Cotoca. Por este motivo fueron desalojados.
Muchos continúan con sus cosas en la puerta de lo que una vez fue su hogar ya que no tienen un lugar para llevarlos.
"Hay ladrones que llegan en la noche y se llevan desde calaminas hasta marcos de puertas. Se aprovechan de la desgracia ajena", decía Lucy Fernández, una mujer que junto a otros seis vecinos, aprovechaba la sombra de un árbol para desde allí, vigilar sus pertenencias.
Otros como José Quispe han tenido que recurrir a parientes para subsanar esta situación y hasta han pedido que alojen de manera provisoria a sus hijos ya que no cuentan con un espacio propio. "Ahora mi cabeza está 'partida en dos', por un lado estoy pensando en cómo estará mi familia y la otra está pendiente de mis cositas".
La preocupación pasa en que a pesar de que existen grupos de policías que aún siguen haciendo sus rondas por las calles del barrio, los 'amigos de lo ajeno' no paran de hacer sus fechorías a pesar de la presencia de los uniformados.
"A ellos parece que no les interesa nuestra situación y no hacen nada. Nos hemos quedado sin casa y corremos el riesgo de quedarnos sin nuestras cosas", se quejaba José.
Estas familias son acusadas de ocupar ilegalmente cerca de 34 hectáreas de la lechería Talla Grande ubicada en el kilómetro 5 en la ruta a Cotoca. Por este motivo fueron desalojados.
jueves, 3 de diciembre de 2015
Santa Cruz Desalojan 34,4 ha. luego de 5 años de ocupación ilegal
Ayer se procedió a la desocupación de 34,4 hectáreas ocupadas ilegalmente desde hace 5 años, según datos proporcionados por Alberto Gómez Clementelli, que participó como abogado y propietario de estos terrenos ubicados sobre el ingreso a la zona de Montecristo, al este de la ciudad. El Comando de la Policía Nacional y el Viceministro de Gobierno participaron de este operativo que se realizó de manera pacífica, pese a que los afectados protestaron y bloquearon el ingreso a los predios.
Recuperan su terreno después de 5 años. "Se está dando cumplimiento a una sentencia constitucional #525/2013-L en la que Alberto Gómez Salazar acciona un amparo constitucional y se le concede la tutela para la recuperación de su predio ubicado en la UV 197 de 34,4 hectáreas que hoy se denomina Italia, La Purísima", explicó Gómez que ayer estuvo al frente de los uniformados, notarios y personal que se encargó de transportar a los afectados junto a sus pertenencias. La acción se ejecutó desde las 9:00.
Se retiraron de manera pacífica. Cristian Molina actuó como notario ingresando a los inmuebles, donde explicó a los vivientes que tenían dos opciones. "Ellos pueden salir de manera voluntaria y vamos a colaborar en el traslado o anotamos sus bienes y se trasladan a un depósito donde un juez debe autorizar el retiro". Emiliana Humérez fue una de las afectadas, esta mujer de 50 años de edad aproximadamente, dijo que invirtió alrededor de $us 25.000 en su vivienda ubicada en el barrio Italia. Comentó que pagó por ella; sin embargo, hasta la fecha no tenía todos los documentos en regla. Ayer abandonó su hogar tras el ingreso de los uniformados.
Buscan frenar los avasallamientos. Marcelo Elío, viceministro de Régimen Interior, encabezó el trabajo de la Policía. La autoridad lamentó que "estas acciones son un mensaje para que los estafadores y la gente que se dedica a avasallar terrenos tengan en cuenta que se hará respetar la Constitución Política del Estado, garantizar la propiedad privada y la seguridad jurídica de las personas, para que no sean estafados por delincuentes que engañan a gente que no tienen recursos".
Finalmente Sabino Guzmán, comandante de la Policía, informó que "el desapoderamiento se realizó sin utilizar agentes químicos, fue totalmente pacífico".
Recuperan su terreno después de 5 años. "Se está dando cumplimiento a una sentencia constitucional #525/2013-L en la que Alberto Gómez Salazar acciona un amparo constitucional y se le concede la tutela para la recuperación de su predio ubicado en la UV 197 de 34,4 hectáreas que hoy se denomina Italia, La Purísima", explicó Gómez que ayer estuvo al frente de los uniformados, notarios y personal que se encargó de transportar a los afectados junto a sus pertenencias. La acción se ejecutó desde las 9:00.
Se retiraron de manera pacífica. Cristian Molina actuó como notario ingresando a los inmuebles, donde explicó a los vivientes que tenían dos opciones. "Ellos pueden salir de manera voluntaria y vamos a colaborar en el traslado o anotamos sus bienes y se trasladan a un depósito donde un juez debe autorizar el retiro". Emiliana Humérez fue una de las afectadas, esta mujer de 50 años de edad aproximadamente, dijo que invirtió alrededor de $us 25.000 en su vivienda ubicada en el barrio Italia. Comentó que pagó por ella; sin embargo, hasta la fecha no tenía todos los documentos en regla. Ayer abandonó su hogar tras el ingreso de los uniformados.
Buscan frenar los avasallamientos. Marcelo Elío, viceministro de Régimen Interior, encabezó el trabajo de la Policía. La autoridad lamentó que "estas acciones son un mensaje para que los estafadores y la gente que se dedica a avasallar terrenos tengan en cuenta que se hará respetar la Constitución Política del Estado, garantizar la propiedad privada y la seguridad jurídica de las personas, para que no sean estafados por delincuentes que engañan a gente que no tienen recursos".
Finalmente Sabino Guzmán, comandante de la Policía, informó que "el desapoderamiento se realizó sin utilizar agentes químicos, fue totalmente pacífico".
martes, 3 de noviembre de 2015
En riesgo, 80 hectáreas del Valle de la Luna
Se verificó la presencia de maquinaria que está aplanando el área para construcciones.
Aproximadamente 80 hectáreas del Valle de la Luna están en peligro debido a que comunarios inescrupulosos, empresas constructoras, falsos propietarios e incluso algunos funcionarios ediles estarían en afanes de lotear este sector para urbanizarlo. "Hay gente que está planeando afectar una parte del patrimonio turístico de La Paz en el Valle de la Luna en complicidad con algunos comunarios y empresas que están haciendo trabajos en los cerros, afectando el paisaje del municipio. Estamos solicitando al alcalde Luis Revilla, a través de una minuta, que intervenga en el marco de sus competencias y que también coordine con los municipios de Achocalla y Mecapaca (con los que persisten los conflictos de límites) como medida preventiva para resguardar este patrimonio paceño", aseguró el concejal del MAS Jorge Silva.
Esta área fue declarada patrimonio turístico del municipio de La Paz y está protegida por una norma. "Se ha comprobado que ya se iniciaron los movimientos de tierras sin ninguna autorización. Es preocupante porque ya está sucediendo".
INTERESES. En este loteamiento también estarían involucrados funcionarios municipales, situación que, asegura, será investigada a la brevedad. "Ahora son 80 hectáreas las afectadas pero pueden ser más. Queremos intervenir con la Policía para hacer cumplir las normas", indicó.
Días atrás se propuso enmallar todo este sector para protegerlo pero demandaría mucho dinero. "El presupuesto sería de 80 millones de bolivianos y ese monto no está contemplado en el POA (Presupuesto Operativo Anual) ni de esta gestión ni en la de 2016. Lo que ahora amerita es la intervención policial".
TERRENO. Las personas que estarían en estos afanes aseguraron ser los propietarios de los terrenos aunque no acreditaron la supuesta propiedad. "No tienen ningún documento, no cuentan con la aprobación de planimetrías y, lo más grave, es que sorprendieron en su buena fe a quienes intentan tener una casa allá", detalló el concejal.
Al tratarse de un terreno arcilloso es necesario hacer trabajos de estabilización de suelos y por esa razón el sector fue declarado patrimonio paisajístico.
"No es apto para la construcción de viviendas", reiteró.
El concejal Jorge Silva anunció procesos en contra de las personas que pretenden lotear el Valle de la Luna. "No vamos a permitir que se afecte el patrimonio. Se trata de atropellos de algunos comunarios y empresas constructoras. Esperamos que el alcalde Luis Revilla pueda actuar lo antes posible".
Al igual que este sitio, otros lugares turísticos de La Paz, como Jupapina, Palca, el Parque de Mallasa y el Valle de las Ánimas, también están en peligro de ser loteados por grupos de personas que, al no contar con una propiedad privada, exigen el derecho de ocupar algunos sitios para erigir sus viviendas.
ATRACTIVO TURÍSTICO. El Valle de la Luna es una formación rocosa que se encuentra a unos 10 kilómetros del centro de La Paz. El nombre lo puso Neil Armstrong en 1969, el primer hombre en pisar la luna, cuando visitó la sede del Gobierno.
Es una sección donde la erosión ha consumido la parte superior de una montaña. El suelo no es sólido, sino arcilloso. Con el paso del tiempo los elementos crearon una obra de arte.
"Es un patrimonio turístico de La Paz. Queremos intervenir urgentemente con la Policía para hacer cumplir las normas" .
Jorge Silva
CONCEJAL DEL MAS
80 millones de bolivianos se necesitan para enmallar este sector, pero dicho monto no está dentro del presupuesto.
Aproximadamente 80 hectáreas del Valle de la Luna están en peligro debido a que comunarios inescrupulosos, empresas constructoras, falsos propietarios e incluso algunos funcionarios ediles estarían en afanes de lotear este sector para urbanizarlo. "Hay gente que está planeando afectar una parte del patrimonio turístico de La Paz en el Valle de la Luna en complicidad con algunos comunarios y empresas que están haciendo trabajos en los cerros, afectando el paisaje del municipio. Estamos solicitando al alcalde Luis Revilla, a través de una minuta, que intervenga en el marco de sus competencias y que también coordine con los municipios de Achocalla y Mecapaca (con los que persisten los conflictos de límites) como medida preventiva para resguardar este patrimonio paceño", aseguró el concejal del MAS Jorge Silva.
Esta área fue declarada patrimonio turístico del municipio de La Paz y está protegida por una norma. "Se ha comprobado que ya se iniciaron los movimientos de tierras sin ninguna autorización. Es preocupante porque ya está sucediendo".
INTERESES. En este loteamiento también estarían involucrados funcionarios municipales, situación que, asegura, será investigada a la brevedad. "Ahora son 80 hectáreas las afectadas pero pueden ser más. Queremos intervenir con la Policía para hacer cumplir las normas", indicó.
Días atrás se propuso enmallar todo este sector para protegerlo pero demandaría mucho dinero. "El presupuesto sería de 80 millones de bolivianos y ese monto no está contemplado en el POA (Presupuesto Operativo Anual) ni de esta gestión ni en la de 2016. Lo que ahora amerita es la intervención policial".
TERRENO. Las personas que estarían en estos afanes aseguraron ser los propietarios de los terrenos aunque no acreditaron la supuesta propiedad. "No tienen ningún documento, no cuentan con la aprobación de planimetrías y, lo más grave, es que sorprendieron en su buena fe a quienes intentan tener una casa allá", detalló el concejal.
Al tratarse de un terreno arcilloso es necesario hacer trabajos de estabilización de suelos y por esa razón el sector fue declarado patrimonio paisajístico.
"No es apto para la construcción de viviendas", reiteró.
El concejal Jorge Silva anunció procesos en contra de las personas que pretenden lotear el Valle de la Luna. "No vamos a permitir que se afecte el patrimonio. Se trata de atropellos de algunos comunarios y empresas constructoras. Esperamos que el alcalde Luis Revilla pueda actuar lo antes posible".
Al igual que este sitio, otros lugares turísticos de La Paz, como Jupapina, Palca, el Parque de Mallasa y el Valle de las Ánimas, también están en peligro de ser loteados por grupos de personas que, al no contar con una propiedad privada, exigen el derecho de ocupar algunos sitios para erigir sus viviendas.
ATRACTIVO TURÍSTICO. El Valle de la Luna es una formación rocosa que se encuentra a unos 10 kilómetros del centro de La Paz. El nombre lo puso Neil Armstrong en 1969, el primer hombre en pisar la luna, cuando visitó la sede del Gobierno.
Es una sección donde la erosión ha consumido la parte superior de una montaña. El suelo no es sólido, sino arcilloso. Con el paso del tiempo los elementos crearon una obra de arte.
"Es un patrimonio turístico de La Paz. Queremos intervenir urgentemente con la Policía para hacer cumplir las normas" .
Jorge Silva
CONCEJAL DEL MAS
80 millones de bolivianos se necesitan para enmallar este sector, pero dicho monto no está dentro del presupuesto.
jueves, 10 de septiembre de 2015
Oruro Alcaldía efectúa demolición de diez casas clandestinas
El equipo técnico y jurídico de la Municipalidad de Oruro efectuó la demolición de diez casas construidas sin autorización ni derecho propietario, tanto en la zona sur como en la zona este de la ciudad.
El director de ordenamiento territorial, Julio Miranda, dijo que el operativo se realizó el martes y previa notificación formal a los supuestos propietarios de esas casas clandestinas que fueron construidas en terrenos que son de propiedad del Estado.
"Estamos efectuando la demolición, después de un largo proceso, para recuperar las áreas verdes y de equipamiento, que pertenecen a la Municipalidad de Oruro. Hemos notificado tres veces, a los ocupantes, para que puedan efectuar el desalojo, en estricto cumplimiento de las leyes", expresó.
"Las casas estaban construidas, prácticamente en las calles de la urbanización Ampliación San Isidro, en la zona este de la ciudad. En ese lugar, se han demolido dos casas. La semana pasada, se procedió con similar operativo, en otras ocho casas de la zona sur que, en vez de resguardar las áreas verdes, los avasalladores prefirieron ocupar esos lugares con paredes y casas", dijo Miranda.
Los supuestos propietarios de las casas no ofrecieron resistencia. La medida fue aplicada con la presencia policial y con una orden judicial, para evitar cualquier oposición de parte de los interesados.
El alcalde municipal, Édgar Bazán Ortega, dijo que se ha dispuesto "aplicar mano dura contra los avasalladores de los terrenos que pertenecen a la Municipalidad y que, poco a poco, se pretende poner orden en esos barrios donde ha campeado el loteamiento indiscriminado de terrenos".
El director de ordenamiento territorial, Julio Miranda, dijo que el operativo se realizó el martes y previa notificación formal a los supuestos propietarios de esas casas clandestinas que fueron construidas en terrenos que son de propiedad del Estado.
"Estamos efectuando la demolición, después de un largo proceso, para recuperar las áreas verdes y de equipamiento, que pertenecen a la Municipalidad de Oruro. Hemos notificado tres veces, a los ocupantes, para que puedan efectuar el desalojo, en estricto cumplimiento de las leyes", expresó.
"Las casas estaban construidas, prácticamente en las calles de la urbanización Ampliación San Isidro, en la zona este de la ciudad. En ese lugar, se han demolido dos casas. La semana pasada, se procedió con similar operativo, en otras ocho casas de la zona sur que, en vez de resguardar las áreas verdes, los avasalladores prefirieron ocupar esos lugares con paredes y casas", dijo Miranda.
Los supuestos propietarios de las casas no ofrecieron resistencia. La medida fue aplicada con la presencia policial y con una orden judicial, para evitar cualquier oposición de parte de los interesados.
El alcalde municipal, Édgar Bazán Ortega, dijo que se ha dispuesto "aplicar mano dura contra los avasalladores de los terrenos que pertenecen a la Municipalidad y que, poco a poco, se pretende poner orden en esos barrios donde ha campeado el loteamiento indiscriminado de terrenos".
jueves, 16 de julio de 2015
Tomatitas esta identificada como región avasallada
Tomatitas es una de las localidades que está identificada como sector afectado con el avasallamiento.
En el lugar, específicamente en el sector de la loma se encuentran algunas personas asentadas de manera ilegal.
No obstante, las familias que moran allí argumentan que recibieron varias promesas electorales para regularizar su situación.
“Todos los candidatos al municipio de San Lorenzo se comprometieron a impulsar la conexión de los servicios básicos, de esta manera se regularizaría nuestra situación”, manifestó a Cambio, Antonia Mercado.
Explicó que esa urbanización nació a pedido de los comunarios del lugar con una visión futurista de mejorar las condiciones de vida.
DEmandas
“Pedimos que se resuelva nuestra situación porque son aproximadamente cien las familias que vivimos en el lugar desde hace varios años en condiciones que no son las mejores.”, dijo la entrevistada.
Entretanto, las autoridades del municipio de San Lorenzo investigan la situación de estas urbanizaciones, producto de los asentamientos ilegales.
La Alcaldía argumentó que este delito se promovió con complicidad de algunos funcionarios públicos, mismos que serán investigados también y serán imputados como corresponde.
En el lugar, específicamente en el sector de la loma se encuentran algunas personas asentadas de manera ilegal.
No obstante, las familias que moran allí argumentan que recibieron varias promesas electorales para regularizar su situación.
“Todos los candidatos al municipio de San Lorenzo se comprometieron a impulsar la conexión de los servicios básicos, de esta manera se regularizaría nuestra situación”, manifestó a Cambio, Antonia Mercado.
Explicó que esa urbanización nació a pedido de los comunarios del lugar con una visión futurista de mejorar las condiciones de vida.
DEmandas
“Pedimos que se resuelva nuestra situación porque son aproximadamente cien las familias que vivimos en el lugar desde hace varios años en condiciones que no son las mejores.”, dijo la entrevistada.
Entretanto, las autoridades del municipio de San Lorenzo investigan la situación de estas urbanizaciones, producto de los asentamientos ilegales.
La Alcaldía argumentó que este delito se promovió con complicidad de algunos funcionarios públicos, mismos que serán investigados también y serán imputados como corresponde.
martes, 14 de julio de 2015
Avasalladores intensifican la edificación de viviendas ilegales
Avasalladores aprovecha que la propietaria enfermó para intensificar la construcción de viviendas ilegales en la zona sur del departamento de La Paz.
Desde hace algunos la familia Valencia fue víctima del avasallamiento de su predio, pues un grupo de autodenominados comunarios de Kellumani invadieron sus terrenos de manera violenta.
En más de una ocasión, ella, sus abogados y algunos inspectores fueron agredidos físicamente por parte de este grupo.
Hechos que ocasionaron el inicio de una demanda penal que ahora recorre los caminos de la Justicia.
“Este grupo de personas argumenta que son herederos de los verdaderos comunarios que vendieron sus tierras, sin embargo solo son yernos, inquilinos y personas extrañas que lo único que buscan es traficar con mis predios”, lamentó la propietaria.
Muestra de ello es que este predio está siendo parcelando en pequeños predios. Hace un par de meses se registraba un 20 por ciento del espacio con la edificación de viviendas ilegales. “Lamentablemente en un viaje a Santa Cruz contraje Chikungunya, me sometí al tratamiento y cuando volví más del 80 por ciento de mi predio se encuentra ocupado por los avasalladores”, agregó la entrevistada.
La afectada, denunció que durante los feriados y fines de semana se elevan hasta diez murallas en sus predios.
La desventaja del incremento de estas construcciones es que no solo representa un perjuicio económico para las personas que se atrevieron a construir en una propiedad ajena, sino también para los dueños pues cuando se obtiene una orden de desapoderamiento es más complejo liberar los predios.
“Yo cuento con todos mis documentos al día y tarde o temprano esos predios volverán a mi poder, será entonces que estas personas advertirán la gran pérdida de representa haber edificado de manera ilegal”, acotó Valencia.
Pérdida económica
La construcción de una habitación de 3 por 3 metros, puede variar entre 3.000 a 6.000 bolivianos aproximadamente, dependiendo de las características de la construcción y si a ello se suman las murallas de las parcelas la pérdida asciende al doble.
Respaldo
Valencia, al igual que cientos de afectados por el delito encuentra en la Ley 477 contra el avasallamiento y el tráfico de tierras una herramienta adecuada para frenar este flagelo, aunque no deja de ser un perjuicio por el tiempo que transcurre hasta finalizar el proceso.
Desde hace algunos la familia Valencia fue víctima del avasallamiento de su predio, pues un grupo de autodenominados comunarios de Kellumani invadieron sus terrenos de manera violenta.
En más de una ocasión, ella, sus abogados y algunos inspectores fueron agredidos físicamente por parte de este grupo.
Hechos que ocasionaron el inicio de una demanda penal que ahora recorre los caminos de la Justicia.
“Este grupo de personas argumenta que son herederos de los verdaderos comunarios que vendieron sus tierras, sin embargo solo son yernos, inquilinos y personas extrañas que lo único que buscan es traficar con mis predios”, lamentó la propietaria.
Muestra de ello es que este predio está siendo parcelando en pequeños predios. Hace un par de meses se registraba un 20 por ciento del espacio con la edificación de viviendas ilegales. “Lamentablemente en un viaje a Santa Cruz contraje Chikungunya, me sometí al tratamiento y cuando volví más del 80 por ciento de mi predio se encuentra ocupado por los avasalladores”, agregó la entrevistada.
La afectada, denunció que durante los feriados y fines de semana se elevan hasta diez murallas en sus predios.
La desventaja del incremento de estas construcciones es que no solo representa un perjuicio económico para las personas que se atrevieron a construir en una propiedad ajena, sino también para los dueños pues cuando se obtiene una orden de desapoderamiento es más complejo liberar los predios.
“Yo cuento con todos mis documentos al día y tarde o temprano esos predios volverán a mi poder, será entonces que estas personas advertirán la gran pérdida de representa haber edificado de manera ilegal”, acotó Valencia.
Pérdida económica
La construcción de una habitación de 3 por 3 metros, puede variar entre 3.000 a 6.000 bolivianos aproximadamente, dependiendo de las características de la construcción y si a ello se suman las murallas de las parcelas la pérdida asciende al doble.
Respaldo
Valencia, al igual que cientos de afectados por el delito encuentra en la Ley 477 contra el avasallamiento y el tráfico de tierras una herramienta adecuada para frenar este flagelo, aunque no deja de ser un perjuicio por el tiempo que transcurre hasta finalizar el proceso.
viernes, 3 de julio de 2015
Algunos avasalladores optan por desalojar los predios voluntariamente
Ante la intensificación del trabajo del Comité Interinstitucional conformado para frenar los avasallamientos en el departamento de Santa Cruz, los afectados advierten que algunos de sus invasores están desalojando sus predios de manera voluntaria
Tras la firma de este acuerdo se logró desalojar cerca de 40 predios privados que fueron objeto de avasallamiento y tráfico de tierras en el sector urbano.
Aunque algunos grupos de toma tierras mostraron algún tipo de resistencia, finalmente los propietarios pudieron recuperar sus predios para reactivarlos económicamente.
“Tenemos información de que muchos de los avasalladores decidieron desalojar los predios afectados para evitar ser expulsados a través de los operativos”, manifestó Alberto Gutiérrez dirigente de la Cámara Departamental de la Pequeña Industria y Artesania (Cadepia).
Del mismo modo informó que muchos de los avasalladores están en busca de negociar su retirada.
Explicó que algunos pequeños empresarios lograron conciliar con los avasalladores.
Los operativos de desalojos son acompañados con acciones concretas en cuanto a la captura de algunos cabecillas de avasallamiento.
Medidas que de alguna forman intimidan a algunos invasores o por lo menos eso lo demuestran los requerimientos para los desapoderamientos.
“En mi predio, por ejemplo, a un principio se requerían 400 efectivos para desalojar a los invasores, ahora solo se necesita 250. Ello evidenciaría que hay una movilización voluntaria de los avasalladores o de las familias estafadas para dejar los predios”, acotó Alberto Gómez Clementelli, dirigente de los afectados del sector urbano.
En ese marco, los afectados advierten que la incidencia del delito en ese departamento baja considerablemente.
“Por fin se están mostrando acciones claras para frenar este flagelo, ahora después de mucho tiempo se puede decir que las autoridades están luchando en contra del avasallamiento”, manifestó Germán Valdivieso, afectado del barrio Libertad.
POLÍTICAS CLARAS
El presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera, como muchas otras autoridades del Gobierno manifestaron abiertamente su rechazo al avasallamiento y al tráfico de tierras.
Muestra de ello es la promulgación de la Ley 477, norma que incorpora el delito en el Código de Procedimiento Penal, otorgando una pena de hasta ocho años de cárcel para las personas que promuevan el delito.
Tras la firma de este acuerdo se logró desalojar cerca de 40 predios privados que fueron objeto de avasallamiento y tráfico de tierras en el sector urbano.
Aunque algunos grupos de toma tierras mostraron algún tipo de resistencia, finalmente los propietarios pudieron recuperar sus predios para reactivarlos económicamente.
“Tenemos información de que muchos de los avasalladores decidieron desalojar los predios afectados para evitar ser expulsados a través de los operativos”, manifestó Alberto Gutiérrez dirigente de la Cámara Departamental de la Pequeña Industria y Artesania (Cadepia).
Del mismo modo informó que muchos de los avasalladores están en busca de negociar su retirada.
Explicó que algunos pequeños empresarios lograron conciliar con los avasalladores.
Los operativos de desalojos son acompañados con acciones concretas en cuanto a la captura de algunos cabecillas de avasallamiento.
Medidas que de alguna forman intimidan a algunos invasores o por lo menos eso lo demuestran los requerimientos para los desapoderamientos.
“En mi predio, por ejemplo, a un principio se requerían 400 efectivos para desalojar a los invasores, ahora solo se necesita 250. Ello evidenciaría que hay una movilización voluntaria de los avasalladores o de las familias estafadas para dejar los predios”, acotó Alberto Gómez Clementelli, dirigente de los afectados del sector urbano.
En ese marco, los afectados advierten que la incidencia del delito en ese departamento baja considerablemente.
“Por fin se están mostrando acciones claras para frenar este flagelo, ahora después de mucho tiempo se puede decir que las autoridades están luchando en contra del avasallamiento”, manifestó Germán Valdivieso, afectado del barrio Libertad.
POLÍTICAS CLARAS
El presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera, como muchas otras autoridades del Gobierno manifestaron abiertamente su rechazo al avasallamiento y al tráfico de tierras.
Muestra de ello es la promulgación de la Ley 477, norma que incorpora el delito en el Código de Procedimiento Penal, otorgando una pena de hasta ocho años de cárcel para las personas que promuevan el delito.
Se intensifica el avasallamiento en cercanías de la Tranca
Según la denuncia de los vecinos del sector, se incrementaron las carpas establecidas a un costado de la carretera a Copacabana en La Paz, en cercanías a la tranca de vehículos.
“Al principio solo había una carpa ahora hay como cinco, son personas que se asentaron ahí con la intención de lograr la edificación de sus casas”, denunció Francisco Mariaca vecino del lugar.
La tendencia de ampliar el espacio afectado en el sector invadido es inminente, pes este espacio se convirtió en un punto comercial debido al flujo turístico que promueve el lago Titicaca, así como otras poblaciones como Peñas y Laja.
“En menos de dos meses se duplicó la cantidad de toma tierras, al parecer el número será más grande cada vez y ello pone en peligro nuestras propiedades también”, agregó Froilán Cotipa otro vecino.
Riesgo
Tras la presencia de estas personas, causa inseguridad en la comunidad.
“Nosotros nos conocíamos y no teníamos miedo de que nuestros animales se pierdan o que a nuestros cultivos les pase algo, ahora no podemos estar tranquilos porque no conoceos a esas personas “, lamentó Cutipa.
Por oto lado, las familias comerciantes que ya se establecieron en el lugar desde hace mucho tiempo temen que se sume la competencia desleal.
“Ya somos muchos en el sector tratando de ganar el pan de cada día como para que ahora este grupo venga a adueñarse tierras fácilmente”, acotó Mariaca.
Entretanto, los vecinos manifestaron que ya denunciaron el hecho a sus autoridades comunales y que ellos determinarán que medidas asumir ante el incidente.
Hasta entonces, convocaron a los propietarios del lugar para que resguarden sus terrenos y construyan murallas o bardas.
“Al principio solo había una carpa ahora hay como cinco, son personas que se asentaron ahí con la intención de lograr la edificación de sus casas”, denunció Francisco Mariaca vecino del lugar.
La tendencia de ampliar el espacio afectado en el sector invadido es inminente, pes este espacio se convirtió en un punto comercial debido al flujo turístico que promueve el lago Titicaca, así como otras poblaciones como Peñas y Laja.
“En menos de dos meses se duplicó la cantidad de toma tierras, al parecer el número será más grande cada vez y ello pone en peligro nuestras propiedades también”, agregó Froilán Cotipa otro vecino.
Riesgo
Tras la presencia de estas personas, causa inseguridad en la comunidad.
“Nosotros nos conocíamos y no teníamos miedo de que nuestros animales se pierdan o que a nuestros cultivos les pase algo, ahora no podemos estar tranquilos porque no conoceos a esas personas “, lamentó Cutipa.
Por oto lado, las familias comerciantes que ya se establecieron en el lugar desde hace mucho tiempo temen que se sume la competencia desleal.
“Ya somos muchos en el sector tratando de ganar el pan de cada día como para que ahora este grupo venga a adueñarse tierras fácilmente”, acotó Mariaca.
Entretanto, los vecinos manifestaron que ya denunciaron el hecho a sus autoridades comunales y que ellos determinarán que medidas asumir ante el incidente.
Hasta entonces, convocaron a los propietarios del lugar para que resguarden sus terrenos y construyan murallas o bardas.
lunes, 29 de junio de 2015
viernes, 26 de junio de 2015
martes, 23 de junio de 2015
Los ‘tomatierras’ ponen su mirada en Achocalla
El clima templado de la zona, las características del lugar o lo desolado de algunos sectores tal vez sean las razones por las cuales se intensificaron las denuncias de los vecinos por avasallamiento y tráfico de tierras.
Achocalla es un lugar maravilloso que escapa del ruido y el estrés de las ciudades. Muchas familias se percataron de estas características y decidieron migrar a este sector, ello es evidente por la cantidad de edificaciones nuevas que se registran.
Para el lamento de los vecinos, muchas de estas construcciones no tienen legalidad alguna. “En más de una ocasión las personas que comienzan con la edificación argumentan que compraron el predio de un extraño. Una vez que el dueño se percata de lo que ocurre, ya la casa está concluida y debe recurrir a medios legales para recuperarla”, narró Tomás Mollericona, dirigente del lugar.
Los predios que ya registraron una invasión ilegal, como es el caso de la Cooperativa de Vivienda del Servicio de Caminos (Covisenac), ahora denunciaron que su avasallamiento crece con el transcurrir de los días.
“Antes sólo teníamos una parte de nuestros predios en conflicto, ahora los mismos que invadieron la propiedad abarcaron otro sector donde aún no se había registrado una afectación. Tenemos que luchar ahora no sólo por un sector sino por dos, mientras que vemos impotentes que el fruto de años de trabajo se escapa de nuestras manos a la fuerza”, aseveró Francisco Bozo, dirigente de la Cooperativa.
Indicios de Tráfico de Tierras
“En la mayoría de los casos, la gente termina de construir y no vive en el lugar, sabe que es una ilegalidad o lo que busca es adueñarse del predio para luego venderlo y ganar dinero ilegalmente”, advirtió Mollericona.
Los afectados denuncian que las autoridades de Achocalla hacen caso omiso de las denuncias y del delito que observan diariamente. “Queremos que se brinde la seguridad para que no prolifere este delito en la zona”, agregó el vecino, que pidió la cooperación legal.
Achocalla es un lugar maravilloso que escapa del ruido y el estrés de las ciudades. Muchas familias se percataron de estas características y decidieron migrar a este sector, ello es evidente por la cantidad de edificaciones nuevas que se registran.
Para el lamento de los vecinos, muchas de estas construcciones no tienen legalidad alguna. “En más de una ocasión las personas que comienzan con la edificación argumentan que compraron el predio de un extraño. Una vez que el dueño se percata de lo que ocurre, ya la casa está concluida y debe recurrir a medios legales para recuperarla”, narró Tomás Mollericona, dirigente del lugar.
Los predios que ya registraron una invasión ilegal, como es el caso de la Cooperativa de Vivienda del Servicio de Caminos (Covisenac), ahora denunciaron que su avasallamiento crece con el transcurrir de los días.
“Antes sólo teníamos una parte de nuestros predios en conflicto, ahora los mismos que invadieron la propiedad abarcaron otro sector donde aún no se había registrado una afectación. Tenemos que luchar ahora no sólo por un sector sino por dos, mientras que vemos impotentes que el fruto de años de trabajo se escapa de nuestras manos a la fuerza”, aseveró Francisco Bozo, dirigente de la Cooperativa.
Indicios de Tráfico de Tierras
“En la mayoría de los casos, la gente termina de construir y no vive en el lugar, sabe que es una ilegalidad o lo que busca es adueñarse del predio para luego venderlo y ganar dinero ilegalmente”, advirtió Mollericona.
Los afectados denuncian que las autoridades de Achocalla hacen caso omiso de las denuncias y del delito que observan diariamente. “Queremos que se brinde la seguridad para que no prolifere este delito en la zona”, agregó el vecino, que pidió la cooperación legal.
miércoles, 10 de junio de 2015
martes, 9 de junio de 2015
En Villa Rosario exigen reconstruir las viviendas
Los afectados por la destrucción y quema de sus viviendas en la urbanización Villa Rosario del Distrito 8 de El Alto exigen la reconstrucción de sus casas, que fueron dañadas por un violento ataque el fin de semana. Los vecinos responsabilizaron a Gonzalo P. T. de ser el autor intelectual de los hechos de violencia, por lo que exigen a las autoridades policiales y judiciales que se lo detenga y se busque los mecanismos para obligarlo a reconstruir los inmuebles.
“Ahora nosotros queremos la detención de Gonzalo P. T., que nos responda todo lo que ha hecho”, expuso doña Florencia B., una de las víctimas de los ataques. Según los afectados, esta persona fue quien les vendió inicialmente los terrenos y luego les exigió otros pagos extraordinarios.
Florencia B., que tiene cuatro hijos, vive siete años en la zona y el sábado por la tarde fue sorprendida al igual que sus vecinos con la llegada de unos 500 “antisociales” que destruyeron sus viviendas con dinamitas y maquinaria. Luego prendieron fuego a sus pertenencias.
“Han quemado las libretas de mis hijos, sus ropas también. Sin ropa, sin zapatos están ahora, dónde voy a vivir, mis hijos no tienen qué cambiarse. Tengo cuatro hijos, yo soy madre sola, soy papá y mamá, por eso pido ayuda; todas mis mantas, polleras estaban ahí, en mi ropero, que totalmente se ha quemado”, dijo.
Doña Josefa, otra vecina afectada, también se quedó con su casa quemada y destechada, por lo que realiza vigilias en las noches junto a los habitantes de la zona en medio de fogatas para calentarse y hacer frente al intenso frío.
“Estamos en la calle y tenemos miedo. Dónde vamos a ir, en la calle nomás tenemos que quedarnos. No tengo familia, soy mujer sola, tampoco tengo plata para alquilarme algún lugar, tampoco quieren alquilar”, relató.
Apoyo. Félix Miranda, otro vecino damnificado y quien también perdió sus pertenencias luego de que fuera incendiada su vivienda, sostuvo que abrió una cuenta bancaria, con el número 5500361672 del Banco Nacional de Bolivia (BNB), para que quienes deseen apoyarlos, principalmente a los niños, aporten con un “granito de arena” y se pueda recuperar algo de lo perdido.
Recordaron que una semana antes de la quema de sus casas los “antisociales” de Gonzalo P. T. vinieron y los amenazaron, ante ello acudieron a instancias ediles y policiales para pedir protección, pero no obtuvieron respuesta.
Los vecinos denunciaron con documentación en mano que Gonzalo P. T. tiene antecedentes policiales en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y en la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove), por lo que demandan su detención y encarcelamiento.
Las víctimas lamentaron la “discriminación” de los médicos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de La Paz, debido a que nos los atendieron por ser de El Alto. Según los relatos, es la quinta vez que son atacados, pero ésta fue la más violenta.
viernes, 5 de junio de 2015
Víctimas difunden métodos de avasallamieto
Con la esperanza de destapar las artimañas que utilizan los avasalladores y traficantes de tierras durante una toma ilegal, las víctimas de este delito compartieron en las redes sociales el modo en que operan los promotores de este delito tanto en el área urbana como en el área rural.
El contenido de este detalle se está haciendo viral a través de Facebook, de Twitter y de Youtube, pues señala exactamente lo que pasa durante el proceso del delito.
Avasallamiento urbano
Según esa publicación se divisa que el primer paso para el delito consiste en que el cabecilla envía a un grupo de personas a ocupar el terreno; luego el líder de la toma o un testaferro indica al dueño que conoce a los ocupantes y pide dinero para retirarlos del sector.
En el caso de que el propietario se niegue a cancelar, el predio es vendido a un tercero con ayuda de documentación fraguada o duplicada y luego es parcelado y vendido a los ocupantes en terrenos pequeños a través de cómodas cuotas.
Cuando el propietario se entera inicia procesos legales mientras que los ocupantes amurallan y edifican en el lugar.
Violencia
En la mayoría de los casos los propietarios son agredidos por los ocupantes víctimas de la estafa.
“Como un mecanismo de defensa, los cabecillas de este delito utilizan a las mujeres y a los niños para evitar que se produzca cualquier desalojo”, aseveró Alberto Gómez, dirigente de los afectados.
Del mismo modo, las víctimas aseguran que las consecuencias para el propietario abarcan varios ámbitos de su entorno social.
“El proceso legal en sí demanda mucho dinero, uno no encuentra paz ni tranquilidad. Las familias se descapitalizan y como consecuencia muchos hogares son destruidos y perjudicados”, aseguró Renan Troche, otro afectado del delito.
El contenido de este detalle se está haciendo viral a través de Facebook, de Twitter y de Youtube, pues señala exactamente lo que pasa durante el proceso del delito.
Avasallamiento urbano
Según esa publicación se divisa que el primer paso para el delito consiste en que el cabecilla envía a un grupo de personas a ocupar el terreno; luego el líder de la toma o un testaferro indica al dueño que conoce a los ocupantes y pide dinero para retirarlos del sector.
En el caso de que el propietario se niegue a cancelar, el predio es vendido a un tercero con ayuda de documentación fraguada o duplicada y luego es parcelado y vendido a los ocupantes en terrenos pequeños a través de cómodas cuotas.
Cuando el propietario se entera inicia procesos legales mientras que los ocupantes amurallan y edifican en el lugar.
Violencia
En la mayoría de los casos los propietarios son agredidos por los ocupantes víctimas de la estafa.
“Como un mecanismo de defensa, los cabecillas de este delito utilizan a las mujeres y a los niños para evitar que se produzca cualquier desalojo”, aseveró Alberto Gómez, dirigente de los afectados.
Del mismo modo, las víctimas aseguran que las consecuencias para el propietario abarcan varios ámbitos de su entorno social.
“El proceso legal en sí demanda mucho dinero, uno no encuentra paz ni tranquilidad. Las familias se descapitalizan y como consecuencia muchos hogares son destruidos y perjudicados”, aseguró Renan Troche, otro afectado del delito.
viernes, 15 de mayo de 2015
Se registra una liberación masiva de los predios avasallados urbanos
En un mes de trabajo se logró ejecutar la liberación de 40 predios en situación de avasallamiento en el sector urbano de Santa Cruz gracias al convenio interinstitucional conformado por los ministerios de Gobierno, Justicia, Transparencia, de Desarrollo Rural y Tierras, la Fiscalía General del Estado, el Tribunal Departamental de Justicia, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental además de la Policía.
Este acuerdo, declaró una guerra al delito de avasallamiento y tráfico de tierras. Con la firma de estas instituciones se busca garantizar la propiedad privada y el principio de la seguridad jurídica. Muestra de ello es el resultado que se presenta en estas cuatro semanas de trabajo.
“Estamos alcanzando los 40 predios liberados gracias a las acciones que se promovieron gracias al convenio interinstitucional que se firmó el pasado mes”, afirmó Alberto Gómez Clementelli, presidente de la Asociación de Predios Productivos Agropecuarios (Asppa) del sector urbano.
Paralelamente se logró la destitución de algunos fiscales que estaban denunciados por favorecer a las redes organizadas que opera en la ciudad de Santa Cruz, para los afectados representa una clara muestra del compromiso serio que asumió el Gobierno del presidente Evo Morales a través de estas entidades.
“Según lo que podemos percibir el ritmo de trabajo no cesará. Vemos que se está logrando bastante celeridad. Estamos muy satisfecho de ver la predisposición de las distintas instituciones porque vemos resultados”, remarcó Gómez.
La liberación de los predios urbanos representa para las víctimas volver a la calma, ya que el delito demanda gastos judiciales, incertidumbre y perjuicios de distinta índole.
“Estas acciones brindan un respiro a todas esas familias que lucharon durante mucho tiempo para recuperar su patrimonio y ahora podrán reactivas sus vidas”, aseveró el entrevistado.
Trabajo Conjunto
Además de ejecutar la liberación, Gómez informó que se realizaron algunos allanamientos para proseguir con las investigaciones, también se realizan inspecciones diarias a las diferentes zonas que ameritan desalojos y también se promovieron reuniones con entidades como la dirección de Catastro y Derechos Reales (DDRR), con el Plan Regulador entre otros.
“Yo puedo afirmar que se está trabajando duro en diferentes ámbitos en el sector urbano, pero lo más positivo es que se gestó una comunicación entre todas estas instituciones, que permite mejorar y encontrar soluciones a las falencias”, dijo el dirigente.
No obstante, los afectados son conscientes de que se requiere mucho tiempo de trabajo para terminar con este delito de raíz, sin embargo aseguran que el convenio se ganó la confianza de las víctimas y de toda la ciudadanía.
Este acuerdo, declaró una guerra al delito de avasallamiento y tráfico de tierras. Con la firma de estas instituciones se busca garantizar la propiedad privada y el principio de la seguridad jurídica. Muestra de ello es el resultado que se presenta en estas cuatro semanas de trabajo.
“Estamos alcanzando los 40 predios liberados gracias a las acciones que se promovieron gracias al convenio interinstitucional que se firmó el pasado mes”, afirmó Alberto Gómez Clementelli, presidente de la Asociación de Predios Productivos Agropecuarios (Asppa) del sector urbano.
Paralelamente se logró la destitución de algunos fiscales que estaban denunciados por favorecer a las redes organizadas que opera en la ciudad de Santa Cruz, para los afectados representa una clara muestra del compromiso serio que asumió el Gobierno del presidente Evo Morales a través de estas entidades.
“Según lo que podemos percibir el ritmo de trabajo no cesará. Vemos que se está logrando bastante celeridad. Estamos muy satisfecho de ver la predisposición de las distintas instituciones porque vemos resultados”, remarcó Gómez.
La liberación de los predios urbanos representa para las víctimas volver a la calma, ya que el delito demanda gastos judiciales, incertidumbre y perjuicios de distinta índole.
“Estas acciones brindan un respiro a todas esas familias que lucharon durante mucho tiempo para recuperar su patrimonio y ahora podrán reactivas sus vidas”, aseveró el entrevistado.
Trabajo Conjunto
Además de ejecutar la liberación, Gómez informó que se realizaron algunos allanamientos para proseguir con las investigaciones, también se realizan inspecciones diarias a las diferentes zonas que ameritan desalojos y también se promovieron reuniones con entidades como la dirección de Catastro y Derechos Reales (DDRR), con el Plan Regulador entre otros.
“Yo puedo afirmar que se está trabajando duro en diferentes ámbitos en el sector urbano, pero lo más positivo es que se gestó una comunicación entre todas estas instituciones, que permite mejorar y encontrar soluciones a las falencias”, dijo el dirigente.
No obstante, los afectados son conscientes de que se requiere mucho tiempo de trabajo para terminar con este delito de raíz, sin embargo aseguran que el convenio se ganó la confianza de las víctimas y de toda la ciudadanía.
miércoles, 13 de mayo de 2015
Avasallamiento de un predio implica cometer otros delitos conexos
Según la explicación de los expertos, la persona que comete el delito de avasallamiento es pasible a ser imputado por un concurso de delitos con diversas penas.
Sebastián Flores, abogado penalista, explicó a Cambio que usualmente la defensa de la víctima de un avasallamiento utiliza más de un delito para imputar a los culpables en un solo proceso.
“El abogado siempre buscará estrategias para ganar el caso, más aún en el ámbito penal, es por eso que pueden figurar delitos que deberán ser rebatidos por la defensa del infractor”, remarcó el legalista.
En el caso del avasallamiento o tráfico de tierras es muy probable que se encuentren delitos conexos imputables, aunque mucho depende de las circunstancias.
“Usualmente, el avasallamiento se realiza a través de un grupo de personas. Por ello se puede optar por agravar el delito incluyendo asociación delictuosa y allanamiento de domicilio si es que hubiera una vivienda invadida dentro el territorio”, agregó el abogado.
Alejandro Aguilera, también abogado penalista, dijo que el concurso de delitos puede ampliar la lista si durante el avasallamiento ocurre un enfrentamiento, muy común con los propietarios del predio cuando intentan defender su patrimonio.
“En la competencia se pueden introducir lesiones leves, graves y gravísimas. Necesariamente se debe acudir a un médico forense para establecer cuántos son los días de impedimento. Si amerita y las lesiones son muy fuertes, puede utilizarse la figura de intento de asesinato, que demanda la máxima pena en el Código Penal Boliviano, que es de 30 años”, reveló.
Ambos expertos revelaron que son delitos que se persiguen de oficio. “El Ministerio Público debe intervenir y actuar de oficio, esta entidad debe convertirse en parte querellante en el proceso y contribuir a la investigación de los actos”, agregó Aguilera.
De igual manera, explicó que estos delitos conexos también pueden aplicarse en una demanda de carácter privado, donde se pueden presentar causas como destrucción de cosas propias, amenazas y perturbación de posesión, parte de los delitos que se pueden nombrar.
“Es importante que la gente conozca bien la norma y se instruya, muchas veces por falta de información pueden incurrir en delitos graves que establecen varios años de cárcel”, recomendó Flores.
Sebastián Flores, abogado penalista, explicó a Cambio que usualmente la defensa de la víctima de un avasallamiento utiliza más de un delito para imputar a los culpables en un solo proceso.
“El abogado siempre buscará estrategias para ganar el caso, más aún en el ámbito penal, es por eso que pueden figurar delitos que deberán ser rebatidos por la defensa del infractor”, remarcó el legalista.
En el caso del avasallamiento o tráfico de tierras es muy probable que se encuentren delitos conexos imputables, aunque mucho depende de las circunstancias.
“Usualmente, el avasallamiento se realiza a través de un grupo de personas. Por ello se puede optar por agravar el delito incluyendo asociación delictuosa y allanamiento de domicilio si es que hubiera una vivienda invadida dentro el territorio”, agregó el abogado.
Alejandro Aguilera, también abogado penalista, dijo que el concurso de delitos puede ampliar la lista si durante el avasallamiento ocurre un enfrentamiento, muy común con los propietarios del predio cuando intentan defender su patrimonio.
“En la competencia se pueden introducir lesiones leves, graves y gravísimas. Necesariamente se debe acudir a un médico forense para establecer cuántos son los días de impedimento. Si amerita y las lesiones son muy fuertes, puede utilizarse la figura de intento de asesinato, que demanda la máxima pena en el Código Penal Boliviano, que es de 30 años”, reveló.
Ambos expertos revelaron que son delitos que se persiguen de oficio. “El Ministerio Público debe intervenir y actuar de oficio, esta entidad debe convertirse en parte querellante en el proceso y contribuir a la investigación de los actos”, agregó Aguilera.
De igual manera, explicó que estos delitos conexos también pueden aplicarse en una demanda de carácter privado, donde se pueden presentar causas como destrucción de cosas propias, amenazas y perturbación de posesión, parte de los delitos que se pueden nombrar.
“Es importante que la gente conozca bien la norma y se instruya, muchas veces por falta de información pueden incurrir en delitos graves que establecen varios años de cárcel”, recomendó Flores.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)