LEY N° 959 - La presente Ley tiene por objeto promover la implementación de programas y proyectos de vivienda social

LEY N° 959
LEY DE 19 DE JUNIO DE 2017

EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley:

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

DECRETA:
ARTÍCULO 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto promover la implementación de programas y proyectos de vivienda social, destinados preferentemente a familias de escasos recursos y grupos menos favorecidos,  a través de la transferencia de terrenos y la utilización de recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos - IDH.
ARTÍCULO 2. (CONCURRENCIA).
I.            En el marco del numeral 15 del Parágrafo II del Artículo 299 de la Constitución Política del Estado, los gobiernos autónomos departamentales, municipales e indígena originario campesinos, podrán transferir terrenos de su propiedad, a título gratuito, y/o recursos económicos, como contraparte, a favor de la Agencia Estatal de Vivienda – AEVIVIENDA, para la implementación de programas y proyectos de vivienda social en el marco del Régimen de Vivienda Social.
II.          Si la contraparte se hace efectiva a través de la transferencia de terrenos, las entidades territoriales autónomas, en el marco de sus competencias, podrán priorizar la transferencia de terrenos que cuenten con acceso a servicios básicos, o en su caso realizarán las inversiones necesarias para garantizar los mismos.
III.         Los terrenos a ser transferidos por las entidades territoriales autónomas, deberán contar con el título de propiedad registrado en las oficinas de Derechos Reales.
ARTÍCULO 3. (CESIÓN DE TERRENOS).
I.            Las comunidades indígena originaria campesinas, podrán ceder, de acuerdo a sus usos y costumbres, áreas a favor de sus miembros, para la construcción de viviendas sociales.
II.          Al efecto, la AEVIVIENDA queda autorizada para la construcción de viviendas sociales en dichas áreas, en favor de los miembros de la comunidad a quienes se hubiera realizado la cesión.
ARTÍCULO 4. (PRIORIZACIÓN DE BENEFICIARIOS). Los programas y proyectos de vivienda social ejecutados por la AEVIVIENDA en el marco de la presente Ley, serán destinados únicamente a familias de escasos recursos y grupos menos favorecidos, que contribuyan a reducir el déficit habitacional en el municipio donde se realizó el aporte, de acuerdo a una evaluación socioeconómica realizada por la AEVIVIENDA.
ARTÍCULO 5. (FINANCIAMIENTO).
I.            Los gobiernos autónomos departamentales, municipales e indígena originario campesinos, podrán transferir recursos económicos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos – IDH, para la ejecución de programas y proyectos de vivienda social implementados por la AEVIVIENDA, según los mecanismos establecidos en normativa vigente.
II.          Podrán asimismo, utilizar recursos de coparticipación tributaria, regalías, recursos específicos u otros recursos, de acuerdo a normativa vigente.
III.         La AEVIVIENDA definirá, según el programa de vivienda social, el aporte de contraparte de los beneficiarios, el mismo que podrá consistir en: recursos económicos, materiales de construcción o mano de obra.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

ÚNICA. Para el cumplimiento de la presente Ley, la AEVIVIENDA y las entidades territoriales autónomas elaborarán los reglamentos respectivos.
Remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales.
Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, al primer día del mes de junio del año dos mil diecisiete.
Fdo. José Alberto Gonzales Samaniego, Lilly Gabriela Montaño Viaña, Omar Paul Aguilar Condo, Patricia M. Gómez Andrade, Gonzalo Aguilar Ayma, Sebastián Texeira Rojas.
Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado Plurinacional de Bolivia.
Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los diecinueve días del mes de junio del año dos mil diecisiete.
FDO. EVO MORALES AYMA, René Martínez Callahuanca, Milton Claros Hinojosa, Luis Alberto Sanchez Fernández.

Ley revertirá viviendas sociales no habitadas

El director de la Agencia Estatal de Vivienda (AEV), Alfonso Parrado, informó ayer que se prepara un proyecto de ley para revertir viviendas del programa social del Gobierno que no cumplen una función social.

Parrado indicó que se trabaja en un proyecto de ley porque el tema es “delicado”, considerando el derecho propietario de la persona que adquirió una casa del Estado. Señaló que algunas incluso están siendo alquiladas, lo que no corresponde.

“Nosotros estamos gestionando una norma que nos permita recuperar esas viviendas mal utilizadas. Hay algunas viviendas que no están siendo habitadas o están siendo alquiladas, entonces pretendemos recuperar esas viviendas y volverlas a reasignar”, señaló Parrado.

No precisó el número de viviendas que no están siendo habitadas o que son alquiladas, sin embargo indicó que se pretende beneficiar con las mismas a otras personas que las requieran de verdad.

Por otro lado, Parrado anunció que en 2016 se construirán otras 25.000 viviendas sociales en todo el país, de las cuales 5.000 estarán en el área rural y 20.000 en el área urbana.

WIPHALA Aproximadamente 1.870 familias se postularon para obtener un departamento en el condominio Wiphala, ubicado en la ciudad de El Alto, que forma parte del programa Comunidades Urbanas impulsado por el Gobierno, informó el director de la AEV.

"Son 1.870 familias que presentaron sus registros completos para vivir en el condominio Wiphala. Se hará el análisis porque hay 366 departamentos", dijo Parrado en entrevista con medios estatales.

El condominio Wiphala, ubicado en la zona Mercedario de la ciudad de El Alto, consta de siete bloques, cada uno de doce pisos. Cada planta tiene cuatro departamentos de tres dormitorios, con baño, cocina, lavandería y servicio de ascensores. El costo de un departamento es de 45 mil dólares.

Parrado explicó que la convocatoria salió hace un mes y que los requisitos para poder acceder a un departamento son que la familia no tenga una vivienda, que no haya recibido algún beneficio anterior del Estado, que sea una familia con hijos y que viva en la ciudad de El Alto. La fase de depuración de los postulantes ya se inició. Los resultados se darán a conocer el próximo 15 de enero.

Socializan Ley 247 de regularización de derecho propietario de inmuebles

En el salón "Luis Ramiro Beltrán Salmón" del Gobierno Autónomo Municipal Oruro (GAMO), ayer por la mañana, a convocatoria de la Comisión de Infraestructura y Obras Públicas del Concejo Municipal, se desarrolló un taller de socialización de la Ley 247 de Regularización del Derecho Propietario Sobre Bienes Inmuebles Urbanos Destinados a Vivienda; con la participación de representantes de distintas instituciones involucradas en la aplicación de esta norma.

La actividad se desarrolló durante toda la mañana, en la que los representantes de Derechos Reales, el Programa de Regularización de Viviendas (Prorevi) y la Alcaldía, explicaron a los asistentes sobre las características de la ley, los requisitos para acogerse a la misma, además de los pasos que debe seguir una persona que desea contar con su título de derecho propietario.

"Hay mucha gente que no cuenta con su título de propiedad y la ley 247 es para eso precisamente. Estamos socializando para que las personas inicien las demandas correspondientes, porque esto se hace a través de un proceso judicial", expresó la responsable departamental de Prorevi, Teresa Arias.

Para acogerse a la ley, los interesados deben demostrar que viven en el inmueble al menos cinco años antes de la promulgación de la norma, que se hizo el año 2012; además no deben contar con otra vivienda.

Asimismo, deben contar con un plano legalizado, otorgado por el Gobierno Municipal. Entre otros requisitos están la presentación de facturas o recibos de agua, luz u otros servicios, además de dos testigos que confirmen que vive en el inmueble.

"El trámite debería tardar cuatro meses; es lo que calculamos. En caso de avasallamientos, la ley dice que cuando hay conflictos sobre derecho propietario, no procede la aplicación de la regularización del inmueble", expresó Arias. Hasta el mes de octubre, en Oruro se registraron 122 sentencias ejecutoriadas, que conceden el título de derecho propietario al mismo número de ciudadanos. El municipio se encuentra entre los tres primeros en el avance de la aplicación de la ley.

Proyecto de ley será para edificios con más de 3 pisos

El concejal y proyectista de la Ley Municipal de Fiscalización de Construcciones en el Municipio de La Paz, Jorge Silva, informó que la norma alcanza a obras con más de tres pisos.

En criterio del concejal, la fiscalización de obras con más de tres pisos surge por el hecho de que estas edificaciones son construidas con fines comerciales, es así que las casas con menos pisos son consideradas viviendas familiares.

En ese sentido, indicó que la fiscalización de las obras se dará en su estructura, como zapatas, hormigón, espacios y otros aspectos técnicos con el fin de dar calidad de vida y seguridad a la población de los siete macrodistritos de La Paz.

INFORMES POR ETAPAS

Respecto de las inspecciones, el concejal indicó que la norma permite la creación de la Unidad de Fiscalización, que evaluará las infraestructuras por distintas etapas a través de informes e inspecciones.

En ese sentido, indicó que los dueños de construcciones en ejecución deberán presentar la documentación en un avance del 25, 50 y 100 por ciento de obras, es decir, hasta su conclusión.

Indicó que el último informe deberá contar con el aval de los colegios de Arquitectos e Ingenieros, los cuales darán certeza al futuro comprador de que la obra es de calidad y está en el marco de las normas establecidas en la ciudad.

RED DE MAL INTENCIONADOS

En criterio de Silva, el proyecto de ley apunta a desbaratar posibles “redes de mal intencionados” que a costa de la necesidad de la ciudadanía, que busca una vivienda digna, hacen construcciones sin control y sólo para enriquecerse.

“Hay una red de constructores, profesionales, autoridades municipales que permiten todas las irregularidades y hacen construcciones donde no deben hacerse”, dijo Silva

El concejal recordó que este proyecto fue presentado en 2011, cuando en Santa Cruz se desplomó el edificio Málaga.

Las grietas en los fundamentos del edificio El Alcázar en la ciudad de La Paz es otro de los tantos casos en diciembre de 2012 y por el cual se evacuó temporalmente a 172 familias, fue otro de los casos que motivó la ley.

Prevén que Ley de Bancos dinamizará la construcción

La nueva Ley de Servicios Financieros, en su capítulo de créditos de interés social para vivienda, dinamizará la economía del sector y permitirá desarrollar nuevas tecnologías de construcción que mejoren la calidad y abaraten los costos, coincidieron en declarar ayer los presidentes de la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco) y de las departamentales de Cochabamba y Santa Cruz.

Según el presidente de Caboco, Cristian Eduardo, los créditos de interés social para construcción y compra de vivienda desarrollarán a mediano plazo un nuevo mercado de viviendas y departamentos destinado a sectores sociales que anteriormente no podía acceder a este servicio por las elevadas tasas de intereses del sistema bancario.

Advirtió, sin embargo, que el desarrollo, crecimiento o fracaso de este nuevo segmento de la construcción depende mucho de la evaluación que hagan los banco de la capacidad de pago de los solicitantes, el valor de los terrenos, la cantidad de metros cuadrados construidos, el tipo de materiales de construcción y el acabado de las obras.

En criterio de los presidentes de las cámaras de Cochabamba, Franklin Pérez, y de Santa Cruz, Mariano Egüez, la mayoría de sus asociados desarrolla tecnologías para abaratar costos y bajar tiempos de construcción.

“Lo evidente es que muchas constructoras destinan recursos a la investigación y producción de insumos de construcción, como ladrillos ecológicos, que permitan construir viviendas amigables con el medio ambiente con todos los servicios, materiales de calidad”, sostuvo Pérez.

Teniendo en cuenta que la mayoría de la población económicamente activa puede acceder a créditos blandos y a largo plazo, aseguró que su sector aceptó el desafío de construir viviendas de carácter social y desarrollar nuevos productos de construcción.

Para Egüez, en tanto, la Ley de Servicios Financieros abre la posibilidad de industrializar materiales de construcción (agregados, pisos, arenas y otros) y abaratar más los costos de obras.

Para que los bajos costos se sientan y perduren, sugirió al Gobierno establecer normas que regulen la importación de insumos, como fierro, accesorios, asfalto y otros, que anualmente registran un incremento del 8 al 10 por ciento en precios.

El presidente de la Caboco invitó a sus asociados desarrollar un nuevo tipo de edificaciones que permita acceder a departamentos de 40, 50 y 60 mil dólares.

Empresarios piden revisar impuestos para incentivar

En procura de que los créditos de intereses sociales para vivienda puedan impactar positivamente en la economía nacional, la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco) propuso revisar el sistema impositivo para la construcción y venta de chalets, casas o departamentos.

El presidente de la Caboco, Cristian Eduardo, dijo que, además de buscar la industrialización de materiales de construcción, existe la necesidad de aliviar el pago de impuestos a empresas que construyen y venden departamentos debido a que, por ley, este sector está obligado a pagar dos tipos de impuestos: uno a la transferencia y otro a las utilidades a fin de año.

“En nuestro criterio, los bienes inmuebles deberían facturarse para evitar una discrecionalidad al momento de la fiscalización para motivar así al sector privado a que siga invirtiendo en el rubro de la construcción”, sostuvo.

Agregó que las condiciones del mercado boliviano, actualmente están haciendo que el Servicio de Impuestos Nacional (SIN) caiga con mucha intensidad e incluso vehemencia a los constructores de edificios, situación que crea incertidumbre y aleja potenciales inversionistas en construcción.

Concejal plantea proyecto de ley para fiscalizar construcciones en La Paz

El concejal del municipio de La Paz por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Jorge Silva, informó el jueves que la siguiente semana presentará un proyecto de ley de fiscalización y supervisión de construcciones en la ciudad, con el objetivo de garantizar la calidad de las obras y por ende la seguridad de la población.

Silva, en entrevista con Bolivia TV, manifestó que el proyecto plantea la fiscalización de la construcción de edificios de cinco pisos para adelante, a través de profesionales que dependerán de la Alcaldía, pero que serán pagados por la empresa constructora.

El equipo responsable de supervisar una construcción deberá presentar diferentes informes de avance de la obra, uno al 25%, otro al 50%, un tercero al 75% y uno final al 100%.

Indicó que el último informe deberá contar con el aval del Colegio de Arquitectos e Ingenieros, el cual dará certeza al futuro comprador de que la obra es de calidad y se encuentra en el marco de las normas establecidas en la ciudad.

El concejal recordó que este proyecto fue presentado en 2011 cuando en Santa Cruz se desplomó el edificio Málaga, pero no fue tomado en cuenta por tratarse de la propuesta de un opositor al gobierno edil liderado por el Movimiento Sin Miedo (MSM).

Sin embargo, dijo que ante la emergencia que vive en la actualidad la ciudad de La Paz, puesto que no hace mucho se desplomó un edificio en la zona de Miraflores y recientemente el edificio Alcázar, en el centro, sufrió la falla en una de sus columnas, se vio por conveniente reactivar el proyecto de ley en coordinación con profesionales entendidos en construcciones.

Cochabamba Ley 247 regulariza viviendas para más de 12 mil familias

En el municipio de Cercado al menos 59.000 habitantes que viven en condiciones de ilegalidad, por encontrarse en asentamientos irregulares, obtendrán el derecho propietario de su vivienda gracias a la Ley 247 de Regularización del Derecho Propietario.

Si se toma en cuenta que cada familia tiene como promedio cinco miembros, el número de viviendas se acerca a 12 mil.

Según el director de Planificación de la Alcaldía, Andrés Loza, se estima que en Cercado aproximadamente el 35 por ciento de la población vive en situación irregular.

La ley tiene la finalidad de facilitar la obtención de títulos de propiedad y su consiguiente registro definitivo en las oficinas de Derechos Reales.

La norma señala que podrán regularizar sus propiedades “todas las personas que tengan una posesión continua y pacífica de un terreno y que en él hayan construido una vivienda estable”.

Según Loza, este punto se refiere a las personas, en cuya posesión no exista ningún litigio, que haya sido habitada por un tiempo de cinco años de manera continua y le esté dando el uso social que estipula el derecho a la vivienda.

Para las personas que viven en situación de ilegalidad, la Alcaldía de Cercado trabaja en la ampliación del área urbana.

“Se ha realizado un trabajo largo de relevamiento y reconocimiento de los sectores que tienen esta problemática para tener un conocimiento y tomar decisiones”, enfatizó Loza.

En este trabajo de relevamiento y reconocimiento de las zonas irregulares, el personal de la Dirección de Planificación identificó 100 zonas o sectores donde hay asentamientos ilegales en áreas agrícolas y forestales.

Todas las zonas irregulares están en los distritos 8 y 9. Son viviendas de K’ara K’ara, Pampa San Miguel, Arrumani, algunas de Pucara, Sivingani, Villa Israel, Primero de Mayo, San José de la Banda, Uspha Uspha, entre otros. Todos situados al sur de la ciudad.

Loza indica que algunas viviendas del Distrito 14 estaban al margen de la ley, pero hace poco fueron regularizadas.

La “propuesta de definición del área urbana de Cochabamba” está concluida y la Alcaldía la envió al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) para la verificación de los límites. Si no hay ninguna observación al documento, éste debe ser remitido, junto con los planos, al Concejo Municipal y, finalmente, a la ciudad de La Paz para su posterior homologación.

Este proceso, desde la recolección de información hasta la homologación, debe demorar un año (máximo), según la ley.

En este tiempo todos los gobiernos municipales del país deben tener definida la ampliación del área urbana para que obtengan el título de derecho propietario de las viviendas irregulares.

Loza admite que la Ley de Regularización legaliza los asentamiento en áreas agrícolas, forestales y verdes habitadas desde hace más de cinco años.

La Alcaldía busca preservar las tierras que quedan para que sean destinadas a la producción y preservación del medio ambiente.

“Hemos tenido bastante cuidado de proteger todas las áreas agrícolas que se puedan”, resaltó Loza.

EXCEPCIONES Están fuera de la ley todos los asentamientos cuyo uso de suelo está definido como área agrícola, área verde y/o área protegida. Pero existe una excepción para quienes accedieron o se asentaron en una propiedad en predios municipales o del Estado, siempre y cuando sea antes del año 1998 y siga los procedimientos de la Ley 247.

La ley permitirá agilizar aquellos casos en que hayan fallas menores como correcciones de identidad o fallas técnicas a través de procesos técnicos administrativos cortos y ágiles y ya no por procesos judiciales.

DEMORA Este proceso es conocido, en la ley, como “regularización técnica” que está en vigencia desde septiembre de 2012. Pero de acuerdo al presidente de la Confederación Nacional de Juntas Vecinales (Conaljuve) y delegado para el cumplimiento de la Ley 247, Efraín Chambi, ninguna vivienda o terreno fue beneficiado por falta de “prioridad” de las autoridades municipales.

Para acceder a este procedimiento existen tres requisitos: la declaración jurada ante un notario de Fe Pública, sobre el tiempo y el lugar de posesión continua, pacífica y de buena fe; el segundo requisito es la copia legalizada del plano individual de la vivienda, y finalmente, una certificación de “No propiedad” de Derechos Reales. Otras pruebas, como los testigos o las boletas de pago de impuestos y otros servicios, serán de respaldo.

Apuntes.

Protegidos

Los asentamientos en las faldas del Parque Nacional Tunari no podrán beneficiarse con la Ley 247.

Delimitación

La homologación del área urbana es el proceso administrativo técnico- jurídico que permite aprobar la delimitación de las áreas urbanas de los centros poblados.

Condiciones

Para que los centros poblados de los gobiernos municipales obtengan la categoría urbana necesitan: contar con una población igual o mayor a 2.000 habitantes dentro del centro poblado.

Tener los servicios básicos de energía eléctrica, saneamiento básico, educación y salud.

Informes

Al Ministerio de Planificación y Desarrollo se debe enviar: la ordenanza municipal de delimitación del área urbana, informe técnico de justificación, certificación del INRA, plano urbano y/o catastral con el polígono de delimitación y su tabla de vértices de coordenadas y solicitud de homologación.

Ampliado analizará avances

El próximo 29 de enero en Cochabamba se realizará un ampliado nacional para analizar los avances de la Ley 247 de Regularización del Derecho Propietario, informó el presidente del Consejo Nacional de Juntas Vecinales, Efraín Chambi.

El ampliado se iniciará con una marcha “masiva” que partirá de diferentes puntos de la ciudad y se concentrará en la Plaza Principal.

Después, el ampliado se realizará en el coliseo de la Coronilla hasta el 30 de enero.

De acuerdo con Chambi, fueron invitados dirigentes de las OTB y juntas vecinales de todo el país. Se espera la asistencia del presidente Evo Morales, del vicepresidente Álvaro García Linera, del director nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria, autoridades de Derechos Reales y del Ministerio de Planificación.

En la reunión nacional se conformarán mesas de trabajo para verificar los avances respecto a la delimitación de la “mancha urbana”. “Ya estamos a seis meses y no hay nada. Las autoridades deben agilizar porque no están tomando en serio la Ley 247”, señala Chambi.

Identifican a 7 municipios más “conflictivos”

Los siete municipios que conforman el Eje Metropolitano fueron calificados como los más “conflictivos” respecto a la delimitación del área urbana ocasionando que “miles” de viviendas no tengan los papeles al día en Derechos Reales.

El director ejecutivo de la Asociación de Municipios de Cochabamba (Amdeco), Henry López, señala que también hay municipios con viviendas ilegales en la zona Andina, en el Valle Alto y en menor cantidad en el trópico cochabambino.

El Eje Metropolitano está conformado por los municipios de Cercado, Sacaba, Tiquipaya, Colcapirhua, Quillacollo, Vinto y Sipe Sipe.

López no precisó la cifra de familias y viviendas ilegales en Cochabamba, sin embargo dijo que la Ley de Regularización del Derecho Propietario permitirá contar con una base de datos que facilite la legalización.

VIGENCIA El presidente de la Confederación Nacional de Juntas Vecinales, Efraín Chambi, afirma que la Ley 247 es “excepcional y única”, por lo tanto tiene vigencia de cuatro años desde su promulgación en septiembre de 2012.

Desde esa fecha las alcaldías tienen plazo de un año, hasta agosto de 2013, para que presenten la homologación de sus áreas urbanas. Los siguientes años serán para los trámites a nivel nacional, en Derechos Reales y en los juzgados.

“No habrá otra ley de excepción, por eso la preocupación de los vecinos para obtener los títulos propietarios”, destaca Chambi.

El dirigente explica que el retraso en la recolección de información para la homologación del área urbana, se debe a la “falta de prioridad” de los gobiernos municipales porque no agilizan el proceso.

También criticó la “falta de información” de los técnicos municipales porque no siguen los procedimientos, pasos y requisitos que pide la reglamentación de la ley, ya que en los últimos meses, ocho municipios presentaron sus propuesta del área urbana, pero estaban “mal hechas” y fueron rechazadas en el Ministerio de Planificación.

“Evo Morales (el Presidente) está preocupado con los plazos”, puntualiza Chambi.

Criterios para identificar y delimitar el área urbana de municipios

Los criterios para la identificación del área urbana, según el Ministerio de Planificación son:

Los centros poblados pueden adquirir categoría urbana a partir de los 2.000 habitantes. Sin embargo, un asentamiento urbano de menor población, puede presentar esta categoría cuando tenga un uso intensivo del suelo en vivienda, equipamientos, espacios públicos, cuente con una estructura urbana definida por una red vial que conecta los espacios públicos con los privados y al asentamiento con su entorno rural y otras poblaciones.

Que la red vial permita estructurar los servicios de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, gas domiciliario, iluminación pública entre otros.

Independientemente del tamaño del asentamiento urbano debe existir una densidad de carácter urbano. Debe existir una tasa de crecimiento poblacional cercana al promedio nacional.

Mínimamente los equipamientos de salud y educación deben estar funcionando, sin perjuicio de otros como centro de comunicaciones, centro de acopio y otros.

El centro urbano debe generar dinámicas económicas que potencien el desarrollo de su entorno rural (intercambio, producción, servicios), un centro de gestión y administración (capital de municipio, provincia o departamento).

Los criterios para la delimitación del área urbana son: definir el área con edificaciones consolidadas en la cartografía georreferenciada, la red vial existente, el alcance de los servicios básicos y equipamientos.

Identificar los límites arcifinios o naturales.

Identificar los aires de los ríos (25 metros a ambos lados de la máxima crecida) y ponerlo a nombre del municipio. Definir las directrices o tendencias de crecimiento del área consolidada (vías y superficies).

Identificar y definir las áreas de riesgo, forestales, arqueológicas, patrimoniales y otros donde no se puede autorizar ningún tipo de asentamiento.

De más de 100 normas, solo dos son obligatorias

La muerte de un obrero desde el piso 16 de una construcción por la zona del Parque Urbano, el desplome del Málaga en Santa Cruz y Alcázar en La Paz, pone en debate nuevamente la poca seguridad y la falta de conciencia que tienen los trabajadores y empleadores en las edificaciones de la ciudad.

Es así que el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (Ibnorca), indicó que de las más de 100 normas que existen para brindar seguridad en las construcciones, solo dos son de obligatoriedad, mientras que las demás son de aplicación voluntaria. Ante esta situación se creó un Comité Departamental que vele, por la seguridad de los trabajadores de la construcción y que comenzará a trabajar desde enero del próximo año.

Obligatorios. Viktor de los Heros, presidente de Ibnorca, señaló que existen más de un centenar de normas que regulan la seguridad en las obras, pero que solo dos son de cumplimiento obligatorio en el país, estas son la CBH 87 que es la norma boliviana del hormigón armado, que tiene por objetivo conseguir la seguridad, durabilidad y adecuación a las condiciones de utilización requeridas en las construcciones, y la NB 777 de diseño y construcción de instalaciones eléctricas interiores en baja tensión, que establece requerimientos mínimos para el diseño, construcción y la puesta en servicio de instalaciones eléctricas interiores en baja tensión, además de contener exigencias de seguridad.

"Las normas que saca Ibnorca son de cumplimiento voluntario, no podemos influir, nuestra tarea no es fiscalizar ni obligar a que se cumplan. Sin embargo, a raíz de lo que pasó con el Málaga, se gestaron algunas acciones con las instituciones locales que empezaron a preocuparse para revisar las normas y ver cuáles se podían hacer de cumplimiento obligatorio. Las autoridades tanto locales como nacionales tienen cierto alcance para que se regule, desde el momento que sacan ordenanzas y decretos hacen obligatorio el uso de alguna norma y con esto las empresas, organizaciones y la sociedad tienen que adaptarse al cumplimiento de las mismas", explicó De los Heros.

En enero empieza el control y el trabajo. En tanto, Julio Maciri Justiniano, inspector de Seguridad Industrial de la Dirección del Trabajo en Santa Cruz, mencionó que ya se ha creado el Comité Departamental de Seguridad Industrial, que lo conforman la Cámara Departamental de la Construcción (Cadecocruz), el Ministerio del Trabajo y el sindicato de los trabajadores de la construcción, con el objetivo de generar políticas para que los obreros conozcan sus derechos y capacitarlos en seguridad y salud ocupacional para evitar pérdidas humanas.

"Tenemos toda la coercitividad para exigir al empresario que cumpla con las normas de seguridad de acuerdo con la Ley General del Trabajo. Se debe generar políticas de acuerdo a nuestra realidad y no crear políticas de afuera", comentó Maciri, a tiempo de señalar que más de la mitad de las construcciones en Santa Cruz son ilegales y no cumplen con las normas básicas de seguridad.

Las normativas deberían ser de uso obligatorio. Por su parte, Gustavo Vargas, experto en seguridad industrial, expresó que en países vecinos como Argentina, Brasil y Chile, existen organismos de normalización que establecen normativas de seguridad que son de aplicación obligatoria en las obras, por lo que sugiere que lo mismo se debería hacer en Bolivia. También dijo que si bien la Ley General del Trabajo señala que las obras deben tener las mínimas condiciones de seguridad para sus trabajadores, estas no son fiscalizadas por la gran cantidad de construcciones que hay en la ciudad y la falta de personal del equipo inspector de la Dirección del Trabajo.

"Lamentablemente hay normativas, pero no siempre son respetadas. Sin embargo, la Ley General del Trabajo faculta a la Dirección Departamental del Trabajo a realizar inspecciones para verificar el cumplimiento de las normas, lamentablemente esa normativa aún no se está aplicando en su totalidad, me imagino por falta de personal. Lo que se debe hacer es crear conciencia tanto en la parte patronal como en la obrera, acerca de la importancia de la aplicación y respeto de las normas de seguridad y salud ocupacional", comentó Vargas, además se espera que el Comité Departamental de Seguridad Industrial cumpla con sus funciones en aspecto operacional, es decir, a nivel de obras y empresas.

Bolivia es el país más atrasado. Otro punto de vista sobre el tema es el de Pablo Caballero, gerente técnico de la empresa 3M, que ofrece productos y servicios relacionados a la seguridad industrial y salud ocupacional, afirmó que Bolivia es el país más atrasado de la región en este campo, pero destacó que instituciones y empresas estén realizando trabajos y eventos para salir de esta situación.

"Nos falta bastante, no estamos ni al nivel de países vecinos como Chile o Perú. Mientras se vaya tomando importancia sobre este tema en las esferas del Gobierno, la industria y los trabajadores esto irá progresando”, dijo Caballero.

Por último, el experto Gustavo Vargas, menciona que la muerte del obrero, se debió porque no utilizó el andamio, entonces lo que hace falta para evitar este tipo de accidentes con muerte, es la concienciación entre empleadores y trabajadores, para que unos coloquen las herramientas de seguridad y los otros la utilicen correctamente pensando en que está en juego su vida y no la del edificio que construye.

Debatirán en la Asamblea ley que regule las construcciones

Leyes. Ante la experiencia de la caída del edificio Málaga y del Alcázar en La Paz, la presidente de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, anunció que durante la próxima legislatura se debatirá en el órgano del Estado una Ley que regule la actividad inmobiliaria y las construcciones de nuevos edificios.

"Nosotros necesitamos garantizar que todas las normas, esencialmente de construcción, que le corresponden a la Alcaldía, tengan que garantizar la estabilidad, ahí creemos que es una norma que tendría que salir a nivel nacional, para garantizar la seguridad de las personas”, dijo Delgado.

La autoridad legislativa recordó que el caso del edificio Alcázar no es el primero de su tipo y que en Santa Cruz sucedió lo mismo en el edificio Málaga, y en aquella ocasión con resultados trágicos pues varias personas perdieron la vida. / Fides

"Las normas que realiza Ibnorca son de cumplimiento voluntario, nuestra tarea no es fiscalizar, ni obligar a que se cumplan. No podemos influir en ese aspecto'.

Viktor de los Heros
Presidente de Ibnorca

"Podemos exigir al empresario que cumpla con las normas de seguridad de acuerdo a la Ley General del Trabajo. Se deben generar políticas de acuerdo a nuestra realidad'.

Julio Maciri
Inspector de Seguridad Industrial

Geólogo afirma que el 54% de La Paz tiene suelo inestable

En el municipio de La Paz, el 54% de la población asienta sus viviendas en suelo inestable, según manifestó el geólogo Willy Quevedo, en entrevista con la Red Erbol.

Recordó que en el año 1950 el geólogo Ernest Drobovorni, efectuó un mapa geológico de la ciudad de La Paz. Donde se tenía una clasificación de los suelos. Posteriormente el año 1977 durante la gestión de Mario Mercado Vaca, se contrató una empresa francesa que elaboró un mapa de constructibilidad con el objetivo de determinar los terrenos aptos para construir.

“Con este mapa se tenía una base, el Plan de Desarrollo Urbano que contenía determinaciones geológica, hidrológica, densidad demográfica y muchas variables que se estudiaron”, afirmó.

Quevedo explicó que estos estudios no fueron utilizados en anteriores gestiones y que las construcciones avanzaron sin tener la certeza de que estaban siendo edificadas sobre terrenos firmes.

Según este plan, las tierras firmes en La paz son : Miraflores, Estado Mayor, Avenida Busch y Villarroel, terrenos aptos.

También el Centro: San Jorge, Avenida Arce, Umsa, El Prado, final Montes, es otro espacio de terreno firme.

Otra unidad de alta resistencia se encuentra en la avenida Ballivián, San Miguel y Calacoto.

“En las laderas debería haberse frenado todo tipo de construcción. En el mapa elaborado hace diez años se da un detalle de dónde se puede construir, la Alcaldía tiene que tomar en cuenta este estudio”, dijo.

Alcaldía prevé aprobar nueva norma de construcciones en 2013

La Alcaldía de La Paz prevé que la elaboración y aprobación de una nueva norma municipal para regular las construcciones se haga efectiva a inicios de 2013. Ésta buscaría llenar el vacío jurídico del Reglamento Boliviano de Construcciones, elaborado por el Viceministerio de Urbanismo y Vivienda, reportó Oxígeno.

Esta norma “sería elaborada y aprobada a inicios de 2013, en el marco de la vigencia de la autonomía municipal. Esta norma estaría orientada a regular los procesos de construcción de toda clase de edificaciones, considerando los materiales constitutivos y sistemas constructivos. También regularía la ejecución de todas las construcciones nuevas en todas sus modalidades”, detalla un comunicado del municipio paceño.

Con la norma también se busca establecer las obligaciones y responsabilidades de la administración municipal, pero también de los profesionales que intervienen en la construcción, como promotores, proyectistas, superintendente de obras (director de obras), residente de obra, fiscal de seguimiento de obras, especialistas en obras especiales, contratistas, supervisor de obras y el personal de las obras de la edificación.

La necesidad de una nueva normativa surgió nuevamente tras los ocurrido con el edificio El Alcázar, uno de cuyos pilares estructurales cedió y motivó la evacuación de emergencia de todos sus ocupantes. La comuna informó que el inmueble no cuenta con planos aprobados.

Actualmente rige el Decreto Municipal 13 (del 5 de noviembre de 2012), que es un modelo integral para la emisión de permisos de construcción y contempla tres fases.

La primera establece la preparación de los planos arquitectónicos a base de los requisitos e información proporcionada por el gobierno municipal.

La segunda se refiere a la presentación de esta documentación a las subalcaldías, para su aprobación provisional.

La tercera consiste en las inspecciones periódicas que realizará la Alcaldía a la construcción, para verificar que la misma se ejecute de acuerdo al permiso inicial concedido. Estas fases deben reflejar la realidad edificada y las modificaciones no deben afectar a los cálculos estructurales que garantizan la estabilidad del inmueble.

Piden norma que regule las construcciones a nivel nacional

La presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, señaló ayer la necesidad de elaborar una ley nacional de construcciones que norme la edificación de bienes inmuebles con la finalidad de evitar deslizamientos y colapsos que pongan en riesgo la seguridad de las personas.

Señaló que la norma será debatida la próxima gestión, considerando que este fin de semana se inicia el receso legislativo.

“Es una norma que tendría que salir a nivel nacional para garantizar especialmente la seguridad de las personas y de los edificios, lo mismo ha pasado, si recuerdan, en Santa Cruz, entonces hay necesidad de una ley, vamos a pensarla para la próxima gestión legislativa”, manifestó Delgado.

Por su parte, el diputado Javier Zavaleta (MSM) dijo que “lo más eficiente en este momento sería tener normas municipales que regulen las construcciones en cada ciudad y en cada municipio de acuerdo con las características de cada municipio”.

Explicó que tomar en cuenta estas diferencias es importante “porque no todos los municipios tienen ni la capacidad técnica ni operativa para fiscalizar cada construcción que se realiza”.

En tanto que el también diputado Fabián Yaksic (MSM) indicó que es imprescindible que los mecanismos de fiscalización de construcciones y el uso de suelo sea reforzado en los gobiernos municipales.

“Creo que lo que se debería reforzar es la labor de fiscalización antes y después de las construcciones. Yo creo que es bueno que los gobiernos municipales refuercen sus equipos de fiscalización”, insistió el legislador opositor.

Cámara de Diputados prepara ley nacional de construcciones para el 2013

La presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, reconoció este martes la necesidad de elaborar una ley nacional de construcciones que norme la edificación de bienes inmuebles, con la finalidad evitar deslizamientos que ponen en riesgo la seguridad de las personas; esta norma será debatida la próxima gestión, considerando que este fin de semana inicia el receso legislativo.

Al promediar las 16.00 horas de este lunes, los residentes del edificio Alcázar, ubicado en la calle Federico Suazo del centro de la ciudad de Paz, sintieron un temblor y posteriormente se evidenció que uno de los pilares de este inmueble registró una significativa rajadura.

Efectivos de la Unidad de Bomberos determinó desalojar a los ocupantes para resguardar su seguridad.

"Es una norma que tendría que salir a nivel nacional para garantizar especialmente la seguridad de las personas y de los edificios, lo mismo ha pasado si recuerdan en Santa Cruz, entonces hay necesidad de una Ley, vamos a pensarla para la próxima gestión legislativa", manifestó Delgado.

Según el comandante de Bomberos, coronel Gustavo Daza, son 100 familias aproximadamente que quedaron afectadas en los tres bloques que tiene el edificio y la primera medida que tomaron fue la de desalojar a los mismos, la calle Federico Suazo fue cerrada como una forma de precaución, según expertos del municipio de La Paz, se tardaría cerca a 3 meses en estabilizar el suelo donde se encuentra la edificación.

Los vendedores de la Feria Navideña que se apostaron a los pies de este edificio tomaron sus precauciones y fueron evacuados a la Avenida del Ejército donde apostaron sus puestos de venta.

Edificios más altos de La Paz: La construcción más alta de la sede de Gobierno será el Edificio Girasoles, aún no fue concluido, pero tendrá 39 pisos y su altura alcanzará los 150 metros. Actualmente, el edificio más alto es el Multicentro con 30 pisos y le sigue el Banco Central de Bolivia con 27 pisos.

Más altos que el edificio Alcázar son la Torre de las Américas, el Alameda, las Torres Gundlach y el Edificio Alianza, todos ubicados en el centro de la ciudad de La Paz.

Inquilinos pueden pagar deudas tributarias de bienes

Inquilinos que ocupen en alquiler o anticrético una vivienda, cuyos propietarios no se encuentren en el país o no tengan contacto con ellos, pueden pagar las deudas tributarias del inmueble, con el fin de que éste no sea rematado.

La aprobación de la Ley de Regularización Voluntaria de Deudas Tributarias Municipales, o del “perdonazo”, tiene como objetivo condonar multas e intereses a deudores de impuestos por inmuebles, vehículos o actividades económicas. El plazo vencerá el 26 de noviembre.

En ese marco, la comuna estableció varias facilidades para los ocupantes de las viviendas que no sean los propietarios, éstas son dadas a conocer a la población en cinco puntos de información instalados en la ciudad.

Entre esas facilidades se encuentra la posibilidad de que los inquilinos paguen los tributos, pero bajo ciertas condiciones.

“Pueden acceder a la figura legal del ‘tercero responsable’, mediante la cual el propietario delega al inquilino la posibilidad de realizar algún tipo de trámite o beneficio, en este caso la condonación de la deuda tributaria, hasta que el contribuyente retorne o regularice su situación”, explicó el director de Recaudaciones, Ronald Cortez.

El funcionario edil añadió que, en caso de que haya riesgo de remate de la vivienda y los inquilinos hayan perdido contacto por alguna razón con el dueño, éstos pueden apersonarse a la Alcaldía para declararse “como terceros responsables”.

“Esto no significa que se estén dando derechos sobre la vivienda a los inquilinos, sino que se los acredita como responsables del pago del impuesto”, aclaró.

Otra de las facilidades que se tienen desde la presente gestión es que para que los propietarios se acojan al “perdonazo” sólo necesitan presentar el carnet de identidad y una declaración jurada.

Los puntos móviles de información están en El Prado, el Cementerio General de La Paz, el cruce de Villa Copacabana, la calle 21 de Calacoto y el mercado de Villa Fátima.

En mayo pasado, el alcalde Luis Revilla promulgó la mencionada ley. Se estima que unos 100 mil contribuyentes se beneficiarán con la norma.

Ley de Derecho Propietario Oficialismo anuncia socialización y regularización de bienes vía Internet

Asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS), junto al viceministro de Vivienda y Urbanismo, Bony Morales, anunciaron que se ha iniciado el proceso de socialización de la Ley de Regularización de Derecho Propietario habilitando una página en Internet para que las personas puedan registrar sus propiedades, con el objetivo de corregir errores y datos técnicos.

“De acuerdo a la Constitución Política del Estado (CPE), dentro de esa coordinación que debe existir, entre los órganos del Estado Plurinacional de Bolivia, la Cámara de Senadores y el Viceministerio de Vivienda, hemos aprobado en la sesión de comisión, un cronograma para la socialización de esta ley y su decreto reglamentario”, explicó la senadora Mirta Da Costa (MAS).

La campaña de socialización es a nivel nacional, es decir los nueve departamentos y la ciudad de El Alto. Se capacitará e informará acerca de la Ley de Regularización de Derecho Propietario, “que tiene un fondo más social”, indicó la legisladora.

Asimismo, el viceministro de Vivienda y Urbanismo, Bony Morales, explicó que se iniciará con el registro individual del derecho propietario urbano, a partir de esta semana.

“Este proceso será mediante el internet, de las familias, que son los beneficiarios de esta norma. Este proceso consiste en la inscripción empezaremos una primera fase de regularización con los procesos de su inscripción para corregir errores, tanto en nombres, apellidos, en datos técnicos de forma inmediata”, dijo.

Este proceso de inscripción y capacitación, incluye el trabajo coordinado con los gobiernos autónomos municipales y con las juntas vecinales, para que la ciudadanía en general conozca qué pasos debe seguir para el proceso de regularización de su propiedad, puntualizó la autoridad.

Aprueban un “perdonazo” para construcciones sin papeles al día

Los concejales alteños aprobaron el proyecto por unanimidad.

Dueños de las construcciones y los lotes que no cuenten con la documentación municipal tienen un año y medio para realizar sus trámites y legalizar su situación, siempre y cuando la infraestructura o partición de los lotes hubiera sido efectuada hasta antes del 2007.

Según el concejal Félix Loayza, cerca del 60% de las construcciones y lotes no cuentan con documentación debido a varios factores entre los que destaca la falta de control, desinformación, retardación de trámites administrativos, acelerado crecimiento poblacional o motivos migratorios (campo ciudad).

“La población carece de una cultura tributaria, es por eso que, en la actualidad, la Comuna se ve obligada a adecuar normas para que este aspecto mejore, por esta única vez, las multas, moras e intereses, van a entrar a un ‘perdonazo’, vamos a perdonar, pero el impuesto sí o sí se tiene que cancelar”, manifestó Loayza.

Hallan contradicción en reglamento de la Ley de Derecho Propietario

El cambio de uso de suelo es un tema recurrente en el proyecto de reglamento de la Ley 247 de Regularización del Derecho Propietario sobre Bienes Inmuebles Urbanos destinados a Vivienda. Se anuncia que el reglamento será aprobado el 2 de agosto próximo.

Autoridades y profesionales del área explican que, además de tener varias contradicciones con la Constitución Política del Estado (CPE) y las leyes de Medio Ambiente, de Áreas Protegidas y de los Derechos de la Madre Tierra, ponen en peligro la seguridad y soberanía alimentaria y el medio ambiente.

La primera contradicción se encuentra en el artículo 1, donde el objeto es la regularización del terreno para favorecer a personas naturales que se encuentren en posesión continua, pública, pacífica y de buena fe, de un bien inmueble destinado a vivienda, “ubicada dentro del radio urbano o área urbana”. En el proyecto se establece que los municipios deben definir sus áreas urbanas en un plazo no mayor a un año. Si bien el el artículo 9 restringe las áreas protegidas, el artículo 11 brinda los procedimientos para la ampliación de la mancha urbana obviando procedimientos.

El arquitecto Marcelo Delgadillo explica que “El reglamento establece que para la definición del área urbana, los Gobiernos Autónomos Municipales (GAM) deben solicitar una serie de documentos, entre éstos una certificación de que el área no presente conflictos o litigios de derecho propietario en el Instituto de Reforma Agraria (INRA), obviando la verdadera función del INRA de certificar el mejor uso de suelo según su vocación.

Asimismo, el reglamento establece que el área urbana extensiva (expansión) estará definida en función de las tendencias de crecimiento. “¿Quién define las tendencias? En las zonas agrícolas, donde dos o tres casas fueron construidas ilegalmente se perderá esta función por la tendencia urbana que le otorgaron personas ilegales”, asevera Delgadillo.

La segunda contradicción está en el artículo dos donde se incluye otra definición de Áreas Protegidas, alejadas de la ley, dejando en puntos suspensivos el tema agrícola. “e) Áreas agrícolas de abastecimiento”, señala el artículo 2 sin hacer ninguna precisión.

La senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS), Carmen Peredo, advierte además que en los artículos 2, 5 y 10, el concepto de Área Protegida es manejado rompiendo el cuidado y protección que le otorga la CPE. “Las áreas o radios urbanos podrán incluir las áreas de expansión o extensivas y las áreas de preservación o protegidas” (Art. 5).Y el artículo 2 establece “las áreas de reserva urbana son las que actualmente tienen uso agrícola y pueden ser urbanizadas a largo plazo”.

En un taller realizado con todas las instituciones estatales y municipales que intervienen en esta ley, la Asociación de Municipios de Cochabamba (Amdeco) elevó el pasado 16 de julio trece observaciones al reglamento.

Entre los riesgos de fondo, el director ejecutivo de Amdeco, Henry López, explica que uno de los temas preocupantes para las municipalidades es que en la Ley 247 se señala que en las viviendas construidas en zonas de riesgo y que fueron aprobadas, serán las mismas municipalidades que deben reubicarlas.

“Esto significa que el municipio debe ceder un espacio físico y además construir la vivienda, otorgándoles las mismas comodidades”, señala López. En los municipios ya no hay espacios disponibles y menos recursos económicos para esta carga, dice el representante, explicando que el pedido en este punto es que el nivel central sea quien resuelva esta situación, ya sea asumiendo el gasto o instruyéndolo a los gobiernos departamentales.

Delgadillo critica esta situación, porque la ley le pasa a los municipios el resarcimiento de algo ilegal. El pago será con recursos de la población, olvidando a los responsables. “Es como si se asumiera que los loteamientos y asentamientos hubieran surgido como algo natural y ahora se tiene que regularizar”, reprocha Delgadillo.

El artículo 4 de Clasificación señala que están sujetos a la delimitación de área urbana los “asentamientos humanos menores a 2 mil habitantes, que cuenten por lo menos con uno de los servicios básicos: agua, luz, alcantarillado, escuela o centro de salud.

Con el reglamento se altera la definición de Áreas Protegidas, obviando los procedimientos para su protección. Con el mínimo de requisitos se les otorga todo el derecho a los asentados, las zonas en riesgo 1) la zona Sud, que debió ser preservada como zona de reserva urbana para planes de vivienda social, 2) el Parque Tunari, que expone la principal reserva de agua; y 3) todo el Valle Bajo central, fuente de la seguridad y soberanía alimentaria, concluye Delgadillo.

Ley 247.

Objeto

La Ley 247 tiene por objeto la regularización del derecho propietario de personas naturales que se encuentren en posesión continua, pública, pacífica y de buena fe, de un bien inmueble destinado a vivienda, ubicada dentro del radio urbano o área urbana.

Finalidad

Regularizar legal y técnicamente el derecho propietario de personas sin título, o propietarios con títulos sujetos a corrección.



Tres condiciones

Contar con construcciones habitadas de carácter permanente destinadas a vivienda, con una antigüedad no menor a 5 años. Posesión pública de buena fe, pacífica y continua y que estén en el radio urbano o área urbana homologada.

Una segunda ley de “chutos”

Los participantes del taller de revisión del proyecto de Reglamento a la Ley de Regulación del Derecho Propietario sobre Bienes Inmuebles Urbanos destinados a Vivienda, advierten que si bien la ley establece su aplicación “por única vez”, existen antecedentes como la Ley de Regulación y Saneamiento Vehicular que legalizó los vehículos de contrabando.

“No sabemos qué habrá con las presiones de grupos sociales más adelante”, advierte el arquitecto Marcelo Delgadillo.

Con la presente ley, la regulación del derecho propietario será efectiva por única vez en un periodo no mayor de 3 años, un año para que los municipios delimiten sus radios o áreas urbanas, la homologación ante el ministerio en 3 meses y dos años para que los beneficiarios realicen el trámite.

Según Delgadillo, el riesgo es mayor al otorgar la responsabilidad a las municipalidades. “Las alcaldías son los principales centros de tráfico que, a través de prebendas y coimas, se hacen de la vista gorda,no paralizan la obra ilegal, o incluso la autorizan”, señaló Delgadillo.

Las zonas de recarga acuífera y de seguridad alimentaria en peligro de ser urbanizadas

La senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS), Carmen Peredo, advierte sobre los conflictos y daños al medio ambiente y la soberanía alimentaria que serán irreversibles.

Explica que la Ley 247 contradice la esencia de la Constitución Política del Estado, así como las leyes de Revolución Productiva, de los Derechos de la Madre Tierra y de Medio Ambiente.

“Con esta ley y su reglamento se abren las puertas para que todo sea urbanizado, yendo contra el principal discurso del proceso de cambio: la protección de la madre tierra y la priorización de la seguridad y soberanía alimentaria”. Informó que al alterar las definiciones o no precisar las mismas repercutirá en riesgos mayores.

“El hecho de regularizar bienes públicos, significaría también legalizar construcciones en el lecho de los ríos, cabeceras de cuenca y entre ríos”, cuestiona Peredo.

La legisladora expone que a raíz de los asentamientos ilegales en los lechos de los ríos, la contaminación de estas fuentes de agua son mayores y los riesgos de inundación y deslizamientos son mayores, por no haberse paralizado las construcciones que fueron emplazadas en zonas de seguridad, o lugares que irrumpen con el curso normal de las aguas en las cuencas.

Asimismo, la presencia intensiva de viviendas en las cabeceras de cuencas, además de contaminar las fuentes subterráneas de agua, arriesgan las zonas de recarga, ya que las construcciones asfaltan las y calles impiden la infiltración del agua en época de lluvia.

El director ejecutivo de Amdeco, Henry López, señala además que la finalidad de esta ley busca defender el derecho a la vivienda de quienes más lo necesitan. Si bien la ley crea un sistema informático de registro, será difícil prohibir que un “loteador”, registre más propiedades a nombre de su hijo, su yerno u otros. “La CPE reconoce y defiende el derecho de todo ciudadano a gozar de una vivienda”.

Municipios presentan observaciones al reglamento

Autoridades de los municipios de Cochabamba revisaron, el pasado 16 de julio, el proyecto de reglamento a la Ley 247 y enviaron sus observaciones el mismo día. El viceministro de Vivienda y Urbanismo, Bony Bernardo Morales, remitió el borrador del reglamento de la Ley 247 para la remisión de “comentarios y observaciones”.

El documento enviado tiene como principal objetivo concertar la propuesta y allanar alternativas de solución a la problemática de Predios Rurales Municipales, el no registro de Derechos Reales, el cambio de uso de suelo y homologación de ordenanzas municipales que actualmente generan problemas sociales con los propietarios de los predios que ya se encuentran dentro las manchas urbanas. Piden que el INRA tome en cuenta que los saneamientos que se hacen por considerar zonas agrícolas, no deben ser sujetos a parcelamiento. Asimismo, solicitan que la prohibición de asentamientos contemple también en bienes de dominio público, en áreas verdes de riesgo ya definidos y en zonas con restricciones administrativas o disposiciones legales vigentes (Art. 38).

Solicitan que se autorice a los gobiernos municipales regularizar su derecho propietario con relación a áreas verdes, campos deportivos y predios municipales en áreas rurales.

Las alcaldías ven difícil la reubicación de viviendas o asentamientos porque no existen predios, ni recursos en los municipios. Este efecto, que debe ser aclarado en el Reglamento de la Ley 247. La certificación de antigüedad del bien inmueble deberá realizar la instancia técnica del gobierno municipal, en razón a que se tienen imágenes satelitales y toda la información se maneja mediante Catastro (Art. 1).

También sugieren que el Ministerio de Planificación declare amnistía técnica, logrando que los cambios de uso de suelo sean inmediatos.

Vicepresidente plantea construir edificios en el marco del programa de vivienda social

El vicepresidente Álvaro García planteó la construcción de edificios de al menos 10 pisos en el marco del programa de vivienda social y solidaria, para beneficiar a los trabajadores asalariados de las diferentes ciudades del país.

"Hemos comentado con el Presidente (Evo Morales) que nos falta un tercer paso en este tema de las viviendas que hasta ahora hemos construidos tres tipos de programas de viviendas, pero falta avanzar en soluciones habitacionales en edificios, verticales, eso básicamente para la clase media, trabajadores asalariados", indicó.

"Si compramos como Estado un pequeño lote y construimos 10 pisos y en cada piso tres departamentos estamos hablando de que en un solo lote estamos construyendo 30 soluciones habitacionales ", precisó García.

El programa de vivienda social y solidaria tiene como finalidad establecer y consolidar mecanismos que faciliten el acceso a una vivienda digna.

"Entonces es un deuda que tenemos pendiente para el sector de funcionarios públicos, de trabajadores asalariados que tienen ese derecho y esa necesidad de tener una vivienda y nosotros como Gobierno tenemos que saber responder a ese reto", dijo.

Derecho Propietario prohíbe regularización de más de un inmueble

El viceministro de Urbanismo y Vivienda, Bonny Morales informó ayer que la recién promulgada Ley de Regularización del Derecho Propietario prohíbe la tramitación de más de un inmueble con el objetivo de evitar que los “loteadores” puedan aprovecharse de la medida.

El presidente Evo Morales promulgó ayer en Cochabamba la norma que busca otorgar el título de propiedad de terrenos y casas de más del 60 por ciento de los ciudadanos que viven en los centros urbanos del país.

“Con esta ley se va beneficiar a aquellas familias que habitan en una vivienda. Si se tiene dos o más vivienda, las demás tendrán que regularizarlas por la vía normal y a través de las normativas vigentes”, afirmó la autoridad en declaraciones a Radio Panamericana.

De acuerdo con el viceministro Morales, la norma permitirá el beneficio directo para las personas que habitan en el inmueble y no así para los “loteadores” o las personas que intenten aprovecharse de las irregularidades en los documentos de un bien inmueble.

La autoridad recordó que la norma permitirá un proceso de regularización a partir de la corrección de nombres y las cuantificaciones técnicas. Asimismo, a través de procesos judiciales las personas que están asentadas por más de cinco años en un inmueble podrán acceder al título de propiedad.

Promulgan hoy Ley de Derecho Propietario

El senador del MAS David Sánchez anticipó ayer que la Ley de Regularización de Derecho Propietario Sobre Bienes Inmuebles Urbanos Destinados a Viviendas será promulgada hoy en Cochabamba, aprovechando la estadía del presidente Evo Morales en esa ciudad.

“El aporte principal de esta norma es darles la posibilidad a miles de bolivianos de regularizar su derecho propietario, tomando en cuenta que muchas personas, por distintas situaciones, no pudieron legalizar sus papeles”, afirmó el senador.

La mañana de ayer, el presidente de la Confederación de Juntas Vecinales de Bolivia (Conaljuve), Efraín Chambi, confirmó el anuncio del parlamentario. Dicha organización impulsó la norma y acompañó al Jefe de Estado cuando presentó el proyecto a la Asamblea Legislativa.

El proyecto de ley tiene 16 artículos, ocho disposiciones adicionales, cuatro transitorias y una final.

El artículo 10 prohíbe regularizar más de un bien inmueble urbano destinado a vivienda, caso contrario, el actor será pasible a sanciones pecuniarias. En este marco, “se intenta evitar los loteamientos”, apuntó Sánchez.

La normativa obligará a Derechos Reales a agilizar los trámites y da un término máximo de 20 días para algunos de ellos. Sánchez señaló que la reglamentación de la norma detallará las tareas de esta instancia.

De acuerdo con la argumentación presentada en la introducción del proyecto de ley, entre 1976 y 2001 el número de viviendas aumentó de 400 mil a 1,2 millones. De éstas, el 50% carece de títulos de propiedad o no tiene los papeles al día.

Alcaldía ve difícil la aplicación de la Ley de Regularización Urbana

La Ley de Regularización del Derecho Propietario sobre Bienes Inmuebles Urbanos Destinados a Vivienda, aprobada por las cámaras legislativas, autoriza consolidar las viviendas irregulares construidas en predios estatales nacionales o municipales.

En el artículo uno, señala que la ley tiene por objeto, la regularización del derecho propietario de personas naturales que se encuentren en posesión continua, pública, pacífica y de buena fe, de un bien inmueble destinado a vivienda, ubicada dentro del radio urbano o área urbana.

En Cochabamba la mitad de los predios y viviendas del área urbana en la ciudad de Cochabamba no cuenta con títulos de propiedad y el 35 por ciento vive en área irregular y no apto. Los mayores conflictos se encuentran en los distritos 8 de la comuna Alejo Calatayud, 9 y 14 de la comuna Valle Hermoso y, en la zona Norte, el problema está en los asentamientos humanos en el Parque Tunari, por encima de la cota 2.750.

Según lo establecido en la Ley de Regularización de Derecho Propietario los municipios que autorizaron construcciones en zonas consideradas no aptas deberán compensar la misma extensión en un área segura. Pero esta medida estaría limitada para su cumplimiento debido a la falta de recursos en el municipio.

Por la falta de recursos, la Alcaldía Municipal adelanta que estaría imposibilitada de cumplir determinaciones fijadas en la Ley de Regularización del Derecho Propietario, como la compensación de terrenos.

El alcalde de Cochabamba, Edwin Castellanos, dice que es necesario estudiar la ley para ver “hasta dónde se puede cumplir”.

“Recursos no tenemos, ustedes saben que la plata va a la inversión, por el crecimiento de nuestra ciudad, estamos trabajando en eso”, adelanta Castellanos explicando la dificultad de cumplir con determinaciones establecidas en la nueva norma respecto a la reubicación de familias y de dotarles de vivienda en caso de que las alcaldías hubieran aprobado una planimetría en pasados años y que en esos lugares se produzcan sucesos que afecten a las casas.

La concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS), Isabel Caero, considera que el tema no es sencillo y que la aplicación de esta ley es una “complicación” para las alcaldías para otorgar las propiedades. “Está contemplado en la ley también el tema de regularizar aquellos asentamientos que están más de cinco años, vamos a tener que normar”, agrega la concejal.

El concejal de Todos Por Cochabamba (TPC) Edwin Jiménez expresa que esta ley vulnera la Constitución Política del Estado (CPE) y la Ley de Municipalidades 2028 que establecen que es facultad de los gobiernos municipales planificar los asentamientos humanos, el uso del suelo, crecimiento urbano, la elaboración de planes distritales, utilización de áreas verdes, áreas de equipamiento y más.

“Nos están quitando roles que deberíamos cumplir nosotros, da la impresión que esta ley va a favorecer en algunos casos a los loteadores que se han asentado en cualquier lugar y ahora hay que reubicarlos… No estamos preparados”, expresa Jiménez. El director de Planeamiento de la Alcaldía, Andrés Loza, aclara que no existen las condiciones para responder como instruye la ley y que será necesario revisar los reglamentos que se emitan.

“Es una carga que la pasan al gobierno municipal frente al que creo que ninguna Alcaldía tiene la capacidad de generar este tipo de compensación porque no es una situación generada por el gobierno municipal”, expresa Loza refiriéndose a los casos en los que se involucra a los denominados loteadores como responsables de asentamientos ilegales.

Lo que sí se podría lograr en el marco de la nueva norma es la permisibilidad que contempla la ley respecto a posibles asentamientos en predios municipales, claro dependerá del tiempo de habitabilidad en el área que es propiedad municipal.

NO APTOS Loza explica que las zonas consideradas no aptas para la construcción de viviendas están referidas a distintas características como las condiciones naturales como en el caso de viviendas ubicadas cerca a las torrenteras, canales de riego u otros en los que no se respeta las denominadas franjas de seguridad también se advierten en vías donde hay líneas de tren o de alta tensión. El tipo de terreno y el porcentaje de pendiente también son aspectos a considerar.

Por ejemplo, de acuerdo a normativas la pendiente máxima permitida para la actividad residencial es de un 60 por ciento , es decir, unos 30 grados. En el caso de torrenteras de un ancho de medio metro las construcciones no pueden estar a menos de tres metros de distancia, si los canales son más anchos las distancias varían.

Considerando estos aspectos, la concejal Caero expresa que se van a tener que buscar salidas “salomónicas” ya que el asentamiento en franjas de seguridad está prohibido.“Tendremos que hacer un estudio grande todos los municipios para ver soluciones y evitar mayor daño a los habitantes”, dice.

El concejal Jiménez recalca que no se pueden establecer viviendas en lechos de ríos, áreas verdes, áreas de equipamiento y mucho menos en lugares que se constituyen en un riesgo cuando son terrenos inestables por ejemplo.

Apuntes.



La ley

Esta ley tiene por objeto regularizar el derecho propietario en los municipios que tengan radio urbano aprobado de acuerdo a normativa, también pretende establecer procesos excepcionales, extraordinarios y temporales de regularización, titulación individual y registro en Derechos Reales, así como establecer procedimientos de regularización individual y regularización colectiva de propiedad sobre inmuebles

urbanos.



La finalidad

La ley tiene la finalidad de facilitar la obtención de títulos de

propiedad y su consiguiente registro definitivo en las oficinas de Derechos Reales, a

las personas naturales y/o jurídicas que tengan un fin social que poseen bienes

inmuebles dentro del área urbana de cualquier municipio del territorio nacional, a fin

de que puedan ejercer libremente los derechos que reconoce la ley y que puedan

gozar de los frutos civiles y materiales que proporcionan dichos bienes.

El 35 por ciento vive en área irregular

Los datos preliminares con los que cuenta la Dirección de Planeamiento de la Alcaldía indican que el 35 por ciento de la población del municipio de Cochabamba vive en situación irregular y en áreas no aptas.

El director de Planeamiento, Andrés Loza, informa que al momento se está concluyendo con la cuantificación de asentamientos que existen en el municipio para conocer con exactitud esta información.

Sin embargo, lo que se sabe es que en los distritos 8 y 9 son los sectores donde más asentamientos irregulares se presentan.

A estas zonas se agrega el distrito 14 y el 6 que registran zonas con asentamientos irregulares y no aptas.

Barrios como los ubicados en la zona del cerro de San Pedro, al lado Este de la ciudad, o Alto Cochabamba, al Sur, son considerados de riesgo para las construcciones.

Existen zonas que todavía representan riesgo y la gente sigue habitando en esos lugares

En el municipio existen zonas consideradas de riesgo que están habitadas por decenas de familias.

En años pasados se evidenció tras las intensas lluvias la fragilidad de los terrenos en la zona de Alto Cochabamba, donde algunas casas cayeron y otras continúan apoyadas en listones.

El director de Planeamiento, Andrés Loza, explica que los riesgos se presentan en zonas donde los cursos de las aguas pueden derivar en riadas e inundaciones cuando las precipitaciones son fuertes.

Respecto a la zona de Alto Cochabamba, Loza informa que se ha continuado con los estudios respectivos en el lugar.

“Lo que sabemos es que el terreno técnicamente presenta complicaciones”, dice Loza agregando que es difícil hacer que los pobladores del lugar comprendan el riesgo.

Anteriormente los habitantes de Alto Cochabamba se opusieron a la reubicación argumentando que ya no existían riesgo de habitar ahí. Durante los años recientes no se ha registrado más emergencias en la zona aunque hay construcciones donde las paredes están apuntaladas.

Loza explica que se han estado haciendo estudios con el Servicio de Geología y Técnico de Minas (Sergeotecmin) para conocer información exacta de la situación de los suelos.

Pero no es el único sector en riesgo. En barrios de la zona Sur de la ciudad este año se han registrado derrumbes e incluso se ha recomendado el derrumbe de viviendas para evitar mayores riesgos, pero los vecinos también se opusieron.

Por otro lado, las autoridades recuerdan que se debe precautelar también las áreas agrícolas como la zona de La Maica que no puede ser invadida con construcciones ya que se trata de un área agrícola.

Ley va a permitir mejorar el nivel de recaudación

Creo que la ley ha salido muy clara, restringe la ocupación voluntaria y pacífica para poder hacerse con derecho propietario cuando hay un titular. En provincias hay gente que ostenta la posesión, pero nunca pueden constituirse en titulares. Esto indudablemente atañe a los gobiernos municipales sobretodo cuando dicen que en el tiempo de un año deben definir sus límites geográficos... En la Dirección de Recaudaciones en la medida en que se incorporen nuevos predios con registros en Derechos Reales va a permitir mejorar el nivel de recaudaciones. Las comunas, subalcaldías y la Dirección de Información y Catastro tendrían que trabajar exhaustivamente para hacer los cambios de nombre, los planos de regularización y por otro lado la parte legal estará a cargo de los propietarios respetando el marco legal. El gobierno municipal va a esperar con todo como hemos hecho con los vehículos automotores, la expectativa era grande, pero no se ha logrado registrar la cantidad de vehículos que se estimaba en Cochabamba, ojalá que no pase lo mismo con la titulación de bienes inmuebles considerando que es mucho más serio y responsable el tener tierras que tener un vehículo... No podemos estar en pleno siglo XXI con gente que no puede titularizarse y sigue en calidad de posesión cuando deberíamos hacer que este tipo de trámites sean lo más fácil, lo menos burocrático... Hay gente que en toda su vida no puede hacerse de un inmueble y hay otros tienen dos o más, entonces un poquito va a la distribución de la riqueza en el aspecto económico de la gente que no tiene y que ahora sí puede aprovechar esta situación para titularizar... Parece que va a permitir mejorar el nivel de recaudación con la incorporación de estos predios que nunca pagan impuestos.