Denuncian estafa en una millonaria compra de terrenos

Widen Gutiérrez Gutiérrez, dueño de la propiedad El Naranjal, ubicada en Warnes, denunció por estafa y extorsión a personeros de una sociedad a la que le vendió sus terrenos.

Según consta la denuncia presentada ante el fiscal Marcelo Saldaña, a comienzos de este año, ambas partes firmaron un contrato de compra venta del terreno por un precio de $us 15 millones a ser pagados en 60 cuotas de $us 250.000. Los terrenos supuestamente iban a ser destinados a un mega proyecto inmobiliario.

La sociedad solo hizo un pago de $us 20.000 como adelanto y tomó posesión de los terrenos. A mediados de este año decidió disolver el contrato aduciendo mala fe del vendedor, por la supuesta existencia de una servidumbre de paso en medio de los terrenos a favor de otras propiedades que existen en los alrededores.

Gutiérrez manifestó que, con documentación legal, comprobó que no existían las supuestas servidumbres de paso, sin embargo, en una reunión con la representante legal de la sociedad, fue conminado a pagar $us 125.000 por supuestos daños y perjuicios además de que le pidieron devolver los $us 20.000 de adelanto.

Luego de hacer indagaciones, el denunciante asegura haber corroborado que la sociedad no tiene la solvencia para realizar una compra por $us 15 millones y que su conformación como empresa lo hizo con un capital de inicio de Bs 10.000. En tal sentido, cree que la intención es sonsacarle dinero y extorsionarlo al impedirle disponer del terreno.

El representante de la empresa debía acudir ayer a declarar ante la Fiscalía, pero su defensa presentó un memorial indicando que estaba de viaje, aunque el pasaje adjuntado como descargo fue adquirido días después de haber sido citado.

Más de 10 proyectos de lotes, en la mira por presunta estafa

Con un bebé en brazo y un fólder en el otro, Esther Quiñones protestaba enfurecida. Decía que en noviembre de 2014 ella terminó de pagar $us 2.000 para comprar un terreno de 300 m2 en la urbanización Sinaloha, en Cotoca, comercializada por la firma Mundo Futuro. Y cuando fue a pedir su minuta de transferencia, le dieron solamente un certificado sin validez legal. Y así, hasta la fecha no puede tomar posesión del terreno que pagó con el oficio de empleada doméstica.

Al igual que Quiñones, Nora Ordóñez, Endi Colodro, Armando Pérez, Jaime Mamani y más de 100 personas se congregaron ayer en las oficinas del Cuarto Anillo para protestar y levantar una lista para que el abogado Wilmer Vásquez inicie una demanda por el mismo delito, por el que aprehendieron a Ibáñez: estafa agravada. Se vendían terrenos desde $us 1.700 hasta más de $us 7.000.

“Hay desconfianza”, “¿de dónde sacó el dinero el señor Ibáñez para estafar?”, “por qué no dan la cara” “nos mintieron”, fueron algunas de las quejas que sonaron. Entremedio del tumulto, Mary Luz Ávila, gerenta administrativa de la firma, intentaba responder a los protestantes. Aclaraba que el delito de Ibáñez era de orden estrictamente personal y que ellos aceptaban la posibilidad de devolver el dinero a las personas que hayan terminado de cancelar su terreno.

Explicó que Mundo Futuro, además de tener lotes propios, brinda el servicio de comercialización a terceros. Yovanny Farell, directivo también de esta firma, dijo que de los proyectos que son propietarios están Reina del Sur, Santa Clara y El Dorado Norte, y los que son de terceros menciona Villa Esmeralda, Villa Topacio, Villa Victoria, Sagrada Familia, Satélite Sur, Campo Grande, Amatista, Zafiro, Rubí, Recreo, Ciudad Alegría, entre otros. Precisó que “todo esto (la protesta) es armada por uno de sus competidores en el sector”.

Ayer, la fiscal Rosa Rivera, asignada al caso, indicó que investigará a otras personas de la empresa y en los próximos días notificará a ejecutivos.

Cae un hombre que estafaba a través de ofertas de vivienda social en Ventilla

Este martes, personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz aprehendió a Cristóbal G., acusado de cometer el delito de estafa múltiple a integrantes de diferentes organizaciones sociales, con el pago de entre Bs 40 hasta Bs 400, para beneficiarse con viviendas sociales en la zona de Ventilla de El Alto.

La captura fue hecha conocer por el viceministro de Vivienda, Javier Delgadillo, y el director de la Agencia Estatal de Vivienda, Gonzalo Rodríguez, quienes indicaron que se hizo el seguimiento de este caso tras el pedido de información que recibieron de la Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) sobre este “programa social de vivienda”, ofertado por Cristóbal G.

El sindicado se hacía pasar por funcionario del Ministerio de Obras Públicas y se calcula que estafó a unas 300 familias en la provincia Inquisivi del departamento de La Paz. Hasta el momento no se estableció el monto que recaudó, debido a que cobraba diferentes montos.

La investigación continúa abierta, pues se sospecha que tiene cómplices, ya que recomendaba a otras personas para que hagan trámites en Derechos Reales y ante notarías. Se espera que el Ministerio Público lo impute formalmente para que se convoque a su audiencia cautelar. (13/06/2017)

Acusan a mujer de estafar $us 50 mil con anticrético de casa

Las estafas de dinero, a través de las ofertas de inmuebles en anticrético en Cochabamba, son cada vez más comunes y dejan a familias desamparadas. En el último caso, al menos seis personas le entregaron parte de sus ahorros, 50 mil dólares en total, a una mujer que les ofreció una casa con esa modalidad y que ella no era la dueña del inmueble.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel Gualberto Díaz, detalló ayer que seis personas formalizaron denuncia en contra de Paola Valeria I.A., de 36 años, a quien acusaron de estafarles.

“La forma de operar de esta mujer consistía en que ella ponía avisos en los diarios ofertando en anticrético un inmueble de sus familiares. Los interesados iban a la casa, la recorrían y acordaban entregarle adelantos de dinero para asegurar la transacción, y ella aceptaba”, describió.

Cuando los diferentes anticresistas intentaban llevar sus pertenencias, o tomar posesión de la casa, descubrían que habían sido engañados. “Aparecían los dueños del inmueble, decían que nunca les dieron dinero y los desalojaban”. La Fiscalía emitió una orden de aprehensión en contra de Paola Valeria I.A., que la FELCC ejecutó ayer.

“La detenida será imputada por el delito de estafa agravada con víctimas múltiples. Creemos, sin embargo, que pueden haber más víctimas, por lo que pedimos a los medios que muestren a la aprehendida para facilitar las investigaciones”, acotó Díaz.

Estafa inmobiliaria que ofrecía viviendas sociales afectó a 70.741 personas

GTF Financial SRL obtuvo más de Bs 2,8 millones (MM) de unas 70.741 personas, a las que ofreció viviendas sociales “a fondo perdido”. Los socios de la empresa, el estadounidense Fazur Alberto E. y Magdalena Q., son investigados por estafa.

El monto recaudado figura en el extracto del movimiento de la cuenta 10000023810894 del Banco Unión, habilitada el 8 de febrero de 2017, a nombre de esa compañía, con la firma autorizada de Fazur Alberto E. Los depósitos se hicieron en los nueve departamentos de Bolivia.

En ese documento —requerido por la Fiscalía de El Alto tras la aprehensión de Fazur Alberto E., Magdalena Q. y Miriam J. C. el 4 de mayo— hay 4.146 depósitos, de los que 2.340 son individuales, es decir, cada uno es de Bs 40 y 1.806 fueron realizados de manera conjunta; los importes van de Bs 160 hasta Bs 25.560. Los más fueron hechos en La Paz y en Tarija, en ese orden (ver infografía).

Gonzalo Rodríguez Cámara, director de la Agencia Estatal de Vivienda (Aevivienda), quien presentó la denuncia, explicó que GTF Financial SRL ofrecía soluciones habitacionales a pobladores del área rural.

A cambio de un depósito de Bs 40 ($us 5,79) —publicitaba— los interesados iban a acceder a casas prefabricadas de $us 30.000, un aporte ínfimo de 0,01%. Cientos de familias del área rural mordieron el anzuelo.

Para conocer cuánta gente fue estafada basta con dividir la cantidad de dinero recibida en la cuenta del banco estatal y los Bs 40 que solicitaba, dijo el funcionario de la agencia estatal. Como mínimo son 40.000 personas, añadió, aunque la Fiscalía de El Alto dice que son unas 20.000 .

La Razón hizo la operación, sugerida por Rodríguez Cámara y el resultado arroja la cifra de 70.741 depósitos.

Encuentre la información completa en la edición impresa de La Razón. (11/05/2017)

Las 'seudo ONG' Andra y Green Technolgy estafan ofreciendo viviendas sociales

El viceministro de Vivienda y Urbanismo, Bony Morales, desveló este jueves que las “seudo ONG” Andra y Green Technology estafan a campesinos con cobros irregulares para supuestos proyectos de vivienda social gubernamental, por lo que presentaron una querella ante el Ministerio Público.

“Esas dos ONG a nombre de Andra y otra en inglés Green technology, que es Tecnología Verde, son impostoras, son falsas y a nombre de algunas iglesias evangélicas incluso están sonsacando plata a nuestros hermanos”, desveló la autoridad en un acto de entrega de viviendas en la localidad de Totora, Oruro, occidente del país.

Morales dijo que su despacho solicitó información al Viceministerio de Inversión Pública que se encarga de validar la introducción de fondos internacionales en el país, pero esa repartición descartó la existencia legal de las dos Organizaciones No Gubernamentales (ONG) citadas. “Negativo, no hay fondos”, sostuvo.

El ilícito se comete desde hace dos años y el grupo delictivo, según la autoridad, menciona a entidades financieras e incluso a la embajada de Alemania para hacer cobros de entre Bs 40 hasta Bs 800.

“ Ya hemos sentado denuncia ante la Fiscalía para este grupo de personas que, tras de algunas seudo ONG, entidades financieras externas o en algún caso levantando el nombre de algunas embajadas como la embajada de Alemania, falsamente, delictivamente, están elaborando listas en varios municipios”, alertó la autoridad.

En las últimas semanas los estafadores llegaron a los municipios de Saavedra y Warnes, en Santa Cruz, y este jueves se trasladaron hasta la localidad potosina de Uncía. Antes de la Navidad habían estado en Llica.

“ Hoy estamos en emergencia movilizándonos al municipio de Uncía, ahí están juntando en los lugares públicos a la gente y están empezando a ofrecer 1.000, 2.000 y 5.000 viviendas”, denunció la autoridad.

El Gobierno tiene un plan de vivienda social destinado a la población más desfavorecida, que vive en condiciones precarias en el área rural y urbana. Hay distintas modalidades en las que el propietario aporta entre el 5% y el 50% del valor de la inmueble y el resto es subvencionado por el Estado.

Morales demandó a los pobladores del área rural que no entreguen dineros a esas personas. “No crean no existe, es un fraude, un robo y la gente más pobre es la que vende una oveja o una llama y está entregando plata a esta gente inescrupulosa”, dijo.