miércoles, 17 de octubre de 2018

Descubre por casualidad la deuda millonaria que tiene su departamento

Un propietario descubrió que su departamento, en la torre Soho, estaba anotado con una deuda que sirvió para favorecer a la empresa constructora que utilizó los recursos para construir otro edificio. Junto a él, hay otras 116 familias afectadas



A Juan Carlos (nombre ficticio) le apareció la oportunidad de vender su departamento pero grande fue su sorpresa cuando llegó a las oficinas de Derechos Reales (DDRR) y encontró que su bien estaba con gravamen y lo que es peor, tenía registrada una deuda por un préstamo del que él no tenía ni idea y que superaba los 15 millones de bolivianos. Este descubrimiento hecho por casualidad, fue la alarma que movilizó a los demás propietarios que habitan en las torres uno y dos Soho (radial 26 y 5º anillo) que corrieron a verificar el estado de sus inmuebles y se encontraron con un panorama similar.

De este hecho ya han pasado seis meses en el que las 116 familias afectadas se han presentado de manera constante en DDRR en busca de una solución, la misma que aún no ha llegado por lo que decidieron iniciar una demanda en contra de Alfredo Echevarría, juez registrado de esta entidad pública que ayer dijo que lo sucedido se trataba de un error y no de una estafa contra los propietarios. Él informó que se está haciendo una migración de la partida madre de la torre uno a las otras por el sistema de seguridad y que se están limpiando todas las partidas.

Su respuesta encontró rechazo en los propietarios, su abogado, Mauricio Paz, señala que este hecho significa que el "registrador puede hacer lo que le da la gana con el derecho propietario de cualquier persona en Santa Cruz, por lo tanto están suspendidas las garantías constitucionales que te da el Estado de protección a tu derecho".

Los propietarios tienen anotaciones en Derechos Reales por un préstamo del Banco Unión de más de Bs 15 millones ($us 2,2 millones) en favor del dueño de la empresa constructora, Jorge Alberto Ormachea.

Paz informó que se iniciará una acción penal por manipulación del sistema en contra del juez registrador de DDRR y en este caso, se verá hasta donde ha sido la "participación dolosa del señor Ormachea y luego ver quienes más están involucrados".

Una de las propietarias, que prefirió mantener su nombre en reserva, explicó a EL DEBER que el crédito con el que se inscribió a los dueños de departamentos de las torres 1 y 2 fue utilizado para construir la tercera torre Soho. "En mi caso tenía una deuda menor con un banco por la compra de mi departamento, ahora resulta que le debo a otra entidad financiera una suma que llega a los 45 millones de bolivianos. Estamos muy preocupados", dijo.

El abogado Paz explicó que la materialización de la garantía es el registro de derechos reales y por lo tanto no puede ser manipulado. Dicho de otra manera, con lo ocurrido es como si en Bolivia se pudiera inscribir bienes sin que estos existan.

"Si se sacó la plata para construir, como podés gravar un derecho propietario en un bien que no existe y ahora que ya está construido (torre 3) están migrando los gravámenes de la torre 1 y 2, esto significa de que utilizaste e hiciste lo que quisiste con los propietarios y ahora que ya construiste le pasas la garantía, osea ya garantizaste tu construcción con los derechos propietarios de otras personas y ahora están migrando para que todo quede en regla. Esto es un hecho desastroso", puntualizó.




Atribuyen a 'un error' que los dueños de las torres Soho aparezcan con una deuda millonaria


Hace medio año los propietarios de las torres Soho I y II, ubicadas en la radial 26 y quinto anillo, se llevaron el susto de sus vidas y desde entonces se encuentran enfrascados en un imbricado proceso contra Derechos Reales y la Constructora Ormachea porque, de casualidad, se enteraron que sobre sus bienes inmuebles está gravada una deuda de más de Bs 15 millones, obviamente, ellos nunca solicitaron ni se beneficiaron de ese crédito del Banco Unión.

Después de que esta semana el caso fuera de dominio público y generara airadas críticas en las redes sociales, se conoce que la oficina de Derechos Reales de Santa Cruz ha pedido un plazo de 30 días para "retirar los gravámenes que por error tienen 116 departamentos, bauleras y garajes de las torres Soho I y II para un crédito que la Constructora Ormachea contrajo para la construcción de la torre Soho II, de más de 15 millones de bolivianos", señala un documento que la Constructora Ormachea hizo llegar a la Redacción de EL DEBER.

MÁS SOBRE EL CASO | Descubre por casualidad que su departamento tiene registrada una deuda de millones de bolivianos

La empresa también señala que hasta fines de mayo no tenía conocimiento del registro de la deuda y que la carta formal de los propietarios de los departamentos, el 19 de junio del presente año, les puso al tanto. También sostiene que ayer recién recibió una respuesta formal de Derechos Reales.

"Estaremos alertas para el seguimiento del trámite hasta que se dé solución a este caso, pues no solo ha dañado la reputación de nuestra empresa, sino que ha causado un grave malestar con nuestros clientes, los copropietarios de las Torres I y II”, sostiene la empresa en el documento.

Víctimas de torres Soho piden intervenir DDRR


Unas 166 familias de las torres Soho ubicadas en el quinto anillo y radial 26, afectadas con 248 partidas denunciaron que fueron víctimas de una supuesta manipulación en Derechos Reales para beneficiar con un crédito de Bs 15,4 millones ($us 2,2 millones), otorgado por una entidad bancaria, en favor de Jorge Alberto Ormachea Pacheco para que realice la construcción de una tercera torre, pero sin el conocimiento de los propietarios individuales.

Ayer el abogado de los afectados, Mauricio Paz Barbery, criticó las declaraciones del responsable de Derechos Reales (DDRR), Alfredo Echeverría, que al conocer sobre este tema dijo que en realidad lo que sucedió fue un error del sistema informático que gravó individualmente con la misma deuda de $us 2,2 millones a los dueños de los departamentos de las torres y afirmó que esta acción ya está siendo solucionada y que no se trata de ningún movimiento realizado de mala fe.

“Significa que ahora en Bolivia podemos sacar créditos con garantías a futuro, esto causa alarma. Presentaremos una denuncia penal por manipulación informática y pedimos la intervención de Derechos Reales al Consejo de la Magistratura”, dijo Paz, al referirse a este caso que está hace seis meses tratando de ser resuelto por los afectados, sin que hubieran hecho una denuncia penal en contra de quienes ellos consideran están cometiendo delitos.

Para el jurista, las declaraciones del responsable de DDRR son un reconocimiento de que cualquier persona puede alterar los registros sin contar con ningún respaldo documentado.

Se conoce que la oficina de Derechos Reales de Santa Cruz ha pedido un plazo de 30 días para "retirar los gravámenes que por error tienen 116 departamentos, bauleras y garajes de las torres Soho I y II para un crédito que la Constructora Ormachea contrajo para la construcción de la torre Soho II, de más de 15 millones de bolivianos", señala un documento que la Constructora Ormachea hizo llegar a la Redacción de EL DEBER.

La empresa también señala que hasta fines de mayo no tenía conocimiento del registro de la deuda y que la carta formal de los propietarios de los departamentos, el 19 de junio del presente año, les puso al tanto. También sostiene que ayer recién recibió una respuesta formal de Derechos Reales.

"Estaremos alertas para el seguimiento del trámite hasta que se dé solución a este caso, pues no solo ha dañado la reputación de nuestra empresa, sino que ha causado un grave malestar con nuestros clientes, los copropietarios de las Torres I y II”, sostiene la empresa en el documento.

Una de las afectadas por lo sucedido, Tania Cuevas Pareja, contó que se enteró del gravamen irregular cuando fue a sacar un alodial de su departamento para venderlo, cuando fue sorprendida por una deuda bancaria de más de Bs 15 millones. Lo mismo sucedió con las dueñas Lourdes Gutiérrez y Ximena Pareja.

martes, 9 de octubre de 2018

Gobierno entregó 128.027 viviendas en 12 años de gestión



En el período 2006-2017, la Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda) entregó a las familias bolivianas un total de 128.027 unidades habitacionales, con una inversión que alcanzó a Bs 6.633 millones, mediante la ejecución se seis programas, informó ayer el director general de esta entidad, Gonzalo Rodríguez Cámara.
El ejecutivo indicó que del total de viviendas, 9.578 unidades fueron entregadas a los adultos mayores, 18 mil a madres solteras y 1.456 a padres en similar condición, 2.857 a personas con discapacidad y el resto a la población en general sin techo propio.
El primer grupo beneficiado tiene en promedio 67 años de edad y tres personas a cargo; el segundo, de 42 y con tres hijos; el tercero, de 47 y tres hijos, y el cuarto, de 49 años y cuatro hijos.
Del total de las unidades habitacionales entregadas, 60.293 fueron viviendas nuevas, 64.860 mejoradas, ampliadas o renovadas y 2.874 de reposición por emergencia, con lo cual se logró beneficiar a 501.322 personas, señaló.
La AEVivienda, además de beneficiar a las familias bolivianas con techo propio, generó 168.338 empleos directos y 288.076 indirectos con la ejecución de las obras de infraestructura, de acuerdo con los datos de la Agencia Estatal de Vivienda.

Reducir el déficit habitacional
La AEVivienda tiene la finalidad de reducir el 10% del déficit habitacional en el país entre el quinquenio 2016-2020, lo que equivale a construir 115 mil nuevas casas sociales, indicó Rodríguez.
“Según el Plan Plurianual de Reducción del Déficit Habitacional, son más de 583 mil familias las que tienen déficit cuantitativo, o sea que no cuentan con vivienda, y más de 800 mil con déficit cualitativo, (es decir que) viven hacinadas o tienen una casa precaria”, explicó.
Señaló que la entidad estatal todavía no tiene un cálculo exacto de cuánto en realidad redujo el déficit habitacional desde el año 2006 hasta la fecha en el país; sin embargo, garantiza cumplir la meta de construir las 115 mil soluciones habitacionales.
En esa línea, señaló que la Agencia Estatal de Vivienda programó este año la construcción de 24 mil soluciones habitacionales, que serán ejecutadas en las ciudades capitales como en el área rural.
Para la construcción, el financiamiento que por año coloca la AEVivienda bordea los Bs 1.000 millones. Esta gestión prevé invertir Bs 1.080 millones y en 2019 más de Bs 1.300 millones, añadió el director general de la entidad dependiente del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.
La agencia estatal es una institución pública creada para dotar soluciones habitacionales a la población boliviana que no cuenta con una casa digna y propia.

martes, 18 de septiembre de 2018

Por sus ingresos, 42% de la población no califica para adquirir una vivienda social

El 42% de la población empleada en Bolivia gana un salario igual o inferior al mínimo nacional (2.060 bolivianos), según la Confederación de Empresarios Privados. Ese porcentaje de trabajadores no califica a créditos para las viviendas sociales que oferta el Gobierno en seis condominios; cuyo requisito es un sueldo de entre 4.500 y 7.000 bolivianos.

“Son muy caros. Hice hacer mi cotización en un banco y no he calificado ni sumando mi anticrético. Pensé que sería más accesible pero hay que tener por lo menos 7.000 líquidos al mes”, dice Rosenda Flores, una comerciante de Cochabamba que deseaba postular a un departamento en el condominio Tamborada (Villa Suramericana), hasta ahora, el más caro de los ofertados por la Agencia Estatal de Vivienda.

La última campaña de la estatal, denominada “Vivienda Ya”, pone a la venta más de 1.700 departamentos o viviendas unifamiliares a las que sólo pueden acceder trabajadores con ingresos netos superiores a los 4.500 bolivianos. Los postulantes se quejan por el costo y el Gobierno dice que no son viviendas sociales, sino comunidades urbanas.

El senador de Unidad Demócrata (UD) Óscar Ortiz señaló que esta situación –en el caso del condominio Tamborada– es irregular pues –sostuvo– se trata de un complejo habitacional construido con los aportes de los trabajadores y pese a ello no está destinado a este sector ni es de carácter social. Por tal motivo hace dos semanas formalizó ante el Ministerio Público una denuncia penal por: daño económico al Estado, malversación, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución.

“En mi opinión, en estos bloques conocidos como la Villa Suramericana se han malversado más de 235 millones de bolivianos que vienen del fondo de aportes patronales de empresas publicas y privadas para la vivienda. Ese dinero no debería utilizarse para otra cosa que no beneficie a los trabajadores”, dijo.

Explicó que a través de reglamentos y decretos, el Gobierno cambio las finalidades de esos recursos. Según el senador, al ver que los precios no eran accesibles y la venta sería difícil se cambió el termino viviendas sociales para convertir los condominios en comunidades urbanas. “No son facilidades a los trabajadores con bajos ingresos y sin viviendas sino a quienes tengan las posibilidades de pagar los costos”, dijo.

Según información del portal web de Agencia Estatal de Vivienda, las comunidades urbanas son una nueva respuesta integral al déficit habitacional. Este plan es implementado en modalidades de crédito para su recuperación e inversión en más proyectos similares, en alianza con el sector financiero privado y las empresas constructoras.

Wiphala en La Paz; Papa Francisco y Santa Ana en Santa Cruz; Bartolina Sisa I , Bartolina Sisa II y Tamborada en Cochabamba, son los seis condominios habitacionales que forman parte del programa Comunidades Urbanas del gobierno de Evo Morales. En total representan 1.707 departamentos y viviendas construidas. Los costos, dependiendo las características de cada departamento , van desde los 29.700 dólares en Santa Cruz hasta los 51.500 en Cochabamba.

Los primeros en ser adjudicados fueron los departamentos de Villa Mercedario. El costo, cuando fueron puestos a la venta, en 2016, rea de 42.000 dólares. Para mayo de 2018 apenas 56 departamentos de los 336 disponibles estaban habitados y sólo 13 de los propietarios cumplían con los pagos al banco. Ante el argumento común de los deudores de que no lograban cubrir los intereses del crédito, el Gobierno bajó el precio a 35.000 dólares con un subsidio de 5.000 dólares.

Página Siete solicitó a AEVivienda una entrevista para abordar los precios, la cantidad, el estado de las casas y las quejas; pero aún no obtiene respuesta. Un informe publicado ayer da cuenta de que el Estado erogó al menos 698,8 millones de bolivianos en 2.262 casas que están deshabitadas o sin asignación.

La AEVivienda

Campaña El 11 de abril el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo y la AEVivienda lanzaron la campaña “Vivienda Ya” para la venta de viviendas sociales a crédito, dirigida a personas de ingresos medios de las ciudades de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba.
Etapas Anunciaron que en una primera fase se ponía a disposición 975 departamentos o casas. Hasta fin de 2018 la cifra debería llegar a 2.354 según un boletín un boletín institucional.
Avances Según el documento en los últimos dos años la AEVivienda construyó 3.329 viviendas sociales en el país.
Social Asambleístas de Cochabamba pidieron una auditoría al condominio Tamborada pues aseguran que no están cumpliendo un rol social. El ministro de Obras Públicas, Milton Claros, señaló que esta es una obra clave para el nuevo concepto de “comunidades urbanas”.

Condominios: en Santa Cruz construyen el mega Altos de Cotoca; Pirwa, en abandono

En Tolata (Cochabamba), en medio de un terreno desierto, hay dos edificios coloridos. Estos son los bloques del condominio Pirwa. Cada uno cuenta con 12 pisos y 96 departamentos en total, los cuales están deshabitados y cerrados a las visitas.

Los departamentos están concluidos –según algunos habitantes del lugar– hace dos años. Forman parte de la campaña “Vivienda Ya” pero aún no están a la venta.

Según el asambleísta departamental Freddy González esto se debe a que la documentación de propiedad horizontal aún no esta en orden. “Desde el 2016 hasta ahora no se ven los resultados esperados, creemos que incluso van a tener que bajar los precios como en los condominios Wiphala de El Alto”, manifestó.

Una de sus preocupaciones es que la infraestructura se convierta en un elefante blanco. “Los condominios Bartolina I y II tampoco están en las mejores condiciones”, asegura.

Comparados con los condominios Wiphala en El Alto y Tamborada en Cochabamba –que concentran 336y 672 departamentos respectivamente– las edificaciones Pirwa y Bartolina son las más pequeñas y de menor capacidad. Aunque en cuanto a precio las unidades familiares alteñas aún son las de menor costo, sin contar a las viviendas unifamiliares de Santa Cruz.

960 departamentos en 30 bloques

Según el contrato con la empresa Yerba Buena Construcciones, a mediados de 2019, en Santa Cruz concluirá la construcción del condominio habitacional más grande del país. La infraestructura denominada Altos de Cotoca tendrá 30 bloques con 960 departamentos y 304 parqueos. La inversión en la infraestructura de carácter social alcanza los 314 millones de bolivianos.

Según una entrevista del director de la AE Vivienda, Gonzalo Rodríguez, a medios estatales, el costo de estos departamentos oscilará entre 42.000 y 48.000 dólares. Explicó que los interesados deberán demostrar ingresos de 4.500 a 6.000 bolivianos mensuales.

Tamborada: sólo con crédito del Unión
El condominiosobresale en una zona cochabambina que mantiene su vocación agrícola.
Foto: Freddy Barragán / Página Siete

El condominio Tamborada (Villa Suramericana) está a más de 40 minutos del centro de Cochabamba. Sus 14 bloques se levantan inconfundibles en medio de un barrio precario, cuyos vecinos se dedican a la agricultura. Ovejas, sembradíos y vacas aún rondan las calles cubiertas de tierra.

“Llegar es complicado, los caminos no están muy bien, ¿eso se va arreglar o así nomas es?”, pregunta don Gregorio en la oficina que la AEVivienda ha habilitado en uno de los bloques para atender a los interesados en adquirir un departamento.

Ahí se atiende al público en horarios de oficina. Para visitar los departamentos, uno debe registrarse en una lista que hasta media tarde llega a las 18 personas. Todas con la intención de adquirir una vivienda propia.

“El precio es de 51.500 dólares. Si quiere parqueo en superficie son 2.200 dólares más, si lo quiere en el sótano son 3.200. Con baulera hay que aumentar otros 1.300”, explica amablemente una funcionaria.

Mientras hace de guía al interior de uno de los departamentos a la venta, informa que se puede pagar al contado o a crédito. Si uno opta por la última vía debe quedar claro que sólo se aceptan los créditos del Banco Unión. “Estamos en tratativas para ampliar al Mercantil”, añade la funcionaria.

“Bonita vista”, comenta una de las visitantes. “¿Viene con los muebles?”, pregunta al ver las camas que han quedado de los Juegos Suramericanos, cuando se estrenaron los departamentos.

La funcionaria dice que no hay nadie viviendo aún y que los 672 departamentos están disponibles. “Pero que ya hay unas cuantas carpetas para entrar a la a la selección y adjudicación”.

Asegura que habrá agua por red aunque ahora sólo funcionan los tanques. “Ya esta el convenio con Semapa. Va a ser conectar nomás”.

Al ser consultada insistentemente por los ingresos para el crédito dice: “Si les interesa algo mas económico pueden visitar el condominio Bartolina”.

jueves, 13 de septiembre de 2018

TArija Evalúan a beneficiarios de viviendas sociales

Una comisión de la Agencia Estatal de Vivienda (Aevivienda) y el Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad (FNSE), realizaron visitas a las familias beneficiarias que accederán al proyecto en el Chaco.

El ejecutivo de la Federación Regional de Personas con Discapacidad, Juan García, indicó que es el primer paso para centralizar la documentación e información necesaria que dará lugar a la licitación para la construcción de las viviendas. Las gestiones para el efecto fueron logradas a través de la Unidad de Atención a las Personas con Discapacidad del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco y otras entidades.

Señaló que el proyecto beneficia a 100 familias de los tres municipios del Gran Chaco. En el caso de Villa Montes, el municipio donó los terrenos y el financiamiento llega con el 70 por ciento del FNSE y el 30 por ciento de Aevivienda; en tanto que en Caraparí, las construcciones se efectuarán en las comunidades, porque no fue posible concretar la ejecución del proyecto en el área concentrada.

En Yacuiba, los beneficiarios hicieron el mayor esfuerzo para acceder a un predio ubicado en la comunidad de La Grampa para la edificación de 30 viviendas, estos terrenos están siendo acondicionados con la colaboración de la maquinaria del Gobierno Municipal y el Gobierno Regional, además de contar con el compromiso de la Alcaldía para urbanizar la zona.

Asimismo, García informó que también se construirán otras siete viviendas en las comunidades de Yaguacua y Quebrachal, con financiamiento logrado en el marco del acuerdo de los 42 puntos con el Gobierno Nacional.

lunes, 27 de agosto de 2018

El plan estatal de vivienda llega al 100% de municipios



El programa estatal de vivienda cubrió los 339 municipios del país con la construcción de unidades habitacionales en los últimos 12 años y benefició a 128.027 mil familias sin casa propia.

El viceministro de Vivienda y Urbanismo, Javier Delgadillo, informó esta semana —en declaraciones a Bolivia TV— que en el período 2006-2017, el Gobierno invirtió más de Bs 6.300 millones en la construcción de viviendas y que de este modo redujo el déficit habitacional.

“Hemos alcanzado los 339 municipios del país, no hemos dejado uno solo sin la intervención de vivienda social en el territorio”, dijo.

Además, destacó que en el período 2006-2017, el Estado también transformó la calidad de las unidades habitacionales, pues pasó de construir casas en pequeños espacios de 34 ó 35 metros cuadrados a enormes bloques multifamiliares, como el caso del condominio Altos de Cotoca, en Santa Cruz; La Tamborada, en Cochabamba; el Wiphala, en la ciudad de El Alto; entre otros proyectos.

De acuerdo con Delgadillo, la edificación de viviendas en los últimos 12 años se caracterizó por su ritmo acelerado, tomando en cuenta que en el período 1983-2005 (22 años), el Estado construyó 53 mil unidades, mientras que entre 2006 y 2017 se entregaron 128.027 nuevas casas.

“Incluso alcanzamos territorios donde todavía no existían caminos ni luz eléctrica y entregamos una vivienda social a las familias”, sostuvo el Viceministro.

Según la Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda), para este año se programó la construcción de 23.193 soluciones habitacionales, de las cuales 8.038 serán ejecutadas en el área rural y 15.155 en las ciudades capitales del país.

La inversión planificada para esas metas alcanza a más de Bs 1.000 millones.