Las denuncias por cobros elevados en los impuestos de inmuebles se han hecho constantes al punto de que el concejal por la agrupación ciudadana Unidos para Renovar (Unir), Alberto Valdez, pidió un informe al alcalde de Cercado, Rodrigo Paz, ante estas denuncias, a lo que desde el Gobierno Municipal han declarado que solo se están actualizando los datos de catastro ya que en un 50 por ciento las viviendas en Tarija es clandestina.
“Lo único que se está haciendo son las actualizaciones de los datos catastrales de aquellas personas que no han declarado como está su inmueble, nosotros simplemente certificamos, aquella población que piense que se han subido sus impuestos no hay tal”, señaló el director de Ingresos Municipales, Marcelo Calle.
Afirmó que un 50 por ciento de la población declara como lote de terreno cuando construye casas de varios pisos e incluso viviendas de lujo sin declarar y ante la actualización de datos se verifica cuánto se debiera pagar por impuestos.
“En la actualidad hasta la fecha casi un 50 por ciento de construcciones en la ciudad de Tarija son clandestinas, eso en realidad no afecta al Gobierno municipal más bien en todo caso incrementan los recursos, y según la norma también es que cada año se debe declarar en la dirección de Catastro para que se actualicen los datos, cuando la gente no declara, entonces obliga a cobrarle”, ha apuntado Calle.
Además, señaló que, toda vez que el Gobierno Municipal no puede ingresar a los inmuebles, la ley les da otras alternativas; por ejemplo la utilización de un dron para sacar fotografías aéreas de la ciudad.
“Como la ley obliga también al Gobierno Municipal a través de las unidades pertinentes puedan hacer la actualización, se está implementando tecnología para esos casos que no podemos ingresar sacamos fotos mediante un dron para verificar lo declarado o establecer cuando se debe pagar”, manifestó. (La Voz de Tarija)
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miércoles, 15 de noviembre de 2017
miércoles, 8 de noviembre de 2017
Por incumplir función social Ejecutivo revertirá 1.700 viviendas
El viceministro de Vivienda, Javier Delgadillo, informó ayer que hasta el momento se levantaron registros de 1.700 viviendas sociales que no cumplen una función social y pueden ser revertidas, en el marco de la Ley 850 de Reversión de Viviendas Sociales.
Adelantó que a finales de este mes se tendrá la información concluida sobre las viviendas sociales que serán revertidas por no cumplir función social.
“Vamos a tener el dato hasta finales de noviembre, hemos relevado alrededor de 1.700 viviendas. Hay varias viviendas que no han cumplido la función social”, dijo a los periodistas.
El reglamento de la Ley 850 de Reversión de Viviendas Sociales establece tres momentos en el proceso, como el relevamiento de información, notificaciones y por último de reubicación de las soluciones habitacionales.
“Como dice nuestro presidente (Evo Morales), las viviendas sociales están siendo construidas y entregadas para la gente que necesita vivienda, no para la gente que está buscando hacer negocio con ellas. La gente que está buscando hacer negocio, va encontrarse con la aplicación de le Ley 850”, subrayó.
DENUNCIA
El año pasado, Bony Morales ejecutivo de la entidad encargada de la construcción de las soluciones familiares, denunció que en muchas poblaciones rurales, dirigentes de las organizaciones sociales avalaron la entrega de viviendas a personas afines al Gobierno.
Morales hizo mención a esta situación y anticipó que las mismas serían revertidas por el Estado.
Adelantó que a finales de este mes se tendrá la información concluida sobre las viviendas sociales que serán revertidas por no cumplir función social.
“Vamos a tener el dato hasta finales de noviembre, hemos relevado alrededor de 1.700 viviendas. Hay varias viviendas que no han cumplido la función social”, dijo a los periodistas.
El reglamento de la Ley 850 de Reversión de Viviendas Sociales establece tres momentos en el proceso, como el relevamiento de información, notificaciones y por último de reubicación de las soluciones habitacionales.
“Como dice nuestro presidente (Evo Morales), las viviendas sociales están siendo construidas y entregadas para la gente que necesita vivienda, no para la gente que está buscando hacer negocio con ellas. La gente que está buscando hacer negocio, va encontrarse con la aplicación de le Ley 850”, subrayó.
DENUNCIA
El año pasado, Bony Morales ejecutivo de la entidad encargada de la construcción de las soluciones familiares, denunció que en muchas poblaciones rurales, dirigentes de las organizaciones sociales avalaron la entrega de viviendas a personas afines al Gobierno.
Morales hizo mención a esta situación y anticipó que las mismas serían revertidas por el Estado.
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