La Asociación de Bancos de Bolivia (Asoban) indicó que de sus 17 afiliados, 14 cumplieron con colocar en su totalidad el dinero entregado por el Gobierno para créditos de vivienda y de producción, informó el secretario Ejecutivo del organismo bancario Nelson Villalobos.
El gobierno entregó al sistema bancario $us 1.200 millones para incentivar el crédito en sectores productivos y para vivienda social.
Villalobos indicó que los datos son buenos, porque faltan dos meses para la conclusión de la gestión y solo son dos entidades que no han cumplido con colocar en su totalidad los créditos.
Según la información del Ministerio de Economía es Santa Cruz el departamento que ha acumulado $us 239 millones en créditos para la vivienda, con un 36,3% de la cartera nacional.
Toda la información sobre casas prefabricadas en Bolivia, cuanto cuesta construir y normas de construcción
viernes, 30 de octubre de 2015
domingo, 25 de octubre de 2015
Dueños de casas históricas piden rebajas de tributos
Dos casas situadas en las esquinas de las calles Libertad y Seoane, registradas como parte del patrimonio histórico de la ciudad, están en ruinas, una de ellas se vino abajo hace algunos meses, por la falta de mantenimiento de sus propietarios.
Igual suerte ha corrido la casona de la esquina Caballero y Beni, enfrente del parque El Arenal y de la unidad educativa Monseñor Santistevan, donde una parte del techo del corredor se vino abajo y para evitar que los peatones se dañen han colocado una valla de calaminas como protección.
También están arruinándose la casa de la esquina Ayacucho y Santa Bárbara y parte del Tambo Limpio, en la calle Junín. A esta lista se suman otras en el casco viejo que presentan daños, por ello deben ser refaccionadas antes de la temporada lluviosa que se anticipa será larga debido al fenómeno El Niño.
Preocupación
La Asociación Impulsora del Centro Histórico, que agrupa a los propietarios de estos inmuebles, reveló que en la Secretaría de Recaudaciones y Gestión Catastral (SER) no han dado cumplimiento a la Ley 02 de rebaja impositiva aprobada el 2 de febrero por el Concejo Municipal.
Dicha norma establece la rebaja del 90% de los impuestos para los edificios monumentales, así como del 80% para los estructurales y del 75% para los tipológico-ambientales.
Pese a que en julio fueron recibidos en audiencia pública por el órgano deliberante que derivó su tratamiento a varias comisiones, hasta el momento no hay respuesta y temen que la deuda se siga acumulando, pues muchos no han pagado desde 2009, cuando se decretó una pausa.
Para calmar la ansiedad de los propietarios, la presidenta del Concejo, Angélica Sosa, indicó que está en tratamiento una ley que reforzará la anterior norma para que sean exentos del pago impositivo unos 70 inmuebles
Igual suerte ha corrido la casona de la esquina Caballero y Beni, enfrente del parque El Arenal y de la unidad educativa Monseñor Santistevan, donde una parte del techo del corredor se vino abajo y para evitar que los peatones se dañen han colocado una valla de calaminas como protección.
También están arruinándose la casa de la esquina Ayacucho y Santa Bárbara y parte del Tambo Limpio, en la calle Junín. A esta lista se suman otras en el casco viejo que presentan daños, por ello deben ser refaccionadas antes de la temporada lluviosa que se anticipa será larga debido al fenómeno El Niño.
Preocupación
La Asociación Impulsora del Centro Histórico, que agrupa a los propietarios de estos inmuebles, reveló que en la Secretaría de Recaudaciones y Gestión Catastral (SER) no han dado cumplimiento a la Ley 02 de rebaja impositiva aprobada el 2 de febrero por el Concejo Municipal.
Dicha norma establece la rebaja del 90% de los impuestos para los edificios monumentales, así como del 80% para los estructurales y del 75% para los tipológico-ambientales.
Pese a que en julio fueron recibidos en audiencia pública por el órgano deliberante que derivó su tratamiento a varias comisiones, hasta el momento no hay respuesta y temen que la deuda se siga acumulando, pues muchos no han pagado desde 2009, cuando se decretó una pausa.
Para calmar la ansiedad de los propietarios, la presidenta del Concejo, Angélica Sosa, indicó que está en tratamiento una ley que reforzará la anterior norma para que sean exentos del pago impositivo unos 70 inmuebles
Priorizarán a jefas de hogar para dar viviendas estatales
Se dará preferencia a las mujeres que son jefas de hogar para que se adjudiquen un departamento de los condominios estatales, informó a Cambio el viceministro de Vivienda y Urbanismo, Bony Morales.
La autoridad señaló que a finales de octubre habilitarán la convocatoria para adjudicar las viviendas de las comunidades urbanas que se construyen en el eje.
En los próximos meses entregarán los condominios Wiphala en la ciudad de El Alto, Bartolina en Sacaba y Pirwa en Tolata, ambos en Cochabamba.
“Vamos a valorar a mujeres jefas de hogar y si tienen capacidad de endeudamiento para acceder a una vivienda del Estado, también se priorizará a las familias que tengan alguna persona con discapacidad”, dijo el Viceministro de Vivienda.
Añadió que otro de los requisitos que se tomará en cuenta es la residencia del lugar y se evaluará la capacidad de pago que demuestren las familias para adjudicarse un departamento de los condominios urbanos.
El Viceministro señaló que las familias que tengan ingresos de entre Bs 5.000 y Bs 7.000 tendrán mayores posibilidades de adjudicarse los departamentos de los condominios estatales.
Convocatoria
A finales de octubre se habilitará la convocatoria para que las familias sin casa propia puedan beneficiarse de un departamento de los condominios que construye el Estado.
El director ejecutivo de la Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda), Alfonso Parrado, informó a Cambio que se concluyó el documento donde se especifican los detalles para convocar y seleccionar a los beneficiarios que accederán a los departamentos del condominio Wiphala. El Ministerio de Obras Públicas analizará los requisitos y se habilitará la convocatoria de manera oficial.
“La idea es habilitar (la convocatoria) en octubre y que podamos hacer un proceso lo más transparente posible”, añadió.
La autoridad señaló que a finales de octubre habilitarán la convocatoria para adjudicar las viviendas de las comunidades urbanas que se construyen en el eje.
En los próximos meses entregarán los condominios Wiphala en la ciudad de El Alto, Bartolina en Sacaba y Pirwa en Tolata, ambos en Cochabamba.
“Vamos a valorar a mujeres jefas de hogar y si tienen capacidad de endeudamiento para acceder a una vivienda del Estado, también se priorizará a las familias que tengan alguna persona con discapacidad”, dijo el Viceministro de Vivienda.
Añadió que otro de los requisitos que se tomará en cuenta es la residencia del lugar y se evaluará la capacidad de pago que demuestren las familias para adjudicarse un departamento de los condominios urbanos.
El Viceministro señaló que las familias que tengan ingresos de entre Bs 5.000 y Bs 7.000 tendrán mayores posibilidades de adjudicarse los departamentos de los condominios estatales.
Convocatoria
A finales de octubre se habilitará la convocatoria para que las familias sin casa propia puedan beneficiarse de un departamento de los condominios que construye el Estado.
El director ejecutivo de la Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda), Alfonso Parrado, informó a Cambio que se concluyó el documento donde se especifican los detalles para convocar y seleccionar a los beneficiarios que accederán a los departamentos del condominio Wiphala. El Ministerio de Obras Públicas analizará los requisitos y se habilitará la convocatoria de manera oficial.
“La idea es habilitar (la convocatoria) en octubre y que podamos hacer un proceso lo más transparente posible”, añadió.
jueves, 22 de octubre de 2015
El Gobierno presentó a las financieras el primer borrador del decreto supremo que pone en vigencia el "leasing financiero" para comprar una vivienda
El Gobierno presentó a las financieras el primer borrador del decreto supremo que pone en vigencia el "leasing financiero" para comprar una vivienda o adquirir maquinarias de producción, por lo que se prevé dar luz verde a la medida en noviembre de este año, informó el viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Mario Guillén.
"El 'leasing' es un tema que dentro de estos trabajos que hemos hecho con los empresarios, hemos ido ya presentando el primer borrador, les hemos mostrado esto a los empresarios porque es una forma de que ellos van a poder ampliar sus negocios, les hemos mostrado también a los pequeños. Yo creo que el próximo mes ya estaríamos emitiendo la norma", informó ayer.
Según Guillén, el borrador de la norma también fue puesto a consideración de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), en el marco de la 393 de Servicios Financieros.
"Estamos esperando las observaciones, esperamos que ya en el transcurso del próximo mes las tengamos y podamos subsanarlas", agregó.
La autoridad explicó que el 'leasing' es un contrato de arrendamiento con opción a compra, en el que una persona solicita a una entidad financiera que compre un bien (maquinaria o vivienda) para que luego la ceda a cambio del pago de rentas periódicas, lo que permitiría a las personas adquirir un bien sin la necesidad de contar con una garantía.
"El 'leasing' es un tema que dentro de estos trabajos que hemos hecho con los empresarios, hemos ido ya presentando el primer borrador, les hemos mostrado esto a los empresarios porque es una forma de que ellos van a poder ampliar sus negocios, les hemos mostrado también a los pequeños. Yo creo que el próximo mes ya estaríamos emitiendo la norma", informó ayer.
Según Guillén, el borrador de la norma también fue puesto a consideración de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), en el marco de la 393 de Servicios Financieros.
"Estamos esperando las observaciones, esperamos que ya en el transcurso del próximo mes las tengamos y podamos subsanarlas", agregó.
La autoridad explicó que el 'leasing' es un contrato de arrendamiento con opción a compra, en el que una persona solicita a una entidad financiera que compre un bien (maquinaria o vivienda) para que luego la ceda a cambio del pago de rentas periódicas, lo que permitiría a las personas adquirir un bien sin la necesidad de contar con una garantía.
miércoles, 21 de octubre de 2015
El retrato del prestatario de la vivienda social
Los créditos de vivienda de interés social son una opción muy atractiva para comprar un bien inmueble. Desde su creación, en julio de 2014, y más aún, desde que se determinó otorgarlos con cero cuota inicial, cualquiera podría pensar que el sueño de tener una casa propia está al alcance de todos. Sin embargo, la información de los bancos revela que la mayoría de los solicitantes son cruceños, varones, independientes a nivel laboral y que apelaron a créditos inferiores a los 80.000 dólares.
Con el Decreto Supremo (DS) 1842, puesto en vigencia por el gobierno -que fija tasas de interés para viviendas sociales del 5,5%, 6% hasta 6,5%-, las entidades financieras comenzaron a otorgar préstamos para vivienda con tasas más bajas que las comerciales.
Además, desde abril de 2015, con la aprobación el DS 2137, las entidades financieras no exigen un aporte inicial; ese dinero proviene de los fondos de garantía creados en el marco del citado decreto y de la Ley de Servicios Financieros, que define a la vivienda de interés social como aquella única, sin fines comerciales, cuyo valor comercial o costo final de construcción (incluido el terreno) no supere las 400 mil Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV) si es un departamento, y 460 mil UFV si es una casa.
Avance, pero con créditos bajos
Todas las entidades financieras acreditadas por la ASFI están obligadas a destinar hasta un 35% de su cartera a viviendas de interés social, por lo que el primer paso es acercarse a un banco o Fondo Financiero Privado (FFP) y entrevistarse con un agente de negocios o de crédito para solicitar un crédito de vivienda social.
De acuerdo con el Informe de Estabilidad Financiera, elaborado por el Banco Central de Bolivia, con datos a junio de 2015, entre 2013 y 2014, el porcentaje de participación de los créditos de vivienda pasó de 19,5% a 21,2 % en la cartera total de créditos.
Y de 2014 hasta junio de este año esa presencia subió a 21,8% (observe los gráficos).
Pero, hay mucha gente que alega que acceder a uno de esos créditos es un proceso lleno de trabas, sobre todo relacionadas con los documentos de los inmuebles.
Las casas o terrenos que son objeto de crédito deben ser buscados por el cliente antes de la obtención del préstamo y las entidades financiera s evalúan el valor del inmueble antes de otorgar el crédito. Por ello, las viviendas a la venta deben contar con todos los documentos legales que habiliten una primera hipoteca, además, deben estar localizadas dentro la mancha urbana.
La valuación que hacen los bancos de las propiedades y de las capacidades de repago de los solicitantes muchas veces deriva en la disminución del monto que está en expectativas de aquellos que desean un casa propia.
El gerente de marketing del Banco Mercantil Santa Cruz, Mauricio Porro Vargas, en respuesta a un cuestionario enviado por Inversión, sostiene que del total de desembolsos en vivienda social, el 39% corresponde a inmuebles con un valor comercial menor a 77.300 dólares, 44% a viviendas de hasta 115.200 dólares y el 17% a propiedades de hasta 139.475 dólares.
Empero, destaca que "el Banco Mercantil Santa Cruz hasta el momento ha superado más de 1.600 millones de bolivianos en créditos de vivienda de interés social, beneficiando a miles de familias”.
Asimismo, Banco BISA, que cuenta con amplia experiencia en la otorgación de créditos de vivienda en general, dice: "En el caso del crédito de vivienda social, no hemos tropezado con dificultades y la otorgación de préstamos sigue su curso normal”.
Con relación a la fuente laboral de los prestatarios, el gerente general de BancoSol, Kurt Koenigsfest, lanza un dato interesante: el 83% de la cartera de vivienda de interés social corresponde a clientes independientes, mientras que el 17% restante a clientes dependientes, "en consonancia con la composición general de la cartera de BancoSol”.
Se deduce que fue más fácil el acceso al crédito por parte de los trabajadores con ingresos independientes que solicitaron préstamos menores a 80.000 dólares.
Repunte desde abril
Al cierre de septiembre de 2015, Banco BISA desembolsó más de 23,4 millones de dólares en esta cartera, cuenta con cerca de 730 clientes prestatarios de créditos de vivienda social y atendió a 188 unidades familiares con créditos nuevos.
Mientras que BancoSol cerró el tercer trimestre de 2015 con una cartera de 17,7 millones de dólares en créditos de vivienda de interés social. La cifra muestra un gran crecimiento respecto de diciembre de 2014 (1,8 millones de dólares), y con relación al primer trimestre del año; en marzo de 2015 era de 3,5 millones de dólares.
"Este crecimiento se explica en gran parte por la aplicación de la estrategia de cero cuota inicial a partir de abril de 2015, como establece la normativa vigente”, sostiene gerente general de BancoSol, Kurt Koenigsfest, en sus respuestas a un cuestionario enviado por Inversión.
Según un reciente reporte de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), los créditos de vivienda de interés social subieron de 3.089 millones de bolivianos, en enero de este año, a 5.207 millones de bolivianos, en agosto, lo que representa un crecimiento de 68,5%.
Desde el lanzamiento del crédito, en julio de 2014, hasta el reciente agosto el monto creció en 3.640 millones de bolivianos. La pasada semana, la directora ejecutiva de la ASFI, Ivette Espinoza, informó que este crédito hasta agosto benefició a más de 19.500 solicitudes.
Santa Cruz y los varones
Según Porro Vargas, en el Banco Mercantil Santa Cruz "el departamento de Santa Cruz presenta la mayor cantidad de desembolsos de créditos de vivienda social a nivel nacional, seguido por los departamentos de Cochabamba y La Paz, respectivamente”.
En Banco BISA, el 23,61% de los créditos de vivienda de interés social se otorgaron en Santa Cruz, el 20,86% en Cochabamba, 19,20% en Sucre y 16,44% en La Paz.
Y en BancoSol esta cartera está concentrada en el eje troncal del país, ya que el 28% se concedió en La Paz, incluido El Alto, el 26% en Santa Cruz y el 25% en Cochabamba. Esto quiere decir que el 79% de los créditos de vivienda social están en estas cuatro regiones. "Aunque en menor proporción, este tipo de crédito también se concedió en el resto del territorio nacional: 8% en Tarija, 7% en Sucre, 2% en Oruro, 2% en Beni y 1% en Pando”, dice Koenigsfest.
Llama también la atención otro dato lanzado por BancoSol: por género, la composición de esta cartera muestra que el 59% de este tipo de préstamos fue otorgado a clientes varones y el restante 41% al sexo femenino.
La entidades financieras destacan que el porcentaje de mora en esta cartera es muy bajo, debido a los bajos intereses y cuotas cómodas. El porcentaje de mora es inferior al 1% y se debe sobre todo a los cambios en los niveles de ingresos a lo largo del plazo del préstamo.
Estrategias para acercarse a todo cliente
Pese a que los créditos de vivienda de interés social están normados en cuanto a sus tasas de interés y su presencia en la cartera de cada banco, éstos han trabajado en una serie de estrategias para atraer más clientes.
Por ejemplo, el Banco BISA lanzó en marzo de este año la plataforma virtual "Vivienda social on line” (https://vivienda.bisa.com), mediante la cual los interesados en conseguir un crédito de vivienda de interés social pueden obtener información sobre el monto al cual tienen capacidad de alcanzar, además de la cantidad de dinero fuera del crédito con la que deberá contar para los demás trámites de adquisición de un bien inmueble.
Tras llenar un breve formulario, en esa plataforma, las personas pueden incluso lograr una preaprobación de su solicitud, a la cual deberán hacer seguimiento de manera presencial, haciéndose presentes en cualquiera de las oficinas del Banco BISA.
El Banco Mercantil Santa Cruz opta por ofrecer la agilidad en el proceso, ofertas especiales para compra de viviendas en proyectos financiados por el banco y paquetes junto con otros productos. Y en cuanto a la campaña publicitaria, creó la campaña "Desinquilínate”, que funcionó muy bien en la comunicación del concepto por medios de publicidad tradicional, digitales y BTL.
BancoSol, como en el resto de sus productos crediticios, facilita a los prestatarios una red de servicios a nivel nacional para cumplir con sus obligaciones. Además, les provee servicios de banca electrónica para hacer seguimiento y pagar las cuotas de sus créditos sin apersonarse a una agencia.
Con el Decreto Supremo (DS) 1842, puesto en vigencia por el gobierno -que fija tasas de interés para viviendas sociales del 5,5%, 6% hasta 6,5%-, las entidades financieras comenzaron a otorgar préstamos para vivienda con tasas más bajas que las comerciales.
Además, desde abril de 2015, con la aprobación el DS 2137, las entidades financieras no exigen un aporte inicial; ese dinero proviene de los fondos de garantía creados en el marco del citado decreto y de la Ley de Servicios Financieros, que define a la vivienda de interés social como aquella única, sin fines comerciales, cuyo valor comercial o costo final de construcción (incluido el terreno) no supere las 400 mil Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV) si es un departamento, y 460 mil UFV si es una casa.
Avance, pero con créditos bajos
Todas las entidades financieras acreditadas por la ASFI están obligadas a destinar hasta un 35% de su cartera a viviendas de interés social, por lo que el primer paso es acercarse a un banco o Fondo Financiero Privado (FFP) y entrevistarse con un agente de negocios o de crédito para solicitar un crédito de vivienda social.
De acuerdo con el Informe de Estabilidad Financiera, elaborado por el Banco Central de Bolivia, con datos a junio de 2015, entre 2013 y 2014, el porcentaje de participación de los créditos de vivienda pasó de 19,5% a 21,2 % en la cartera total de créditos.
Y de 2014 hasta junio de este año esa presencia subió a 21,8% (observe los gráficos).
Pero, hay mucha gente que alega que acceder a uno de esos créditos es un proceso lleno de trabas, sobre todo relacionadas con los documentos de los inmuebles.
Las casas o terrenos que son objeto de crédito deben ser buscados por el cliente antes de la obtención del préstamo y las entidades financiera s evalúan el valor del inmueble antes de otorgar el crédito. Por ello, las viviendas a la venta deben contar con todos los documentos legales que habiliten una primera hipoteca, además, deben estar localizadas dentro la mancha urbana.
La valuación que hacen los bancos de las propiedades y de las capacidades de repago de los solicitantes muchas veces deriva en la disminución del monto que está en expectativas de aquellos que desean un casa propia.
El gerente de marketing del Banco Mercantil Santa Cruz, Mauricio Porro Vargas, en respuesta a un cuestionario enviado por Inversión, sostiene que del total de desembolsos en vivienda social, el 39% corresponde a inmuebles con un valor comercial menor a 77.300 dólares, 44% a viviendas de hasta 115.200 dólares y el 17% a propiedades de hasta 139.475 dólares.
Empero, destaca que "el Banco Mercantil Santa Cruz hasta el momento ha superado más de 1.600 millones de bolivianos en créditos de vivienda de interés social, beneficiando a miles de familias”.
Asimismo, Banco BISA, que cuenta con amplia experiencia en la otorgación de créditos de vivienda en general, dice: "En el caso del crédito de vivienda social, no hemos tropezado con dificultades y la otorgación de préstamos sigue su curso normal”.
Con relación a la fuente laboral de los prestatarios, el gerente general de BancoSol, Kurt Koenigsfest, lanza un dato interesante: el 83% de la cartera de vivienda de interés social corresponde a clientes independientes, mientras que el 17% restante a clientes dependientes, "en consonancia con la composición general de la cartera de BancoSol”.
Se deduce que fue más fácil el acceso al crédito por parte de los trabajadores con ingresos independientes que solicitaron préstamos menores a 80.000 dólares.
Repunte desde abril
Al cierre de septiembre de 2015, Banco BISA desembolsó más de 23,4 millones de dólares en esta cartera, cuenta con cerca de 730 clientes prestatarios de créditos de vivienda social y atendió a 188 unidades familiares con créditos nuevos.
Mientras que BancoSol cerró el tercer trimestre de 2015 con una cartera de 17,7 millones de dólares en créditos de vivienda de interés social. La cifra muestra un gran crecimiento respecto de diciembre de 2014 (1,8 millones de dólares), y con relación al primer trimestre del año; en marzo de 2015 era de 3,5 millones de dólares.
"Este crecimiento se explica en gran parte por la aplicación de la estrategia de cero cuota inicial a partir de abril de 2015, como establece la normativa vigente”, sostiene gerente general de BancoSol, Kurt Koenigsfest, en sus respuestas a un cuestionario enviado por Inversión.
Según un reciente reporte de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), los créditos de vivienda de interés social subieron de 3.089 millones de bolivianos, en enero de este año, a 5.207 millones de bolivianos, en agosto, lo que representa un crecimiento de 68,5%.
Desde el lanzamiento del crédito, en julio de 2014, hasta el reciente agosto el monto creció en 3.640 millones de bolivianos. La pasada semana, la directora ejecutiva de la ASFI, Ivette Espinoza, informó que este crédito hasta agosto benefició a más de 19.500 solicitudes.
Santa Cruz y los varones
Según Porro Vargas, en el Banco Mercantil Santa Cruz "el departamento de Santa Cruz presenta la mayor cantidad de desembolsos de créditos de vivienda social a nivel nacional, seguido por los departamentos de Cochabamba y La Paz, respectivamente”.
En Banco BISA, el 23,61% de los créditos de vivienda de interés social se otorgaron en Santa Cruz, el 20,86% en Cochabamba, 19,20% en Sucre y 16,44% en La Paz.
Y en BancoSol esta cartera está concentrada en el eje troncal del país, ya que el 28% se concedió en La Paz, incluido El Alto, el 26% en Santa Cruz y el 25% en Cochabamba. Esto quiere decir que el 79% de los créditos de vivienda social están en estas cuatro regiones. "Aunque en menor proporción, este tipo de crédito también se concedió en el resto del territorio nacional: 8% en Tarija, 7% en Sucre, 2% en Oruro, 2% en Beni y 1% en Pando”, dice Koenigsfest.
Llama también la atención otro dato lanzado por BancoSol: por género, la composición de esta cartera muestra que el 59% de este tipo de préstamos fue otorgado a clientes varones y el restante 41% al sexo femenino.
La entidades financieras destacan que el porcentaje de mora en esta cartera es muy bajo, debido a los bajos intereses y cuotas cómodas. El porcentaje de mora es inferior al 1% y se debe sobre todo a los cambios en los niveles de ingresos a lo largo del plazo del préstamo.
Estrategias para acercarse a todo cliente
Pese a que los créditos de vivienda de interés social están normados en cuanto a sus tasas de interés y su presencia en la cartera de cada banco, éstos han trabajado en una serie de estrategias para atraer más clientes.
Por ejemplo, el Banco BISA lanzó en marzo de este año la plataforma virtual "Vivienda social on line” (https://vivienda.bisa.com), mediante la cual los interesados en conseguir un crédito de vivienda de interés social pueden obtener información sobre el monto al cual tienen capacidad de alcanzar, además de la cantidad de dinero fuera del crédito con la que deberá contar para los demás trámites de adquisición de un bien inmueble.
Tras llenar un breve formulario, en esa plataforma, las personas pueden incluso lograr una preaprobación de su solicitud, a la cual deberán hacer seguimiento de manera presencial, haciéndose presentes en cualquiera de las oficinas del Banco BISA.
El Banco Mercantil Santa Cruz opta por ofrecer la agilidad en el proceso, ofertas especiales para compra de viviendas en proyectos financiados por el banco y paquetes junto con otros productos. Y en cuanto a la campaña publicitaria, creó la campaña "Desinquilínate”, que funcionó muy bien en la comunicación del concepto por medios de publicidad tradicional, digitales y BTL.
BancoSol, como en el resto de sus productos crediticios, facilita a los prestatarios una red de servicios a nivel nacional para cumplir con sus obligaciones. Además, les provee servicios de banca electrónica para hacer seguimiento y pagar las cuotas de sus créditos sin apersonarse a una agencia.
Créditos para vivienda sin cuota inicial suman $us 116 millones
Los bancos múltiples canalizaron 116 millones de dólares en créditos de vivienda de interés social sin cuota inicial y que beneficiaron a 1.806 familias, informó el viceministro de Servicios Financieros, Mario Guillén.
El Banco Mercantil Santa Cruz lidera las colocaciones, según las aprobaciones a septiembre.
"A partir de que promulgamos la norma de los fondos de garantía, gracias a los que la gente puede adquirir su vivienda sin necesidad de un aporte propio, la buena noticia es que a septiembre se desembolsaron 116 millones de dólares. El banco líder es el Mercantil Santa Cruz”, remarcó en conferencia de prensa.
De acuerdo con el informe oficial, de los 116 millones de dólares canalizados, el 65% fue otorgado por el Banco Mercantil Santa Cruz; le siguen el Banco Unión con el 12%, el Banco de Crédito con el 8% y otros en menor porcentaje (ver cuadro).
De las 1.806 operaciones avaladas, el Mercantil financió el 58%; el Unión, el 16%.
Desde el 1 de abril de este año, todos los bancos ofrecen créditos de vivienda social sin cuota inicial, en cumplimiento al Decreto Supremo 2137, que establece un aporte del 6% de sus utilidades netas para la constitución de un Fondo de Garantía de Créditos de Vivienda de Interés Social.
Sin embargo, esta modalidad de préstamo con tasas de 5,5%, 6% y 6,5% está vigente desde noviembre de 2013.
A septiembre, la cartera suma 818 millones de dólares y se benefició a 20.795 familias del país, principalmente en el departamento de Santa Cruz, que accedió al 33,3%. Le siguen Cochabamba con el 19,2% y La Paz con 18,7%.
Sólo entre enero y septiembre de este año, la aprobación de créditos de vivienda social sumó un total de 412 millones de dólares.
Destino
Según Guillén, los créditos nuevos alcanzan a 657 millones de dólares, un 42% se destinó a la compra de un bien inmueble con valor de hasta 113.600 dólares y un 41% adquirió casas o departamentos con valor inferior a 76.200 dólares
El 48% de los prestatarios prefirió adquirir una casa, el 20,7% un departamento y el 18,9% optó por construir y otros.
Además, 160 millones de dólares de los créditos fueron renegociados, con un total de 4.784 operaciones aprobadas.
El crédito productivo
Hasta septiembre, los bancos aprobaron préstamos al sector productivo por un valor de 5.094 millones de dólares, de los cuales la mayor parte se canalizó a la gran empresa productiva y le sigue la microempresa.
Por regiones, los productores de Santa Cruz pidieron prestados 2.500 millones de dólares (49,1%), los de La Paz el 22,1% y los de Cochabamba el 17,3%.
En un año, de septiembre de 2014 a similar mes de este año, la cartera destinada al sector productivo creció en un 32%, mientras que la de servicios sólo en 8,2% y la de comercio en 1,7%.
La mora apenas es de 1,5%, una de las más bajas de la región, enfatizó Guillén.
En los sectores de comercio y servicios, este indicador llega a 2,2% y 2%, respectivamente, pero en estos casos no se tiene una tasa de interés regulada.
La banca está a 300 millones de dólares de meta crediticia
El viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Mario Guillén, informó ayer que a la banca le falta colocar una cartera aproximada de 300 millones de dólares en el sector productivo y de vivienda de interés social para cumplir las metas de este año.
El límite es de 1.200 millones de dólares cada año.
"Las proyecciones están en que en estos tres meses (octubre, noviembre y diciembre) deben completar unos 300 millones de dólares entre vivienda de interés social y crédito productivo, para que los bancos puedan cumplir las metas”, informó la autoridad luego de hacer una evaluación sobre los créditos otorgados.
Para 2016, las metas que se deben cumplir son 48,5% de cartera productiva y de vivienda social para los bancos múltiples y de 41,4% para los bancos PyME.
Guillén dijo que, a agosto, la cartera de los bancos múltiples tiene un avance del 41,5%, y a fin de año deben cerrar en 42,8%. Los bancos PyME lograron 35% y deben alcanzar el 37,2%.
La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) informó la pasada semana que, en lo que va del año, al menos 13 de 17 bancos lograron cumplir con la meta de cartera para el sector productivo y de vivienda social, y que llegarán a los objetivos fijados sin ningún problema.
En esa misma fecha, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero afirmó que las financieras cumplirán los topes porque tienen buen avance.
A principios de este año, el Ministerio de Economía aprobó la Resolución 031, que dispone que los bancos múltiples alcancen en los siguientes cuatro años la meta de 60% de su cartera colocada en proyectos productivos y de vivienda social. Los bancos PyME deben llegar al 50%.
El Banco Mercantil Santa Cruz lidera las colocaciones, según las aprobaciones a septiembre.
"A partir de que promulgamos la norma de los fondos de garantía, gracias a los que la gente puede adquirir su vivienda sin necesidad de un aporte propio, la buena noticia es que a septiembre se desembolsaron 116 millones de dólares. El banco líder es el Mercantil Santa Cruz”, remarcó en conferencia de prensa.
De acuerdo con el informe oficial, de los 116 millones de dólares canalizados, el 65% fue otorgado por el Banco Mercantil Santa Cruz; le siguen el Banco Unión con el 12%, el Banco de Crédito con el 8% y otros en menor porcentaje (ver cuadro).
De las 1.806 operaciones avaladas, el Mercantil financió el 58%; el Unión, el 16%.
Desde el 1 de abril de este año, todos los bancos ofrecen créditos de vivienda social sin cuota inicial, en cumplimiento al Decreto Supremo 2137, que establece un aporte del 6% de sus utilidades netas para la constitución de un Fondo de Garantía de Créditos de Vivienda de Interés Social.
Sin embargo, esta modalidad de préstamo con tasas de 5,5%, 6% y 6,5% está vigente desde noviembre de 2013.
A septiembre, la cartera suma 818 millones de dólares y se benefició a 20.795 familias del país, principalmente en el departamento de Santa Cruz, que accedió al 33,3%. Le siguen Cochabamba con el 19,2% y La Paz con 18,7%.
Sólo entre enero y septiembre de este año, la aprobación de créditos de vivienda social sumó un total de 412 millones de dólares.
Destino
Según Guillén, los créditos nuevos alcanzan a 657 millones de dólares, un 42% se destinó a la compra de un bien inmueble con valor de hasta 113.600 dólares y un 41% adquirió casas o departamentos con valor inferior a 76.200 dólares
El 48% de los prestatarios prefirió adquirir una casa, el 20,7% un departamento y el 18,9% optó por construir y otros.
Además, 160 millones de dólares de los créditos fueron renegociados, con un total de 4.784 operaciones aprobadas.
El crédito productivo
Hasta septiembre, los bancos aprobaron préstamos al sector productivo por un valor de 5.094 millones de dólares, de los cuales la mayor parte se canalizó a la gran empresa productiva y le sigue la microempresa.
Por regiones, los productores de Santa Cruz pidieron prestados 2.500 millones de dólares (49,1%), los de La Paz el 22,1% y los de Cochabamba el 17,3%.
En un año, de septiembre de 2014 a similar mes de este año, la cartera destinada al sector productivo creció en un 32%, mientras que la de servicios sólo en 8,2% y la de comercio en 1,7%.
La mora apenas es de 1,5%, una de las más bajas de la región, enfatizó Guillén.
En los sectores de comercio y servicios, este indicador llega a 2,2% y 2%, respectivamente, pero en estos casos no se tiene una tasa de interés regulada.
La banca está a 300 millones de dólares de meta crediticia
El viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Mario Guillén, informó ayer que a la banca le falta colocar una cartera aproximada de 300 millones de dólares en el sector productivo y de vivienda de interés social para cumplir las metas de este año.
El límite es de 1.200 millones de dólares cada año.
"Las proyecciones están en que en estos tres meses (octubre, noviembre y diciembre) deben completar unos 300 millones de dólares entre vivienda de interés social y crédito productivo, para que los bancos puedan cumplir las metas”, informó la autoridad luego de hacer una evaluación sobre los créditos otorgados.
Para 2016, las metas que se deben cumplir son 48,5% de cartera productiva y de vivienda social para los bancos múltiples y de 41,4% para los bancos PyME.
Guillén dijo que, a agosto, la cartera de los bancos múltiples tiene un avance del 41,5%, y a fin de año deben cerrar en 42,8%. Los bancos PyME lograron 35% y deben alcanzar el 37,2%.
La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) informó la pasada semana que, en lo que va del año, al menos 13 de 17 bancos lograron cumplir con la meta de cartera para el sector productivo y de vivienda social, y que llegarán a los objetivos fijados sin ningún problema.
En esa misma fecha, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero afirmó que las financieras cumplirán los topes porque tienen buen avance.
A principios de este año, el Ministerio de Economía aprobó la Resolución 031, que dispone que los bancos múltiples alcancen en los siguientes cuatro años la meta de 60% de su cartera colocada en proyectos productivos y de vivienda social. Los bancos PyME deben llegar al 50%.
VIVIENDA SOCIAL Créditos llegan a 20 mil familias
Hasta septiembre de este año, las entidades de intermediación financiera (EIF) otorgaron 818 millones de dólares en créditos de vivienda de interés social (VIS) que benefició a 20.795 familias. El viceministro de Pensiones Mario Guillén, indicó que entre enero y septiembre de este año se otorgaron 412 millones de dolares en créditos de VIS. Además, en el caso de los créditos de productivos estos alcanzaron a 5.094 millones de dólares hasta septiembre. La autoridad mencionó que no se puede flexibilizar los requisitos que demandan las entidades bancarias para otorgar un crédito de VIS porque se evitar problemas a futuro. Indicó que las personas que no cuentan con los suficientes ingresos para acceder a un préstamo de VIS deben gestionar una vivienda que construye el Viceministerio de Vivienda.
El conflicto por tierras alcanza a un millón de hectáreas en la Llajta
Más de un millón de hectáreas en Cochabamba están declaradas en “conflicto” por diversos motivos, entre los que sobresalen loteamientos ilegales, tráfico y avasallamiento de tierras.
El último dato registrado en septiembre pasado da cuenta de que la extensión de hectáreas afectadas llega a 1.036.107, confirmó el director departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Víctor Hugo Claure.
“Hay una cantidad de problemas que tienen sus propias particularidades y merecen una atención diferenciada”, declaró la autoridad, para quien la falta de definición de los límites territoriales entre provincias y municipios agrava el problema.
Los conflictos más delicados, y que tienen por detrás intereses económicos importantes, se hallan en el eje metropolitano.
El denominado eje metropolitano en Cochabamba está conformado por los municipios de Cercado, Quillacollo, Vinto, Sipe Sipe, Sacaba, Tiquipaya y Colcapirhua.
Una parte sustancial del millón de hectáreas se encuentra en el eje, pero las que tienen mayor relevancia, debido a que son tierras con vocación productiva, se encuentran en los otros municipios del departamento.
“En todos hay, sin excepción, conflicto de límites y ahí está el millón de hectáreas en conflicto”, apuntó Claure.
TRÁFICO EN EL EJE
En el llamado eje metropolitano no están en juego grandes cantidades de tierras, pero de por medio existen intereses económicos significativos. El INRA, sin embargo, aún no tiene en carpeta las cifras o montos que mueve el negocio del tráfico de tierras.
En las ciudades capitales la lucha por la tierra ya no tiene como objetivo garantizar la seguridad alimentaria para la población, sino que el interés está orientado a “generar recursos económicos a través del loteamiento”, subrayó Claure.
El Comité departamental de Defensa de las Tierras Agrícolas, del Agua y la Madre Tierra tomó la palabra al INRA, y su máximo representante, Manuel Castro, denunció que la extensión de la mancha urbana, sin control y menos planificación, está “encubriendo el tráfico de tierras, pero sobre todo legalizando el loteamiento y avasallamiento de miles de hectáreas”.
“Lo que sucede, y es una regla común ahora, es que cuando los municipios deciden ampliar la mancha urbana, sin quererlo despiertan intereses oscuros y comienzan a funcionar planes para fraccionar áreas productivas”, comentó Claure.
Bajo esta lógica de cubrir con cemento vastas tierras con vocación agrícola, se está permitiendo también prácticas ilegales que lindan en los delitos criminales, alertó la autoridad.
Frente a esta situación, es urgente que el INRA, los gobiernos municipales, en coordinación con la Gobernación de Cochabamba, “hagan respetar la propiedad agraria desde Sacaba hasta Sipe Sipe”, afirmó por su lado Castro.
CONTROL SOCIAL
Para aminorar los conflictos por tierras en Cochabamba y frenar el crecimiento descontrolado de la mancha urbana, que a su vez genera el negocio lucrativo del tráfico de tierras, Claure decidió promover junto con la Asamblea Legislativa y los gobiernos municipales, seminarios de socialización para analizar el crecimiento de la población en las áreas de jurisdicción administrativa que tienen.
A raíz de esta campaña de reflexión y control social, el INRA puso al descubierto que los 47 municipios del departamento no están cumpliendo con lo que manda el Decreto Supremo 1809, que fue aprobado en 2013.
“Esa disposición nació en Cochabamba para conservar las áreas agrícolas, inclusive así hubieran sido aprobadas las manchas urbanas”, afirmó Claure.
En ese sentido, los municipios tienen la obligación de “poner un candado a esa propiedad”, subrayó tajante la autoridad.
Por lo tanto, las autoridades municipales deberían haber aprobado, hace dos años, ordenanzas y otro tipo de disposiciones normativas para evitar que la mancha urbana se expanda a costa de las tierras con vocación productiva.
“Pero lastimosamente hasta ahora las alcaldías alejaron de su competencia el fiel cumplimiento de la ley”, recalcó Claure.
Agregó que si las alcaldías hicieran su trabajo, es decir, prohibir a los propietarios de predios colectivos e individuales que tienen vocación productiva fraccionarlos, en cumplimiento de la ley, el departamento y el Estado se ahorrarían muchos problemas.
Lo que falta hacer ahora -según Claure- es informar a la gente que hay una ley que impide el crecimiento irracional de las áreas urbanas a costo de la frontera agrícola “y el Instituto Nacional de Reforma Agraria está trabajando, sistemáticamente en eso”.
La falta de planificación urbana en los municipios “es un verdadero dolor de cabeza”, por lo que urge buscar salidas y para hallar respuestas habrá que trabajar coordinadamente, propuso Claure, para quién además tendrá que haber leyes.
El último dato registrado en septiembre pasado da cuenta de que la extensión de hectáreas afectadas llega a 1.036.107, confirmó el director departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Víctor Hugo Claure.
“Hay una cantidad de problemas que tienen sus propias particularidades y merecen una atención diferenciada”, declaró la autoridad, para quien la falta de definición de los límites territoriales entre provincias y municipios agrava el problema.
Los conflictos más delicados, y que tienen por detrás intereses económicos importantes, se hallan en el eje metropolitano.
El denominado eje metropolitano en Cochabamba está conformado por los municipios de Cercado, Quillacollo, Vinto, Sipe Sipe, Sacaba, Tiquipaya y Colcapirhua.
Una parte sustancial del millón de hectáreas se encuentra en el eje, pero las que tienen mayor relevancia, debido a que son tierras con vocación productiva, se encuentran en los otros municipios del departamento.
“En todos hay, sin excepción, conflicto de límites y ahí está el millón de hectáreas en conflicto”, apuntó Claure.
TRÁFICO EN EL EJE
En el llamado eje metropolitano no están en juego grandes cantidades de tierras, pero de por medio existen intereses económicos significativos. El INRA, sin embargo, aún no tiene en carpeta las cifras o montos que mueve el negocio del tráfico de tierras.
En las ciudades capitales la lucha por la tierra ya no tiene como objetivo garantizar la seguridad alimentaria para la población, sino que el interés está orientado a “generar recursos económicos a través del loteamiento”, subrayó Claure.
El Comité departamental de Defensa de las Tierras Agrícolas, del Agua y la Madre Tierra tomó la palabra al INRA, y su máximo representante, Manuel Castro, denunció que la extensión de la mancha urbana, sin control y menos planificación, está “encubriendo el tráfico de tierras, pero sobre todo legalizando el loteamiento y avasallamiento de miles de hectáreas”.
“Lo que sucede, y es una regla común ahora, es que cuando los municipios deciden ampliar la mancha urbana, sin quererlo despiertan intereses oscuros y comienzan a funcionar planes para fraccionar áreas productivas”, comentó Claure.
Bajo esta lógica de cubrir con cemento vastas tierras con vocación agrícola, se está permitiendo también prácticas ilegales que lindan en los delitos criminales, alertó la autoridad.
Frente a esta situación, es urgente que el INRA, los gobiernos municipales, en coordinación con la Gobernación de Cochabamba, “hagan respetar la propiedad agraria desde Sacaba hasta Sipe Sipe”, afirmó por su lado Castro.
CONTROL SOCIAL
Para aminorar los conflictos por tierras en Cochabamba y frenar el crecimiento descontrolado de la mancha urbana, que a su vez genera el negocio lucrativo del tráfico de tierras, Claure decidió promover junto con la Asamblea Legislativa y los gobiernos municipales, seminarios de socialización para analizar el crecimiento de la población en las áreas de jurisdicción administrativa que tienen.
A raíz de esta campaña de reflexión y control social, el INRA puso al descubierto que los 47 municipios del departamento no están cumpliendo con lo que manda el Decreto Supremo 1809, que fue aprobado en 2013.
“Esa disposición nació en Cochabamba para conservar las áreas agrícolas, inclusive así hubieran sido aprobadas las manchas urbanas”, afirmó Claure.
En ese sentido, los municipios tienen la obligación de “poner un candado a esa propiedad”, subrayó tajante la autoridad.
Por lo tanto, las autoridades municipales deberían haber aprobado, hace dos años, ordenanzas y otro tipo de disposiciones normativas para evitar que la mancha urbana se expanda a costa de las tierras con vocación productiva.
“Pero lastimosamente hasta ahora las alcaldías alejaron de su competencia el fiel cumplimiento de la ley”, recalcó Claure.
Agregó que si las alcaldías hicieran su trabajo, es decir, prohibir a los propietarios de predios colectivos e individuales que tienen vocación productiva fraccionarlos, en cumplimiento de la ley, el departamento y el Estado se ahorrarían muchos problemas.
Lo que falta hacer ahora -según Claure- es informar a la gente que hay una ley que impide el crecimiento irracional de las áreas urbanas a costo de la frontera agrícola “y el Instituto Nacional de Reforma Agraria está trabajando, sistemáticamente en eso”.
La falta de planificación urbana en los municipios “es un verdadero dolor de cabeza”, por lo que urge buscar salidas y para hallar respuestas habrá que trabajar coordinadamente, propuso Claure, para quién además tendrá que haber leyes.
martes, 20 de octubre de 2015
Traficantes de tierras actúan con impunidad en 48 comunidades
Al menos 48 comunidades de Cochabamba tienen problemas de tráfico, avasallamientos y loteamientos de tierras, según un informe del Comité Departamental de Defensa de las Tierras Agrícolas, del Agua y la Madre Tierra.
La directiva de esta organización envió al presidente Evo Morales, el pasado 11 de septiembre, una carta en la que le informan sobre esta situación.
Asimismo, en la misiva le dan a conocer una resolución de ampliado, en el que solicitan, entre otras cosas, la realización de una auditoría al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), a la brevedad posible.
El presidente del Comité, Manuel Castro, informó que en los últimos meses inició acciones concretas de persecución legal para identificar, con nombre y apellido, a los traficantes y loteadores de tierras.
AFECTADAS
Las comunidades indígenas-originarias de Cochabamba que tienen problemas de avasallamiento, tráfico y loteamientos de predios son la Hacienda Falsuri, Potrero, Paucarpata, Marquina, El Paso, Cuachaca, Charinco, Tiamoko, Vargas Linde, Laderas, Chancarcullo.
Se encuentran también involucrados Vila Vila, Pirwas, Salauis-Convento, Molle Molle, Caico, Pucarita, Maica, Higuerani, Alba Rancho, Área Subcentral Azirumarca.
En la lista están también Pucara, Arrumani, Pampa San Miguel, Tamborada, Puntiti, Mesa Pata, Korihuma, Mollocota, Buena Vista, Tuskapujllo, Área Subcentral Lava Lava, San Juan de Liquinas.
San Lorenzo, zona norte de Tolata, Carcaje, Vía Rancho, Villa Copacabana, Paracaya, Blanco Rancho, Illataco, Caviloma, Subcentral Esmeralda Sud, Chullapamogo, Puntiti Chico y Puntiti Grande, completan la nómina de comunidades con problemas serios de loteamientos, refiere el documento de denuncia que fue enviado al Jefe de Estado.
SEGUIMIENTO
La organización campesina departamental precisó que está esperando respuestas del presidente Evo Morales.
“Cada caso que tiene denuncia concreta está siendo monitoreado y sujeto a decisiones administrativas”, declaró el viceministro de Tierras, Jhonny Cordero, a modo de anticipar respuestas a las denuncias que hizo el Comité Departamental de Defensa de la Tierra.
La autoridad agregó que en el tema de avasallamientos, hay denuncias que se están procesando.
“En Cochabamba no son muchas”, acotó Cordero, para quien los problemas de avasallamientos, tráfico de tierras y asentamientos ilegales se resumen en los problemas que existen en la Cota 2.750, que es el límite físico para la expansión de la mancha urbana de los municipios sobre el Parque Nacional Tunari.
Las apreciaciones del Viceministro fueron, sin embargo, refutadas por el Comité de Defensa de las Tierras Agrícolas.
Varios dirigentes que forman parte de la entidad señalaron en el documento de denuncia, que ahora está en manos del Presidente, que “...los alcaldes, el INRA, los fiscales, así como los jueces agroambientales deben actuar con severidad para procesar y perseguir penalmente a loteadores que son de conocimiento de las autoridades...”
En esta misma línea, el Comité exigió al Presidente disponer, lo antes posible, a través de la Contraloría General del Estado, una auditoría al INRA y a los municipios que se hallan comprometidos con el Parque Nacional Tunari.
Los dirigentes justificaron la petición indicando que “...las autoridades deben dar cuenta de lo que hicieron porque manejan y administran las tierras en el departamento...”
En respuesta, el director del INRA Cochabamba, Víctor Claure, aseguró que la entidad está desplegando esfuerzos para atender los problemas que existen de avasallamiento, tráfico de tierras y loteamientos”.
“No es que estemos haciendo mal nuestro trabajo, sino que no todo lo que hacemos deja contentos a todos. Muchas veces generamos con nuestras decisiones molestias e incomodidades, pero todo está orientado a cumplir la ley”, puntualizó.
FISCALÍA
El Comité de Defensa solicitó también al presidente Evo Morales la creación de una Fiscalía de Tierras para que se pueda ejercitar un control riguroso y serio al manejo y uso de los suelos. Esa instancia debe estar integrada por fiscales, alcaldes y otras autoridades.
La directiva de esta organización envió al presidente Evo Morales, el pasado 11 de septiembre, una carta en la que le informan sobre esta situación.
Asimismo, en la misiva le dan a conocer una resolución de ampliado, en el que solicitan, entre otras cosas, la realización de una auditoría al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), a la brevedad posible.
El presidente del Comité, Manuel Castro, informó que en los últimos meses inició acciones concretas de persecución legal para identificar, con nombre y apellido, a los traficantes y loteadores de tierras.
AFECTADAS
Las comunidades indígenas-originarias de Cochabamba que tienen problemas de avasallamiento, tráfico y loteamientos de predios son la Hacienda Falsuri, Potrero, Paucarpata, Marquina, El Paso, Cuachaca, Charinco, Tiamoko, Vargas Linde, Laderas, Chancarcullo.
Se encuentran también involucrados Vila Vila, Pirwas, Salauis-Convento, Molle Molle, Caico, Pucarita, Maica, Higuerani, Alba Rancho, Área Subcentral Azirumarca.
En la lista están también Pucara, Arrumani, Pampa San Miguel, Tamborada, Puntiti, Mesa Pata, Korihuma, Mollocota, Buena Vista, Tuskapujllo, Área Subcentral Lava Lava, San Juan de Liquinas.
San Lorenzo, zona norte de Tolata, Carcaje, Vía Rancho, Villa Copacabana, Paracaya, Blanco Rancho, Illataco, Caviloma, Subcentral Esmeralda Sud, Chullapamogo, Puntiti Chico y Puntiti Grande, completan la nómina de comunidades con problemas serios de loteamientos, refiere el documento de denuncia que fue enviado al Jefe de Estado.
SEGUIMIENTO
La organización campesina departamental precisó que está esperando respuestas del presidente Evo Morales.
“Cada caso que tiene denuncia concreta está siendo monitoreado y sujeto a decisiones administrativas”, declaró el viceministro de Tierras, Jhonny Cordero, a modo de anticipar respuestas a las denuncias que hizo el Comité Departamental de Defensa de la Tierra.
La autoridad agregó que en el tema de avasallamientos, hay denuncias que se están procesando.
“En Cochabamba no son muchas”, acotó Cordero, para quien los problemas de avasallamientos, tráfico de tierras y asentamientos ilegales se resumen en los problemas que existen en la Cota 2.750, que es el límite físico para la expansión de la mancha urbana de los municipios sobre el Parque Nacional Tunari.
Las apreciaciones del Viceministro fueron, sin embargo, refutadas por el Comité de Defensa de las Tierras Agrícolas.
Varios dirigentes que forman parte de la entidad señalaron en el documento de denuncia, que ahora está en manos del Presidente, que “...los alcaldes, el INRA, los fiscales, así como los jueces agroambientales deben actuar con severidad para procesar y perseguir penalmente a loteadores que son de conocimiento de las autoridades...”
En esta misma línea, el Comité exigió al Presidente disponer, lo antes posible, a través de la Contraloría General del Estado, una auditoría al INRA y a los municipios que se hallan comprometidos con el Parque Nacional Tunari.
Los dirigentes justificaron la petición indicando que “...las autoridades deben dar cuenta de lo que hicieron porque manejan y administran las tierras en el departamento...”
En respuesta, el director del INRA Cochabamba, Víctor Claure, aseguró que la entidad está desplegando esfuerzos para atender los problemas que existen de avasallamiento, tráfico de tierras y loteamientos”.
“No es que estemos haciendo mal nuestro trabajo, sino que no todo lo que hacemos deja contentos a todos. Muchas veces generamos con nuestras decisiones molestias e incomodidades, pero todo está orientado a cumplir la ley”, puntualizó.
FISCALÍA
El Comité de Defensa solicitó también al presidente Evo Morales la creación de una Fiscalía de Tierras para que se pueda ejercitar un control riguroso y serio al manejo y uso de los suelos. Esa instancia debe estar integrada por fiscales, alcaldes y otras autoridades.
Mercado de tierras mueve $us 750 millones en la Llajta
Los municipios de Cercado, Sacaba, Tiquipaya, Quillacollo, Vinto y Sipe Sipe concentran los mayores niveles de tráfico ilegal de tierras. El metro cuadrado de terreno supera en algunos sectores los 500 dólares. Para frenar el accionar de los avasalladores, varias comunidades organizaron brigadas de control social en la región metropolitana del departamento.
La cifra es millonaria. El negocio de tierras en Cochabamba movió aproximadamente 750 millones de dólares en el último lustro. Así lo puso al descubierto el asesor de Gestión de Desarrollo de la Región Metropolitana de la Gobernación, Omar Fernández.
“El monto que se maneja en Cochabamba, en la venta de lotes, es de aproximadamente 750 millones de dólares y es el resultado de un estudio que hizo una institución privada sobre temas especializados, llamada Ceres”, declaró Fernández.
El Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) es una entidad sin fines de lucro, que se dedica a realizar actividades de investigación especializada, según los antecedentes que existen sobre esta entidad.
Bajo el título “El mercado de tierras e inmobiliario de Cochabamba, Región Metropolitana”, Alberto Rivera, investigador y autor del estudio, llegó a la conclusión de que el capital que se mueve en los municipios del llamado eje metropolitano, conformado por Cercado, Quillacollo, Colcapirhua, Tiquipaya, Vinto, Sipe Sipe y Sacaba llega a los 198 millones de dólares, solo por la comercialización de tierras.
El monto sube a 750 millones de dólares cuando se trata de ofrecer, además, casas y departamentos, apuntó el investigador.
LA TIERRA BRILLA
En este millonario negocio, los municipios de Cercado, Sacaba, Tiquipaya, Quillacollo, Vinto y Sipe Sipe son los que concentran la mayor cantidad de tierras sujetas al comercio legal o ilegal en el departamento, pero también es donde giran los montos más altos de dinero, señaló Rivera.
En este sentido, con montos de capital superior a los 150 millones de dólares, las tierras que existen en el municipio de Cercado imponen precio y poder en la región.
Luego están Tiquipaya con 22.2 millones, Sacaba con 12.8 millones, Quillacollo con 11.9 millones y finalmente Sipe Sipe y Vinto con 731 mil dólares en conjunto, concluyó Rivera en su estudio y que ahora es para la Gobernación un referente sobre el cual está armando una estrategia de defensa de las áreas agrícolas del departamento.
En cuanto a precios por metro cuadrado, los números también son elevados. Así por ejemplo, en Cercado el metro cuadrado de terreno oscila entre los 50 y 500 dólares.
La situación es diferente en Sacaba, donde los precios suben hasta 73 dólares, en Quillacollo 82 y en Tiquipaya 80 dólares.
Finalmente están Vinto y Sipe Sipe, donde el metro cuadrado fluctúa entre los 25 a 45 dólares.
PRIMER LUGAR
Debido a estos antecedentes, Cochabamba se ha convertido en el primer departamento con ventas millonarias de tierras, señaló Fernández.
“Tiene los mayores niveles de oferta de lotes a nivel nacional”, apuntó el funcionario.
Este negocio millonario involucra miles de hectáreas, familias de sectores sociales, en su mayoría de escasos recursos económicos, y lo más grave es que compromete la seguridad alimentaria de la región, debido a que muchas de las tierras que se subastan en el mercado tienen vocación agrícola.
“Definitivamente es un mercado neoliberal, casi perfecto, funciona bajo las reglas de la oferta y la demanda, pero además el capital que mueve es ficticio, no es productivo. Los recursos económicos en circulación provienen de fuentes irregulares, donde la pobreza generalizada obliga a buscar oportunidades para crear capital, muchas veces sobre la base de estafas y estelionatos”, comentó el investigador del Ceres.
Este mercado de tierras funciona bajo una economía capitalista salvaje, sin apego a normas éticas y está creando una burbuja inmobiliaria, con una especulación incontrolada que en un futuro próximo puede generar en el país, una crisis socio-económica, como la que ha ocurrido en Estados Unidos y España, alertó Rivera.
Otro asunto de importancia cardinal tiene que ver con el origen de los precios millonarios.
Para el investigador, es difícil hallar una respuesta específica al respecto, sin embargo, afirma que el negocio mueve sumas millonarias porque involucra a diversos sectores sociales provenientes de diferentes condiciones económicas.
“Las ganancias y los precios dependen de expectativas personales de los propietarios”, subrayó Rivera y Omar Fernández lo certificó.
La cifra es millonaria. El negocio de tierras en Cochabamba movió aproximadamente 750 millones de dólares en el último lustro. Así lo puso al descubierto el asesor de Gestión de Desarrollo de la Región Metropolitana de la Gobernación, Omar Fernández.
“El monto que se maneja en Cochabamba, en la venta de lotes, es de aproximadamente 750 millones de dólares y es el resultado de un estudio que hizo una institución privada sobre temas especializados, llamada Ceres”, declaró Fernández.
El Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) es una entidad sin fines de lucro, que se dedica a realizar actividades de investigación especializada, según los antecedentes que existen sobre esta entidad.
Bajo el título “El mercado de tierras e inmobiliario de Cochabamba, Región Metropolitana”, Alberto Rivera, investigador y autor del estudio, llegó a la conclusión de que el capital que se mueve en los municipios del llamado eje metropolitano, conformado por Cercado, Quillacollo, Colcapirhua, Tiquipaya, Vinto, Sipe Sipe y Sacaba llega a los 198 millones de dólares, solo por la comercialización de tierras.
El monto sube a 750 millones de dólares cuando se trata de ofrecer, además, casas y departamentos, apuntó el investigador.
LA TIERRA BRILLA
En este millonario negocio, los municipios de Cercado, Sacaba, Tiquipaya, Quillacollo, Vinto y Sipe Sipe son los que concentran la mayor cantidad de tierras sujetas al comercio legal o ilegal en el departamento, pero también es donde giran los montos más altos de dinero, señaló Rivera.
En este sentido, con montos de capital superior a los 150 millones de dólares, las tierras que existen en el municipio de Cercado imponen precio y poder en la región.
Luego están Tiquipaya con 22.2 millones, Sacaba con 12.8 millones, Quillacollo con 11.9 millones y finalmente Sipe Sipe y Vinto con 731 mil dólares en conjunto, concluyó Rivera en su estudio y que ahora es para la Gobernación un referente sobre el cual está armando una estrategia de defensa de las áreas agrícolas del departamento.
En cuanto a precios por metro cuadrado, los números también son elevados. Así por ejemplo, en Cercado el metro cuadrado de terreno oscila entre los 50 y 500 dólares.
La situación es diferente en Sacaba, donde los precios suben hasta 73 dólares, en Quillacollo 82 y en Tiquipaya 80 dólares.
Finalmente están Vinto y Sipe Sipe, donde el metro cuadrado fluctúa entre los 25 a 45 dólares.
PRIMER LUGAR
Debido a estos antecedentes, Cochabamba se ha convertido en el primer departamento con ventas millonarias de tierras, señaló Fernández.
“Tiene los mayores niveles de oferta de lotes a nivel nacional”, apuntó el funcionario.
Este negocio millonario involucra miles de hectáreas, familias de sectores sociales, en su mayoría de escasos recursos económicos, y lo más grave es que compromete la seguridad alimentaria de la región, debido a que muchas de las tierras que se subastan en el mercado tienen vocación agrícola.
“Definitivamente es un mercado neoliberal, casi perfecto, funciona bajo las reglas de la oferta y la demanda, pero además el capital que mueve es ficticio, no es productivo. Los recursos económicos en circulación provienen de fuentes irregulares, donde la pobreza generalizada obliga a buscar oportunidades para crear capital, muchas veces sobre la base de estafas y estelionatos”, comentó el investigador del Ceres.
Este mercado de tierras funciona bajo una economía capitalista salvaje, sin apego a normas éticas y está creando una burbuja inmobiliaria, con una especulación incontrolada que en un futuro próximo puede generar en el país, una crisis socio-económica, como la que ha ocurrido en Estados Unidos y España, alertó Rivera.
Otro asunto de importancia cardinal tiene que ver con el origen de los precios millonarios.
Para el investigador, es difícil hallar una respuesta específica al respecto, sin embargo, afirma que el negocio mueve sumas millonarias porque involucra a diversos sectores sociales provenientes de diferentes condiciones económicas.
“Las ganancias y los precios dependen de expectativas personales de los propietarios”, subrayó Rivera y Omar Fernández lo certificó.
lunes, 19 de octubre de 2015
“En 2030, el 70% de la gente va a vivir en las ciudades”
CAPITALES (C). ¿Qué rubros aconsejaría impulsar para generar desarrollo en la economía de las provincias?
David Torres (DT). Yo aconsejaría desarrollar tres rubros fuerza por región, para repetir la experiencia de los Lípez, por ejemplo, que impulsaron la quinua, los camélidos y el turismo. En el Chaco chuquisaqueño puede ser el queso chaqueño, la miel y los cultivos de cereales o el ganado.
Hablaba con el Gerente de la Mancomunidad Chuquisaca Centro y le decía que yo entro a Padilla o El Villar y no encuentro, como ícono, unos cántaros de chicha o el ají, algo que identifique a la región. O sea, ¿cuál es el escudo de esta zona? No hay. Claro, no es cuestión de escudos, sino de marca. ¿Cuál es la marca de Chuquisaca Centro? ¿Y de las demás regiones?
Desde mi experiencia, para generar desarrollo económico en una región se debe tener sentido de pertenencia, de los habitantes y de su propia producción, que les identifique.
C. ¿Cómo se puede dinamizar un municipio como Sucre, que está cada vez más ruralizado?
DT. Lo primero es el sinceramiento: Yo creo que en los siguientes 40 años, Sucre no va a tener otras industrias, no va a tener cuatro o 10 Fancesa. Hay mucho emprendedurismo familiar y debería generarse una articulación urbana-rural. Porque, ¿qué vamos a hacer con toda la gente que ha llegado a la ciudad? Definitivamente, Sucre puede ser una ciudad de servicios muy interesante, pero si generamos esa capacidad.
¿Qué podemos ofrecer como ciudad? Mucha gente cuando viene dice “me gusta lo colonial, la tranquilidad”, pero si seguimos atiborrando la ciudad de motorizados, será lindo pero no valdrá la pena estar mucho tiempo aquí. Se convertirá en una locura.
Entonces, yo creo que se puede incentivar la microempresa, pequeñas iniciativas desde la alimentación; por ejemplo, apoyar la agricultura orgánica para pequeños productores en las zonas periurbanas, o generar toda una red de comida sana, de agricultura urbana, orgánica y de consumo responsable, que podría dar trabajo a los jóvenes. Para esto, la Alcaldía debería promover incentivos, por ejemplo, rebajando impuestos; mientras el municipio cierra los ojos a este tipo de emprendimientos, es bien difícil, porque seguimos estancados en el turismo, los chocolates y los sombreros.
C. Chuquisaca tiene las condiciones para producir sus propios alimentos, pero los importa. ¿Hay una fórmula para cambiar esta situación?
DT. Es preocupante. En Bolivia se importa limón, papa, cebolla... ¡un país productor como el nuestro está importando alimentos! El ají que tenemos en Bolivia ya no es solamente boliviano, sino peruano. Hemos llegado a extremos.
Yo creo que tenemos que desmitificar algunas cosas. A muchos les atormenta la idea de que Bolivia sea cada vez más urbana que rural; la realidad es que mucha gente del campo se ha ido a las ciudades, donde trabajan como mano de obra barata, y no hay quién produzca. Y la tendencia es que las ciudades se urbanicen todavía más: en 2030, yo le aseguro que el 70% de la gente va a estar viviendo en las ciudades. El problema es que tenemos un contrasentido: hay demasiada inversión en el área rural para muy poca gente. Se ha puesto demasiada infraestructura en el área rural cuando en las áreas periurbanas no tenemos; hay más problemas de saneamiento en el área periurbana que en algunas comunidades rurales. Entonces, tenemos que cambiar el chip, reconocer que así va a hacer.
"Hay mucho emprendedurismo familiar y debería generarse una articulación urbana-rural (...) Sucre puede ser una ciudad de servicios muy interesante, pero si generamos esa capacidad".
C. Entonces, ¿qué hacer a nivel periurbano y en el área rural?
DT. Yo diría que en el área periurbana hay que concentrarse en los servicios básicos, posiblemente en agricultura urbana con un programa serio. Y a nivel rural, inversión inteligente, en el sentido de que debemos impulsar la producción que genere utilidad.
En Río Chico se producían varios productos, por ejemplo palta. Se ha convertido en lugar de descanso pero, ¿quién reemplaza a Río Chico? Nadie. Entonces, cada vez la palta es más cara porque ya no hay quién la produzca. Si en cada región no tenemos un programa que reactive las unidades abandonadas, que generen utilidad… Mire, yo estoy convencido de que si un rubro no genera utilidad, va a ser dejado. La gente tiene que ganar plata, tiene que vivir de algo. Y las pequeñas parcelas no dan.
Primero hay que sincerarnos, reconocer que va a haber menos gente en el área rural y, después, tecnificar para tener más producción.
C. Viendo esa tendencia, ¿se puede hablar de una agricultura en vías de extinción?
DT. Con una tendencia de la migración, es evidente. En el mundo, estamos hablando de ver si podemos comer insectos, porque no hay capacidad productiva. El problema del agua es mortal, y Chuquisaca y Bolivia no están exentos. Lo de la agricultura es un problema global, nuestra dependencia de importación de alimentos es cada vez mayor: en un rubro avanzamos y en otros disminuimos.
"El problema es que tenemos un contrasentido: hay demasiada inversión en el área rural para muy poca gente, se ha puesto demasiada infraestructura en el área rural cuando en las áreas periurbanas no tenemos".
C. ¿Qué opina del funcionamiento actual de las OECAs?
DT. Ha sido interesante el proceso de conformación de las Organizaciones Económicas Campesinas (OECAs), pero hay que ver extremos. Hay OECAs que se han hecho famosas en base a la subvención: veinte años de subvención y la OECA producía y exportaba; se cayó la subvención, ya sea estatal o externa, y se cayó también la OECA.
La OECA es un intermedio entre una empresa que paga impuesto y una organización social, y algunas organizaciones campesinas tuvieron dificultades a la hora de vender los productos porque no podían facturar, no estaban normalizadas; y, en el momento de normalizarse, empezaban a tener otro tipo de gastos y no tenían mucha rentabilidad.
En el global, se ha avanzado. En el caso de Chuquisaca, se ha apoyado a una gran cantidad de OECAs y han sobrevivido las que más experticia desarrollaron. En Chuquisaca Centro, por ejemplo, hay OECAs que se han logrado especializar en ají y en otros rubros. Pero, yo pienso que la OECA no debe solamente especializarse en un solo rubro porque pierde precio y la OECA hasta ahí llegó. Entonces, siempre debe estar en la innovación, en generar valor agregado, en otro tipo de cultivos, pendiente del mercado. El ejercicio de agruparse como OECA debe quedar, no solamente regirse a un rubro sino el ejercicio de organizarse, producir y comercializar.
C. Usted es miembro de la Asamblea General de la Fundación Nor Sud, ¿cuál es su criterio respecto a las nuevas relaciones del Gobierno con las organizaciones no gubernamentales? ¿Las ONG no son más necesarias en Bolivia?
DT. Yo creo que tenemos que ver dos cosas: oportunidad y temporalidad. Hace 20 años el Estado no llegaba a las comunidades y entonces la sociedad organizada atendía este tipo de demandas comunales, regionales; suplía al Estado. Pero, a partir de 2006 es el Estado el que empieza a manifestarse en todas las regiones. Incluso antes, en 1994, con la Participación Popular, el Estado se aproxima a las secciones municipales y empieza a generar desarrollo local, comenzando con salud y educación, y entonces las ONG van reforzando esa parte, pero ya no como principal labor.
En este nuevo escenario, el Estado ocupa casi todos los rubros. ¿Qué les toca a las ONG? Yo creo que hay temáticas que el Estado no está viendo, por ejemplo derechos de la niñez, discriminación de la mujer, violencia intrafamiliar. Yo creo que el rol de las ONG, obviamente, se ha reducido porque el Estado ocupa su lugar y está bien, me parece interesante.
Ahora, debe haber un grado de maduración de las ONG para cumplir un nuevo rol, de acompañamiento, de viabilizar la misma inversión a nivel municipal: tenemos algunos municipios que no logran ejecutar sus presupuestos. Creo que el nuevo escenario es aliarse, utilizar la capacidad instalada de las ONG, ejecutar recursos que el Gobierno no puede ejecutar de una manera más rápida.
Obviamente hay resistencia, todavía nos gusta a las ONG hacer lo que hacíamos hace 20 años; es nuestra experticia, sabemos hacerlo, pero creo que hay otro escenario político y económico.
viernes, 16 de octubre de 2015
Notifican a construcciones ilegales cercanas al aeropuerto
Efectivos policiales, a la cabeza del subalcalde del Distrito 4, Reynaldo Cruz, realizaron ayer la notificación conminatoria a los supuestos dueños de lotes que se asentaron de manera ilegal en sectores próximos al aeropuerto, donde además existen construcciones clandestinas que serán demolidas, según anunció la asesora legar de la Subalcaldía, Jenny Conde.
“Están empezando a construir viviendas con ladrillo y cemento por personas que desconocemos los nombres, por lo cual se les está realizando la notificación obligatoria, porque no están legalmente establecidos y por lo tanto estamos yendo a la autorización de la construcción y que ésta entidad edil es la única competente para la autorización para cualquier tipo de construcción”, aseveró Conde.
En la oportunidad, aproximadamente 150 personas fueron notificadas, dejando cedulones en las puertas de las construcciones clandestinas con resguardo de la Policía, porque anteriores procesos las autoridades de la Subalcaldía fueron agredidas físicamente por estos supuestos dueños.
Según información de la asesora legal, la extensión asentada de manera ilegal sería aproximadamente 160 mil metros cuadrados, que consiste en seis sectores.
“Están empezando a construir viviendas con ladrillo y cemento por personas que desconocemos los nombres, por lo cual se les está realizando la notificación obligatoria, porque no están legalmente establecidos y por lo tanto estamos yendo a la autorización de la construcción y que ésta entidad edil es la única competente para la autorización para cualquier tipo de construcción”, aseveró Conde.
En la oportunidad, aproximadamente 150 personas fueron notificadas, dejando cedulones en las puertas de las construcciones clandestinas con resguardo de la Policía, porque anteriores procesos las autoridades de la Subalcaldía fueron agredidas físicamente por estos supuestos dueños.
Según información de la asesora legal, la extensión asentada de manera ilegal sería aproximadamente 160 mil metros cuadrados, que consiste en seis sectores.
martes, 13 de octubre de 2015
Gobierno impulsa ocho programas de vivienda
Ocho programas orientados a reducir el déficit habitacional cualitativo y cuantitativo, tanto en el área rural como en el urbano, son ejecutados por el Gobierno a través de la Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda).
De acuerdo a esta institución, dependiente del Viceministerio de Vivienda, el programa Comunidades Urbanas está orientado a la edificación de condominios o bloques multifamiliares en las ciudades con la participación del empresariado privado.
El acceso a estas soluciones habitacionales será mediante la modalidad de créditos.
Asimismo, está en curso el plan Mixturita dirigido a aquellas personas que cuentan con un terreno propio, pero que no tienen recursos para instalar una casa, el mismo que puede ser financiado por la AEVivienda, la banca privada o el propietario.
Otro programa es la Construcción de Vivienda Nueva en Terreno Propio por Ayuda Mútua en “Cooperativas de Vivienda”. Este consiste en que las cooperativas de vivienda acceden a un terreno de forma colectiva, para el cual la AEVivienda interviene con financiamiento para los materiales de construcción, capacitación y asistencia técnica.
Para el sector rural se aplican los programas; Comunidad Rural, Mejoramiento o Ampliación de Vivienda Rural, y Renovación de Vivienda Rural. En el caso del primero intervienen los gobiernos municipales y departamentales, para el segundo plan este debe ser gestionado de manera colectiva (comunidad). Para el tercer caso la ayuda se orienta a las casas con alto deterioro o que representan un serio riesgo para las familias.
Por último, están los programas Construcción de Vivienda Nueva Urbana que es construido por la AEVivienda y luego ofertado a las familias de forma pública; asimismo, está el plan Mejoramiento Ampliación y Renovación Urbana para mejorar la calidad de vida en las ciudades.
De acuerdo a esta institución, dependiente del Viceministerio de Vivienda, el programa Comunidades Urbanas está orientado a la edificación de condominios o bloques multifamiliares en las ciudades con la participación del empresariado privado.
El acceso a estas soluciones habitacionales será mediante la modalidad de créditos.
Asimismo, está en curso el plan Mixturita dirigido a aquellas personas que cuentan con un terreno propio, pero que no tienen recursos para instalar una casa, el mismo que puede ser financiado por la AEVivienda, la banca privada o el propietario.
Otro programa es la Construcción de Vivienda Nueva en Terreno Propio por Ayuda Mútua en “Cooperativas de Vivienda”. Este consiste en que las cooperativas de vivienda acceden a un terreno de forma colectiva, para el cual la AEVivienda interviene con financiamiento para los materiales de construcción, capacitación y asistencia técnica.
Para el sector rural se aplican los programas; Comunidad Rural, Mejoramiento o Ampliación de Vivienda Rural, y Renovación de Vivienda Rural. En el caso del primero intervienen los gobiernos municipales y departamentales, para el segundo plan este debe ser gestionado de manera colectiva (comunidad). Para el tercer caso la ayuda se orienta a las casas con alto deterioro o que representan un serio riesgo para las familias.
Por último, están los programas Construcción de Vivienda Nueva Urbana que es construido por la AEVivienda y luego ofertado a las familias de forma pública; asimismo, está el plan Mejoramiento Ampliación y Renovación Urbana para mejorar la calidad de vida en las ciudades.
sábado, 10 de octubre de 2015
Factores que influyen en el costo de la vivienda en Sucre
La economía nacional mostró una evolución positiva en el crecimiento del PIB a lo largo de los últimos años, con tasas de crecimiento en torno al 5% en los últimos tres años, denotando una relativa bonanza en la población en general. Así, en el último quinquenio se tuvo un periodo económico positivo debido, en gran medida, a las condiciones favorables del contexto internacional en cuanto al precio de materias primas.
Estas condiciones permitieron grandes valores en exportaciones tradicionales y también no tradicionales, lo que hizo posible financiar mayores niveles de importación y gasto interno en bienes de consumo y en construcción, respondiendo al aumento de la demanda agregada.
De igual modo, se verificó un alto nivel de remesas enviadas por los emigrantes nacionales; a pesar de la fuerte crisis económica que golpeó —y golpea aún— a Europa y EEUU, están en recuperación. Por otra parte, las reservas internacionales netas alcanzaron un valor cercano a los $us 14.000 millones.
En ese contexto, la construcción —un rubro multiplicador para la economía, con influencia en la generación de empleo directo e indirecto, pago de impuestos y sectores como el comercio, industria, servicios financieros, transporte, seguros, etc.— sigue con buen paso, mostrando un crecimiento constante positivo en los últimos años.
Datos del INE referidos a los permisos de construcción aprobados en las distintas ciudades capitales evidencian ese crecimiento, destacándose como los departamentos más dinámicos Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, aunque Chuquisaca registró un gran ascenso en 2012.
En 2014, en el Registro de Comercio de Bolivia estaban inscritas 17.956 empresas que se dedican a la construcción, de las que el 60% se concentran en el eje (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz). El crecimiento de las empresas inmobiliarias también es constante: de 446 en 2011 subió a 659 en 2012 y a 1.136 en 2013.
Según cálculos estimativos, la construcción mueve a nivel nacional a casi 500 mil personas como mano de obra directa y 1,5 millones de forma indirecta, de distintos sectores.
El Censo de Población y Vivienda 2012 reveló que la población tuvo mayor tendencia a contar con viviendas propias: se registraron 1.969.071 dentro de esa categoría frente a las 1.321.428 contabilizadas en 2001, sin que por ello se puedan dejar de lado las categorías de alquiler (448.326) y anticrético – mixto (97.179), que son también bastante requeridas por los bolivianos.
Estas cifras muestran el gran potencial que existe en el sector inmobiliario, lo que llevó a que muchas empresas incursionen en este mercado.
Todo esto, sumado al buen momento por el que aún atraviesa la economía nacional y a las nuevas políticas establecidas en la Ley 393 de Servicios Financieros —que prevé bajas tasas de interés para créditos de vivienda, sin la exigencia de cuota inicial— incrementan la posibilidad de la población de invertir en vivienda, lo cual origina un crecimiento inusitado de proyectos inmobiliarios para todos los segmentos socioeconómicos. Esto, indudablemente, incide en el precio, que varía según la ubicación de la vivienda, acceso a servicios básicos, cercanía a centros de abastecimiento, centros de salud, instituciones educativas o vías de acceso, entre otros.
En general, el factor de mayor incidencia recae en los costos de construcción, que experimentaron un incremento constante por efecto y en estrecha relación con el aumento de los precios de ciertos materiales como el acero, el cemento, el ladrillo, y principalmente por los servicios de albañilería, asociados al notable incremento del salario mínimo nacional en los últimos años (de Bs 440 en 2005 a Bs 1.656 en 2015).
Se debería colegir que los precios más elevados respecto a mano de obra e insumos de construcción —como el cemento y los agregados, que son mayores en Santa Cruz—, deberían repercutir en el precio final de las viviendas. Sin embargo, resulta que estas en la ciudad oriental tienen precios menores que en Sucre, por lo que resulta imprescindible analizar los factores que inciden en este fenómeno desde hace seis años.
En este periodo, el mercado inmobiliario local registró una demanda superior a la oferta, lo que derivó en un alza constante de los precios, principalmente de los lotes de terreno por la marcada preferencia del sucrense a obtener una vivienda con patio y acceso pleno a sol y la privacidad que deriva en tranquilidad y calidad de vida.
Otro factor es la ubicación, denotándose una preferencia por el centro (costo aproximado del lote $us 1.000/m2), el Barrio Petrolero ($us 700/m2) y las zonas adyacentes al actual aeropuerto, que se convirtió en el área de crecimiento natural de la ciudad (entre $us 200 y $us 300 por m2)
Estas condiciones permitieron grandes valores en exportaciones tradicionales y también no tradicionales, lo que hizo posible financiar mayores niveles de importación y gasto interno en bienes de consumo y en construcción, respondiendo al aumento de la demanda agregada.
De igual modo, se verificó un alto nivel de remesas enviadas por los emigrantes nacionales; a pesar de la fuerte crisis económica que golpeó —y golpea aún— a Europa y EEUU, están en recuperación. Por otra parte, las reservas internacionales netas alcanzaron un valor cercano a los $us 14.000 millones.
En ese contexto, la construcción —un rubro multiplicador para la economía, con influencia en la generación de empleo directo e indirecto, pago de impuestos y sectores como el comercio, industria, servicios financieros, transporte, seguros, etc.— sigue con buen paso, mostrando un crecimiento constante positivo en los últimos años.
Datos del INE referidos a los permisos de construcción aprobados en las distintas ciudades capitales evidencian ese crecimiento, destacándose como los departamentos más dinámicos Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, aunque Chuquisaca registró un gran ascenso en 2012.
En 2014, en el Registro de Comercio de Bolivia estaban inscritas 17.956 empresas que se dedican a la construcción, de las que el 60% se concentran en el eje (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz). El crecimiento de las empresas inmobiliarias también es constante: de 446 en 2011 subió a 659 en 2012 y a 1.136 en 2013.
Según cálculos estimativos, la construcción mueve a nivel nacional a casi 500 mil personas como mano de obra directa y 1,5 millones de forma indirecta, de distintos sectores.
El Censo de Población y Vivienda 2012 reveló que la población tuvo mayor tendencia a contar con viviendas propias: se registraron 1.969.071 dentro de esa categoría frente a las 1.321.428 contabilizadas en 2001, sin que por ello se puedan dejar de lado las categorías de alquiler (448.326) y anticrético – mixto (97.179), que son también bastante requeridas por los bolivianos.
Estas cifras muestran el gran potencial que existe en el sector inmobiliario, lo que llevó a que muchas empresas incursionen en este mercado.
Todo esto, sumado al buen momento por el que aún atraviesa la economía nacional y a las nuevas políticas establecidas en la Ley 393 de Servicios Financieros —que prevé bajas tasas de interés para créditos de vivienda, sin la exigencia de cuota inicial— incrementan la posibilidad de la población de invertir en vivienda, lo cual origina un crecimiento inusitado de proyectos inmobiliarios para todos los segmentos socioeconómicos. Esto, indudablemente, incide en el precio, que varía según la ubicación de la vivienda, acceso a servicios básicos, cercanía a centros de abastecimiento, centros de salud, instituciones educativas o vías de acceso, entre otros.
En general, el factor de mayor incidencia recae en los costos de construcción, que experimentaron un incremento constante por efecto y en estrecha relación con el aumento de los precios de ciertos materiales como el acero, el cemento, el ladrillo, y principalmente por los servicios de albañilería, asociados al notable incremento del salario mínimo nacional en los últimos años (de Bs 440 en 2005 a Bs 1.656 en 2015).
Se debería colegir que los precios más elevados respecto a mano de obra e insumos de construcción —como el cemento y los agregados, que son mayores en Santa Cruz—, deberían repercutir en el precio final de las viviendas. Sin embargo, resulta que estas en la ciudad oriental tienen precios menores que en Sucre, por lo que resulta imprescindible analizar los factores que inciden en este fenómeno desde hace seis años.
En este periodo, el mercado inmobiliario local registró una demanda superior a la oferta, lo que derivó en un alza constante de los precios, principalmente de los lotes de terreno por la marcada preferencia del sucrense a obtener una vivienda con patio y acceso pleno a sol y la privacidad que deriva en tranquilidad y calidad de vida.
Otro factor es la ubicación, denotándose una preferencia por el centro (costo aproximado del lote $us 1.000/m2), el Barrio Petrolero ($us 700/m2) y las zonas adyacentes al actual aeropuerto, que se convirtió en el área de crecimiento natural de la ciudad (entre $us 200 y $us 300 por m2)
En la capital se registra una caída en la venta de bienes inmuebles
CIFRAS
1.000 dólares es el costo promedio de un metro cuadrado de terreno en la zona central de Sucre.
393 Ley de Servicios Financieros estipula bajas tasas de interés para créditos de vivienda, sin la exigencia de una cuota inicial.
El boom de la minería, registrado hace unos años, provocó que muchos “nuevos ricos” llegaran de Potosí a Sucre en busca de casas y terrenos y pagaran grandes sumas en efectivo y sin regatear. Por eso, los precios de las viviendas se dispararon, generando una inflación que hoy afecta a las personas de ingresos medios y bajos porque no pueden adquirir un lote, menos aún una vivienda.
Sucre es una ciudad pequeña y con muy poca industria, sin embargo los precios de los bienes inmuebles se han elevado hasta volverse inaccesibles para la mayoría de la población con déficit habitacional.
Expertos en bienes raíces y agentes de este rubro coinciden en que dos factores influyen para producir este fenómeno: la falta de extensión de terrenos y el exceso de liquidez que hubo durante el auge de la minería en Potosí, hace cinco años.
En los últimos cuatro meses se registró una caída en la venta de inmuebles y, según los agentes de bienes raíces, hay una tendencia al estancamiento del rubro en los próximos meses, con alguna probabilidad de que los precios bajen.
El efecto Potosí
“Por el boom de la minería, muchos ‘nuevos ricos’ llegaron de Potosí a nuestra ciudad en busca de casas y terrenos y pagaron grandes sumas en efectivo y sin regatear”, explica a CAPITALES el agente de bienes inmuebles Marcelo Frías.
Por eso, en su criterio, los precios de las viviendas se dispararon, generando una inflación que hoy “está afectando a las personas de ingresos medios y bajos y que no pueden adquirir un lote, menos aún una vivienda”.
Roxana Fuertes, de la Inmobiliaria Señor de Maica, dice que hay potosinos que vienen a Sucre solo a comprar terrenos, con el objetivo de construir casas o departamentos para luego venderlos u ofrecerlos en alquiler, mientras ellos siguen radicando y dedicándose a sus actividades en su ciudad natal.
“Algunos incluso, no le exagero, llegaron con su mochila llenita de dinero para comprar al contado, sin negociar. A la gente que quiere comprar con crédito de vivienda, los bancos solo les dan 40 mil o 50 mil dólares y las casas cuestan por encima de los 100 mil dólares. Por eso la venta está estancada y es seguro que los precios van a rebajar. Ya están rebajando en algunos casos, porque los dueños necesitan dinero al contado”.
En la misma línea, una agente de la inmobiliaria Clay revela que tuvo casos de personas que recibieron remesas de España o potosinos que llegaron a Sucre para comprar al contado, “con billete en mano” y sin regatear los precios, al punto de que ofrecían más dinero con tal de quedarse con el inmueble de su preferencia. Otros, entretanto, no pueden comprar por los costos elevados.
Pese a que está vigente el crédito de vivienda social, la mayor parte de la población con déficit habitacional no puede acceder a una casa debido al bajo nivel de sus ingresos frente al alto costo de los inmuebles. Esta situación está ocasionando una caída en la venta de inmuebles desde hace aproximadamente cuatro meses, según la misma fuente, que prefiere mantener su nombre en el anonimato.
Incremento desproporcionado
Yusef Schugair, empresario chuquisaqueño y gerente propietario de Schugamotors SRL, sección Bienes Raíces, sostiene que la falta de extensión de terrenos en Sucre y el exceso de liquidez que hubo por el auge económico de la minería en Potosí provocaron un incremento desproporcionado del precio de los inmuebles.
“El espacio reducido sube el valor del terreno, pero el auge de la minería pasó y los precios de las casas y terrenos en Sucre no rebajaron; son ilógicos, no se justifican. Entonces, hay contracción en la economía”, argumenta Shugair.
“Bajón” de precios
El suplemento dominical PANORAMA, de CORREO DEL SUR, publicó en su último número la opinión de dos inversionistas del rubro de la construcción, Gustavo Abastoflor y Jorge Rodríguez, quienes, si bien reconocen que hubo un “bajón” en los precios con relación a los dos años anteriores, consideran que siguen siendo muy competitivos al estar “muy por debajo” de Santa Cruz, “un poco más abajo” que Cochabamba y obviamente que La Paz.
Según Abastoflor, “estamos en precios adecuados para nuestro medio y son los precios racionales que luego del costo de inversión, etcétera, pueda justificar el que una empresa pueda arriesgarse a construir un edificio con inversiones grandes”.
En la misma línea, Rodríguez afirma que los precios de los departamentos por el momento “se están manteniendo”. Él espera que no bajen mucho; de todos modos, cree que “ahora el rubro que se debe atender es el de viviendas de menor precio, en bloques de tres o cuatro plantas, para gente que no tenga recursos suficientes para adquirir departamentos de mayor precio”. A su juicio el menor precio por departamento debe ser de $us 60.000, para captar muchos interesados.
Más oferta que demanda
Uno de los mayores referentes de búsqueda de viviendas a la venta son los avisos clasificados Arca de Noé, que se publica todos los días junto con el periódico CORREO DEL SUR. Allí, personas particulares e inmobiliarias colocan sus anuncios.
CAPITALES monitoreó esta publicación y constató que una veintena de inmuebles, entre terrenos, casas y departamentos, no se pueden vender desde hace tres a siete meses. Por ejemplo, una casa ubicada por la salida al aeropuerto Juana Azurduy de Padilla, que hace tres meses estaba a la venta en 220 mil dólares, la última semana rebajó a 110 mil y todavía no se vende.
Precios promedio
Según Bienes Raíces Clay, con 16 años en el rubro, el precio promedio de un departamento construido en 200 metros cuadrados es de 85.000 dólares y el de una casa con tres dormitorios, un baño, sala, comedor, cocina y patio, ubicada en un barrio alejado como Tucsupaya, Belén o Karapunku, sobre 250 metros cuadrados, de 75.000 dólares.
Con suerte, se pueden conseguir viviendas desde 30.000 dólares, pero, como los precios están todavía por las nubes, algunos piden hasta 500 mil dólares.
Una buena opción para las parejas jóvenes sin hijos o con un solo hijo podría ser un departamento, cuyos precios son más bajos. Aunque la gente en Sucre todavía prefiere la privacidad y el patio que solamente ofrecen las casas.
Para definir el precio de un …
Según expertos consultados por CAPITALES, para definir el precio de un terreno se toma en cuenta la zona donde está ubicado, si se encuentra en un área comercial, si es plano o elevado, si está amurallado, si cuenta con la instalación de alcantarillado, si tiene los papeles al día. En cuanto a las viviendas, si tiene acceso a los servicios de agua, luz y gas domiciliario, entre otros detalles.
83.619 permisos de construcción
se concedieron en Sucre en 2012, destacándose ese año por su ascenso. En 2008, 40.085 permisos; en 2009, 61.104; en 2010, 64.628 y en 2011, un total de 26.011.
FACTORES PARA LA MAYOR DEMANDA DE INMUEBLES EN SUCRE
Según la docente Janneth Cuéllar, son los siguientes:
* Grandes inversiones efectuadas en bienes inmuebles por ciudadanos potosinos a partir de excedentes de liquidez generados por el alto precio de los minerales. Al obtener gran cantidad de recursos, optaron por realizar inversiones seguras que, además, generen rentas por alquileres, ofertando y pagando precios muy elevados. Esto repercutió en el encarecimiento general de las viviendas.
* Decrementos en las tasas de interés pasivas de los bancos (principalmente en DPF), que originaron bajas en el costo de oportunidad de los recursos incrementando la demanda por activos inmobiliarios por parte de los ahorristas. Estos vieron esa opción como una mejor alternativa de ganancia.
* Desde 2006 se observó una apreciación de la moneda nacional, lo cual ocasionó que los ahorristas conviertan sus activos financieros de dólares a bolivianos. Sin embargo, una parte de ellos prefirió cambiar sus ahorros en dólares por activos inmobiliarios para conservar e incluso aumentar su valor.
* Elevadas remesas recibidas de los emigrantes bolivianos se canalizaron principalmente en inversión en viviendas, elevando la demanda y, en consecuencia, los precios.
"El espacio reducido sube el valor del terreno, pero el auge de la minería pasó y los precios de las casas y terrenos en Sucre no rebajaron; son ilógicos, no se justifican"
Yusef Schugair
EMPRESARIO
Proyectan diez edificios más en Sucre
Los condominios en altura siguen siendo un buen negocio para los inversionistas en Sucre, donde actualmente están en proyecto y en ejecución diez nuevos edificios de hasta 17 niveles, destinados a convertirse en departamentos.
Las gigantes estructuras habitacionales se levantan en seis zonas de la Capital, de acuerdo con el registro de la Dirección de Regulación y Administración Territorial (DRAT) dependiente del Gobierno Municipal.
En Sucre un 46% de la población no cuenta con vivienda propia, según los resultados del Censo de Población y Vivienda de 2012.
De acuerdo con algunas consultas a propietarios de inmobiliarias y del análisis de los avisos de comercialización publicados por este periódico, se puede indicar que en la actualidad la oferta de viviendas en Sucre es mayor a la demanda, debido a las significativas inversiones en el sector que permitieron el crecimiento del mismo.
A pesar de ello y de la desaceleración del crecimiento económico del país, producto de la caída de los precios de las materias primas, se pronostica que el rubro de la construcción seguirá siendo uno de los que mayor crecimiento tendrá principalmente en el eje central y departamentos como Chuquisaca.
INVERSIONISTAS
Los inversionistas son optimistas, pues consideran que el “boom” inmobiliario no sólo que continuará, sino que irá en ascenso porque es una necesaria respuesta al déficit habitacional en esta ciudad.
El empresario Gustavo Abastoflor afirma que los departamentos son una “manera adecuada” de vivir especialmente para personas que están naciendo a la vida profesional o laboral.
Una de las ventajas es el acceso al crédito de vivienda social con tasas de intereses adecuadas, lo cual fue “una excelente medida” porque además “obliga” al sector financiero a acomodar créditos para el sector inmobiliario, afirma Abastoflor.
Añadió que esta posibilidad es muy favorable para los jóvenes profesionales, porque la banca “flexibiliza” sus condiciones de préstamo como exigir la sola garantía del inmueble al que se pretende acceder y demostrar la fuente de ingreso que tiene para el pago.
“Ni siquiera ahora exigen contraparte porque antes para un crédito para viviendas se exigía el 20% de contraparte, ahora no. La vivienda se constituye en garantía y se otorgan créditos hasta 30 años plazo, entonces ahí es donde la gente tiene que aprovechar para lograr una vivienda”, afirma el empresario.
Para Jorge Rodríguez, otro inversionista y conocedor del rubro en Sucre, las perspectivas en el ámbito de la construcción de departamentos o viviendas de propiedad horizontal “todavía son interesantes en la ciudad”.
“Había un déficit habitacional que está siendo de a poco copado por los nuevos emprendimientos inmobiliarios tanto en propiedad vertical como en condominios de casas”, remarca.
Sin embargo, espera que el negocio inmobiliario que cobró fuerza hace unos cuatro años “no se vaya desinflando porque también cuando hay mucha oferta en el mercado se empiezan a volver inviables nuevas inversiones de este tipo”.
CRITERIOS SOBRE LOS PRECIOS
Según los consultados, los precios tuvieron un “bajón” con relación a los dos años anteriores, pero siguen siendo muy competitivos en Sucre y están “muy por debajo” de Santa Cruz, “un poco más abajo” que Cochabamba y obviamente que La Paz. “O sea estamos en precios adecuados para nuestro medio y son los precios racionales que luego del costo de inversión, etcétera, pueda justificar el que una empresa pueda arriesgarse a construir un edificio con inversiones grandes”, subraya Abastoflor.
En la misma línea, Rodríguez afirma que los precios de los departamentos por el momento “se están manteniendo”, pero espera que tampoco bajen mucho.
Este empresario actualmente invierte $us 3 millones en la construcción de un edificio de nueve pisos con 34 departamentos, pero cree que “ahora el rubro que se debe atender es el de viviendas de menor precio tanto en bloques de tres o cuatro plantas, para gente que no tenga recursos suficientes para adquirir departamentos de mayor precio”. Precisó que el menor precio por departamento debe ser de $us 60.000, rubro en el que se puede captar mucha gente.
DATOS
Déficit. En Sucre un 46% de la población no cuenta con vivienda propia, según el Censo de 2012.
Superficie. Hay departamentos de 130 a 160 metros cuadrados en edificios multifamiliares.
Precio. Un departamento de 120 metros cuadrados puede costar entre 70.000 y 90.000 dólares.
Empleo. Cada edificio por lo menos ocupa en promedio mano de obra de entre 60 y 70 albañiles día.
Inversión. Se invierte de 8 a 10 millones de dólares en edificios que sobrepasan los 10.000 metros cuadrados.
Edificios. En Sucre hay aproximadamente 15 edificios, varios de ellos están en el Barrio Petrolero.
ARQUITECTO
Manolo Mayta Presidente Arquitectos
“El reglamento de edificios ya está caduco respecto al contexto de Sucre. Creo que es necesario reencaminar o reorganizar el desarrollo urbanístico de la ciudad”.
LA AUTORIDAD
Juan Quispe Director DRAT
“En caso de haber construcciones clandestinas, nosotros con la unidad de control urbano verificamos para hacer las notificaciones y la paralización respectiva”.
PROYECTOS EN CURSO
Zona
Aranjuez
Huayrapata
Garcilazo
Garcilazo
Tucsupaya
Tucsupaya
Tucsupaya
Ckarapuncu
Barrio Obrero
Barrio Obrero Niveles
11
17
14 (Mariscal)
14 (Solares)
10
14
6
---
9
7
EN EL RUBRO DE LOS CONDOMINIOS
Surgen más emprendimientos
Después de ganar experiencia en el país y el exterior, el ingeniero civil Iber Carvajal cumple uno de sus sueños que es ingresar al rubro de la construcción, principalmente en el sector de la vivienda.
Carvajal, que fue consultor en empresas internacionales y en organismos financieros como el Banco Mundial y el Banco Africano de Desarrollo, indica que decidió apostarle al sector inmobiliario especialmente en el desarrollo de soluciones habitacionales en Sucre, porque de esa manera puede seguir aportando al desarrollo regional.
"Conscientes de que las inversiones en este sector tienen un alto margen de riesgo, nos planteamos el reto de realizar nuestro primer emprendimiento buscando implementar algunas innovaciones que nos permitan diferenciarnos de las empresas y particulares que vienen trabajando en este rubro y que nos permitan competir con éstas", subraya el nuevo empresario chuquisaqueño.
Carvajal prevé construir un condominio en altura destinado a la vivienda en el Barrio Alto Tucsupaya, en inmediaciones del Mirador, a 40 metros de la avenida Juana Azurduy de Padilla.
Contará con un total de 2.150 metros cuadrados de construcción en seis niveles de departamentos y un sótano para estacionamientos y bauleras; tendrá 16 departamentos con una superficie desde 90 hasta 130 metros cuadrados cada uno; áreas de equipamiento comunes (pasillos comunes, un salón multifuncional, oficina de administración y un ambiente para la seguridad y vigilancia, áreas verdes, un churrasquero común, patios comunes, dos patios privados y una terraza común), según el proyecto que está en la fase de prefactibilidad.
El presupuesto del proyecto será definido dentro de un mes y el diseño final presentado a la Alcaldía a mediados de este mes, espera que hasta noviembre se apruebe. Con eso se estima que las obras comiencen en febrero de 2016 y en un plazo de 22 meses se concluya el condominio, es decir, a fines de 2017.
“La preventa (de los departamentos) está prevista que inicie a mediados de noviembre del 2015, una vez que se cuente con la aprobación del
proyecto definitivo por parte del Gobierno Municipal”, remarca Carvajal.
PROFESIONALES CUESTIONAN BUROCRACIA Y FALTA DE REGLAMENTO ACTUALIZADO
Desde los colegios de Ingenieros y Arquitectos de Chuquisaca apuntan a la burocracia en instancias técnicas del Gobierno Municipal y a la normativa desactualizada como factores que impiden una oportuna aprobación de los trámites para la construcción de edificios en altura.
El ingeniero civil René Curcuy construye un condominio de cinco niveles, pero no puede hacerlo aprobar desde 2012, por la burocracia en la Secretaría Municipal de Planificación y Ordenamiento Territorial.
“Las normas están un poco restringidas de la Alcaldía, (incluso) creo que recién han ido aprobando los edificios en altura (ya construidos), pero es más el trámite burocrático”, se quejó.
Añadió que ‘el principal cuello de botella’ está en la “definición política” de aceptar que los edificios en altura sean viables. “Lo mismo pasa con las urbanizaciones y sus loteamientos, que demoran porque nadie quiere poner la cabeza (asumir responsabilidad) con las nuevas leyes que hay (…)”, añadió.
Mencionó que para hacer aprobar un proyecto ya realizado, ejecutado clandestinamente, solamente su verificación por lo menos si es de cinco o seis pisos demora un mes y medio.
“A mí me rechazaron (mi proyecto) y ya estoy dos años, ahora nuevamente realizo la actualización de todos los documentos, pero ya con edificio construido. Donde fallamos es en la construcción que supera las normas del área del terreno y uno no puede en edificios altos subutilizar los terrenos, tiene que tratar de sacar ventaja y ganar altura, y es (ahí) donde vienen las dificultades”, justificó.
LOS ARQUITECTOS
El presidente del Colegio de Arquitecto, Manolo Mayta, cuestionó la falta de un reglamento actualizado para edificios. “Hay un reglamento que está caduco respecto a lo que es una realidad en este momento del contexto de crecimiento de Sucre y hemos empezado mal, porque al dejar establecer los edificios más altos y al ver en este momento algunos edificios de menor altura ya se empezó mal precisamente porque no se respetó una normativa, ni un reglamento”, dijo.
Indicó que ante esa situación es necesario reencaminar y reorganizar el desarrollo urbanístico de la ciudad.
Cuestionó el actual manejo de áreas y la ocupación del suelo respecto a este tipo de predios, que no se respeta y claramente se lo puede observar en la zona de San Matías, donde hay un edificio de más de 20 pisos con carencias de tipo funcional, espacial, formal y de imagen urbana.
“Tenemos el predio ocupado al 100% y la altura supera al ancho de una calle o avenida y no se respeta el manejo de asoleamiento, iluminación y comunidad”, puntualizó.
También advirtió que ante semejante cantidad de personas que vivirán en ese edificio, es más probable que surjan problemas de “saturación” en instalaciones sanitarias, eléctricas y de alcantarillado.
Añadió que esa situación era previsible con un reglamento que no está totalmente aceptado ni avalado. “El reglamento no fue actualizado, por eso tenemos problemas como este: el crecimiento desmedido de una ciudad y la aparición de este tipo de edificios en altura que no respetan un reglamento caduco”, aseveró.
RESPUESTA DE LA ALCALDÍA
El director de Regulación y Administración Territorial (DRAT) de la Alcaldía de Sucre, Juan Quispe, informó que a partir de la nueva gestión municipal ejecutan un plan de acción para agilizar trámites de aprobación de líneas municipales, divisiones, anexiones, loteamientos, urbanizaciones, planos de construcción, relevamientos, edificios en altura y demás.
Por ejemplo, dijo que la aprobación de una línea municipal no debería tardar más de cuatro días y que las inspecciones deben realizarse en el día, ya no dentro de una o dos semanas como era antes.
Lo mismo pasa en cuanto a los planos de construcción que deben ser aprobados en cuatro o cinco días, lo que tomaba hasta un mes.
Respecto a los trámites de los edificios en altura, éstos pasan a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de la Alcaldía, donde se realiza una revisión y si no hay observaciones el proyecto es devuelto dentro de una semana para su entrega respectiva.
Con referencia a las observaciones del Colegio de Arquitectos, Quispe las rechaza y cuestiona a algunos proyectistas que insisten en construir grandes estructuras en superficies reducidas.
“Imagínese esto: quieren levantar diez pisos en 200 metros cuadrados”, observa al asegurar que con ese tipo de proyectos un edificio a construir carecerá de un buen producto de diseño arquitectónico y estructural.
Quispe explica que la superficie mínima para construir edificios iguales o por encima de cinco niveles es de 500 metros cuadrados, con lo que se garantizan las condiciones adecuadas del edificio en cuanto a lo tecnológico, espacial y funcional.
Consultado sobre si todos las edificaciones en altura ya consolidadas en Sucre fueron aprobadas correctamente, Quispe admite que no y cita como ejemplo el edificio del barrio San Matías, que comenzó a ejecutarse sin proyecto aprobado, lo que conllevó a multas posteriores.
El Director de la DRAT afirma que de acuerdo con la normativa actual, la multa económica por superficie excedida es de Bs 2,50 por metro cuadrado construido. En ese sentido, menciona que en edificios multifamiliares la Municipalidad tuvo que imponer multas de 10.000, 20.000 y 30.000 bolivianos.
Quispe puntualiza que la multa en este tipo de casos asciende al 2% del valor catastral por el total de superficie construida.
Las gigantes estructuras habitacionales se levantan en seis zonas de la Capital, de acuerdo con el registro de la Dirección de Regulación y Administración Territorial (DRAT) dependiente del Gobierno Municipal.
En Sucre un 46% de la población no cuenta con vivienda propia, según los resultados del Censo de Población y Vivienda de 2012.
De acuerdo con algunas consultas a propietarios de inmobiliarias y del análisis de los avisos de comercialización publicados por este periódico, se puede indicar que en la actualidad la oferta de viviendas en Sucre es mayor a la demanda, debido a las significativas inversiones en el sector que permitieron el crecimiento del mismo.
A pesar de ello y de la desaceleración del crecimiento económico del país, producto de la caída de los precios de las materias primas, se pronostica que el rubro de la construcción seguirá siendo uno de los que mayor crecimiento tendrá principalmente en el eje central y departamentos como Chuquisaca.
INVERSIONISTAS
Los inversionistas son optimistas, pues consideran que el “boom” inmobiliario no sólo que continuará, sino que irá en ascenso porque es una necesaria respuesta al déficit habitacional en esta ciudad.
El empresario Gustavo Abastoflor afirma que los departamentos son una “manera adecuada” de vivir especialmente para personas que están naciendo a la vida profesional o laboral.
Una de las ventajas es el acceso al crédito de vivienda social con tasas de intereses adecuadas, lo cual fue “una excelente medida” porque además “obliga” al sector financiero a acomodar créditos para el sector inmobiliario, afirma Abastoflor.
Añadió que esta posibilidad es muy favorable para los jóvenes profesionales, porque la banca “flexibiliza” sus condiciones de préstamo como exigir la sola garantía del inmueble al que se pretende acceder y demostrar la fuente de ingreso que tiene para el pago.
“Ni siquiera ahora exigen contraparte porque antes para un crédito para viviendas se exigía el 20% de contraparte, ahora no. La vivienda se constituye en garantía y se otorgan créditos hasta 30 años plazo, entonces ahí es donde la gente tiene que aprovechar para lograr una vivienda”, afirma el empresario.
Para Jorge Rodríguez, otro inversionista y conocedor del rubro en Sucre, las perspectivas en el ámbito de la construcción de departamentos o viviendas de propiedad horizontal “todavía son interesantes en la ciudad”.
“Había un déficit habitacional que está siendo de a poco copado por los nuevos emprendimientos inmobiliarios tanto en propiedad vertical como en condominios de casas”, remarca.
Sin embargo, espera que el negocio inmobiliario que cobró fuerza hace unos cuatro años “no se vaya desinflando porque también cuando hay mucha oferta en el mercado se empiezan a volver inviables nuevas inversiones de este tipo”.
CRITERIOS SOBRE LOS PRECIOS
Según los consultados, los precios tuvieron un “bajón” con relación a los dos años anteriores, pero siguen siendo muy competitivos en Sucre y están “muy por debajo” de Santa Cruz, “un poco más abajo” que Cochabamba y obviamente que La Paz. “O sea estamos en precios adecuados para nuestro medio y son los precios racionales que luego del costo de inversión, etcétera, pueda justificar el que una empresa pueda arriesgarse a construir un edificio con inversiones grandes”, subraya Abastoflor.
En la misma línea, Rodríguez afirma que los precios de los departamentos por el momento “se están manteniendo”, pero espera que tampoco bajen mucho.
Este empresario actualmente invierte $us 3 millones en la construcción de un edificio de nueve pisos con 34 departamentos, pero cree que “ahora el rubro que se debe atender es el de viviendas de menor precio tanto en bloques de tres o cuatro plantas, para gente que no tenga recursos suficientes para adquirir departamentos de mayor precio”. Precisó que el menor precio por departamento debe ser de $us 60.000, rubro en el que se puede captar mucha gente.
DATOS
Déficit. En Sucre un 46% de la población no cuenta con vivienda propia, según el Censo de 2012.
Superficie. Hay departamentos de 130 a 160 metros cuadrados en edificios multifamiliares.
Precio. Un departamento de 120 metros cuadrados puede costar entre 70.000 y 90.000 dólares.
Empleo. Cada edificio por lo menos ocupa en promedio mano de obra de entre 60 y 70 albañiles día.
Inversión. Se invierte de 8 a 10 millones de dólares en edificios que sobrepasan los 10.000 metros cuadrados.
Edificios. En Sucre hay aproximadamente 15 edificios, varios de ellos están en el Barrio Petrolero.
ARQUITECTO
Manolo Mayta Presidente Arquitectos
“El reglamento de edificios ya está caduco respecto al contexto de Sucre. Creo que es necesario reencaminar o reorganizar el desarrollo urbanístico de la ciudad”.
LA AUTORIDAD
Juan Quispe Director DRAT
“En caso de haber construcciones clandestinas, nosotros con la unidad de control urbano verificamos para hacer las notificaciones y la paralización respectiva”.
PROYECTOS EN CURSO
Zona
Aranjuez
Huayrapata
Garcilazo
Garcilazo
Tucsupaya
Tucsupaya
Tucsupaya
Ckarapuncu
Barrio Obrero
Barrio Obrero Niveles
11
17
14 (Mariscal)
14 (Solares)
10
14
6
---
9
7
EN EL RUBRO DE LOS CONDOMINIOS
Surgen más emprendimientos
Después de ganar experiencia en el país y el exterior, el ingeniero civil Iber Carvajal cumple uno de sus sueños que es ingresar al rubro de la construcción, principalmente en el sector de la vivienda.
Carvajal, que fue consultor en empresas internacionales y en organismos financieros como el Banco Mundial y el Banco Africano de Desarrollo, indica que decidió apostarle al sector inmobiliario especialmente en el desarrollo de soluciones habitacionales en Sucre, porque de esa manera puede seguir aportando al desarrollo regional.
"Conscientes de que las inversiones en este sector tienen un alto margen de riesgo, nos planteamos el reto de realizar nuestro primer emprendimiento buscando implementar algunas innovaciones que nos permitan diferenciarnos de las empresas y particulares que vienen trabajando en este rubro y que nos permitan competir con éstas", subraya el nuevo empresario chuquisaqueño.
Carvajal prevé construir un condominio en altura destinado a la vivienda en el Barrio Alto Tucsupaya, en inmediaciones del Mirador, a 40 metros de la avenida Juana Azurduy de Padilla.
Contará con un total de 2.150 metros cuadrados de construcción en seis niveles de departamentos y un sótano para estacionamientos y bauleras; tendrá 16 departamentos con una superficie desde 90 hasta 130 metros cuadrados cada uno; áreas de equipamiento comunes (pasillos comunes, un salón multifuncional, oficina de administración y un ambiente para la seguridad y vigilancia, áreas verdes, un churrasquero común, patios comunes, dos patios privados y una terraza común), según el proyecto que está en la fase de prefactibilidad.
El presupuesto del proyecto será definido dentro de un mes y el diseño final presentado a la Alcaldía a mediados de este mes, espera que hasta noviembre se apruebe. Con eso se estima que las obras comiencen en febrero de 2016 y en un plazo de 22 meses se concluya el condominio, es decir, a fines de 2017.
“La preventa (de los departamentos) está prevista que inicie a mediados de noviembre del 2015, una vez que se cuente con la aprobación del
proyecto definitivo por parte del Gobierno Municipal”, remarca Carvajal.
PROFESIONALES CUESTIONAN BUROCRACIA Y FALTA DE REGLAMENTO ACTUALIZADO
Desde los colegios de Ingenieros y Arquitectos de Chuquisaca apuntan a la burocracia en instancias técnicas del Gobierno Municipal y a la normativa desactualizada como factores que impiden una oportuna aprobación de los trámites para la construcción de edificios en altura.
El ingeniero civil René Curcuy construye un condominio de cinco niveles, pero no puede hacerlo aprobar desde 2012, por la burocracia en la Secretaría Municipal de Planificación y Ordenamiento Territorial.
“Las normas están un poco restringidas de la Alcaldía, (incluso) creo que recién han ido aprobando los edificios en altura (ya construidos), pero es más el trámite burocrático”, se quejó.
Añadió que ‘el principal cuello de botella’ está en la “definición política” de aceptar que los edificios en altura sean viables. “Lo mismo pasa con las urbanizaciones y sus loteamientos, que demoran porque nadie quiere poner la cabeza (asumir responsabilidad) con las nuevas leyes que hay (…)”, añadió.
Mencionó que para hacer aprobar un proyecto ya realizado, ejecutado clandestinamente, solamente su verificación por lo menos si es de cinco o seis pisos demora un mes y medio.
“A mí me rechazaron (mi proyecto) y ya estoy dos años, ahora nuevamente realizo la actualización de todos los documentos, pero ya con edificio construido. Donde fallamos es en la construcción que supera las normas del área del terreno y uno no puede en edificios altos subutilizar los terrenos, tiene que tratar de sacar ventaja y ganar altura, y es (ahí) donde vienen las dificultades”, justificó.
LOS ARQUITECTOS
El presidente del Colegio de Arquitecto, Manolo Mayta, cuestionó la falta de un reglamento actualizado para edificios. “Hay un reglamento que está caduco respecto a lo que es una realidad en este momento del contexto de crecimiento de Sucre y hemos empezado mal, porque al dejar establecer los edificios más altos y al ver en este momento algunos edificios de menor altura ya se empezó mal precisamente porque no se respetó una normativa, ni un reglamento”, dijo.
Indicó que ante esa situación es necesario reencaminar y reorganizar el desarrollo urbanístico de la ciudad.
Cuestionó el actual manejo de áreas y la ocupación del suelo respecto a este tipo de predios, que no se respeta y claramente se lo puede observar en la zona de San Matías, donde hay un edificio de más de 20 pisos con carencias de tipo funcional, espacial, formal y de imagen urbana.
“Tenemos el predio ocupado al 100% y la altura supera al ancho de una calle o avenida y no se respeta el manejo de asoleamiento, iluminación y comunidad”, puntualizó.
También advirtió que ante semejante cantidad de personas que vivirán en ese edificio, es más probable que surjan problemas de “saturación” en instalaciones sanitarias, eléctricas y de alcantarillado.
Añadió que esa situación era previsible con un reglamento que no está totalmente aceptado ni avalado. “El reglamento no fue actualizado, por eso tenemos problemas como este: el crecimiento desmedido de una ciudad y la aparición de este tipo de edificios en altura que no respetan un reglamento caduco”, aseveró.
RESPUESTA DE LA ALCALDÍA
El director de Regulación y Administración Territorial (DRAT) de la Alcaldía de Sucre, Juan Quispe, informó que a partir de la nueva gestión municipal ejecutan un plan de acción para agilizar trámites de aprobación de líneas municipales, divisiones, anexiones, loteamientos, urbanizaciones, planos de construcción, relevamientos, edificios en altura y demás.
Por ejemplo, dijo que la aprobación de una línea municipal no debería tardar más de cuatro días y que las inspecciones deben realizarse en el día, ya no dentro de una o dos semanas como era antes.
Lo mismo pasa en cuanto a los planos de construcción que deben ser aprobados en cuatro o cinco días, lo que tomaba hasta un mes.
Respecto a los trámites de los edificios en altura, éstos pasan a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de la Alcaldía, donde se realiza una revisión y si no hay observaciones el proyecto es devuelto dentro de una semana para su entrega respectiva.
Con referencia a las observaciones del Colegio de Arquitectos, Quispe las rechaza y cuestiona a algunos proyectistas que insisten en construir grandes estructuras en superficies reducidas.
“Imagínese esto: quieren levantar diez pisos en 200 metros cuadrados”, observa al asegurar que con ese tipo de proyectos un edificio a construir carecerá de un buen producto de diseño arquitectónico y estructural.
Quispe explica que la superficie mínima para construir edificios iguales o por encima de cinco niveles es de 500 metros cuadrados, con lo que se garantizan las condiciones adecuadas del edificio en cuanto a lo tecnológico, espacial y funcional.
Consultado sobre si todos las edificaciones en altura ya consolidadas en Sucre fueron aprobadas correctamente, Quispe admite que no y cita como ejemplo el edificio del barrio San Matías, que comenzó a ejecutarse sin proyecto aprobado, lo que conllevó a multas posteriores.
El Director de la DRAT afirma que de acuerdo con la normativa actual, la multa económica por superficie excedida es de Bs 2,50 por metro cuadrado construido. En ese sentido, menciona que en edificios multifamiliares la Municipalidad tuvo que imponer multas de 10.000, 20.000 y 30.000 bolivianos.
Quispe puntualiza que la multa en este tipo de casos asciende al 2% del valor catastral por el total de superficie construida.
3.000 viviendas inscritas para el mejoramiento de fachadas
De 90 mil viviendas que existen en la urbe paceña, aproximadamente 3.000 están en proceso del arreglo de sus fachadas, debido a que sus propietarios registraron sus inmuebles en las subalcaldías, para acogerse al descuento del 30 por ciento del pago de impuestos, sobre bienes inmuebles por las gestiones 2015 y 2016, informó a EL DIARIO el secretario municipal de Desarrollo Económico, Sergio Siles.
“Hasta la fecha tuvimos una cantidad de inscritos y beneficiados de 3.000 viviendas, localizadas en los macrodistritos de Periférica, Max Paredes y la zona Sur, que también se han interesado bastante por esta iniciativa; sin embargo, recordemos de que la cantidad de viviendas que estamos hablando es más de 90.000”, declaró la autoridad.
En junio de este año, el Concejo Municipal aprobó la Ley Municipal para el mejoramiento de fachadas en la urbe paceña. El reglamento establece el descuento de 80, 50 y 30 por ciento de descuento en el pago de impuestos.
Las personas que registraron sus inmuebles hasta el 2 de julio y arreglaron 7 del mismo mes, se beneficiaron con el 80 por ciento de descuento, esto a propósito de la llegada del papa Francisco, para que la urbe luzca sus mejores galas.
En cambio, quienes se acogieron al descuento del 50 por ciento debieron registrar hasta el 30 de agosto sus inmuebles y terminar de arreglarlo hasta el 9 de septiembre.
Para ser parte del descuento del 30 por ciento, los propietarios aún pueden registrar sus inmuebles hasta el 19 de octubre y deberán presentar resultados del trabajo hasta el 30 de diciembre de este año.
“Estamos en una última etapa del proyecto, es un 30% que comprende ser implementado hasta fin de año (…) Las personas interesadas tienen plazo hasta el 19 de octubre, para poderse inscribir en cualquiera de nuestras subalcaldías y, por supuesto, ejecutar la obra hasta el 30 de diciembre de la presente gestión”, dijo.
Para Siles, las personas que se inscriban y quieran acogerse al incentivo, deberán demostrar que cumplieron, con los tiempos establecidos, con el arreglo de las fachadas, es decir, que una vez que terminen de componer su inmueble entonces deberán reportarlo a sus subalcaldías, para que la instancia pública pueda dirigirse y comprobar el trabajo, señaló.
“En ese entendido a través de nuestras unidades de fiscalización hemos podido verificar que se han hecho arreglos de nuestras fachadas pintados, mejoramientos, pero muy interesante (…) sin embargo, considerando el espectro de nuestra ciudad son posiblemente viviendas que nos las puedes observar a primera vista, sin embargo consideramos que es un ejercicio muy importante”, expresó Siles.
El secretario municipal de Desarrollo Económico dijo que se analizan la implementación de similares proyectos en la gestión 2016.
DATOS
El Gobierno Municipal comprometió en junio pasado un descuento de hasta el 80 por ciento del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) a los propietarios que mejoren y pinten las fachadas de sus casas, con motivo de la llegada del papa Francisco a La Paz.
Con este fin, el Concejo aprobó la última semana de junio la Ley Municipal de mejoramiento de fachadas.
El reglamento establece descuentos de entre el 80, 50 y 30 por ciento para aquellos dueños de viviendas que, en plazos establecidos, construyan sus fachadas y, en el caso de tener fachadas, refaccionen las mismas.
La ley, que surgió como una iniciativa de la Secretaría Municipal de Desarrollo Económico, fue remitida por el ejecutivo municipal para su tratamiento y aprobación en el pleno del Concejo y fue aprobada por unanimidad en sus tres estaciones: en grande, en detalle y en revisión.
“Hasta la fecha tuvimos una cantidad de inscritos y beneficiados de 3.000 viviendas, localizadas en los macrodistritos de Periférica, Max Paredes y la zona Sur, que también se han interesado bastante por esta iniciativa; sin embargo, recordemos de que la cantidad de viviendas que estamos hablando es más de 90.000”, declaró la autoridad.
En junio de este año, el Concejo Municipal aprobó la Ley Municipal para el mejoramiento de fachadas en la urbe paceña. El reglamento establece el descuento de 80, 50 y 30 por ciento de descuento en el pago de impuestos.
Las personas que registraron sus inmuebles hasta el 2 de julio y arreglaron 7 del mismo mes, se beneficiaron con el 80 por ciento de descuento, esto a propósito de la llegada del papa Francisco, para que la urbe luzca sus mejores galas.
En cambio, quienes se acogieron al descuento del 50 por ciento debieron registrar hasta el 30 de agosto sus inmuebles y terminar de arreglarlo hasta el 9 de septiembre.
Para ser parte del descuento del 30 por ciento, los propietarios aún pueden registrar sus inmuebles hasta el 19 de octubre y deberán presentar resultados del trabajo hasta el 30 de diciembre de este año.
“Estamos en una última etapa del proyecto, es un 30% que comprende ser implementado hasta fin de año (…) Las personas interesadas tienen plazo hasta el 19 de octubre, para poderse inscribir en cualquiera de nuestras subalcaldías y, por supuesto, ejecutar la obra hasta el 30 de diciembre de la presente gestión”, dijo.
Para Siles, las personas que se inscriban y quieran acogerse al incentivo, deberán demostrar que cumplieron, con los tiempos establecidos, con el arreglo de las fachadas, es decir, que una vez que terminen de componer su inmueble entonces deberán reportarlo a sus subalcaldías, para que la instancia pública pueda dirigirse y comprobar el trabajo, señaló.
“En ese entendido a través de nuestras unidades de fiscalización hemos podido verificar que se han hecho arreglos de nuestras fachadas pintados, mejoramientos, pero muy interesante (…) sin embargo, considerando el espectro de nuestra ciudad son posiblemente viviendas que nos las puedes observar a primera vista, sin embargo consideramos que es un ejercicio muy importante”, expresó Siles.
El secretario municipal de Desarrollo Económico dijo que se analizan la implementación de similares proyectos en la gestión 2016.
DATOS
El Gobierno Municipal comprometió en junio pasado un descuento de hasta el 80 por ciento del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) a los propietarios que mejoren y pinten las fachadas de sus casas, con motivo de la llegada del papa Francisco a La Paz.
Con este fin, el Concejo aprobó la última semana de junio la Ley Municipal de mejoramiento de fachadas.
El reglamento establece descuentos de entre el 80, 50 y 30 por ciento para aquellos dueños de viviendas que, en plazos establecidos, construyan sus fachadas y, en el caso de tener fachadas, refaccionen las mismas.
La ley, que surgió como una iniciativa de la Secretaría Municipal de Desarrollo Económico, fue remitida por el ejecutivo municipal para su tratamiento y aprobación en el pleno del Concejo y fue aprobada por unanimidad en sus tres estaciones: en grande, en detalle y en revisión.
jueves, 8 de octubre de 2015
Bancos detentan 88% del crédito de vivienda social
El crédito de vivienda de interés social creció de Bs 3.089 millones, en enero pasado a Bs 5.207 millones, hasta agosto, lo que representa un crecimiento de 68,5 por ciento, señala la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).
Desde el lanzamiento del crédito, de julio de 2014 hasta agosto de la presente gestión, el monto creció en Bs 3.640 millones.
PRÉSTAMOS
El número de operaciones registradas desde el inicio del lanzamiento de los créditos llegan a 19.501, siendo 14.798 créditos nuevos y 4.703 renegociados.
Por tipo de entidad, los bancos múltiples participan con la mayor cantidad de créditos otorgados con Bs 4.593 millones, seguido por las mutuales de ahorro y préstamo con Bs491 millones, bancos Pyme con Bs 83 millones y cooperativas de ahorro y crédito con Bs41 millones.
CIFRAS
Por departamento, hasta agosto de la presente gestión, Santa Cruz agrupa la mayor cantidad de créditos con Bs1.884 millones, seguido por La Paz con Bs 1.098 millones y Cochabamba con Bs 1.038 millones.
El departamento con menor cantidad de créditos de vivienda social es Pando y aglutina Bs74 millones.
Del total de créditos de vivienda social, Bs 5.156 millones fueron otorgados con garantía hipotecaria y solo Bs 50,8 millones sin garantía.
MORA E INTERESES
El índice de mora en los créditos de vivienda de interés social llega a 0,3 por ciento. En la mayoría de los casos los créditos son de largo plazo entre 15 a 20 años.
La tasa promedio ponderado de los créditos de vivienda de interés social registra 5,9 por ciento en los bancos múltiples; 5,8 por ciento en los bancos Pyme y mutuales y 5,7 por ciento en cooperativas.
Los créditos de vivienda social se enmarcan en la modalidad de préstamo dispuesto por el Gobierno mediante la Ley 393 de Servicios Financieros. El crédito es otorgado por las entidades financieras y está destinado a las familias que no cuentan con una vivienda propia; que requieren financiamiento para comprar una casa, departamento o un lote para vivienda.
TASAS REGULADAS
Mediante el decreto 1842, de 18 de diciembre de 2013, el Ministerio de Economía estableció el régimen de tasas de interés máximas y mínimas para el financiamiento de vivienda de interés social, que van de 5,5 por ciento, 6,0 por ciento y 6,5 por ciento, de acuerdo al monto del crédito que se adquiera.
Desde el lanzamiento del crédito, de julio de 2014 hasta agosto de la presente gestión, el monto creció en Bs 3.640 millones.
PRÉSTAMOS
El número de operaciones registradas desde el inicio del lanzamiento de los créditos llegan a 19.501, siendo 14.798 créditos nuevos y 4.703 renegociados.
Por tipo de entidad, los bancos múltiples participan con la mayor cantidad de créditos otorgados con Bs 4.593 millones, seguido por las mutuales de ahorro y préstamo con Bs491 millones, bancos Pyme con Bs 83 millones y cooperativas de ahorro y crédito con Bs41 millones.
CIFRAS
Por departamento, hasta agosto de la presente gestión, Santa Cruz agrupa la mayor cantidad de créditos con Bs1.884 millones, seguido por La Paz con Bs 1.098 millones y Cochabamba con Bs 1.038 millones.
El departamento con menor cantidad de créditos de vivienda social es Pando y aglutina Bs74 millones.
Del total de créditos de vivienda social, Bs 5.156 millones fueron otorgados con garantía hipotecaria y solo Bs 50,8 millones sin garantía.
MORA E INTERESES
El índice de mora en los créditos de vivienda de interés social llega a 0,3 por ciento. En la mayoría de los casos los créditos son de largo plazo entre 15 a 20 años.
La tasa promedio ponderado de los créditos de vivienda de interés social registra 5,9 por ciento en los bancos múltiples; 5,8 por ciento en los bancos Pyme y mutuales y 5,7 por ciento en cooperativas.
Los créditos de vivienda social se enmarcan en la modalidad de préstamo dispuesto por el Gobierno mediante la Ley 393 de Servicios Financieros. El crédito es otorgado por las entidades financieras y está destinado a las familias que no cuentan con una vivienda propia; que requieren financiamiento para comprar una casa, departamento o un lote para vivienda.
TASAS REGULADAS
Mediante el decreto 1842, de 18 de diciembre de 2013, el Ministerio de Economía estableció el régimen de tasas de interés máximas y mínimas para el financiamiento de vivienda de interés social, que van de 5,5 por ciento, 6,0 por ciento y 6,5 por ciento, de acuerdo al monto del crédito que se adquiera.
miércoles, 7 de octubre de 2015
Gobierno proyecta 25.700 casas para 2016
El Viceministerio de Vivienda y Urbanisno prevé construir 25 mil unidades habitacionales para 2016, cantidad superior al programado el presente año, que llega a 20 mil casas.
“Esto será un reto, tenemos que agresivamente utilizar otras estrategias en la producción social de viviendas, y una de ellas es seguir insistiendo en tecnología alternativa”, manifestó el viceministro Bony Morales.
Añadió que el uso de nueva tecnología será esencial para reducir los tiempos de ejecución de las casas y mantener la calidad de cada una de las nuevas infraestructuras.
En el caso de la gestión 2015, la previsión es construir 20 mil viviendas. Según el viceministro Morales, hasta el momento ya se edificaron ocho mil.
Agregó que si no existen inconvenientes se llegaría al cien por ciento hasta fin de año o, en el mejor de los casos, al 90 por ciento.
“Esto será un reto, tenemos que agresivamente utilizar otras estrategias en la producción social de viviendas, y una de ellas es seguir insistiendo en tecnología alternativa”, manifestó el viceministro Bony Morales.
Añadió que el uso de nueva tecnología será esencial para reducir los tiempos de ejecución de las casas y mantener la calidad de cada una de las nuevas infraestructuras.
En el caso de la gestión 2015, la previsión es construir 20 mil viviendas. Según el viceministro Morales, hasta el momento ya se edificaron ocho mil.
Agregó que si no existen inconvenientes se llegaría al cien por ciento hasta fin de año o, en el mejor de los casos, al 90 por ciento.
Acuerdo público-privado edificará 3.344 viviendas
Con la finalidad de ampliar el acceso a la vivienda, la Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda) firmó contratos con ocho empresas constructoras para la edificación de 3.344 soluciones habitacionales, en el marco del programa estatal Comunidades Urbanas.
El viceministro de Vivienda y Urbanismo, Bony Morales, informó que para el primer ciclo del plan estatal se presentaron 22 empresas para la ejecución de proyectos habitacionales en las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz.
“Les estamos calculando el tiempo de los plazos establecidos, están notificados de que tienen que iniciar con todo, en muchos casos hay que ajustar los proyectos, hacer los trámites, para luego empezar con la obra”, manifestó.
El 9 de octubre, la AEVivienda firmará más contratos, con lo que se cerrará el primer ciclo del plan Comunidades Urbanas.
El 11 de octubre se prevé lanzar la segunda parte del programa con la inclusión de nuevas características, como el tema del valor de los departamentos familiares, que serán menores al acordado en el primer ciclo.
Para el primer ciclo, los costos de las soluciones habitacionales estarán entre $us 22.180 y $us 54.998, según la AEVivienda.
En el segundo ciclo, sostuvo el viceministro Morales, los costos estarán entre $us 20.000, $us 25.000, $us 35.000 y $us 40.000, que estarán orientados a aquellas familias con ingresos de Bs 5.000 ó Bs 6.000 de salario mensual.
El costo de los departamentos dependerá de la ubicación, del tamaño, número de ambientes, entre otras características.
Según Morales, la mayor parte de los proyectos está en Santa Cruz por las facilidades geográficas de la región, a diferencia de La Paz y Cochabamba, donde conseguir un espacio o terreno es más difícil.
“Sin embargo, hemos visto propuestas en la ciudad de El Alto, en otros municipios como Achocalla (La Paz) de 100 y hasta 200 unidades habitacionales”, dijo el Viceministro.
Inversión
De acuerdo con los datos de la AEVivienda, las 3.344 soluciones habitacionales demandarán una inversión de Bs 918,8 millones.
El viceministro Morales indicó que con el programa Comunidades Urbanas se tiene previsto construir 5.000 departamentos familiares en total.
Morales añadió que muchos de estos proyectos estarán listos para su entrega en la gestión 2016 y algunos en 2017 por la cantidad de infraestructura que se debe realizar.
El Gobierno impulsa varios programas de vivienda para reducir el déficit habitacional.
El viceministro de Vivienda y Urbanismo, Bony Morales, informó que para el primer ciclo del plan estatal se presentaron 22 empresas para la ejecución de proyectos habitacionales en las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz.
“Les estamos calculando el tiempo de los plazos establecidos, están notificados de que tienen que iniciar con todo, en muchos casos hay que ajustar los proyectos, hacer los trámites, para luego empezar con la obra”, manifestó.
El 9 de octubre, la AEVivienda firmará más contratos, con lo que se cerrará el primer ciclo del plan Comunidades Urbanas.
El 11 de octubre se prevé lanzar la segunda parte del programa con la inclusión de nuevas características, como el tema del valor de los departamentos familiares, que serán menores al acordado en el primer ciclo.
Para el primer ciclo, los costos de las soluciones habitacionales estarán entre $us 22.180 y $us 54.998, según la AEVivienda.
En el segundo ciclo, sostuvo el viceministro Morales, los costos estarán entre $us 20.000, $us 25.000, $us 35.000 y $us 40.000, que estarán orientados a aquellas familias con ingresos de Bs 5.000 ó Bs 6.000 de salario mensual.
El costo de los departamentos dependerá de la ubicación, del tamaño, número de ambientes, entre otras características.
Según Morales, la mayor parte de los proyectos está en Santa Cruz por las facilidades geográficas de la región, a diferencia de La Paz y Cochabamba, donde conseguir un espacio o terreno es más difícil.
“Sin embargo, hemos visto propuestas en la ciudad de El Alto, en otros municipios como Achocalla (La Paz) de 100 y hasta 200 unidades habitacionales”, dijo el Viceministro.
Inversión
De acuerdo con los datos de la AEVivienda, las 3.344 soluciones habitacionales demandarán una inversión de Bs 918,8 millones.
El viceministro Morales indicó que con el programa Comunidades Urbanas se tiene previsto construir 5.000 departamentos familiares en total.
Morales añadió que muchos de estos proyectos estarán listos para su entrega en la gestión 2016 y algunos en 2017 por la cantidad de infraestructura que se debe realizar.
El Gobierno impulsa varios programas de vivienda para reducir el déficit habitacional.
Oruro Construcciones clandestinas deben regularizar sus planos y trámites
A través de notificaciones, el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO) insta a los propietarios de construcciones consideradas clandestinas, a regularizar sus trámites, planos y autorizaciones para proceder a edificar, caso contrario serían pasibles a multas e incluso, dependiendo del caso, a la demolición de las estructuras.
En las recientes semanas, personal de la Dirección de Regulación Urbana, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano, procedió a notificar en diferentes puntos de la ciudad, a aquellas construcciones que no cuentan con planos aprobados, o no tramitaron la autorización correspondiente para iniciar obras.
"En fiel cumplimiento a las normativas del Gobierno Municipal, relativas a la construcción de inmuebles y edificios, se está procediendo a dejar notificaciones para que puedan los propietarios, empezar a poner en orden su documentación y puedan presentar los planos aprobados a la Alcaldía", manifestó el secretario de Desarrollo Urbano del GAMO, Carlos Sanabria. La autoridad manifestó que en principio, se está solicitando a los responsables de estas construcciones, que presenten el derecho propietario, los planos regularizados de acuerdo a la normativa de la municipalidad y que, posteriormente, analizarán si el caso amerita o no una multa por haber procedido, por fuera de las leyes.
"Queremos dar un mensaje a la población de Oruro, para que puedan regularizar todo lo que son sus trámites de aprobación de planos. En estos recientes años, hemos visto mucha falencia en este aspecto, entonces primero estamos notificando para que no hayan problemas posteriores", expresó.
Sanabria puso como ejemplo, la construcción que se tiene en la calle Caro entre 6 de Agosto y Velasco Galvarro, que sería de propiedad de la Universidad Técnica de Oruro (UTO), que fue notificada la pasada semana y aguardan que en estos días presenten los descargos correspondientes.
En las recientes semanas, personal de la Dirección de Regulación Urbana, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano, procedió a notificar en diferentes puntos de la ciudad, a aquellas construcciones que no cuentan con planos aprobados, o no tramitaron la autorización correspondiente para iniciar obras.
"En fiel cumplimiento a las normativas del Gobierno Municipal, relativas a la construcción de inmuebles y edificios, se está procediendo a dejar notificaciones para que puedan los propietarios, empezar a poner en orden su documentación y puedan presentar los planos aprobados a la Alcaldía", manifestó el secretario de Desarrollo Urbano del GAMO, Carlos Sanabria. La autoridad manifestó que en principio, se está solicitando a los responsables de estas construcciones, que presenten el derecho propietario, los planos regularizados de acuerdo a la normativa de la municipalidad y que, posteriormente, analizarán si el caso amerita o no una multa por haber procedido, por fuera de las leyes.
"Queremos dar un mensaje a la población de Oruro, para que puedan regularizar todo lo que son sus trámites de aprobación de planos. En estos recientes años, hemos visto mucha falencia en este aspecto, entonces primero estamos notificando para que no hayan problemas posteriores", expresó.
Sanabria puso como ejemplo, la construcción que se tiene en la calle Caro entre 6 de Agosto y Velasco Galvarro, que sería de propiedad de la Universidad Técnica de Oruro (UTO), que fue notificada la pasada semana y aguardan que en estos días presenten los descargos correspondientes.
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