Casi la totalidad de los propietarios de las casas destruidas en Bajo Llojeta, en La Paz, compraron los terrenos a un loteador (avasallador) y por eso las viviendas no tienen el documento legal que acredite el derecho propietario. Una abogada denunció que esa zona fue avasallada porque son terrenos que pertenecían a la Universidad Católica de Bolivia (UCB), de ese modo, se complica la reconstrucción de esas casas.
“La información que nosotros también tenemos es que las familias casi en un 95% han sido estafadas por un loteador, de manera que es un tema también que se debe investigar y que se tiene que llegar a definir responsabilidades, y obviamente, cuando existen algunos procedimientos jurídicos, cuando somos funcionarios públicos es difícil intervenir porque luego somos objeto de auditorías”, dijo el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, en conferencia conjunta con el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño.
Han pasado casi 45 días desde que el desborde del río Pasajahuira anegó al menos 40 casas dejando en la calle a más de 100 familias y provocado la muerte de una niña. Empezó la temporada de lluvias y el lodo sedimentado no termina de ser levantado del lugar pese al trabajo de la Alcaldía y de los propietarios que alquilaron maquinaria para remover todo, pero no se acaba el lodo.
“Nuestro equipo técnico ha identificado 157 familias, hemos solicitado el catastro para obviamente ya intervenir con empresas y se pueda realizar la construcción y no hay catastro. Señor alcalde no hay catastro en ese sector, les hemos pedido bajo esta nota oficial de AE Vivienda que nos pasen el número de la cantidad de familias afectadas y no ha llegado”, reclamó por su parte el ministro Édgar Montaño.
Calvimontes dijo que como Gobierno no construirán de nuevo en el lugar las viviendas porque es zona de desastre y por eso necesitan regularizar todos los documentos para saber cuántas viviendas se construirán y dónde serán las nuevas edificaciones.
Avasalladores
Mientras, surgió la abogada Marlene Terán, quien es defensora de los trabajadores de la UCB. La profesional reveló que todas las casas están edificadas en predios que pertenecían a los trabajadores de la universidad y que la compra de esos terrenos se remonta a 1997.
La profesional dijo que hay dos procesos penales por esa causa y se abrirá un tercero con este nuevo suceso. Dijo que en el lugar debía edificarse la ‘urbanización San Pablo’ de propiedad de los trabajadores, sin embargo, siete hectáreas de terrenos fue avasallada y en su lugar crearon la ‘urbanización Santa Cecilia’, que es la afectada por la riada del 23 de noviembre.
Según la abogada estos sucesos reactivaron el conflicto que hay por esos terrenos y en el cual estaría involucrado el propio alcalde porque estuvo en campaña en ese sector y prometió reconocer a los vecinos, pese a que existe una disputa en el terreno.
Por si fuera poco, la constructora Kantutani dijo que ya realizó el 70% de trabajos de mitigación en el sector, pero en terrenos de su propiedad, pero no en el lugar del desastre. La Alcaldía lamentó que la empresa, que fue la causante del problema, solo mire sus terrenos y no las consecuencias de esos trabajos.
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