Más de 45 familias que habitan actualmente los condominios “Wiphala”, ubicados en la zona Mercedario, del Distrito 4, exigieron ayer al Gobierno central pagar $us 42 mil por la propiedad de estos inmuebles, monto anunciado por las autoridades cuando adquirieron el espacio.
Uno de los representantes de los vecinos del condominio, Ovidio Ayala, recordó que en la entrega de los inmuebles, acto encabezado por el presidente Evo Morales, se habló de un crédito a ser cancelado en cuotas mensuales durante un plazo de entre 10 y 20 años. Sin embargo, en momento alguno se les habría informado sobre otras condiciones que de pronto aparecieron en los últimos días.
Asimismo, aclaró que, de acuerdo con los cálculos realizados, los ciudadanos cancelarían un monto total de 92 mil dólares, durante los años en que corra crédito, motivo por el que los beneficiarios se declaren en estado de emergencia.
“Todos nosotros estamos muy conscientes que debemos pagar un determinado monto económico por el que se nos ha otorgado este condominio, pero de ninguna manera aceptaremos que con pretextos, que no son nada convincentes para nosotros ahora, quieran que incrementemos, por cada persona, a 50 mil dólares, monto que es imposible de pagar para nosotros, porque la mayoría de las personas que hemos adquirido las viviendas somos de escasos recursos económicos”, dijo Ayala.
INHUMANA
Para los afectados, esta actitud de parte de las autoridades del Estado fue calificada como inhumana, porque en el momento de la entrega de los inmuebles el Presidente del país habría señalado que son viviendas sociales, pero, por el giro que está tomando el caso aseguran que éstas viviendas “no tienen nada de social”.
Después de escuchar la explicación de las autoridades, los afectados, la calificaron de “nada convincente”, este incremento se debe a que tienen que recuperar la inversión económica que efectuaron en anteriores años en este tipo de construcciones, siendo que, a decir de los propios dueños del condominio, nada tienen que ver con este tema.
Producto de esta acción que se está intentando aplicar por parte del Gobierno, algunas familias estarían optando por abandonar sus condominios y otros ya lo hicieron, debido a que, de concretarse el cambio, ya no estarían en condiciones de pagar la vivienda al resultar ser ésta un precio muy alto, de acuerdo a sus posibilidades económicas.
DEFICIENCIAS
Los representantes de las más de 45 familias que se hicieron presentes ayer en la Alcaldía Quemada, para protestar por estos problemas, denunciaron que la construcción del condominio presenta muchos desperfectos en la infraestructura, desde que habitaron los inmuebles, por lo que también señalaron que de ninguna manera podría costar los 92 mil dólares que se intenta cobrarles.
Entre las deficiencias que se han detectado en varias de las habitaciones, según la denuncia de las familias, tienen filtraciones de agua, especialmente en los pisos superiores, debido a que el acabado del techo no tiene el cemento impermeabilizado, tal como debería ser.
De la misma manera, los tumbados o cielos falsos comenzaron a deteriorarse, lo que, para los apenas dos meses de uso que tienen, es una deficiencia principal.
Además, muchos de los inodoros de los servicios higiénicos, las chapas de las puertas y los focos de iluminación, se encuentran en pésimas condiciones.
“No asumiremos ninguna medida de protesta hasta que conozcamos una voz oficial del presidente Morales, en sentido de que se cumplirá su palabra en el costo de nuestros condominios en 42 mil dólares, tal como fue su compromiso”, finalizó Ayala.
viernes, 12 de agosto de 2016
viernes, 5 de agosto de 2016
Preparan proyecto de ley para revertir viviendas sociales
El presidente de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, Lino Cárdenas, informó que esa instancia legislativa trabaja un proyecto de ley para que el Estado recupere las viviendas que entregó a sectores sociales, y que no cumplen con la función para la que fueron dotadas.
“Esta (propuesta de) ley faculta al Estado a que mediante un acto administrativo se pueda entregar un inmueble a esos sectores sociales y a través de otro acto administrativo se pueda revertir ese inmueble cuando no está cumpliendo esa función social”, informó.
A pesar que el Gobierno hasta la fecha no tiene un dato concreto, el Ministerio de Obras Públicas informó que hasta el momento cerca de “2.500 a 3.000 viviendas no estarían cumpliendo la función social” para lo que fueron edificadas.
VENTA
El legislador explicó que esa norma fue propuesta porque se identificaron viviendas sociales que fueron alquiladas, transferidas a terceros, vendidas e incluso inhabitadas.
Cárdenas aclaró que la norma le permitirá al Estado “recuperar” las viviendas sociales mediante un procedimiento administrativo, que será ejecutado por la misma instancia que ayudó a la dotación de los inmuebles, entre ellos el Ministerio de Obras Públicas y alcaldías.
“Es de carácter administrativo, implica que no va a ser necesario acudir a un juez de la justicia ordinaria, sino que va a ser la misma instancia administrativa que le entrega el inmueble, la que le va hacer un proceso en la vía administrativa, para revertirla vivienda social”, complementó.
En caso de que el inmueble haya sido adquirido mediante un préstamo, esa vivienda –dijo– “tendrá que ser rematada, para cumplir con las entidades financieras”.
Afirmó que el objetivo no es que el Estado actúe de forma arbitraria, por eso habrá mecanismos de control que prueben que una vivienda social está siendo mal utilizada o está inhabitada, antes de iniciar cualquier proceso, asimismo, un beneficiario que no esté de acuerdo con algún proceso de reversión podrá defender su causa.
RECURSO
“Si el beneficiario no está de acuerdo, puede interponer el recurso de revocatoria ante esa misma instancia, si no le es favorable, puede poner el recurso jerárquico ante la máxima autoridad de vivienda, inclusive puede interponerse un proceso de carácter administrativo ante la justicia ordinaria y acudir a una sala social”, precisó.
Con esta propuesta, aseguró que solo se pretende precautelar los recursos económicos del Estado que emanan de la misma población.
“El Estado (Gobierno) no quiere actuar de forma arbitraria, sino quiere precautelar los recursos que les cuesta a todos los bolivianos, para que sirvan para un fin noble”, insistió.
Según un reporte de la agencia ANF, en el condominio Wiphala que se encuentra en la ciudad de El Alto, de 336 departamentos que se construyeron bajo el programa de vivienda social, solo 29 están ocupados por familias, además que el costo inicial de 42 mil dólares, anunciado por el presidente Evo Morales, la Agencia Estatal de Vivienda anunció que pagarán 96 mil bolivianos por cada vivienda.
“Esta (propuesta de) ley faculta al Estado a que mediante un acto administrativo se pueda entregar un inmueble a esos sectores sociales y a través de otro acto administrativo se pueda revertir ese inmueble cuando no está cumpliendo esa función social”, informó.
A pesar que el Gobierno hasta la fecha no tiene un dato concreto, el Ministerio de Obras Públicas informó que hasta el momento cerca de “2.500 a 3.000 viviendas no estarían cumpliendo la función social” para lo que fueron edificadas.
VENTA
El legislador explicó que esa norma fue propuesta porque se identificaron viviendas sociales que fueron alquiladas, transferidas a terceros, vendidas e incluso inhabitadas.
Cárdenas aclaró que la norma le permitirá al Estado “recuperar” las viviendas sociales mediante un procedimiento administrativo, que será ejecutado por la misma instancia que ayudó a la dotación de los inmuebles, entre ellos el Ministerio de Obras Públicas y alcaldías.
“Es de carácter administrativo, implica que no va a ser necesario acudir a un juez de la justicia ordinaria, sino que va a ser la misma instancia administrativa que le entrega el inmueble, la que le va hacer un proceso en la vía administrativa, para revertirla vivienda social”, complementó.
En caso de que el inmueble haya sido adquirido mediante un préstamo, esa vivienda –dijo– “tendrá que ser rematada, para cumplir con las entidades financieras”.
Afirmó que el objetivo no es que el Estado actúe de forma arbitraria, por eso habrá mecanismos de control que prueben que una vivienda social está siendo mal utilizada o está inhabitada, antes de iniciar cualquier proceso, asimismo, un beneficiario que no esté de acuerdo con algún proceso de reversión podrá defender su causa.
RECURSO
“Si el beneficiario no está de acuerdo, puede interponer el recurso de revocatoria ante esa misma instancia, si no le es favorable, puede poner el recurso jerárquico ante la máxima autoridad de vivienda, inclusive puede interponerse un proceso de carácter administrativo ante la justicia ordinaria y acudir a una sala social”, precisó.
Con esta propuesta, aseguró que solo se pretende precautelar los recursos económicos del Estado que emanan de la misma población.
“El Estado (Gobierno) no quiere actuar de forma arbitraria, sino quiere precautelar los recursos que les cuesta a todos los bolivianos, para que sirvan para un fin noble”, insistió.
Según un reporte de la agencia ANF, en el condominio Wiphala que se encuentra en la ciudad de El Alto, de 336 departamentos que se construyeron bajo el programa de vivienda social, solo 29 están ocupados por familias, además que el costo inicial de 42 mil dólares, anunciado por el presidente Evo Morales, la Agencia Estatal de Vivienda anunció que pagarán 96 mil bolivianos por cada vivienda.
jueves, 4 de agosto de 2016
Techo Bolivia lanza campaña para construir 60 casas
Con el propósito de recaudar Bs 500.000 para la construcción de 60 viviendas, el financiamiento de una sede comunitaria y tres mesas de trabajo en los barrios y comunidades de Santa Cruz y de La Paz, la fundación Techo Bolivia lanzó oficialmente su campaña #ProtestaInvisible.
Andrés Gutiérrez, gerente general de la fundación, informó de que el 12, 13 y 14 de este mes cerca de 5.000 voluntarios estarán en las calles de Santa Cruz y La Paz invitando a la población a que haga su donación.
Indicó que los aportes durante la colecta serán resguardados y transportados por personal de Brinks y posteriormente contados de forma pública en las 11 sucursales de banco Fassil.
Pobreza
Róger Yance, director social de la fundación, recordó que cuatro de cada 10 bolivianos viven en situación de pobreza y “nosotros como jóvenes no podemos ser indiferentes ante esta situación”, señaló.
Techo Bolivia funciona desde 2010. Hasta la fecha ha logrado construir más de 660 viviendas y abordar seis proyectos de gestión comunitaria
miércoles, 3 de agosto de 2016
Comisión trabaja ley para revertir viviendas sociales que incumplan función original
El presidente de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, Lino Cárdenas, informó que esa instancia legislativa trabaja un proyecto de ley para que el Estado recupere las viviendas que entregó a sectores sociales, y que no cumplen con la función para la que fueron dotadas.
"Esta ley faculta al Estado a que mediante un acto administrativo se pueda entregar un inmueble a esos sectores sociales y a través de otro acto administrativo se pueda revertir ese inmueble cuando no está cumpliendo esa función social", dijo.
El legislador explicó que esa norma fue propuesta porque se identificaron viviendas sociales que fueron alquiladas, transferidas a terceros, vendidas e incluso inhabitadas.
Cárdenas aclaró que la norma le permitirá al Estado "recuperar" las viviendas sociales mediante un procedimiento administrativo, que será ejecutado por la misma instancia que ayudó a la dotación de los inmuebles, entre ellos el Ministerio de Obras Públicas y alcaldías.
"Es de carácter administrativo, implica que no va a ser necesario acudir a un juez de la justicia ordinaria, sino que va a ser la misma instancia administrativa que le entrega el inmueble, la que le va hacer un proceso en la vía administrativa, para revertirla vivienda social", complementó.
En caso de que el inmueble haya sido adquirido mediante un préstamo, esa vivienda -dijo- "tendrá que ser rematada, para cumplir con las entidades financieras".
Afirmó que el objetivo no es que el Estado actúe de forma arbitraria, por eso habrá mecanismos de control que prueben que una vivienda social está siendo mal utilizada o está inhabitada, antes de iniciar cualquier proceso, asimismo, un beneficiario que no esté de acuerdo con algún proceso de reversión podrá defender su causa.
"Si el beneficiario no está de acuerdo, puede interponer el recurso de revocatoria ante esa misma instancia, si no le es favorable, puede poner el recurso jerárquico ante la máxima autoridad de vivienda, inclusive puede interponerse un proceso de carácter administrativo ante la justicia ordinaria y acudir a una sala social", precisó.
Aseguró que el Estado sólo quiere precautelar los recursos económicos que emanan de la misma población.
"El Estado no quiere actuar de forma arbitraria, sino quiere precautelar los recursos que les cuesta a todos los bolivianos, para que sirvan para un fin noble", insistió.
Adelantó que la norma, en su reglamentación establecerá mecanismos para que una vez que el Estado recupere las viviendas, éstas sean "reasignadas" a otros beneficiarios.
Detalló que no existe un dato concreto, pero según información del Ministerio de Obras Públicas, hasta el momento cerca de "2.500 a 3.000 viviendas no estarían cumpliendo la función social".
"Esta ley faculta al Estado a que mediante un acto administrativo se pueda entregar un inmueble a esos sectores sociales y a través de otro acto administrativo se pueda revertir ese inmueble cuando no está cumpliendo esa función social", dijo.
El legislador explicó que esa norma fue propuesta porque se identificaron viviendas sociales que fueron alquiladas, transferidas a terceros, vendidas e incluso inhabitadas.
Cárdenas aclaró que la norma le permitirá al Estado "recuperar" las viviendas sociales mediante un procedimiento administrativo, que será ejecutado por la misma instancia que ayudó a la dotación de los inmuebles, entre ellos el Ministerio de Obras Públicas y alcaldías.
"Es de carácter administrativo, implica que no va a ser necesario acudir a un juez de la justicia ordinaria, sino que va a ser la misma instancia administrativa que le entrega el inmueble, la que le va hacer un proceso en la vía administrativa, para revertirla vivienda social", complementó.
En caso de que el inmueble haya sido adquirido mediante un préstamo, esa vivienda -dijo- "tendrá que ser rematada, para cumplir con las entidades financieras".
Afirmó que el objetivo no es que el Estado actúe de forma arbitraria, por eso habrá mecanismos de control que prueben que una vivienda social está siendo mal utilizada o está inhabitada, antes de iniciar cualquier proceso, asimismo, un beneficiario que no esté de acuerdo con algún proceso de reversión podrá defender su causa.
"Si el beneficiario no está de acuerdo, puede interponer el recurso de revocatoria ante esa misma instancia, si no le es favorable, puede poner el recurso jerárquico ante la máxima autoridad de vivienda, inclusive puede interponerse un proceso de carácter administrativo ante la justicia ordinaria y acudir a una sala social", precisó.
Aseguró que el Estado sólo quiere precautelar los recursos económicos que emanan de la misma población.
"El Estado no quiere actuar de forma arbitraria, sino quiere precautelar los recursos que les cuesta a todos los bolivianos, para que sirvan para un fin noble", insistió.
Adelantó que la norma, en su reglamentación establecerá mecanismos para que una vez que el Estado recupere las viviendas, éstas sean "reasignadas" a otros beneficiarios.
Detalló que no existe un dato concreto, pero según información del Ministerio de Obras Públicas, hasta el momento cerca de "2.500 a 3.000 viviendas no estarían cumpliendo la función social".
Tarija Ley municipal pretende normar edificaciones en altura
Debido al crecimiento acelerado de Tarija en extensión y población, el Concejo Municipal aprobó en grande la Ley de edificaciones en altura, que tiene como finalidad planificar el crecimiento como la renovación de la ciudad mediante la edificación vertical, explicó el presidente de este ente, Alfonso Lema Grosz.
Lema se refirió a que la política de ordenamiento que realiza el Gobierno Municipal necesariamente debe de regular el ordenamiento urbano. Tarija ha tenido un crecimiento considerable en el último tiempo en extensión y población. Más de 250.000 habitantes, generaron la creación de nuevos barrios, por ende, existen una serie deconstrucciones clandestinas como resultado de la burocracia actual de la Dirección de Ordenamiento Territorial DOT.
Por lo tanto, debe ordenarse la ciudad a través de una planificación integral, pero tomando acciones que permitan resolver los problemas existentes en cuanto a las edificaciones.
“La norma es para que Tarija pueda crecer de una manera armónica, respetando las características arquitectónicas en las zonas determinadas; pero asimismo, hay que entender que para ser una ciudad moderna, se debe de permitir que se puede hacer nuevos emplazamientos”, sostuvo Lema.
Lema aclaró que la visión de esta ley contempla la preservación del patrimonio arquitectónico en las zonas determinadas por ley.
En Tarija hay edificaciones clandestinas que han aparecido aprobadas “de la noche a la mañana” sin cumplir la normativa. “Ahora quien quiera hoy emplazar un nuevo emprendimiento por las normativas existentes, se le dice que no está permitido; sin embargo, a pocos metros, donde el solicitante pidió hacer el proyecto, hay una construcción, sin que nadie sepa en qué momento se aprobó”, siendo en éste caso clandestina.
Para encontrar un punto de equilibrio que permita planificar la ciudad y no tener esta lógica de clandestinidad, la autoridad explicó que fue elaborada dicha ley, además, la normativa dará las condiciones básicas al Gobierno Municipal para ser “drástico” ante construcciones clandestinas.
“Hay que regular hacia adelante, pero hay que ver cómo resolvemos lo que ya existe, por otro lado, hay que generar condiciones para las edificaciones que hoy son clandestinas tengan la posibilidad de enmarcarse en las normas”.
Este proyecto de ley generó fuerte crítica al interior del Colegio de Arquitectos de Tarija, que paradójicamente no fue tomado en cuenta en la socialización de la normativa.
“De pronto vemos que una comisión del Concejo Municipal que tiene que velar por el desarrollo urbano está preparando un proyecto de ley de edificaciones en altura”, dijo sorprendido el vicepresidente del Colegio de Arquitectos, Hugo Borda Villena.
Si bien los arquitectos están de acuerdo en que es necesaria una ley de este tipo, la misma debe tener un estudio que la ampare, además de ser socializada con profesionales en el área. Los miembros del Colegio de Arquitectos encontraron deficiencias en la normativa que puede terminar de congestionar no sólo el centro urbano, sino otras zonas de la capital.
“¿Será que esta ley soluciona los problemas de congestionamiento vehicular, frente al crecimiento de flujos de vehículos, desconcentre las actividades administrativas, frene la destrucción sistemática de patrimonio arquitectónico y urbano?”, cuestionó borda, quien prácticamente se respondió solo.
“La lógica me dice lo contrario, que una ley con estas características hará crecer los problemas ya mencionados”.
Hasta julio se presentaron 122 casos de loteamientos
De enero a julio de este año, la comuna detectó 122 casos de avasallamientos en los distritos municipales 18, 19 y 21 de la zona Sur, vinculada a problemas limítrofes. Por esto, lleva adelante procesos administrativos para precautelar la propiedad pública y forestal que existe en el área.
Un reporte de la Subalcaldia señala que para precautelar la propiedad pública y forestal que existe en el área, se ha realizado varias denuncias desde principios de esta gestión y también se ha intervenido varias construcciones, para que éstas no tengan continuidad.
Desde enero a junio de este año se ha visto un total de 122 casos dentro de los tres distritos más afectados por los loteamientos. Las áreas más vulnerables son: áreas verdes, de equipamientos, áreas de preservación paisajística, entre otros.
De acuerdo con los vecinos los avasallamientos son en zonas de propiedad municipal, áreas verdes, forestales, paisajísticas, de preservación natural, de riesgo geológico, de equipamiento y en sectores no urbanizados.
En este sentido, explicaron que debido a la “política agresiva” de fiscalización que lleva adelante la Municipalidad contra los avasallamientos fue posible reducir los loteamientos en los últimos meses.
Expresaron que junto al apoyo de control social y la junta vecinal, ahora se tiene entre 25 y 24 casos (al mes), lo que también posible gracias al apoyo que se ha obtenido de los medios de comunicación y a las denuncias sistemáticas realizadas por los vecinos.
Un reporte de la Subalcaldia señala que para precautelar la propiedad pública y forestal que existe en el área, se ha realizado varias denuncias desde principios de esta gestión y también se ha intervenido varias construcciones, para que éstas no tengan continuidad.
Desde enero a junio de este año se ha visto un total de 122 casos dentro de los tres distritos más afectados por los loteamientos. Las áreas más vulnerables son: áreas verdes, de equipamientos, áreas de preservación paisajística, entre otros.
De acuerdo con los vecinos los avasallamientos son en zonas de propiedad municipal, áreas verdes, forestales, paisajísticas, de preservación natural, de riesgo geológico, de equipamiento y en sectores no urbanizados.
En este sentido, explicaron que debido a la “política agresiva” de fiscalización que lleva adelante la Municipalidad contra los avasallamientos fue posible reducir los loteamientos en los últimos meses.
Expresaron que junto al apoyo de control social y la junta vecinal, ahora se tiene entre 25 y 24 casos (al mes), lo que también posible gracias al apoyo que se ha obtenido de los medios de comunicación y a las denuncias sistemáticas realizadas por los vecinos.
Mapeo detecta en zona Sur ocho sectores con mayores loteamientos
De acuerdo con un mapeo presentado ayer por la Subalcaldía del Macrodistrito Sur, ocho zonas de ese sector se presentan como las más afectadas por los problemas de loteamientos clandestinos.
Las zonas más afectadas por los avasallamientos en la zona Sur son Achumani, Cota Cota, Alto Calacoto, Lakajahuira, Irpavi, Ipavi 2, Bolognia y Auquisamañana.
El presidente del Organismo de Control Social del Distrito 18, Wálter Sempértegui, pidió a la Policía acompañar los trabajos de fiscalización y control, porque los loteadores en pasadas semanas ejercieron violencia en contra de los vecinos y autoridades, al momento de ser denunciados por la toma ilegal de tierras en ese sector.
De acuerdo con el subalcalde del macrodistrito Sur, Óscar Soliagno, en lo que va del año se presentaron más de 100 denuncias de parte de vecinos de los ochos sectores más afectados, no solo en propiedades municipales, de equipamiento, aéreas forestales y turísticas, sino que también en viviendas particulares.
En este sentido, señaló el Subalcalde que el mapeo para medir los lugares con más problemas de loteamientos tiene el objetivo de poner en alerta no sólo al Gobierno Municipal, sino al central y también al departamental, ya que en su opinión para detener estas acciones de bandolerismo se debe trabajar coordinadamente.
De acuerdo con los datos estadísticos del último año, de enero a julio, se tiene 122 casos o denuncias de loteamientos en áreas verdes y de equipamiento en la zona Sur. En caso de procederse a un corte con relación a 2015, suman en total 274 casos de loteamientos ilegales, de junio del pasado año a junio del presente año.
Estos datos han puesto a los vecinos en alerta y emergencia. Asimismo, han decidido apoyarse mutuamente para resguardar las áreas verdes y de equipamiento.
MAYORES PROBLEMAS
Los mayores problemas de loteamiento se encuentran concentrados en el Distrito 18 y también en el 19, es decir que la mayor cantidad de casos están en Achumani, desde la parte central hasta la parte alta, donde se encuentran las zonas de Wallani, Kallumani, Chijipata, entre otros.
El segundo sector con alta tasa de loteamientos tiene que ver con Alto Calacoto, que comprende las zonas de El Pedregal, Los Almendros, Cota Cota, Alto Calacoto y Lakajahuira.
Finalmente, un tercer sector afectado tiene que ver con Irpavi 2, Irpavi y Bolognia.
ZONAS VERDES Y PAISAJÍSTICAS
Sogliano expresó que existe otro grupo importante de áreas en riesgo, de carácter paisajística y de serranía, como Auquisamaña y Bolognia.
Dijo que ambas zonas están protegidas por una ley nacional de preservación forestal. Aun así, todos los días se presentan problemas de loteamientos en ambos sectores. Los loteadores, sin medir las consecuencias, proceden a cercenar los árboles, uno de los mayores pulmones no solo de la zona Sur, sino de toda la ciudad de La Paz.
Desde hace meses atrás se está trabajando en los procesos técnicos y administrativos. En muchos casos, la comuna ha procedido a la demolición de construcciones ilegales en áreas municipales.
Dijo que para realizar varios de los procesos técnicos en otros lugares, se ha pedido la participación de la Fiscalía, del Ministerio Público y de la Policía, porque se ha visto que los loteadores ingresan con violencia para tomar por la fuerza las áreas que no les corresponden.
“En estos casos se necesita la ayuda de la Policía, pero lastimosamente no hay el apoyo necesario, a pesar de que estos acaban en su mayoría en agresiones físicas”, indicó el Subalcalde de la zona Sur.
DETALLE DE LOTEAMIENTOS
En el Distrito 18 presenta los sectores con mayores problemas de loteamientos. Las zonas más afectadas son: Achumani (45), Aruntaya (4), y Alto Irpavi (14), Irpavi (28) y Bolognia (13).
En el Distrito 19 los lugares más afectados son: Alto Calacoto (32), Calacoto (11), Ovejuyo (25), Chasquipampa (12), Cota Cota (9).
En el Distrito 21 las zonas más afectadas son: Bella Vista (21), Alto Obrajes (10), Obrajes (15), Bajo Llojeta (9), Alto Seguencoma (13) y Seguencoma (11) son las que tuvieron mayores dificultades.
VECINOS
El presidente del Organismo de Control Social Distrito 18, Wálter Sempértegui, pidió a la Policía y a la Fiscalía acompañar los trabajos de fiscalización y control.
Indicó que en su jurisdicción y competencia, lo que tiene que hacerse es controlar y hacer prevalecer las normas vigentes, pero muchas veces se encuentra con un gran tropiezo, porque al momento de realizar la fiscalización, los loteadores los esperan con piedras, para evitar que la autoridades intervengan.
En esta línea, la presidenta del Organismo de Control Social Distrito 19, Sebastiana Vicente, manifestó que debido a que el tema de los loteamientos está vinculado a los límites, dicho problema debe ser solucionado, a través de un referéndum.
“Sufrimos muchos avasallamientos sobre todo del municipio de Palca, con el permiso de ese municipio invaden los lugares de equipamiento y áreas verdes (…). Por eso se siente la necesidad de realizar un referéndum para definir la delimitación”, explicó Vicente.
Las zonas más afectadas por los avasallamientos en la zona Sur son Achumani, Cota Cota, Alto Calacoto, Lakajahuira, Irpavi, Ipavi 2, Bolognia y Auquisamañana.
El presidente del Organismo de Control Social del Distrito 18, Wálter Sempértegui, pidió a la Policía acompañar los trabajos de fiscalización y control, porque los loteadores en pasadas semanas ejercieron violencia en contra de los vecinos y autoridades, al momento de ser denunciados por la toma ilegal de tierras en ese sector.
De acuerdo con el subalcalde del macrodistrito Sur, Óscar Soliagno, en lo que va del año se presentaron más de 100 denuncias de parte de vecinos de los ochos sectores más afectados, no solo en propiedades municipales, de equipamiento, aéreas forestales y turísticas, sino que también en viviendas particulares.
En este sentido, señaló el Subalcalde que el mapeo para medir los lugares con más problemas de loteamientos tiene el objetivo de poner en alerta no sólo al Gobierno Municipal, sino al central y también al departamental, ya que en su opinión para detener estas acciones de bandolerismo se debe trabajar coordinadamente.
De acuerdo con los datos estadísticos del último año, de enero a julio, se tiene 122 casos o denuncias de loteamientos en áreas verdes y de equipamiento en la zona Sur. En caso de procederse a un corte con relación a 2015, suman en total 274 casos de loteamientos ilegales, de junio del pasado año a junio del presente año.
Estos datos han puesto a los vecinos en alerta y emergencia. Asimismo, han decidido apoyarse mutuamente para resguardar las áreas verdes y de equipamiento.
MAYORES PROBLEMAS
Los mayores problemas de loteamiento se encuentran concentrados en el Distrito 18 y también en el 19, es decir que la mayor cantidad de casos están en Achumani, desde la parte central hasta la parte alta, donde se encuentran las zonas de Wallani, Kallumani, Chijipata, entre otros.
El segundo sector con alta tasa de loteamientos tiene que ver con Alto Calacoto, que comprende las zonas de El Pedregal, Los Almendros, Cota Cota, Alto Calacoto y Lakajahuira.
Finalmente, un tercer sector afectado tiene que ver con Irpavi 2, Irpavi y Bolognia.
ZONAS VERDES Y PAISAJÍSTICAS
Sogliano expresó que existe otro grupo importante de áreas en riesgo, de carácter paisajística y de serranía, como Auquisamaña y Bolognia.
Dijo que ambas zonas están protegidas por una ley nacional de preservación forestal. Aun así, todos los días se presentan problemas de loteamientos en ambos sectores. Los loteadores, sin medir las consecuencias, proceden a cercenar los árboles, uno de los mayores pulmones no solo de la zona Sur, sino de toda la ciudad de La Paz.
Desde hace meses atrás se está trabajando en los procesos técnicos y administrativos. En muchos casos, la comuna ha procedido a la demolición de construcciones ilegales en áreas municipales.
Dijo que para realizar varios de los procesos técnicos en otros lugares, se ha pedido la participación de la Fiscalía, del Ministerio Público y de la Policía, porque se ha visto que los loteadores ingresan con violencia para tomar por la fuerza las áreas que no les corresponden.
“En estos casos se necesita la ayuda de la Policía, pero lastimosamente no hay el apoyo necesario, a pesar de que estos acaban en su mayoría en agresiones físicas”, indicó el Subalcalde de la zona Sur.
DETALLE DE LOTEAMIENTOS
En el Distrito 18 presenta los sectores con mayores problemas de loteamientos. Las zonas más afectadas son: Achumani (45), Aruntaya (4), y Alto Irpavi (14), Irpavi (28) y Bolognia (13).
En el Distrito 19 los lugares más afectados son: Alto Calacoto (32), Calacoto (11), Ovejuyo (25), Chasquipampa (12), Cota Cota (9).
En el Distrito 21 las zonas más afectadas son: Bella Vista (21), Alto Obrajes (10), Obrajes (15), Bajo Llojeta (9), Alto Seguencoma (13) y Seguencoma (11) son las que tuvieron mayores dificultades.
VECINOS
El presidente del Organismo de Control Social Distrito 18, Wálter Sempértegui, pidió a la Policía y a la Fiscalía acompañar los trabajos de fiscalización y control.
Indicó que en su jurisdicción y competencia, lo que tiene que hacerse es controlar y hacer prevalecer las normas vigentes, pero muchas veces se encuentra con un gran tropiezo, porque al momento de realizar la fiscalización, los loteadores los esperan con piedras, para evitar que la autoridades intervengan.
En esta línea, la presidenta del Organismo de Control Social Distrito 19, Sebastiana Vicente, manifestó que debido a que el tema de los loteamientos está vinculado a los límites, dicho problema debe ser solucionado, a través de un referéndum.
“Sufrimos muchos avasallamientos sobre todo del municipio de Palca, con el permiso de ese municipio invaden los lugares de equipamiento y áreas verdes (…). Por eso se siente la necesidad de realizar un referéndum para definir la delimitación”, explicó Vicente.
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