Aprovechando la demanda de vivienda, la oferta de terrenos y construcciones ilegales también prolifera en los municipios intermedios del departamento como Sacaba y Quillacollo, que tienen la mayor cantidad de población después del Cercado.
Con tan solo una minuta de venta, los denominados loteadores tratan de convencer a la gente con la compra de un terreno, o una construcción, sin considerar que esa inversión puede ser perdida en cualquier momento por tratarse de un negocio ilegal.
La realidad en los municipios de Quillacollo y Sacaba sobre la venta de este tipo de terrenos es tan alarmante que las autoridades comenzaron a ponerle un alto con las notificaciones escritas y demoliciones de construcciones en lugares prohibidos, situados fuera de la mancha urbana, en terrenos agrícolas o que simplemente le pertenecen a otra persona.
La directora de Urbanismo del municipio de Sacaba, Carmen Vargas, informa que por mes se aprueban al menos 60 nuevos permisos de construcciónes legales en esa región, pero las edificaciones superan ese promedio y la mayoría no cuenta con los papeles respectivos.
“Por cada tres solicitudes legales que nos hacen llegar y que cuentan con los papeles, hay otros 30 ilegales que se animan a construir a escondidas y sin ninguna autorización”.
Lo primero que el municipio exige para que se puedan iniciar las construcciones es el derecho propietario, papel con el que la mayoría de los nuevos asentamientos no cuenta y pese a saber de ello se arriesgan a la compra.
Con la minuta en mano, la gente que hace estas adquisiciones por sus bajos costoso se animan a construir en horarios en los que se puede burlar el control de las autoridades municipales de urbanismo.
“Aprovechan el fin de semana, las noches y los feriados para levantar construcciones. Lastimosamente esto termina mal porque no cuentan con la documentación”.
Desde 2014, año en el que se aprobó la ampliación de la mancha urbana en esa región, las construcciones se han ido multiplicando de manera acelerada, indica la autoridad.
En la zona de mayor crecimiento, El Abra donde antes se apreciaban sembradíos y una gran actividad agrícola y de crianza de animales hay cientos de construcciones en obra gruesa, pero una gran mayoría de las casas todavía no es habitada.
También hay zonas de lotes amurallados donde se puede estimar que el crecimiento poblacional irá en ascenso.
Además del derecho propietario se debe contar con un plano de lote, un plano de verja y la solicitud de construcción, requisitos con los que muchas edificaciones no cumplen.
Según Vargas, antes de hacer la adquisición, la gente no averigua cual es la situación del terreno y eso lo lleva a perder su inversión.
“Hemos tenido gente que ha venido a llorar para que no demolamos su propiedad, pero la ley es la ley y se tiene que cumplir”.
Manifiesta que cada semana hay demoliciones en zonas ilegales o que no tienen el permiso de construcción, una de las más frecuentes es El Abra, que pese a estar dentro de la mancha urbana tiene sectores donde no se puede construir, o simplemente se incumplen con las normas.
Para proceder con las demoliciones, la Alcaldía hace tres notificaciones previas y posteriormente se inicia un proceso administrativo que puede terminar con la demolición.
La autoridad pidió a la gente tener mucho cuidado con las compras ilegales y aconsejó no hacer ninguna transacción bancaria sin tener antes el derecho propietario y el permiso de construcción que son los documentos más importantes para no ser estafado.
Mientras que en algunas zonas de ese municipio el trabajo de demolición es complicado, hay sectores organizados donde la gente se reúne y se arma de petardos para evitar que las autoridades ingresen y hagan alguna demolición.
Aunque todavía no se cuenta con una estadística sobre la cantidad de edificaciones que se levanta de manera ilegal en esa región el municipio tiene previsto hacer un levantamiento de datos.
En el caso de Quillacollo, las viviendas ilegales también proliferan al norte y sur del municipio.
Con la ampliación de la mancha urbana se incrementaron las solicitudes de aprobación de nuevas urbanizaciones, pero este proceso está paralizado por el momento a la espera de que se apruebe una ley municipal, informa Henry Calero, encargado de normas urbanas del municipio de Quillacollo.
Los distritos 7, 8 y 10 al norte de Quillacollo en las zonas de Marquina, Ironcollo, El Paso y Potrero son las más beneficiadas con la ampliación de la mancha urbana, pero es allí donde también se están haciendo loteamientos ilegales, sin tomar en cuenta áreas verdes, vías y otros espacios que deben ser respetados para las construcciones.
A diferencia de lo que sucede con Sacaba, Quillacollo se siente de “manos atadas” ante el creciente mercado ilegal de inmuebles, sobre todo lotes.
Cuando se hace un amurallamiento o construcción ilegal la única salida para los funcionarios es la entrega de notificaciones.
Calero asegura que no se hacen demoliciones de manera recurrente porque es difícil ingresar a las zonas donde se han consolidado estas construcciones.
En ese municipio las zonas más afectadas con los avasallamientos ilegales son el Distrito 8 y 6 que incluso están solicitando la aprobación de un nuevo polígono con el Ministerio de Obras Públicas.
Cuestiona el hecho de que en su tiempo las autoridades no hayan podido hacer nada para detener el crecimiento urbano acelerado en áreas donde no corresponde.
Pese a que algunas de estas zonas no cuentan todavía con servicios básicos, señala que la gente se da modos para vivir junto a sus familias.
En otros casos los lotes son simplemente comprados y amurallados a la espera de la aprobación de papeles.
Según Calero hay gente que piensa que habrá una amnistía para dar luz verde a la aprobación de asentamientos ilegales.
Sin embargo, la autoridad resalta que no se aprobarán permisos ni planos de construcción más alla de la normativa, pues esa situación atenta a las áreas agrícolas y al ordenamiento urbano de la ciudad.
Para tratar de poner todo en regla Quillacollo trabaja en la redacción del Plan General de Reordenamiento Urbano que esperan se pueda aprobar este año y así eliminar el mercado ilegal de terrenos que se ha creado en varias zonas.
Esa situación pondrá también en orden al municipio, pues según la autoridad existen miles de ciudadanos que no contribuyen con impuestos a Quillacollo por el simple hecho de no contar con la documentación.
“Lastimosamente lo que ofrece Quillacollo es una explosión de lotes irregulares que la gente compra debido al precio y algunas ya se han consolidado como viviendas donde la gente vive mucho tiempo”, dice por su parte el presidente de la Camara de Empresas de Bienes Raíces de Cochabamba (Cebirac), Gualberto Pinto.
Para esta institución la venta de estos terrenos puede ser diferenciada por el precio.
Cuando los costos son muy reducidos y no se ofertan los papeles la gente debe desconfiar y no arriesgarse a la adquisición, pues podría ocurrir que el lugar donde se quiera asentar nunca logre tener la autorización municipal, o peor todavía se destruyan las construcciones que ya se hicieron.
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