Con siete plantas, 45 habitaciones, unos 20 mil metros cuadrados y un valor aproximado de 486 millones de dólares, la vivienda ubicada en el número 2-8 de Rutland Gate, en Londres, no está al alcance de cualquiera.
Los expertos señalan que esta propiedad puede ser la de mayor valor vendida en la historia del Reino Unido y esperan que el edificio, recientemente puesto a la venta, pueda alcanzar casi los 490 millones de dólares.
Según un artículo publicado en el rotativo británico The Guardian, la vivienda está siendo ofrecida en secreto a un selecto grupo de multimillonarios de todo el mundo con mucho dinero disponible.
La mansión, originalmente construida para albergar a cuatro familias, fue la residencia londinense de Rafiq Hariri, antiguo primer ministro del Líbano, hasta su asesinato en 2005 en un atentado en Beirut.
El diario Financial Times señaló en su momento que después del trágico suceso la casa pasó a manos del sultán bin Abdulaziz, príncipe de Arabia Saudí.
Exclusiva
La casa se encuentra situada frente al Hyde Park londinense, en el barrio de Knightsbridge, uno de los más exclusivos de la capital británica.
Según The Guardian, se cree que dentro hay una piscina, una enorme cocina y detalles de diseño interior de oro que valen millones de dólares. Otros medios británicos afirman que tiene su propio aparcamiento en el sótano y tres ascensores.
De venderse por el valor estimado, la casa se convertiría en la más cara del Reino Unido y superaría a los 225 millones de dólares pagados el año pasado por el banquero ruso Andrey Borodin por una mansión denominada Park Place, situada en el londinense barrio de Henley.
Con anterioridad, la casa de mayor valor del país había sido la suite del último piso en One Hyde Park, edificio también cercano al famoso parque londinense, valorada en 200 millones de dólares.
La más cara
A pesar de lo impresionante del precio, esta mansión británica está todavía lejos de la que se cree que es la casa más cara del mundo: Antilia.
Construida por el hombre más rico de India, Mukesh Ambani, la casa se eleva sobre la ostentosa calle Altamount de la ciudad india de Bombay y su valor se estima en casi 1.000 millones de dólares.
La casa está bautizada con el nombre de una mítica isla que daría nombre a las Antillas en el Caribe, y tiene más de 37 mil metros cuadrados. Se cree que en ella hay helipuertos, una enorme biblioteca, comedores extravagantes, opulentos suelos de mármol y hasta una habitación de nieve.
Antilia tiene 27 pisos, aunque muchos de ellos tienen altura doble o triple y la edificación mide unos 174 metros cuadrados, lo que equivale a un edificio de 40 plantas.
También tiene un estacionamiento de varios pisos, un salón de baile, un spa, un teatro, habitaciones para invitados y una serie jardines.
El diseño se basa en las flores de loto y el sol, y está decorada con materiales que incluyen maderas raras, mármol, madreperla y cristal, trabajadas por artesanos indios.
Trasnochadores son más propensos a la depresión
Científicos de la Universidad de Columbia, en Nueva York, han demostrado que los adolescentes que se van a la cama después de la medianoche son un 24% más propensos a sufrir depresión que los que se acuestan antes de las 22:00.
La investigación, realizada con datos de 15.500 jóvenes de 12 a 18 años, revela también que cuando el número de horas de sueño se reduce a cinco o menos el riesgo de depresión se eleva hasta un 71%.
Además, los pensamientos suicidas aumentan hasta un 20% entre los que, por distintas razones, se trasnochan.
El origen latino de la palabra huelga y su significado
Huelga es una palabra derivada del verbo holgar, que significa “descansar, estar ocioso”. A su vez, holgar deriva del término folgar, palabra común a las tres lenguas romances hispánicas, procedente del latín tardío follicare, “resollar, jadear”, que hace referencia a la imagen del caminante que se detiene para tomar aliento en una cuesta.
Cuando el reposo se torna habitual, el que lo disfruta se convierte en holgazán. En cambio, si hablamos de medidas sindicales de paralización de tareas, los que las llevan a cabo son huelguistas. En América Latina es sinónimo de “paro”.
domingo, 23 de septiembre de 2012
Los créditos bancarios para la vivienda no dejan de crecer
Mercantil Santa Cruz
Los requisitos para optar por un crédito de vivienda en esta entidad, entre otros, son: últimas tres boletas de pago o extracto AFP actualizado, extractos bancarios (caso dependientes). En el caso de independientes: antigüedad de un año en el negocio, respaldo de ventas o compras del mismo, último comprobante de pago si tiene deudas en otras entidades financieras, entre otros.
Las ventajas que oferta este banco son: pre- aprobación en cualquiera de su red de 72 agencias a nivel nacional del monto al que se puede acceder de acuerdo con su análisis de ingresos; agilidad en los trámites, desde la solicitud hasta el desembolso, financiamiento hasta 20 años, entre otras.
Los créditos para la vivienda que otorgan las entidades financieras no han dejado de crecer en el último tiempo, debido a los mayores ingresos de la población y al “boom” de la construcción, que a su vez genera una mayor oferta de inmuebles para diversos tipos de presupuesto.
Representantes de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), de la Asociación Nacional de Bancos (Asoban) y de cinco bancos confirman ese crecimiento constante.
Además, el Banco de Crédito BCP, el Bisa, el Unión, el Mercantil Santa Cruz y el Banco Sol informan que implementaron flexibilidades en sus requisitos para acceder a un crédito de este tipo.
“Efectivamente, el crédito hipotecario de vivienda ha registrado un crecimiento sostenido en los últimos años en términos de montos; sin embargo, su participación en el total de la cartera de créditos se ha mantenido alrededor de un 20% en los últimos cinco años”, dice la ASFI a través de una respuesta por correo electrónico.
“El crecimiento de estos créditos -agrega la entidad reguladora- se explica por la dinámica de la economía y por una mayor demanda crediticia para la compra y construcción de viviendas. Asimismo, refleja una perspectiva positiva en el largo plazo respecto de los ingresos de la población y de su capacidad de pago”.
Consultado sobre el tema, Agustín Saavedra Weise, gerente general de Asoban Santa Cruz, dice que el crecimiento de estos créditos tiene como “causas básicas” la actual abundancia de ofertas disponibles en la banca, las bajas tasas de interés en moneda nacional y los plazos de hasta 25 años.
“Por otro lado, la vivienda propia es una legítima ambición de todo grupo familiar, sea cual sea su nivel económico”, asegura.
Datos de la ASFI muestran que en los cuatro trimestres de 2011 y en los dos primeros de 2012 la cartera de estos préstamos se ubicaba por encima de los siete millones de bolivianos, por trimestre. Hace diez años, el monto estaba sobre los dos millones.
Mauricio Porro, gerente de Marketing del Banco Mercantil Santa Cruz, afirma que el crecimiento se debe, principalmente, a una mejora en las condiciones que ofertan las entidades financieras para este producto, así como la accesibilidad.
Además, menciona que el “boom” de los últimos cuatro años del sector de construcción generó una gran oferta de inmuebles, a lo que se suma que hay “mayores ingresos de la población, familias más reducidas y un déficit habitacional”.
Las facilidades establecidas
Una de las flexibilidades que introdujeron los bancos es la ampliación del plazo de financiamiento. Ovidio Suárez, gerente de Marketing del BCP, explica que esa entidad amplió de 15 a 20 años el lapso para pagar los préstamos.
El banco Bisa, además de ampliar el plazo de financiamiento hasta 20 años, también diferenció los requisitos para atender a los clientes “independientes”, ya que las antiguas condiciones se basaban en el trabajador dependiente, según su vocería comunicacional.
En el caso del Banco Mercantil Santa Cruz, aproximadamente en 2009 mejoró sus ofertas crediticias para las nuevas solicitudes.
En ese sentido, se optimizaron, por ejemplo, los procesos para otorgar mayor agilidad en los trámites y se decidió considerar el 40% de los ingresos familiares netos como porcentaje máximo de endeudamiento.
Entre las facilidades que menciona el Banco Unión, está la cobertura nacional que tiene gracias a sus 92 agencias en el país. La entidad “ha tenido un crecimiento bastante grande en este último periodo, lo que ha permitido llevar productos financieros a localidades que la banca tradicional tenía olvidadas”, dice su unidad de vocería.
El BancoSol resalta que tiene dos créditos para vivienda. El hipotecario, que financia hasta el 80% de la inversión cuando es para la compra de terreno o vivienda, y el otro es sin garantía de hipoteca y financia el 100% de “la necesidad del cliente” cuando se necesite construir o refaccionar.
“Otra facilidad de este crédito, en sus dos modalidades, es que las tasas de interés anuales pueden ser fijas, variables o mixtas, de acuerdo con el tarifario de tasas activas vigentes”, afirma su presidente, Kurt Koenigsfest.
Según la ASFI, es “necesario continuar fomentando” el préstamo para la vivienda, su crecimiento, “considerando siempre que dicho crecimiento guarde los elementos de una sana gestión de riesgos de otorgación de estos créditos”.
Banco Bisa
Los requisitos para el crédito “BISA Hogar” son demostrar una fuente de ingresos estable con continuidad laboral de por lo menos un año. Un asalariado debe presentar tres papeletas de pago, certificado de trabajo o extracto histórico de aportes a las AFP, que reflejen la antigüedad del solicitante (cónyuge o codeudor o garante) en la empresa. Los independientes deben demostrar la fuente generadora de sus ingresos con la documentación de respaldo. Los requisitos para este caso, varían en función al tipo de actividad.
Las ventajas que destaca esta entidad bancaria en su oferta son procesos de evaluación ágiles y dinámicos, un servicio personalizado, asesoría de legalidad de documentos, entre otros.
Banco de Crédito
Los requisitos que pide el Banco de Crédito BCP para el crédito de vivienda son: tener entre 20 y 70 años de edad, contar mínimo con seis meses de antigüedad laboral, para dependientes, y respaldar los ingresos.
“Estamos comprometidos con la ampliación del acceso al crédito. Por ello, ofrecemos créditos hipotecarios de vivienda en condiciones muy ventajosas”, dice Ovidio Suárez, gerente de Marketing.
Las ventajas que oferta son: tiempos ágiles de aprobación, asesoramiento especializado, plazos de hasta 20 años de financiamiento y “tasas fijas pactadas por tres años”. Asimismo, ofrece el crédito de vivienda sin garantía hipotecaria.
Banco Unión
Los requisitos para crédito de vivienda del Banco Unión, entre otros, son: antigüedad de un año como mínimo en la fuente laboral, certificado de trabajo original, tres últimas boletas de pago y extracto de AFP (persona dependiente); en el caso de una persona independiente, flujo de caja proyectado por el tiempo del crédito, fotocopia de NIT y/o Licencia de Funcionamiento, pago de impuestos (IVA - IT) últimos seis meses.
Entre las ventajas que oferta están: 25 años de plazo de financiamiento, posibilidad de acceder a una tarjeta de crédito, simultánea al préstamo. Periodos de gracia de hasta 180 días (con solo pago de interés, durante ese periodo) para créditos de construcción de vivienda.
miércoles, 19 de septiembre de 2012
La demolición de una casa enfrenta a la FAM y la Alcaldía
La Federación de Asociaciones Municipales (FAM) de Bolivia acusó a dos fiscales de favorecer al alcalde de La Paz, Luis Revilla, en un proceso abierto en su contra porque presuntamente no actuó como corresponde ante la demolición -para ellos ilegal- de una parte del inmueble que ocupa la entidad.
En respuesta, funcionarios de la Alcaldía paceña observan que la organización es utilizada como “instrumento político”.
El director ejecutivo de la FAM, Ariel Rojas, declaró a la agencia Enlared Municipal que “en toda mi vida profesional jamás vi tanta burocracia y negligencia de parte de los fiscales” y atribuye esta situación a la persistente influencia que ejerce el burgomaestre paceño sobre algunos funcionarios del Ministerio Público.
“Esta injerencia impide el avance en la investigación de la denuncia contra Revilla por resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y retardación de justicia; y contra Ramiro Freitas por enriquecimiento ilícito, atentado contra los servicios públicos y otros”, afirmó Rojas.
El 13 de julio de 2011, Freitas, dueño del inmueble que ocupa la FAM en la avenida Sánchez Lima, comenzó a demoler su casa sin autorización de la Alcaldía. La FAM dijo que la demolición era ilegal y que lastimó a dos transeúntes.
El 14 de junio de este año, la FAM pidió el alejamiento del fiscal asignado al caso, Marco Antonio Vargas, con el argumento de que, en su condición de esposo de una funcionaria edil, había paralizado la investigación.
Este 21 de agosto, la FAM volvió a pedir el alejamiento de otro fiscal asignado al caso, Ingrid Rodríguez, ya que -según Enlared Municipal-, si bien en el marco del proceso de investigación convocó a Revilla a prestar su primera declaración informativa, ésta se recibió de manera parcial e incompleta.
En respuesta, la Alcaldía paceña denunció ayer que la FAM es utilizada como un instrumento político y que “volvió a arremeter” contra el alcalde Revilla.
“Esta denuncia lo único que pretende hacer es escarnio, tratar de convertir un tema particular de la FAM en una acción política contra el alcalde”, dijo el director jurídico Fernando Velásquez.
El funcionario expresó su sorpresa por la solicitud de cambio de la fiscal Rodríguez. Uno de los argumentos para este pedido se refiere a la supuesta ausencia de la fiscal durante las declaraciones de Revilla; según Velásquez, ello es falso.
Ratificó que independientemente de quién sea el fiscal asignado a este caso, la verdad saldrá a luz. Además, que las autoridades sostendrán su posición y declaraciones ante las acusaciones realizadas por la FAM.
El presidente del Concejo Municipal, Omar Rocha, pidió al director de la FAM dejar de hacer política y de perseguir a Revilla.
En respuesta, funcionarios de la Alcaldía paceña observan que la organización es utilizada como “instrumento político”.
El director ejecutivo de la FAM, Ariel Rojas, declaró a la agencia Enlared Municipal que “en toda mi vida profesional jamás vi tanta burocracia y negligencia de parte de los fiscales” y atribuye esta situación a la persistente influencia que ejerce el burgomaestre paceño sobre algunos funcionarios del Ministerio Público.
“Esta injerencia impide el avance en la investigación de la denuncia contra Revilla por resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y retardación de justicia; y contra Ramiro Freitas por enriquecimiento ilícito, atentado contra los servicios públicos y otros”, afirmó Rojas.
El 13 de julio de 2011, Freitas, dueño del inmueble que ocupa la FAM en la avenida Sánchez Lima, comenzó a demoler su casa sin autorización de la Alcaldía. La FAM dijo que la demolición era ilegal y que lastimó a dos transeúntes.
El 14 de junio de este año, la FAM pidió el alejamiento del fiscal asignado al caso, Marco Antonio Vargas, con el argumento de que, en su condición de esposo de una funcionaria edil, había paralizado la investigación.
Este 21 de agosto, la FAM volvió a pedir el alejamiento de otro fiscal asignado al caso, Ingrid Rodríguez, ya que -según Enlared Municipal-, si bien en el marco del proceso de investigación convocó a Revilla a prestar su primera declaración informativa, ésta se recibió de manera parcial e incompleta.
En respuesta, la Alcaldía paceña denunció ayer que la FAM es utilizada como un instrumento político y que “volvió a arremeter” contra el alcalde Revilla.
“Esta denuncia lo único que pretende hacer es escarnio, tratar de convertir un tema particular de la FAM en una acción política contra el alcalde”, dijo el director jurídico Fernando Velásquez.
El funcionario expresó su sorpresa por la solicitud de cambio de la fiscal Rodríguez. Uno de los argumentos para este pedido se refiere a la supuesta ausencia de la fiscal durante las declaraciones de Revilla; según Velásquez, ello es falso.
Ratificó que independientemente de quién sea el fiscal asignado a este caso, la verdad saldrá a luz. Además, que las autoridades sostendrán su posición y declaraciones ante las acusaciones realizadas por la FAM.
El presidente del Concejo Municipal, Omar Rocha, pidió al director de la FAM dejar de hacer política y de perseguir a Revilla.
Construyen un megacentro comercial de $us 10 millones
Los comerciantes de la Asociación Nueva Alianza construyen un megacentro comercial, el más grande de El Alto. Está en la zona Villa Bolívar D, sobre una extensión de 33 mil metros cuadrados y tiene una inversión cercana a diez millones de dólares.
“La infraestructura estará dividida en cinco bloques (cada uno de cuatro pisos). Por ahora se tiene concluida la primera fase que es toda la planta baja, donde ya se abrieron las tiendas para la venta de artículos básicos”, informó el presidente de esta asociación, Eynar Viscarra.
Las tiendas se habilitaron el viernes pasado. Ellas están ubicadas en las plantas bajas de cada uno de los cinco bloques, que ya están levantados aunque sólo en su obra gruesa. Lo único que está concluido en éstos es, precisamente, las primeros pisos donde se instalaron los negocios.
Cuando esté concluido el megaproyecto se tendrán 1.300 locales comerciales para ofrecer bienes primarios, comestibles, ropa, electrodomésticos y otros artículos. Estarán divididos en secciones y el alquiler de cada local será de 700 bolivianos por mes.
El lugar tiene tres vías de acceso. La más cercana está en la avenida Tiwanaku, en inmediaciones de la avenida 6 de Marzo, entre la Aduana y el regimiento Ingavi. La segunda está en la carretera a Viacha y la tercera en la Avenida 129 en la zona Villa Bolívar.
Estratégico. “Hemos visto que este sector es conveniente porque lo consideramos estratégico para nuestros propósitos de venta. Cerca se encuentra el proyecto de la Terminal Bimodal para El Alto y las carreteras. Lo ideal hubiera sido tener un sector en la ceja, pero se ha visto que la misma está congestionada por vehículos y comerciantes”, expresó Viscarra.
Mencionó también que se realizó un convenio con la empresa de radiotaxis San Cristóbal para prestar servicio a clientes y comerciantes. La obra se construye, dijo, con un crédito que será pagado por los 800 comerciantes asociados para el megaproyecto. Cada uno de ellos, además, adquirirá una vivienda.
“Cada uno de los departamentos edificados dentro del mercado tendrá una superficie de 370 metros cuadrados. Están diseñados como una pequeña galería, con tiendas de cuatro por cinco metros de ancho y ambientes habitacionales”, acotó.
De los 33 mil metros cuadrados, 25 mil están destinados a la infraestructura. En el interior del espacio, tres vías dividen un bloque del otro: Viscarra, Charaña y Shanghai. La primera en honor al presidente de la asociación, y las otras dos hacen referencia a los lugares donde se adquirirán algunos productos.
Según Viscarra, actualmente se busca completar el financiamiento para finalizar la construcción y pidió ayuda a la Alcaldía. “Queremos que incluso la Alcaldía nos ayude en este importante proyecto”, comentó el representante de los comerciantes.
Existe un proyecto para cines
Anuncio
El presidente de la Asociación Nueva Alianza, Eynar Viscarra, manifestó que cerca del terreno donde se construye el megacentro comercial se prevé la edificación de otra obra destinada a la recreación, donde se abrirán cines, patios de comida y galerías comerciales, en una extensión de 7.000 metros cuadrados.
LOTEADORES venden 97 ha de tierra en reserva fiscal
El asambleísta departamental de Cochabamba Adolfo Arispe denunció que loteadores comercializan cerca de 97 hectáreas de tierras fiscales y protegidas en el sector denominado Playón Marquina, municipio de Quillacollo.
“Ayer constatamos que se hacían construcciones en el lugar por mandato de la familia Campos, lo cual confirmaron los trabajadores”, manifestó.
Explicó que en una inspección realizada el domingo se constató la existencia de unos cien metros lineales de edificaciones y que una persona, llamada Lucio Rodríguez, fraccionó lotes y cobró 300 bolivianos de adelanto por cada uno.
Sostuvo que también están implicadas dos familias de apellidos Campos y Canelas, una de las cuales pretende ampliar el predio denominado El Encanto para cultivos y la crianza de vacas lecheras.
Dijo que a un dirigente regional que se hizo pasar por comprador le solicitaron 29 dólares por metro cuadrado y que incluso hay anuncios en periódicos con la oferta de terrenos.
El representante regional explicó que esta actividad ilegal vulnera lo establecido en la Ley 3975, del 24 de noviembre de 2008, que declaró al lugar como área de recarga acuífera, zona ecológica, educativa y turística, recreativa, deportiva y de equipamiento social.
El presidente del Comité Cívico de Quillacollo, Juan Carlos Irahola, manifestó que la denuncia del caso fue planteada al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) para que recupere el área protegida y se la proteja de inmediato.
“Solicitamos que las autoridades intervengan y que se respete un bien común, que en este caso está destinado para áreas de recarga acuíferas, ecológicas, educativas y turísticas”, manifestó.
Sostuvo que se solicitará que la Alcaldía de Quillacollo intervenga en la protección del patrimonio de habitantes de la región, así como el inicio de demoliciones y acciones legales que correspondan contra los involucrados.
“Ayer constatamos que se hacían construcciones en el lugar por mandato de la familia Campos, lo cual confirmaron los trabajadores”, manifestó.
Explicó que en una inspección realizada el domingo se constató la existencia de unos cien metros lineales de edificaciones y que una persona, llamada Lucio Rodríguez, fraccionó lotes y cobró 300 bolivianos de adelanto por cada uno.
Sostuvo que también están implicadas dos familias de apellidos Campos y Canelas, una de las cuales pretende ampliar el predio denominado El Encanto para cultivos y la crianza de vacas lecheras.
Dijo que a un dirigente regional que se hizo pasar por comprador le solicitaron 29 dólares por metro cuadrado y que incluso hay anuncios en periódicos con la oferta de terrenos.
El representante regional explicó que esta actividad ilegal vulnera lo establecido en la Ley 3975, del 24 de noviembre de 2008, que declaró al lugar como área de recarga acuífera, zona ecológica, educativa y turística, recreativa, deportiva y de equipamiento social.
El presidente del Comité Cívico de Quillacollo, Juan Carlos Irahola, manifestó que la denuncia del caso fue planteada al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) para que recupere el área protegida y se la proteja de inmediato.
“Solicitamos que las autoridades intervengan y que se respete un bien común, que en este caso está destinado para áreas de recarga acuíferas, ecológicas, educativas y turísticas”, manifestó.
Sostuvo que se solicitará que la Alcaldía de Quillacollo intervenga en la protección del patrimonio de habitantes de la región, así como el inicio de demoliciones y acciones legales que correspondan contra los involucrados.
Vecinos de Ovejuyo aseguran que Palca avaló edificaciones
El trayecto al sector Los Laucas, desde el área urbanizada de Ovejuyo, es una subida larga y polvorienta. Allí se encuentran cerca de 16 construcciones colindantes a los farallones del Valle de las Ánimas.
En este lugar, en lo más alto de Ovejuyo, el lunes se produjo un derrumbe que obligó a la Alcaldía de La Paz a evacuar a 13 familias. Tras las labores preventivas, y a través de un comunicado, el director de Gestión Integral de Riesgos (DEGIR), Vladimir Toro, dijo que todas las viviendas del área son precarias e “informales”, es decir que fueron construidas sin autorización.
Los vecinos manifestaron ayer su molestia por estas declaraciones y aseguraron que cuentan con toda la documentación necesaria para avalar la legalidad de sus construcciones. Sin embargo, precisaron que la autorización la obtuvieron en la Alcaldía de Palca.
El año pasado se desató un conflicto limítrofe entre La Paz, Achocalla, Mecapaca y Palca por una extensa área del límite común. Palca aseguró entonces que su jurisdicción no sólo incluye a Ovejuyo, sino que llega hasta la calle 8 de Calacoto.
El conflicto se encuentra congelado. Según el director de Gobernabilidad de la Alcaldía de La Paz, Pedro Susz, no existe una instancia que resuelva las diferencias limítrofes, como prevé la Ley de Autonomías y Descentralización.
Los vecinos del área afectada por el derrumbe -algunos de los cuales aseguran que viven allí desde hace más de diez años- afirman que hicieron todas las gestiones y que pagan impuestos.
“Nosotros tenemos todos los papeles en regla, no es nuestra culpa que entre los municipios se estén peleando”, aseguró uno de ellos, que prefirió no dar su nombre, pero que dijo residir cerca del sitio del derrumbe.
Sin embargo, tanto el alcalde de Palca, René Aruquipa, como Susz señalaron que estas construcciones se encuentran fuera de norma y que no están inscritas en catastro de ninguno de los dos municipios.
Consultado acerca de la zona donde se produjo el deslizamiento, Aruquipa dijo que ésa no es un área urbanizada y que las construcciones son ilegales.
Susz, por su parte, señaló que la comuna paceña realizará una investigación en la zona para revisar la documentación de los predios afectados por el derrumbe del lunes pasado.
Rocío Valle, vecina de Ovejuyo Bajo, sostuvo que estas “confusiones” por los límites impiden que la zona se beneficie con obras. “Algunos vecinos prefieren pagar sus impuestos en Palca porque son más baratos, pero después se quejan de que La Paz no realiza obras en el sector”, añadió.
Otros pobladores corroboran los comentarios de Valle y señalan además que algunos se aprovechan de la situación para no pagar sus tributos en ningún municipio. “Después reclaman obras a los dos alcaldes”, observó Jorge Chávez.
El derrumbe
El pasado lunes, alrededor de las 9:00, se produjo la caída de más de 600 metros cúbicos de tierra de uno de los farallones del Valle de las Ánimas, específicamente en el sector Los Laucas. El deslizamiento duró hasta la noche de la misma jornada y puso en riesgo a 16 predios colindantes con el muro de piedra.
Aunque el deslizamiento cesó la noche del lunes, ayer algunos vecinos se encontraban todavía fuera de sus casas, por temor a que se reactive el movimiento. En tanto, los funcionarios de la DEGIR todavía monitoreaban el área y la mantenían acordonada, a fin de precautelar la seguridad de los pobladores.
La mayoría de las casas tiene dos pisos
Construcciones El deslizamiento del día lunes no afectó de gran manera a ninguna de las viviendas de las 13 familias evacuadas por la comuna paceña. Sólo se registraron daños menores en el techo y la pared de una casa.
Plantas La mayoría de las viviendas colindantes con el farallón tiene dos pisos y acceso a servicios básicos; algunas de ellas incluso cuentan con conexión a televisión por cable.
Propietarios Los habitantes de estas casas señalan que viven en la zona desde hace más de diez años sin ningún problema; se sorprendieron con el derrumbe.
Lluvias Según la subalcaldesa del macrodistrito Sur, Jannet Ferrufino, las lluvias provocaron el deslizamiento.
En este lugar, en lo más alto de Ovejuyo, el lunes se produjo un derrumbe que obligó a la Alcaldía de La Paz a evacuar a 13 familias. Tras las labores preventivas, y a través de un comunicado, el director de Gestión Integral de Riesgos (DEGIR), Vladimir Toro, dijo que todas las viviendas del área son precarias e “informales”, es decir que fueron construidas sin autorización.
Los vecinos manifestaron ayer su molestia por estas declaraciones y aseguraron que cuentan con toda la documentación necesaria para avalar la legalidad de sus construcciones. Sin embargo, precisaron que la autorización la obtuvieron en la Alcaldía de Palca.
El año pasado se desató un conflicto limítrofe entre La Paz, Achocalla, Mecapaca y Palca por una extensa área del límite común. Palca aseguró entonces que su jurisdicción no sólo incluye a Ovejuyo, sino que llega hasta la calle 8 de Calacoto.
El conflicto se encuentra congelado. Según el director de Gobernabilidad de la Alcaldía de La Paz, Pedro Susz, no existe una instancia que resuelva las diferencias limítrofes, como prevé la Ley de Autonomías y Descentralización.
Los vecinos del área afectada por el derrumbe -algunos de los cuales aseguran que viven allí desde hace más de diez años- afirman que hicieron todas las gestiones y que pagan impuestos.
“Nosotros tenemos todos los papeles en regla, no es nuestra culpa que entre los municipios se estén peleando”, aseguró uno de ellos, que prefirió no dar su nombre, pero que dijo residir cerca del sitio del derrumbe.
Sin embargo, tanto el alcalde de Palca, René Aruquipa, como Susz señalaron que estas construcciones se encuentran fuera de norma y que no están inscritas en catastro de ninguno de los dos municipios.
Consultado acerca de la zona donde se produjo el deslizamiento, Aruquipa dijo que ésa no es un área urbanizada y que las construcciones son ilegales.
Susz, por su parte, señaló que la comuna paceña realizará una investigación en la zona para revisar la documentación de los predios afectados por el derrumbe del lunes pasado.
Rocío Valle, vecina de Ovejuyo Bajo, sostuvo que estas “confusiones” por los límites impiden que la zona se beneficie con obras. “Algunos vecinos prefieren pagar sus impuestos en Palca porque son más baratos, pero después se quejan de que La Paz no realiza obras en el sector”, añadió.
Otros pobladores corroboran los comentarios de Valle y señalan además que algunos se aprovechan de la situación para no pagar sus tributos en ningún municipio. “Después reclaman obras a los dos alcaldes”, observó Jorge Chávez.
El derrumbe
El pasado lunes, alrededor de las 9:00, se produjo la caída de más de 600 metros cúbicos de tierra de uno de los farallones del Valle de las Ánimas, específicamente en el sector Los Laucas. El deslizamiento duró hasta la noche de la misma jornada y puso en riesgo a 16 predios colindantes con el muro de piedra.
Aunque el deslizamiento cesó la noche del lunes, ayer algunos vecinos se encontraban todavía fuera de sus casas, por temor a que se reactive el movimiento. En tanto, los funcionarios de la DEGIR todavía monitoreaban el área y la mantenían acordonada, a fin de precautelar la seguridad de los pobladores.
La mayoría de las casas tiene dos pisos
Construcciones El deslizamiento del día lunes no afectó de gran manera a ninguna de las viviendas de las 13 familias evacuadas por la comuna paceña. Sólo se registraron daños menores en el techo y la pared de una casa.
Plantas La mayoría de las viviendas colindantes con el farallón tiene dos pisos y acceso a servicios básicos; algunas de ellas incluso cuentan con conexión a televisión por cable.
Propietarios Los habitantes de estas casas señalan que viven en la zona desde hace más de diez años sin ningún problema; se sorprendieron con el derrumbe.
Lluvias Según la subalcaldesa del macrodistrito Sur, Jannet Ferrufino, las lluvias provocaron el deslizamiento.
lunes, 17 de septiembre de 2012
Al menos 60 dueños esperan el pago por bienes expropiados
“Vuelva la próxima semana”, “faltan documentos”, “tiene observaciones” son algunas frases que propietarios de bienes expropiados en La Paz dicen escuchar desde hace más de diez años. Todo para lograr la compensación y/o pago por sus bienes que se destinaron a uso público. Según la Dirección Jurídica de la Alcaldía de La Paz, el municipio arrastra alrededor de 60 casos de expropiación, algunos de los cuales tienen errores insalvables, por lo que han quedado archivados.
Está, pro ejemplo, el caso de María Angélica Gutiérrez, quien sufrió la expropiación forzosa de un inmueble de 103 metros cuadrados, en la calle Calama, para el ensanche de vía realizado en 1995. Por ese espacio, la Alcaldía debía pagar Bs 47 mil, dinero que hasta la fecha no fue entregado.
“Nos hacen caminar de Herodes a Pilatos. En la Asesoría nos dijeron que presentemos el folio real con el total de la superficie del bien expropiado. Ese documento ya no lo podemos obtener porque en Derechos Reales no nos han aceptado realizar la regulación y porque ese predio ahora es reconocido como una avenida”, cuenta la afectada.
Similar trámite, aunque recibió un pago parcial, realiza Román Prado Nava, el dueño de una casa antigua —conocida como la Embajada de Cochabamba— en la final Obispo Cárdenas, sobre un terreno de 538 metros cuadrados y expropiado bajo la Ordenanza 66 de 1994.
El valor catastral de la vivienda, en ese entonces, fue calculado en $us 71.160; sin embargo, tras un acuerdo con la Alcaldía, la institución se comprometió a cancelar Bs 103.296 y nueve compensaciones que incluyen la aprobación de planos para la construcción de un edificio de 15 pisos en el área restante, la construcción de muros de contención y de un cerco de calaminas, entre otros.
“Luego de siete años de la expropiación, me pagaron el monto de dinero; pero el resto de los compromisos no se cumplen”, se queja Prado Nava, quien tiene sus trámites para la construcción del edificio paralizados en la Alcaldía.
Lucio Marangani, un vecino que también fue afectado por la apertura de la vía Obispo Cárdenas, dice que luego de 12 años de tramitación salió el pago de Bs 49 mil por un espacio de 50 metros cuadrados, cuando el predio es de 150 metros cuadrados.
“Ese pago, a pesar de que está oleado y sacramentado, no hay cuándo salga. Ya son más de cuatro años que quedaba pendiente sólo el desembolso, pero sigue demorado”. Según Marangani, otros vecinos que viven en la misma calle “están cada día en la Alcaldía realizando similares trámites”.
Los efectos por el retraso en el pago o compensación por expropiaciones también alcanzan a instituciones. La semana anterior se hizo pública la exigencia de la unidad educativa Instituto Americano, que pidió a la Alcaldía que asuma la compensación por los trabajos para la construcción del túnel que pasa por debajo de sus instalaciones.
El 31 de junio de 1996, la Iglesia Metodista, a nombre del Instituto Americano, y la Alcaldía firmaron un convenio por el cual la segunda otorgaba en compensación una hectárea en Mallasa, para que el primero ceda el uso del subsuelo de su predio para realizar la construcción del túnel.
“Por la presencia de comunarios no pudimos ejercer la propiedad del espacio que se nos prometió. A cambio, exigimos que se nos entregue otro terreno, pero hasta la fecha, más de 15 años, seguimos esperando sin tener respuesta”, detalla la directora del colegio, Maritza Mendoza. Debido a los trabajos, se afectaron dos canchas y una capilla, esta última valuada en $us 22 mil.
“Nosotros no queremos dinero, lo que buscamos es que nos repongan los espacios. Encima del túnel, no podemos realizar nuevos proyectos. Lo único que exigimos es el cumplimiento del compromiso que se firmó entre instituciones. En último caso, si no se resuelve este problema, tendremos que acudir a procesos legales”, enfatiza Mendoza.
Según la Alcaldía, para el cumplimiento de traspaso de estos bienes, las autoridades ediles se rigen por la Ley de Expropiaciones de 1884 y la Ley de Municipalidades. “En lo que se refiere a expropiaciones que se produjeron en gestiones pasadas, no siempre se cumplieron los pasos establecidos por las normas. En general, para cualquier enajenación se requiere que el propietario tenga saneada la documentación y allí encontramos dificultades para terminar los trámites”, argumenta el director jurídico, Fernando Velásquez.
La autoridad reconoce que incluso hubo casos en los que los trámites quedaron archivados porque no tenían posibilidades de solución. La Alcaldía exige “que se adjunten los documentos de propiedad, y si es que un dueño ha fallecido, la declaratoria de herederos (y ese tipo de trámites) compete sobre todo a los interesados, y no se cumple”.
En el caso del Instituto Americano, el director jurídico explica que una anterior administración municipal firmó el convenio que no está amparado por las normas. “(El exalcalde) Ronald MacLean suscribió un acuerdo por el que compensa la afectación que se estaba produciendo, que no estaba en un proceso regular”. Entretanto se argumentan jurídicamente las actuaciones de la Alcaldía, los propietarios que perdieron sus bienes afirman que continuarán buscando la compensación por los predios, pues existen compromisos municipales para ello.
Lo que dice la Ley vigente desde 1884
El artículo 1º de la Ley de Expropiación de 1884 señala que no se puede obligar a ningún particular, corporación o establecimiento de cualquier especie a que ceda o enajene su bien para obras de interés público, sin que precedan los requisitos: de declaración de que la obra proyectada es de utilidad pública; declaración de que es indispensable que se ceda o enajene el todo o una parte de la propiedad; el justiprecio de lo que haya que cederse o enajenarse; y el pago del precio de la indemnización.
La Ley 2028 prevé pago previo de indemnización
Según el artículo 122 de la Ley de Municipalidades, las alcaldías están facultadas para expropiar bienes privados mediante ordenanza municipal. “Las expropiaciones requieren de previa declaratoria de necesidad y utilidad pública, previo pago de indemnización justa” (también mediante ordenanza, aprobada por dos tercios).
La norma establece un justiprecio por expropiación
El artículo 123 de la Ley de Municipalidades de 2008 señala que “el monto de la indemnización o justiprecio por expropiación de bienes inmuebles urbanos será el valor acordado entre partes o, en su caso, establecido por la autoridad competente; previo avalúo pericial”. Las expropiaciones en el área rural se rigen por Ley Nº 1715 de 1996.
Asentamientos dañan la estructura del Amerinst
La directora de la unidad educativa Instituto Americano, Maritza Mendoza, explica que, desde que se construyó el túnel, dos canchas, sus graderías y el aula de Técnica Vocacional presentan rajaduras por el asentamiento del área. “Queremos encarar proyectos, pero no se puede por el peso que significaría para el túnel”.
Habrá expropiaciones para construir el teleférico
La Ley 570 de Construcción, Implementación y Administración del Sistema de Transporte por Cable: Teleférico, en las ciudades de La Paz y El Alto, establece que por necesidad y utilidad pública se realizará la expropiación de terrenos que sean necesarios para la construcción de los puntos de parada de este medio de transporte.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)