La vida de 262 personas del municipio de Tolata cambió ayer con la entrega de 64 viviendas sociales.
El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, dio las llaves a los primeros beneficiarios de los inmuebles.
El Gobierno invirtió 5.7 millones de bolivianos en la construcción de las casas. Las familias beneficiarias pusieron una contraparte en material y mano de obra.
Cada vivienda cuenta con 3 dormitorios, una sala y estar, una cocina, un baño, todo con pisos de cerámica. El costo aproximado de cada una es de 90 mil bolivianos.
La autoridad nacional destacó que las viviendas son otro producto de la nacionalización de los hidrocarburos.
“Es como un regalo que el Estado les está dando... gracias a la nacionalización”, indicó.
EDIFICIOS En la oportunidad, García Linera también anunció la próxima construcción de 10 edificios, cada uno con 12 pisos. serán edificados en Tolata.
Este proyecto tendrá un costo de 163 millones de bolivianos.
El Vicepresidente aprovechó la oportunidad para destacar la importancia de tener casa propia.
Contó su satisfacción por la compra reciente de su departamento.
Indicó que toda su vida vivió en alquiler.
El Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Vladimir Sánchez, indicó que en Cochabamba se construyeron 5.600 viviendas sociales y en el país ya son 161 mil.
La proyección para los próximos cinco años es de 268 mil conjuntos habitacionales.
EDUCACIÓN Linera también destacó que el dinero de la nacionalización está siendo utilizado en la educación.
Ante los estudiantes de primaria y secundaria que asistieron al acto de inauguración, confirmó la entrega de las computadoras personales para los estudiantes de las promociones de los colegios en Cochabamba este mes.
viernes, 5 de septiembre de 2014
Dueños de casa que alquilan deben registrarse
Los dueños de inmuebles que alquilan sus predios deben empadronarse a la administración tributaria como cualquier persona que realiza una actividad económica, pues están obligados a emitir factura a sus inquilinos, indicó el presidente del SIN, Erick Ariñez.
“El dueño de casa que alquila y percibe algunos ingresos por el alquiler es el que tiene que empadronarse”, advirtió ayer, tras una conferencia de prensa en la que se brindó resultados sobre la recaudación tributaria de enero a agosto.
Sin embargo, no supo precisar el número de propietarios de bienes inmuebles que están empadronados a la fecha en el sector de prestación de servicios del fisco, pero aseguró que “hay un buen número de contribuyentes”.
Ante la consulta de si hay sanciones para quienes incumplen la entrega de facturas a sus inquilinos, Ariñez manifestó que lo que hacen en primera instancia es una verificación del caso y, si corresponde, se emite una sanción. “Lo que tenemos que hacer es ver si el dueño de casa está empadronado, si tiene su NIT (Número de Identificación Tributaria) y si está presentando las declaraciones juradas que corresponden”.
Con base en declaraciones de una funcionaria del SIN, de quien no se mencionó el nombre, el periódico digital Oxígeno publicó el 7 de junio que “todos los dueños (de bienes inmuebles) deben emitir facturas, todos están obligados, los de las viviendas, edificios, deben tener registro de todo lo que es la emisión de facturas con los inquilinos. ¿Qué debe hacer el inquilino al que no se le emita factura?, tiene que venir a Impuestos Nacionales y solicitar que vayan dos fiscalizadores para verificar el incidente”.
La funcionaria añadió que la entrega de factura debe realizarse sin importar si el monto es bajo, pues basta que se efectúe el cobro al inquilino porque el propietario realiza una actividad que le genera ingresos económicos.
Banca pide 9 requisitos para renegociar crédito de vivienda
Las entidades financieras piden al menos nueve requisitos para el cliente que quiera renegociar un crédito comercial de vivienda y adecuarlo a las bajas tasas (entre 5,5% y 6,5%) del crédito de vivienda de interés social.
Desde papeletas de pago, carné de identidad, hasta extractos bancarios de los depósitos de sueldos y un nuevo avalúo de la vivienda en cuestión, son parte del paquete de los requisitos para que las personas que acceden por primera vez a una casa o departamento propio puedan beneficiarse con lo establecido en el decreto 1842.
Pero así como los requisitos para obtener por primera vez el crédito, algunas entidades exigen copias del título de propiedad de las garantías, comprobante de pago de impuestos, planos o títulos de propiedad de anteriores dueños.
La aplicación del decreto es obligatoria para todas las entidades financieras del país y establece tasas de interés mucho menores a la de un préstamo hipotecario tradicional.
Cumple las expectativas
Según el viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Mario Guillén, al 15 de agosto de 2014, las entidades que conforman la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), han desembolsado cerca de $us 127,16 millones destinados a financiar la vivienda de interés social y se han realizado 3.295 operaciones, de acuerdo con el valor comercial de la vivienda adjudicada.
En cuanto a los créditos renegociados, “se han realizado cerca de 2.159 operaciones de crédito hipotecario de vivienda que cumplían con las condiciones de vivienda de interés social, lo que equivale a $us 81,5 millones”, señaló la autoridad.
Resaltó que quienes se han beneficiado más son aquellos clientes que buscaban un inmueble con un valor menor a $us 70.000, en un 50,4%.
“El decreto está ayudando a aquellas personas que tenían inmuebles de un estrato más bajo y con menores ingresos”, evaluó Guillén.
Además, el 54% de las renegociaciones se han destinado a la adquisición de casas, un 19% a una adquisición de un departamento y otro 16% para su construcción.
Guillén pidió a la Autoridad de Fiscalización del Sistema Financiero (ASFI) que haga cumplir el primer avalúo de las viviendas para renegociar el crédito, según lo establece la resolución ASFI 567 emitida el 20 de agosto pasado.
La norma indica que “para la determinación del valor comercial de la vivienda se debe tomar en cuenta el avalúo que se utilizó antes de la aprobación y desembolso del crédito” y “el valor comercial del inmueble debe ser calculado aplicando el valor de la Unidad de Fomento de Vivienda (UFV) a la fecha del avalúo”
Desde papeletas de pago, carné de identidad, hasta extractos bancarios de los depósitos de sueldos y un nuevo avalúo de la vivienda en cuestión, son parte del paquete de los requisitos para que las personas que acceden por primera vez a una casa o departamento propio puedan beneficiarse con lo establecido en el decreto 1842.
Pero así como los requisitos para obtener por primera vez el crédito, algunas entidades exigen copias del título de propiedad de las garantías, comprobante de pago de impuestos, planos o títulos de propiedad de anteriores dueños.
La aplicación del decreto es obligatoria para todas las entidades financieras del país y establece tasas de interés mucho menores a la de un préstamo hipotecario tradicional.
Cumple las expectativas
Según el viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Mario Guillén, al 15 de agosto de 2014, las entidades que conforman la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), han desembolsado cerca de $us 127,16 millones destinados a financiar la vivienda de interés social y se han realizado 3.295 operaciones, de acuerdo con el valor comercial de la vivienda adjudicada.
En cuanto a los créditos renegociados, “se han realizado cerca de 2.159 operaciones de crédito hipotecario de vivienda que cumplían con las condiciones de vivienda de interés social, lo que equivale a $us 81,5 millones”, señaló la autoridad.
Resaltó que quienes se han beneficiado más son aquellos clientes que buscaban un inmueble con un valor menor a $us 70.000, en un 50,4%.
“El decreto está ayudando a aquellas personas que tenían inmuebles de un estrato más bajo y con menores ingresos”, evaluó Guillén.
Además, el 54% de las renegociaciones se han destinado a la adquisición de casas, un 19% a una adquisición de un departamento y otro 16% para su construcción.
Guillén pidió a la Autoridad de Fiscalización del Sistema Financiero (ASFI) que haga cumplir el primer avalúo de las viviendas para renegociar el crédito, según lo establece la resolución ASFI 567 emitida el 20 de agosto pasado.
La norma indica que “para la determinación del valor comercial de la vivienda se debe tomar en cuenta el avalúo que se utilizó antes de la aprobación y desembolso del crédito” y “el valor comercial del inmueble debe ser calculado aplicando el valor de la Unidad de Fomento de Vivienda (UFV) a la fecha del avalúo”
EL ALTO FERIA PARA ACCEDER A UNA VIVIENDA
La Asociación de Bancos de Bolivia (Asoban) realizará a partir de hoy hasta el domingo, la primea Feria del Crédito de Vivienda Social y Sector Producto en la ciudad de El Alto, con el objetivo de explicar las facilidades que otorga la Ley de Servicios Financieros para adquirir o refaccionar una vivienda.
Los organizadores informaron que el evento se inaugurará esta noche y se realizará en el Polideportivo Héroes de Octubre, que está ubicado en la avenida Juan Pablo II.
La Feria servirá para explicar a la ciudadanía alteña las nuevas modalidades de crédito que se aplican desde hace un año y cuyo único requisito es no poseer una vivienda. Los ejecutivos de Asoban informaron que la entrada es gratuita y entre los asistentes se regalará varios premios y contará con la presencia del Gobierno.
Los organizadores informaron que el evento se inaugurará esta noche y se realizará en el Polideportivo Héroes de Octubre, que está ubicado en la avenida Juan Pablo II.
La Feria servirá para explicar a la ciudadanía alteña las nuevas modalidades de crédito que se aplican desde hace un año y cuyo único requisito es no poseer una vivienda. Los ejecutivos de Asoban informaron que la entrada es gratuita y entre los asistentes se regalará varios premios y contará con la presencia del Gobierno.
jueves, 4 de septiembre de 2014
Santa Cruz El 70% de obras en la ciudad inicia sin aval de la Alcaldía
Cada día, la Secretaría de Planificación de la Alcaldía emite hasta 30 notificaciones a responsables y propietarios de edificaciones por estar fuera de norma y se estima que hasta el 70% de las obras de este tipo se inician sin el aval del municipio.
Según el titular de esta instancia, Boris Salomón, hay alrededor de 60 edificaciones que están propensas a demolición por parte de la Alcaldía, debido a la resistencia de sus propietarios a sujetarse a las normas.
Más de la mitad de las obras es modificada sin permiso. "Muchas veces el tener un proyecto aprobado por el municipio no garantiza que esté libre de infracciones, pues dentro de las principales causas o motivos para que se paralicen las obras es realizar cambios al mismo sin permiso del municipio, no tener una licencia para la instalación de letreros informativos de la obra y obstaculizar el paso a los peatones", señala.
En este sentido, el funcionario hizo énfasis en las dificultades que enfrenta el Municipio, debido a la iniciativa de muchos ciudadanos de replantear sus proyectos previa autorización pertinente, incluso afirma que más de la mitad de los proyectos ingresados a la Secretaría de Planificación son sujeto a reformulaciones, aunque no se informa sobre el caso.
Burocracia y falta de información. Por su parte, el gerente general de la Cámara de la Construcción, Javier Arce, atribuyó la situación a la falta de información de los dueños de los proyectos sobre los trámites previos a la construcción que en la mayoría de los casos lleva a que se inicie la ejecución de la obra, cuando la misma no ha sido evaluada y apoyada por la Alcaldía.
"El no conocimiento de la norma hace que el constructor la infrinja, pero también la burocracia y la norma hace que la Alcaldía tenga sus atrasos", señala.
En este sentido, indicó que se está realizando un trabajo coordinado con la Secretaría de Planificación con el fin de socializar mejor las normas y que estas tengan una mayor efectividad. "Hay un interés nuestro y de la Alcaldía para mejorar este aspecto y creo que se está avanzando, ya que se ha logrado agilizar los tiempos", apunta.
Punto de vista
Luis El Hage
Pdte. Col. De Arquitectos de Sta. Cruz
"La Alcaldía no ha estructurado un sistema de control riguroso"
Como Colegio de Arquitectos, no tenemos estadísticas que puedan identificar para hablar de un porcentaje de clandestinidad. Sin embargo, eso es mucho más evidente en la periferia, donde la situación es alarmante.
Hay que ver que las obras más grandes son las que en la mayoría de los casos respetan y cumplen con los procesos, porque son más evidentes y porque los inspectores tienen la percepción más clara, pero en las menores hay una grande anormalidad y es porque el Municipio no ha estructurado un sistema de control riguroso y también los mecanismos internos.
En la ciudad, existe una clandestinidad grande que es una debilidad permanente pese a que se están implementando controles que no son preventivos, pienso que se deben buscar medidas preventivas y no únicamente coaccionar una vez cometido el error. Creo que se debe crear un mecanismo de comunicación preventivo como se maneja el tema del tráfico o el aseo urbano, pues la gente también desconoce estos requisitos.
Según el titular de esta instancia, Boris Salomón, hay alrededor de 60 edificaciones que están propensas a demolición por parte de la Alcaldía, debido a la resistencia de sus propietarios a sujetarse a las normas.
Más de la mitad de las obras es modificada sin permiso. "Muchas veces el tener un proyecto aprobado por el municipio no garantiza que esté libre de infracciones, pues dentro de las principales causas o motivos para que se paralicen las obras es realizar cambios al mismo sin permiso del municipio, no tener una licencia para la instalación de letreros informativos de la obra y obstaculizar el paso a los peatones", señala.
En este sentido, el funcionario hizo énfasis en las dificultades que enfrenta el Municipio, debido a la iniciativa de muchos ciudadanos de replantear sus proyectos previa autorización pertinente, incluso afirma que más de la mitad de los proyectos ingresados a la Secretaría de Planificación son sujeto a reformulaciones, aunque no se informa sobre el caso.
Burocracia y falta de información. Por su parte, el gerente general de la Cámara de la Construcción, Javier Arce, atribuyó la situación a la falta de información de los dueños de los proyectos sobre los trámites previos a la construcción que en la mayoría de los casos lleva a que se inicie la ejecución de la obra, cuando la misma no ha sido evaluada y apoyada por la Alcaldía.
"El no conocimiento de la norma hace que el constructor la infrinja, pero también la burocracia y la norma hace que la Alcaldía tenga sus atrasos", señala.
En este sentido, indicó que se está realizando un trabajo coordinado con la Secretaría de Planificación con el fin de socializar mejor las normas y que estas tengan una mayor efectividad. "Hay un interés nuestro y de la Alcaldía para mejorar este aspecto y creo que se está avanzando, ya que se ha logrado agilizar los tiempos", apunta.
Punto de vista
Luis El Hage
Pdte. Col. De Arquitectos de Sta. Cruz
"La Alcaldía no ha estructurado un sistema de control riguroso"
Como Colegio de Arquitectos, no tenemos estadísticas que puedan identificar para hablar de un porcentaje de clandestinidad. Sin embargo, eso es mucho más evidente en la periferia, donde la situación es alarmante.
Hay que ver que las obras más grandes son las que en la mayoría de los casos respetan y cumplen con los procesos, porque son más evidentes y porque los inspectores tienen la percepción más clara, pero en las menores hay una grande anormalidad y es porque el Municipio no ha estructurado un sistema de control riguroso y también los mecanismos internos.
En la ciudad, existe una clandestinidad grande que es una debilidad permanente pese a que se están implementando controles que no son preventivos, pienso que se deben buscar medidas preventivas y no únicamente coaccionar una vez cometido el error. Creo que se debe crear un mecanismo de comunicación preventivo como se maneja el tema del tráfico o el aseo urbano, pues la gente también desconoce estos requisitos.
martes, 2 de septiembre de 2014
Víctimas del clan ‘El Doffini’ ya suman 120 Anticrético. Pedían adelantos y se quedaban con el monto entregado
Las víctimas de un clan familiar liderado por Justo René M. D., alias El Doffini, de 60 años, y su esposa Janneth Amalia M. V., de 50, son 120, quienes les entregaron adelantos por el anticrético de un departamento en la calle prolongación Montevideo de la ciudad de La Paz.
“Los casos abiertos en la Fiscalía son 70, pero son más de 120 las víctimas. Multiplique 2.000, 3.000, 5.000 dólares por 120. Solo esta mañana se presentaron dos nuevas denuncias”, informó ayer el fiscal Jhonny Garnica.
En junio de 2012, Carla V. y su esposo, quienes buscaban un departamento para vivir, encontraron el aviso en un periódico. La oferta era irresistible ya que la vivienda, de tres pisos, está situada en la calle Montevideo, cerca a la cancha Zapata. Llamaron al número telefónico que aparecía como referencia y tomaron contacto con El Doffini.
El dueño de casa —que fue aprehendido en el pasado por la misma causa y siguió operando— les mostró un departamento en el primer piso y les dijo que debían pintarlo. “Quedamos en trasladarnos en una semana. Ante tanta insistencia y llamadas de este hombre, le entregamos como adelanto 4.000 dólares. Firmamos un contrato, pero quería usar bolígrafo rojo. Al día siguiente y en adelante su celular estaba apagado”.
Como ya no lo podían ubicar por teléfono, Carla V. se presentó en la vivienda con su esposo y su suegra. Los hijos y esposa del sospechoso “nos dijeron que no lo conocían, hasta se alteraron. Extrañamente, mi suegra recibió llamadas de un anónimo diciendo que querían arreglar, pero la citaba en la noche”.
La Razón visitó ayer el barrio donde está la casa, de ladrillos, situada al lado de la gruta de una virgen. Los vecinos se negaron a responder preguntas, aunque uno de ellos explicó que reciben amenazas de los hijos de la familia
El Doffini opera hace 15 años y con el dinero de las estafas hizo construir su vivienda, dijo. “Es un viejo malcriado, un monstruo, a una víctima le hizo corretear y llorar”, añadió. Otra vecina relató que una vez dos policías que iban a entregar una notificación fueron golpeados.
Garnica sostuvo que cuando las víctimas iban a reclamar, los esposos y sus hijos sacaban palos, cadenas y hasta bates de béisbol con los que golpeaban a los afectados. “La mujer está prófuga y tiene 32 casos (abiertos) y el hombre, 36”, complementó. Justo René M. D., capturado el viernes, fue enviado con detención preventiva al penal de San Pedro.
Relato de la captura del acusado
Soborno
El fiscal Jhonny Garnica informó que la noche del viernes, cuando fue aprehendido El Doffini, éste se encontraba caminando junto a uno de sus hijos en la calle Murillo, cuando fue visto por una de sus víctimas que se acercó a reclamarle su dinero. Para no ser reconocido, se había puesto una gorra y una chalina. Dos agentes de la Policía Turística intervinieron y el hombre fue llevado a la fuerza policial anticrimen. “Intentó sobornar a los dos policías”, denunció.
lunes, 1 de septiembre de 2014
La Gobernación congela el segundo puente en el Urubó
La millonaria inversión de Bs 36,3 millones prevista para construir el puente bicentenario Urubó-Porongo (prolongación de la avenida Centenario y Busch) se suspende indefinidamente, debido a serias observaciones en la emisión de la licencia ambiental y en la falta de un diseño final, según la secretaría de Obras Públicas de la Gobernación de Santa Cruz.
Carlos Hugo Sosa, titular de ese despacho, observó dos aspectos: el diseño (componente técnico), que debe ser validado por la entidad competente, el Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del Río Piraí (Searpi), y un convenio entre los municipios de Santa Cruz y de Porongo para otorgarles la licencia ambiental.
Según el ejecutivo, existe un acuerdo interinstitucional firmado entre el Searpi y la Alcaldía de Porongo relativo al comportamiento hidráulico, en el que se acordó un largo del puente de 400 metros, con apoyos intermedios de 100 metros y dos vanos (huecos en la construcción) de 50 metros cada uno, además de tener un caudal de diseño de 5.000 metros cúbicos por segundo en un periodo de retorno de 100 años; sin embargo, hasta la fecha no se ha presentado el diseño del puente con esos parámetros.
Por otro lado, Sosa argumentó que este puente une dos municipios y no se tiene convenio entre los mismos, siendo requisito para la otorgación de la licencia. El puente desembocará en al área protegida municipal Curichi La Madre.
Enojo de vecinos
EL DEBER recorrió la zona y constató que las obras están paralizadas. La ejecución del proyecto está a cargo del consorcio Urubó. En el lugar, donde se prevé construir el puente, hay piedras, ripio y tres casetas abandonadas, además de material de construcción.
Los financiadores del proyecto son el municipio de Porongo y los vecinos del Urubó y de Porongo.
La paralización molesta a los transportistas y, principalmente a los vecinos de las urbanizaciones. Cabe recordar que en 2012 se licitó la obra.
Olga Melgar, Ricardo Antelo, Rosario Leigue y Carlos Parada expresaron su enojo por la demora del puente, pues el caos vehicular se acentuará.
Mientras tanto, el puente Foianini, que pasa del municipio de Santa Cruz de la Sierra al de Porongo, quedó pequeño para la gran cantidad de motorizados que transitan este tramo. Desde las 12:00 hasta las 15:00 y desde las 17:00 hasta las 19:30 recorrer esa ruta se convierte en un verdadero calvario
Carlos Hugo Sosa, titular de ese despacho, observó dos aspectos: el diseño (componente técnico), que debe ser validado por la entidad competente, el Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del Río Piraí (Searpi), y un convenio entre los municipios de Santa Cruz y de Porongo para otorgarles la licencia ambiental.
Según el ejecutivo, existe un acuerdo interinstitucional firmado entre el Searpi y la Alcaldía de Porongo relativo al comportamiento hidráulico, en el que se acordó un largo del puente de 400 metros, con apoyos intermedios de 100 metros y dos vanos (huecos en la construcción) de 50 metros cada uno, además de tener un caudal de diseño de 5.000 metros cúbicos por segundo en un periodo de retorno de 100 años; sin embargo, hasta la fecha no se ha presentado el diseño del puente con esos parámetros.
Por otro lado, Sosa argumentó que este puente une dos municipios y no se tiene convenio entre los mismos, siendo requisito para la otorgación de la licencia. El puente desembocará en al área protegida municipal Curichi La Madre.
Enojo de vecinos
EL DEBER recorrió la zona y constató que las obras están paralizadas. La ejecución del proyecto está a cargo del consorcio Urubó. En el lugar, donde se prevé construir el puente, hay piedras, ripio y tres casetas abandonadas, además de material de construcción.
Los financiadores del proyecto son el municipio de Porongo y los vecinos del Urubó y de Porongo.
La paralización molesta a los transportistas y, principalmente a los vecinos de las urbanizaciones. Cabe recordar que en 2012 se licitó la obra.
Olga Melgar, Ricardo Antelo, Rosario Leigue y Carlos Parada expresaron su enojo por la demora del puente, pues el caos vehicular se acentuará.
Mientras tanto, el puente Foianini, que pasa del municipio de Santa Cruz de la Sierra al de Porongo, quedó pequeño para la gran cantidad de motorizados que transitan este tramo. Desde las 12:00 hasta las 15:00 y desde las 17:00 hasta las 19:30 recorrer esa ruta se convierte en un verdadero calvario
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