Un viejo casco de trabajo colgado de uno de los fierros retorcidos aún aparece como mudo testigo de la tragedia. Toneladas de cemento convertidas en losas amorfas de todo tamaño todavía cubren el lugar donde hace un año se desplomó el edificio Málaga y mató a 15 personas.
La investigación sobre el caso no logró mucho avance y queda solo un mes para que concluya el último plazo otorgado por la justicia. Han sido 12 meses en los que hubo cambios de fiscales, ausencia de peritos, falta de documentación y otras ‘trabas’ como las califica el propio fiscal Francisco Núñez del Prado, uno de los que lleva adelante el caso.
La investigación, que se inició en manos del fiscal Luis Montaño, pasó a Mario Montaño y luego a Francisco Núñez del Prado. Posteriormente, se sumó Jorge Tamayo y desde diciembre del año pasado está en manos de Núñez del Prado y de Cándido Blanco. Consultado sobre el caso, Blanco dijo el lunes 16 de enero estar todavía informándose, por lo que se excusó de emitir algún criterio.
Hasta hoy, Paulina Callaú Jarpa, propietaria del edificio, y su hermana Andrea, presidenta de la empresa Sicruz, son las dos imputadas por la Fiscalía por el delito de homicidio en grado de comisión por omisión, según Núñez del Prado.
La dueña del Málaga incluso fue aprehendida por requerimiento fiscal en junio del año pasado, pero la juez Iris Justiniano, que dijo no haber hallado elemento que la convenza de que Callaú conocía del inminente peligro (en el edificio), le dio medidas sustitutivas a la detención preventiva, como arraigo, presentación ante el fiscal cada 15 días y una fianza de Bs 100.000, que ya pagó.
El abogado de la defensa, Abel Montaño, insistió en que la señora Paulina es inocente y que debe ser sobreseída. Con relación a Andrea, consideró que el fiscal Nuñez del Prado la imputó (en diciembre de 2011) justo cuando estaba por concluir el plazo de seis meses establecido por ley para el proceso de investigación preliminar, como una forma de ‘forzar’ la ampliación de este periodo.
Desde el año pasado, Andrea Callaú está en Chile donde, según su abogado, recibe tratamiento médico.
A propósito de la imputación contra ella, la juez amplió el plazo por dos meses más, tiempo que concluye a fines de febrero de 2012. Hasta entonces, los fiscales deberán emitir un requerimiento conclusivo, ya sea de sobreseimiento de los imputados o de acusación, en base a las pruebas que puedan haber acumulado.
Y precisamente ahí las cosas no han avanzado mucho. Hasta ahora no existe un peritaje técnico de la obra. En febrero del año pasado, la Fiscalía General designó a los peritos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), José Carlos Goitia y Omar Rodrigo Flores, para que establezcan mediante estudios por qué se derrumbó el edificio. Según Núñez del Prado, apenas se hizo cargo del caso a mediados de 2011, pidió a los peritos un informe sobre los documentos que tenían y el avance de su trabajo. Los peritos solicitaron más documentos y en agosto, cuando ya se había recabado dicha información, los peritos se excusaron diciendo que la Fiscalía no les había entregado los datos y que ya no podían seguir el caso, pues sus contratos con el IDIF fenecieron.
Núñez del Prado lamentó que el IDIF haya tardado dos meses en ratificar a Goitia y Flores, además de incorporar a Wálter Toro, que hasta ahora no se han presentado. Hoy, el único perito posesionado es el ingeniero civil Miguel Ángel Trujillo Mallea, que fue propuesto por la defensa de Callaú reiteradas veces desde marzo de 2011 y que acaba de iniciar su trabajo el pasado lunes 16.
“Entendemos que el corto tiempo que queda va a ser insuficiente para hacer un peritaje como debiera ser, con características científicas y técnicas”, reconoció el abogado Montaño.
El Ministerio Público también habría solicitado la cooperación de expertos de Chile, pero no se concretó nada.
Lo que sí está en marcha es la pericia de análisis de comportamiento por llamadas. Según el fiscal, la mañana del día del derrumbe, la señora Paulina tuvo contacto telefónico con Félix Montaño, chofer de su familia y de Sicruz, y con su hermana Andrea, que a la vez se contactó con Enrique Alarcón, gerente de Sicruz. Núñez del Prado consideró que estas llamadas pueden ser un elemento para demostrar que Paulina sabía lo que estaba pasando en la obra, situación que negó en sus declaraciones. Su defensa argumentó que esas personas no eran los responsables de la obra, por lo que no tendrían relevancia para la imputación.
Mientras el proceso penal apenas avanza, en lo laboral el caso fue superado. Las familias de las víctimas y los afectados llegaron a acuerdos económicos con Paulina Callaú y desistieron del caso penal.
Pero en el cuaderno de investigación aún figuran como querellantes Ediberto Egüez, Feliciano Carrillo, Andrés Peñafiel, Florentino Rojas, Eliane Frías, Ronald Daya y Claudio Daza. Para la defensa, estas personas no tienen base legal para convertirse en querellantes, aunque la Fiscalía las ha incluido.
Dejó luto y también mucha incertidumbre
La falta de una respuesta a ¿qué pasó para que el Málaga se desplome? no deja de inquietar a quienes se dedican a la construcción. La presidenta del Colegio de Arquitectos, Rim Safar, lamenta el lento avance del proceso de investigación del caso, lo que siembra más incertumbre.
“No quiero ni pensar cuál será el motivo por el que una autoridad no le haga seguimiento. Espero que no sea un problema de falta de voluntad, sino un problema económico de la Fiscalía. Como profesionales nos preocupa no tener un resultado para prevenir”, dijo.
Por su lado, el gobierno municipal aseguró haber coadyuvado a la Fiscalía con la investigación, brindando los informes solicitados sobre el proceso de revisión y aprobación del proyecto Monseñor Salvatierra (conocido como edificio Málaga).
Marco Antonio Moscatelli, asesor legal del municipio, confirmó la querella que existe contra tres funcionarios municipales, Luis Albornoz Vargas, Alfonso Cárdenas y María Mónica Rivero Serrano, pero argumentó que cumplieron con sus funciones a cabalidad. El fiscal Francisco Núñez del Prado anunció que en los próximos días decidirá si los imputa o no. Por ahora, siguen trabajando en la Alcaldía.
Más datos
- Paralización. En agosto de 2006, el juez de Instrucción en lo Civil, José Olvis Arias Castro, dispuso la paralización de obras en la construcción del edificio Monseñor Salvatierra (conocido como Málaga) por ‘daño temido y efectivo’ a las casas de los vecinos. Por entonces, la obra pertenecía a Víctor Eduardo Kellemberger y tres socios. Luego, Paulina Callaú adquirió el terreno y en 2010 puso en ejecución su propio proyecto aprobado por la Alcaldía.
- Investigación. La Fiscalía amplió la investigación contra Rubén Darío Urey, encargado de la obra en 2006, cuando un juez ordenó paralizar la obra, que era de un dueño anterior.
- Empresarias. Paulina Callaú (foto) sigue con sus actividades empresariales. Según Abel Montaño, ella es la más interesada en que el proceso concluya por el arraigo y la restricción al patrimonio (la fianza) que la afectan. El abogado confirmó que Andrea Callaú está desde 2011 en Santiago de Chile y aclaró que no participó en el diseño del edificio.
- Autoridades. El presidente Evo Morales, a través de Roberto Fernández en Santa Cruz, entregó ocho casas a las familias de las víctimas que no tenían vivienda propia. Fernández dijo que con eso el Gobierno cumplió y que la responsabilidad de que se esclarezca por qué se cayó el Málaga y quiénes son los culpables está en manos del municipio y el Ministerio Público.
- Fiscal. Francisco Núñez del Prado dijo que “este no es un tema de arreglar o para ponerle precio a una vida”, pero admitió el retraso en el proceso por “entorpecimientos de diversa índole”.
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