El problema de la documentación de respaldo de contratos de alquiler o de anticresis fue tipificado por el viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Mario Guillén, como un serio obstáculo para que anticresistas accedan a crédito de vivienda que el Gobierno dispuso tras la aprobación de la Ley 393 en agosto de 2013. Guillén dijo que al no quedar registrado el contrato de anticresis, los bancos no tenían seguridad de la legalidad y la autenticidad de la documentación presentada por el interesado.
El problema surge, además, cuando el propietario debe entregar datos y fotocopias de los títulos de propiedad a Derechos Reales para el contrato del anticrético. Este procedimiento generar temor y desconfianza en el sector.
Ante ese panorama, el planteamiento fijaba que el contrato de anticrético sea debidamente notariado por las partes y luego presentado al gobierno municipal para ser tomado en cuenta para fines de gestión de crédito.
CONTROVERSIAS
Otro problema que enfrentan los propietarios e inquilinos son las extorsiones. Los dueños de los inmuebles, una gran parte, sólo emite recibo y no así factura, y por lo tanto cuando termina el cumplimiento del contrato, los inquilinos exigen indemnización por cada año que vivió, de lo contrario amenaza con denunciarlo a la administración tributaria.
Esa figura también se repite contra los inquilinos, a manos de algunos dueños de casa, por lo que una ley y el cumplimiento de las obligaciones tributarias se evitarían conflictos.
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Por otra parte, el Servicio de Impuesto Nacional realiza una campaña en medios de comunicación para que los inquilinos exijan a los dueños de casa, la extensión de la factura, y de esta manera cumplan con sus obligaciones impositivas. Un buena parte de los propietarios cumplen con la emisión de facturas pero otros muchos no lo hacen.
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