La norma estipula la creación de la Dirección Municipal de la Construcción, entidad que autorizará y controlará las edificaciones.
Con el objetivo de regular las construcciones de más de cinco pisos dentro del municipio paceño, mediante el control, seguimiento y supervisión de los parámetros de edificación, y evitar que los ciudadanos hagan remodelaciones fuera de regla, el concejal Jorge Silva (MAS) informó que, en los próximos días, presentará al pleno del Concejo Municipal el proyecto de Ley de Fiscalización de Construcciones.
La propuesta, dijo Silva, fue elaborada tras el colapso de los edificios Málaga, en Santa Cruz en 2011, y Angélica María, en La Paz en 2012, y el reciente suceso del Alcázar, que afectaron a muchas familias y hasta la fecha no tienen identificados a los responsables.
“Es por eso, y frente a la carencia de instrumentos legales para sancionar a los responsables, que se plantea esta nueva ley para que en el futuro los dueños o empresas constructoras no deslinden responsabilidades”.
Aspectos de la norma. El artículo 1 del proyecto de ley señala que éste tiene por objetivo fiscalizar las construcciones en el municipio de La Paz, en cumplimientos de las competencias legislativas y de fiscalización establecidas por la Constitución y la Ley Marco de Autonomías. También menciona que la norma será de cumplimiento obligatorio para las personas o empresas, nacionales o extranjeras, que construyan edificios de más de cinco pisos en la jurisdicción paceña.
Pero uno de los elementos centrales del proyecto se refiere a la creación de la Dirección Municipal de Construcciones, instancia que tendrá la facultad de hacer cumplir las disposiciones de la norma y de la Ley de Medio Ambiente, la de Seguridad Ocupacional y Bienestar, la de Uso de Suelos Urbanos (LUSU) y otras referentes a la construcción de edificios dentro del municipio paceño.
Una de las atribuciones de esa dirección, detalló Silva, será aprobar o rechazar los predios donde se proyecte la construcción de edificios de más de cinco plantas. “Esa instancia actuará de la misma manera con los proyectos de reconstrucción, restauración, ampliación y remodelación de inmuebles”.
Mencionó que una vez otorgada la autorización de construcción, esa dirección fiscalizará su ejecución desde el inicio hasta la conclusión.
De la misma manera, el artículo 8 establece que todos los proyectos de construcción de más de cinco plantas deben adjuntar el estudio de riesgos y el visado del colegio profesional al que pertenece quien elabore el proyecto. También se establece que la Dirección Municipal de Construcciones debe programar inspecciones en cada proyecto que autorizó.
38artículos tiene el proyecto de Ley Municipal de Fiscalización de Construcciones.
“También se creará un fiscal de obras, quien controlará las fases de la construcción, antes de su conclusión. Se busca el bienestar de los paceños”.
Jorge Silva / CONCEJAL DEL MAS
martes, 15 de enero de 2013
domingo, 13 de enero de 2013
Detectan nuevas rajaduras en El Alcázar y suspenden inspección de la Fiscalía
Después que un grupo de copropietarios denunciara la aparición de nuevas rajaduras en el edificio El Alcázar, en los niveles 4 y 5 de parqueos, el Ministerio Público inició una investigación para verificar el estado de la construcción, cuyos pilares están siendo reforzados, después que uno de los machones presentó graves fisuras.
La fiscal Elena Palomeque, encargada de la observación, tuvo que suspender la verificación de ayer ya que no le fue permitido el paso al edificio.
En la verificación debían participar la querellante, representando al grupo de los propietarios y el abogado de la defensa, entre otros.
La formalidad fue diferida hasta el próximo lunes 14 a horas 08:30 de la mañana.
Palomeque, encargada de la observación en el edificio, informó que el Ministerio Público se presentó en más de una oportunidad para realizar un registro de las condiciones de El Alcázar, especialmente en los niveles observados (4 y 5), donde están ubicados los parqueos porque según denuncias de los propietarios estaría con una serie de fisuras.
“Nos presentamos por una petición presentada por los denunciantes, manifestando que se detectaron nuevas rajaduras dentro de este edificio y existirían evidencias visibles y preocupantes”, relató Palomeque.
La representante del Ministerio Publico aseguró que esta instancia sólo quiere obtener información técnica y por eso se ha convocado a la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB).
“Existe un consultor técnico y también se ha citado a la Alcaldía”, según dijo la fiscal.
El presidente de la SIB, Marcelo Badani, en declaraciones a EL DIARIO aseguró que “ante la suspensión y las nuevas declaraciones emitidas sobre este tema, manifestó que evidentemente existen fisuras en varios departamentos, sin embargo éstas se habrían producido a raíz del conflicto suscitado con la columna 6B”.
“El deterioro no avanzó, estas fisuras aparecieron cuando se registró el colapso de la columna”, dijo.
El representante legal de siete copropietarios del edificio en refacción El Alcázar, Franklin Gutiérrez, anunció que iniciará una querella en contra miembros de la directiva y la SIB por minimizar las denuncias del estado de la construcción.
“Nosotros podemos demostrar científicamente la inclinación. No es que estamos hablando sin documentación y sin trabajo científico”, indicó Gutiérrez.
El abogado afirmó que “existen irregularidades que rodean las refacciones del edificio y que se trata de ocultar el verdadero estado de la construcción”.
DATOS
- Edificio El Alcázar está compuesto por dos torres de 18 pisos y 84 departamentos.
- La noche del 17 de diciembre de 2012, 174 familias fueron evacuadas del edificio, ubicado sobre la calle Federico Zuazo, debido al colapso de un pilar del cuarto nivel del subsuelo en el área de los parqueos, situado en la torre Córdoba.
- El Gobierno Municipal no encontró ningún plano aprobado para la construcción del edificio.
La fiscal Elena Palomeque, encargada de la observación, tuvo que suspender la verificación de ayer ya que no le fue permitido el paso al edificio.
En la verificación debían participar la querellante, representando al grupo de los propietarios y el abogado de la defensa, entre otros.
La formalidad fue diferida hasta el próximo lunes 14 a horas 08:30 de la mañana.
Palomeque, encargada de la observación en el edificio, informó que el Ministerio Público se presentó en más de una oportunidad para realizar un registro de las condiciones de El Alcázar, especialmente en los niveles observados (4 y 5), donde están ubicados los parqueos porque según denuncias de los propietarios estaría con una serie de fisuras.
“Nos presentamos por una petición presentada por los denunciantes, manifestando que se detectaron nuevas rajaduras dentro de este edificio y existirían evidencias visibles y preocupantes”, relató Palomeque.
La representante del Ministerio Publico aseguró que esta instancia sólo quiere obtener información técnica y por eso se ha convocado a la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB).
“Existe un consultor técnico y también se ha citado a la Alcaldía”, según dijo la fiscal.
El presidente de la SIB, Marcelo Badani, en declaraciones a EL DIARIO aseguró que “ante la suspensión y las nuevas declaraciones emitidas sobre este tema, manifestó que evidentemente existen fisuras en varios departamentos, sin embargo éstas se habrían producido a raíz del conflicto suscitado con la columna 6B”.
“El deterioro no avanzó, estas fisuras aparecieron cuando se registró el colapso de la columna”, dijo.
El representante legal de siete copropietarios del edificio en refacción El Alcázar, Franklin Gutiérrez, anunció que iniciará una querella en contra miembros de la directiva y la SIB por minimizar las denuncias del estado de la construcción.
“Nosotros podemos demostrar científicamente la inclinación. No es que estamos hablando sin documentación y sin trabajo científico”, indicó Gutiérrez.
El abogado afirmó que “existen irregularidades que rodean las refacciones del edificio y que se trata de ocultar el verdadero estado de la construcción”.
DATOS
- Edificio El Alcázar está compuesto por dos torres de 18 pisos y 84 departamentos.
- La noche del 17 de diciembre de 2012, 174 familias fueron evacuadas del edificio, ubicado sobre la calle Federico Zuazo, debido al colapso de un pilar del cuarto nivel del subsuelo en el área de los parqueos, situado en la torre Córdoba.
- El Gobierno Municipal no encontró ningún plano aprobado para la construcción del edificio.
viernes, 11 de enero de 2013
Anticréticos Estiman que acusada de estafa obtuvo $us 100 mil
Una mujer, detenida el miércoles acusada de estafar a varias personas al ofrecer un departamento en anticrético, logró sonsacar más de 100 mil dólares en sus operaciones.
“Hasta la fecha tenemos más de diez víctimas que se han aproximado (a la Policía) y se tiene estimado un monto de más de 100 mil dólares”, indicó la fiscal asignada al caso, Fabiana Acero.
La mujer se presentaba como abogada y captaba a sus víctimas a través de un aviso clasificado en los periódicos, en el cual ofrecía un departamento en anticrético en Los Pinos, de la zona Sur.
Los interesados iban a la oficina de la ahora acusada, quien las llevaba a visitar el inmueble y les pedía un adelanto del 50% del monto exigido por el departamento. Después de recibir el dinero, ponía una serie de excusas para no entregar la vivienda o para impedir que el departamento fuese inscrito en la oficina de Derechos Reales.
Una de las víctimas dijo que pagó 10.000 dólares de anticipo por el anticrético. “Siempre me daba excusas, me decía que el techo del baño estaba en reparación, que el supuesto esposo estaba de viaje”, indicó.
La presunta estafadora utilizó esta misma excusa con otra mujer, que pagó 9.500 dólares por el anticrético del inmueble. “Debía recibir el departamento el 21 de enero, y me entero por las noticias que esta señora es una estafadora”, dijo a Página Siete.
Los afectados piden la devolución de su dinero. Según la fiscal encargada del caso este hecho continúa en investigación. “La señora está en calidad de aprehendida, se está revisando sus antecedentes, los elementos de convicción que se tiene para ponerla ante autoridad jurisdiccional” , indicó la autoridad. (MP)
“Hasta la fecha tenemos más de diez víctimas que se han aproximado (a la Policía) y se tiene estimado un monto de más de 100 mil dólares”, indicó la fiscal asignada al caso, Fabiana Acero.
La mujer se presentaba como abogada y captaba a sus víctimas a través de un aviso clasificado en los periódicos, en el cual ofrecía un departamento en anticrético en Los Pinos, de la zona Sur.
Los interesados iban a la oficina de la ahora acusada, quien las llevaba a visitar el inmueble y les pedía un adelanto del 50% del monto exigido por el departamento. Después de recibir el dinero, ponía una serie de excusas para no entregar la vivienda o para impedir que el departamento fuese inscrito en la oficina de Derechos Reales.
Una de las víctimas dijo que pagó 10.000 dólares de anticipo por el anticrético. “Siempre me daba excusas, me decía que el techo del baño estaba en reparación, que el supuesto esposo estaba de viaje”, indicó.
La presunta estafadora utilizó esta misma excusa con otra mujer, que pagó 9.500 dólares por el anticrético del inmueble. “Debía recibir el departamento el 21 de enero, y me entero por las noticias que esta señora es una estafadora”, dijo a Página Siete.
Los afectados piden la devolución de su dinero. Según la fiscal encargada del caso este hecho continúa en investigación. “La señora está en calidad de aprehendida, se está revisando sus antecedentes, los elementos de convicción que se tiene para ponerla ante autoridad jurisdiccional” , indicó la autoridad. (MP)
jueves, 10 de enero de 2013
Buscan edificar condominios en el parque 'Lomas de Arena'
La Gobernación del departamento y la Fiscalía están en pleno proceso judicial para evitar que se construyan edificaciones y condominios en la zona del parque Lomas de Arena, área protegida que se ve amenazada, ya que al menos dos personas figuran como propietarios de 76 hectáreas, donde se pretende construir condominios y ya existen asentamientos humanos.
El gobierno departamental realizó un estudio ambiental que da cuenta del daño que se puede producir al ecosistema de esta zona turística del departamento. El Ministerio Público adelantó que solicitará la presencia de funcionarios del municipio, para el próximo 22 de enero, en el terreno citado, para recopilar mayores datos sobre el porqué los supuestos propietarios cuentan con documentos que los acredita como tales.
Quieren construir una urbanización en las Lomas de Arena. “Hay una pequeña casa y una barda en un lugar donde se prohíbe asentamientos”, denuncia Grimaldo Soto, director del Parque Regional Lomas de Arena. Un 90 por ciento de los terrenos que corresponde al parque Lomas de Arena son de propiedad privada, sin embargo al tratarse de un área natural, hay normas que prohíben su posible destrucción o mal uso, que se pueden dar por asentamientos humanos que dañen el ecosistema. Un estudio realizado por la Fundación Amigos de la Naturaleza, y que luego fue entregado a la Gobernación del departamento, alerta sobre las especies de aves nativas, que en ciertas épocas del año llegan hasta estos parajes y que en épocas de lluvia es un reservorio natural, además de ser zona de afluentes naturales de la ciudad, explica Soto. “Hay ganadería y granjas de pollos en esta zona, pero son actividades que no afectan al ecosistema”, aclara la autoridad.
Los loteamientos en esta zona son constantes. Ayer llegaron hasta este lugar el fiscal Álvaro Latorre, quien determinó que “tenemos un problema técnico en relación a establecer de forma cierta los límites del parque Lomas de Arena. Vemos urbanizaciones en construcción por lo que se ha suspendido esta inspección hasta fecha 22 y se va convocar a la Alcaldía y el Plan Regulador para establecer con precisión cuáles son los límites del parque Lomas de Arena”, aclaró el representante del Ministerio Público. La autoridad informó que los loteamientos en esta zona son un delito común, y que esto se pena con ley. En 1991 un decreto supremo crea el "Parque Lomas de Arena". De las 13.326 hectáreas que lo componen, 90% corresponden al municipio de La Guardia, 5% a Santa Cruz y el resto a Cabezas. De ella 76 hectáreas tienen documentos aprobados, hecho que se investiga para conocer quién autorizó los papeles.
Biodiversidad. Las Lomas de Arena son el hogar de la tijereta y otras especies
La tijereta llega desde fines de agosto hasta principios de septiembre e inicia inmediatamente el comportamiento reproductivo. Incuba generalmente tres huevos durante más o menos 14 días; periodo que también necesitan los pichones para crecer dentro del nido. Se logró monitorear un promedio de 30 nidos por temporada siendo construidos mayormente en espino blanco, la especie más abundante en la zona. La misma que ha estado sufriendo una extracción por parte de los habitantes cercanos que la utilizan para alambrados, construcciones de gallineros y a veces como leña. Esto es preocupante ya que esta especie vuelve a utilizar cada temporada la mayoría de los árboles en la construcción de los nidos. El informe cita que es importante mantener el hábitat intacto para obtener esta información y así conseguir terminar con estos estudios ya que esta especie es fiel a su hábitat de reproducción.
El gobierno departamental realizó un estudio ambiental que da cuenta del daño que se puede producir al ecosistema de esta zona turística del departamento. El Ministerio Público adelantó que solicitará la presencia de funcionarios del municipio, para el próximo 22 de enero, en el terreno citado, para recopilar mayores datos sobre el porqué los supuestos propietarios cuentan con documentos que los acredita como tales.
Quieren construir una urbanización en las Lomas de Arena. “Hay una pequeña casa y una barda en un lugar donde se prohíbe asentamientos”, denuncia Grimaldo Soto, director del Parque Regional Lomas de Arena. Un 90 por ciento de los terrenos que corresponde al parque Lomas de Arena son de propiedad privada, sin embargo al tratarse de un área natural, hay normas que prohíben su posible destrucción o mal uso, que se pueden dar por asentamientos humanos que dañen el ecosistema. Un estudio realizado por la Fundación Amigos de la Naturaleza, y que luego fue entregado a la Gobernación del departamento, alerta sobre las especies de aves nativas, que en ciertas épocas del año llegan hasta estos parajes y que en épocas de lluvia es un reservorio natural, además de ser zona de afluentes naturales de la ciudad, explica Soto. “Hay ganadería y granjas de pollos en esta zona, pero son actividades que no afectan al ecosistema”, aclara la autoridad.
Los loteamientos en esta zona son constantes. Ayer llegaron hasta este lugar el fiscal Álvaro Latorre, quien determinó que “tenemos un problema técnico en relación a establecer de forma cierta los límites del parque Lomas de Arena. Vemos urbanizaciones en construcción por lo que se ha suspendido esta inspección hasta fecha 22 y se va convocar a la Alcaldía y el Plan Regulador para establecer con precisión cuáles son los límites del parque Lomas de Arena”, aclaró el representante del Ministerio Público. La autoridad informó que los loteamientos en esta zona son un delito común, y que esto se pena con ley. En 1991 un decreto supremo crea el "Parque Lomas de Arena". De las 13.326 hectáreas que lo componen, 90% corresponden al municipio de La Guardia, 5% a Santa Cruz y el resto a Cabezas. De ella 76 hectáreas tienen documentos aprobados, hecho que se investiga para conocer quién autorizó los papeles.
Biodiversidad. Las Lomas de Arena son el hogar de la tijereta y otras especies
La tijereta llega desde fines de agosto hasta principios de septiembre e inicia inmediatamente el comportamiento reproductivo. Incuba generalmente tres huevos durante más o menos 14 días; periodo que también necesitan los pichones para crecer dentro del nido. Se logró monitorear un promedio de 30 nidos por temporada siendo construidos mayormente en espino blanco, la especie más abundante en la zona. La misma que ha estado sufriendo una extracción por parte de los habitantes cercanos que la utilizan para alambrados, construcciones de gallineros y a veces como leña. Esto es preocupante ya que esta especie vuelve a utilizar cada temporada la mayoría de los árboles en la construcción de los nidos. El informe cita que es importante mantener el hábitat intacto para obtener esta información y así conseguir terminar con estos estudios ya que esta especie es fiel a su hábitat de reproducción.
miércoles, 9 de enero de 2013
Cochabamba Ley 247 regulariza viviendas para más de 12 mil familias
En el municipio de Cercado al menos 59.000 habitantes que viven en condiciones de ilegalidad, por encontrarse en asentamientos irregulares, obtendrán el derecho propietario de su vivienda gracias a la Ley 247 de Regularización del Derecho Propietario.
Si se toma en cuenta que cada familia tiene como promedio cinco miembros, el número de viviendas se acerca a 12 mil.
Según el director de Planificación de la Alcaldía, Andrés Loza, se estima que en Cercado aproximadamente el 35 por ciento de la población vive en situación irregular.
La ley tiene la finalidad de facilitar la obtención de títulos de propiedad y su consiguiente registro definitivo en las oficinas de Derechos Reales.
La norma señala que podrán regularizar sus propiedades “todas las personas que tengan una posesión continua y pacífica de un terreno y que en él hayan construido una vivienda estable”.
Según Loza, este punto se refiere a las personas, en cuya posesión no exista ningún litigio, que haya sido habitada por un tiempo de cinco años de manera continua y le esté dando el uso social que estipula el derecho a la vivienda.
Para las personas que viven en situación de ilegalidad, la Alcaldía de Cercado trabaja en la ampliación del área urbana.
“Se ha realizado un trabajo largo de relevamiento y reconocimiento de los sectores que tienen esta problemática para tener un conocimiento y tomar decisiones”, enfatizó Loza.
En este trabajo de relevamiento y reconocimiento de las zonas irregulares, el personal de la Dirección de Planificación identificó 100 zonas o sectores donde hay asentamientos ilegales en áreas agrícolas y forestales.
Todas las zonas irregulares están en los distritos 8 y 9. Son viviendas de K’ara K’ara, Pampa San Miguel, Arrumani, algunas de Pucara, Sivingani, Villa Israel, Primero de Mayo, San José de la Banda, Uspha Uspha, entre otros. Todos situados al sur de la ciudad.
Loza indica que algunas viviendas del Distrito 14 estaban al margen de la ley, pero hace poco fueron regularizadas.
La “propuesta de definición del área urbana de Cochabamba” está concluida y la Alcaldía la envió al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) para la verificación de los límites. Si no hay ninguna observación al documento, éste debe ser remitido, junto con los planos, al Concejo Municipal y, finalmente, a la ciudad de La Paz para su posterior homologación.
Este proceso, desde la recolección de información hasta la homologación, debe demorar un año (máximo), según la ley.
En este tiempo todos los gobiernos municipales del país deben tener definida la ampliación del área urbana para que obtengan el título de derecho propietario de las viviendas irregulares.
Loza admite que la Ley de Regularización legaliza los asentamiento en áreas agrícolas, forestales y verdes habitadas desde hace más de cinco años.
La Alcaldía busca preservar las tierras que quedan para que sean destinadas a la producción y preservación del medio ambiente.
“Hemos tenido bastante cuidado de proteger todas las áreas agrícolas que se puedan”, resaltó Loza.
EXCEPCIONES Están fuera de la ley todos los asentamientos cuyo uso de suelo está definido como área agrícola, área verde y/o área protegida. Pero existe una excepción para quienes accedieron o se asentaron en una propiedad en predios municipales o del Estado, siempre y cuando sea antes del año 1998 y siga los procedimientos de la Ley 247.
La ley permitirá agilizar aquellos casos en que hayan fallas menores como correcciones de identidad o fallas técnicas a través de procesos técnicos administrativos cortos y ágiles y ya no por procesos judiciales.
DEMORA Este proceso es conocido, en la ley, como “regularización técnica” que está en vigencia desde septiembre de 2012. Pero de acuerdo al presidente de la Confederación Nacional de Juntas Vecinales (Conaljuve) y delegado para el cumplimiento de la Ley 247, Efraín Chambi, ninguna vivienda o terreno fue beneficiado por falta de “prioridad” de las autoridades municipales.
Para acceder a este procedimiento existen tres requisitos: la declaración jurada ante un notario de Fe Pública, sobre el tiempo y el lugar de posesión continua, pacífica y de buena fe; el segundo requisito es la copia legalizada del plano individual de la vivienda, y finalmente, una certificación de “No propiedad” de Derechos Reales. Otras pruebas, como los testigos o las boletas de pago de impuestos y otros servicios, serán de respaldo.
Apuntes.
Protegidos
Los asentamientos en las faldas del Parque Nacional Tunari no podrán beneficiarse con la Ley 247.
Delimitación
La homologación del área urbana es el proceso administrativo técnico- jurídico que permite aprobar la delimitación de las áreas urbanas de los centros poblados.
Condiciones
Para que los centros poblados de los gobiernos municipales obtengan la categoría urbana necesitan: contar con una población igual o mayor a 2.000 habitantes dentro del centro poblado.
Tener los servicios básicos de energía eléctrica, saneamiento básico, educación y salud.
Informes
Al Ministerio de Planificación y Desarrollo se debe enviar: la ordenanza municipal de delimitación del área urbana, informe técnico de justificación, certificación del INRA, plano urbano y/o catastral con el polígono de delimitación y su tabla de vértices de coordenadas y solicitud de homologación.
Ampliado analizará avances
El próximo 29 de enero en Cochabamba se realizará un ampliado nacional para analizar los avances de la Ley 247 de Regularización del Derecho Propietario, informó el presidente del Consejo Nacional de Juntas Vecinales, Efraín Chambi.
El ampliado se iniciará con una marcha “masiva” que partirá de diferentes puntos de la ciudad y se concentrará en la Plaza Principal.
Después, el ampliado se realizará en el coliseo de la Coronilla hasta el 30 de enero.
De acuerdo con Chambi, fueron invitados dirigentes de las OTB y juntas vecinales de todo el país. Se espera la asistencia del presidente Evo Morales, del vicepresidente Álvaro García Linera, del director nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria, autoridades de Derechos Reales y del Ministerio de Planificación.
En la reunión nacional se conformarán mesas de trabajo para verificar los avances respecto a la delimitación de la “mancha urbana”. “Ya estamos a seis meses y no hay nada. Las autoridades deben agilizar porque no están tomando en serio la Ley 247”, señala Chambi.
Identifican a 7 municipios más “conflictivos”
Los siete municipios que conforman el Eje Metropolitano fueron calificados como los más “conflictivos” respecto a la delimitación del área urbana ocasionando que “miles” de viviendas no tengan los papeles al día en Derechos Reales.
El director ejecutivo de la Asociación de Municipios de Cochabamba (Amdeco), Henry López, señala que también hay municipios con viviendas ilegales en la zona Andina, en el Valle Alto y en menor cantidad en el trópico cochabambino.
El Eje Metropolitano está conformado por los municipios de Cercado, Sacaba, Tiquipaya, Colcapirhua, Quillacollo, Vinto y Sipe Sipe.
López no precisó la cifra de familias y viviendas ilegales en Cochabamba, sin embargo dijo que la Ley de Regularización del Derecho Propietario permitirá contar con una base de datos que facilite la legalización.
VIGENCIA El presidente de la Confederación Nacional de Juntas Vecinales, Efraín Chambi, afirma que la Ley 247 es “excepcional y única”, por lo tanto tiene vigencia de cuatro años desde su promulgación en septiembre de 2012.
Desde esa fecha las alcaldías tienen plazo de un año, hasta agosto de 2013, para que presenten la homologación de sus áreas urbanas. Los siguientes años serán para los trámites a nivel nacional, en Derechos Reales y en los juzgados.
“No habrá otra ley de excepción, por eso la preocupación de los vecinos para obtener los títulos propietarios”, destaca Chambi.
El dirigente explica que el retraso en la recolección de información para la homologación del área urbana, se debe a la “falta de prioridad” de los gobiernos municipales porque no agilizan el proceso.
También criticó la “falta de información” de los técnicos municipales porque no siguen los procedimientos, pasos y requisitos que pide la reglamentación de la ley, ya que en los últimos meses, ocho municipios presentaron sus propuesta del área urbana, pero estaban “mal hechas” y fueron rechazadas en el Ministerio de Planificación.
“Evo Morales (el Presidente) está preocupado con los plazos”, puntualiza Chambi.
Criterios para identificar y delimitar el área urbana de municipios
Los criterios para la identificación del área urbana, según el Ministerio de Planificación son:
Los centros poblados pueden adquirir categoría urbana a partir de los 2.000 habitantes. Sin embargo, un asentamiento urbano de menor población, puede presentar esta categoría cuando tenga un uso intensivo del suelo en vivienda, equipamientos, espacios públicos, cuente con una estructura urbana definida por una red vial que conecta los espacios públicos con los privados y al asentamiento con su entorno rural y otras poblaciones.
Que la red vial permita estructurar los servicios de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, gas domiciliario, iluminación pública entre otros.
Independientemente del tamaño del asentamiento urbano debe existir una densidad de carácter urbano. Debe existir una tasa de crecimiento poblacional cercana al promedio nacional.
Mínimamente los equipamientos de salud y educación deben estar funcionando, sin perjuicio de otros como centro de comunicaciones, centro de acopio y otros.
El centro urbano debe generar dinámicas económicas que potencien el desarrollo de su entorno rural (intercambio, producción, servicios), un centro de gestión y administración (capital de municipio, provincia o departamento).
Los criterios para la delimitación del área urbana son: definir el área con edificaciones consolidadas en la cartografía georreferenciada, la red vial existente, el alcance de los servicios básicos y equipamientos.
Identificar los límites arcifinios o naturales.
Identificar los aires de los ríos (25 metros a ambos lados de la máxima crecida) y ponerlo a nombre del municipio. Definir las directrices o tendencias de crecimiento del área consolidada (vías y superficies).
Identificar y definir las áreas de riesgo, forestales, arqueológicas, patrimoniales y otros donde no se puede autorizar ningún tipo de asentamiento.
Si se toma en cuenta que cada familia tiene como promedio cinco miembros, el número de viviendas se acerca a 12 mil.
Según el director de Planificación de la Alcaldía, Andrés Loza, se estima que en Cercado aproximadamente el 35 por ciento de la población vive en situación irregular.
La ley tiene la finalidad de facilitar la obtención de títulos de propiedad y su consiguiente registro definitivo en las oficinas de Derechos Reales.
La norma señala que podrán regularizar sus propiedades “todas las personas que tengan una posesión continua y pacífica de un terreno y que en él hayan construido una vivienda estable”.
Según Loza, este punto se refiere a las personas, en cuya posesión no exista ningún litigio, que haya sido habitada por un tiempo de cinco años de manera continua y le esté dando el uso social que estipula el derecho a la vivienda.
Para las personas que viven en situación de ilegalidad, la Alcaldía de Cercado trabaja en la ampliación del área urbana.
“Se ha realizado un trabajo largo de relevamiento y reconocimiento de los sectores que tienen esta problemática para tener un conocimiento y tomar decisiones”, enfatizó Loza.
En este trabajo de relevamiento y reconocimiento de las zonas irregulares, el personal de la Dirección de Planificación identificó 100 zonas o sectores donde hay asentamientos ilegales en áreas agrícolas y forestales.
Todas las zonas irregulares están en los distritos 8 y 9. Son viviendas de K’ara K’ara, Pampa San Miguel, Arrumani, algunas de Pucara, Sivingani, Villa Israel, Primero de Mayo, San José de la Banda, Uspha Uspha, entre otros. Todos situados al sur de la ciudad.
Loza indica que algunas viviendas del Distrito 14 estaban al margen de la ley, pero hace poco fueron regularizadas.
La “propuesta de definición del área urbana de Cochabamba” está concluida y la Alcaldía la envió al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) para la verificación de los límites. Si no hay ninguna observación al documento, éste debe ser remitido, junto con los planos, al Concejo Municipal y, finalmente, a la ciudad de La Paz para su posterior homologación.
Este proceso, desde la recolección de información hasta la homologación, debe demorar un año (máximo), según la ley.
En este tiempo todos los gobiernos municipales del país deben tener definida la ampliación del área urbana para que obtengan el título de derecho propietario de las viviendas irregulares.
Loza admite que la Ley de Regularización legaliza los asentamiento en áreas agrícolas, forestales y verdes habitadas desde hace más de cinco años.
La Alcaldía busca preservar las tierras que quedan para que sean destinadas a la producción y preservación del medio ambiente.
“Hemos tenido bastante cuidado de proteger todas las áreas agrícolas que se puedan”, resaltó Loza.
EXCEPCIONES Están fuera de la ley todos los asentamientos cuyo uso de suelo está definido como área agrícola, área verde y/o área protegida. Pero existe una excepción para quienes accedieron o se asentaron en una propiedad en predios municipales o del Estado, siempre y cuando sea antes del año 1998 y siga los procedimientos de la Ley 247.
La ley permitirá agilizar aquellos casos en que hayan fallas menores como correcciones de identidad o fallas técnicas a través de procesos técnicos administrativos cortos y ágiles y ya no por procesos judiciales.
DEMORA Este proceso es conocido, en la ley, como “regularización técnica” que está en vigencia desde septiembre de 2012. Pero de acuerdo al presidente de la Confederación Nacional de Juntas Vecinales (Conaljuve) y delegado para el cumplimiento de la Ley 247, Efraín Chambi, ninguna vivienda o terreno fue beneficiado por falta de “prioridad” de las autoridades municipales.
Para acceder a este procedimiento existen tres requisitos: la declaración jurada ante un notario de Fe Pública, sobre el tiempo y el lugar de posesión continua, pacífica y de buena fe; el segundo requisito es la copia legalizada del plano individual de la vivienda, y finalmente, una certificación de “No propiedad” de Derechos Reales. Otras pruebas, como los testigos o las boletas de pago de impuestos y otros servicios, serán de respaldo.
Apuntes.
Protegidos
Los asentamientos en las faldas del Parque Nacional Tunari no podrán beneficiarse con la Ley 247.
Delimitación
La homologación del área urbana es el proceso administrativo técnico- jurídico que permite aprobar la delimitación de las áreas urbanas de los centros poblados.
Condiciones
Para que los centros poblados de los gobiernos municipales obtengan la categoría urbana necesitan: contar con una población igual o mayor a 2.000 habitantes dentro del centro poblado.
Tener los servicios básicos de energía eléctrica, saneamiento básico, educación y salud.
Informes
Al Ministerio de Planificación y Desarrollo se debe enviar: la ordenanza municipal de delimitación del área urbana, informe técnico de justificación, certificación del INRA, plano urbano y/o catastral con el polígono de delimitación y su tabla de vértices de coordenadas y solicitud de homologación.
Ampliado analizará avances
El próximo 29 de enero en Cochabamba se realizará un ampliado nacional para analizar los avances de la Ley 247 de Regularización del Derecho Propietario, informó el presidente del Consejo Nacional de Juntas Vecinales, Efraín Chambi.
El ampliado se iniciará con una marcha “masiva” que partirá de diferentes puntos de la ciudad y se concentrará en la Plaza Principal.
Después, el ampliado se realizará en el coliseo de la Coronilla hasta el 30 de enero.
De acuerdo con Chambi, fueron invitados dirigentes de las OTB y juntas vecinales de todo el país. Se espera la asistencia del presidente Evo Morales, del vicepresidente Álvaro García Linera, del director nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria, autoridades de Derechos Reales y del Ministerio de Planificación.
En la reunión nacional se conformarán mesas de trabajo para verificar los avances respecto a la delimitación de la “mancha urbana”. “Ya estamos a seis meses y no hay nada. Las autoridades deben agilizar porque no están tomando en serio la Ley 247”, señala Chambi.
Identifican a 7 municipios más “conflictivos”
Los siete municipios que conforman el Eje Metropolitano fueron calificados como los más “conflictivos” respecto a la delimitación del área urbana ocasionando que “miles” de viviendas no tengan los papeles al día en Derechos Reales.
El director ejecutivo de la Asociación de Municipios de Cochabamba (Amdeco), Henry López, señala que también hay municipios con viviendas ilegales en la zona Andina, en el Valle Alto y en menor cantidad en el trópico cochabambino.
El Eje Metropolitano está conformado por los municipios de Cercado, Sacaba, Tiquipaya, Colcapirhua, Quillacollo, Vinto y Sipe Sipe.
López no precisó la cifra de familias y viviendas ilegales en Cochabamba, sin embargo dijo que la Ley de Regularización del Derecho Propietario permitirá contar con una base de datos que facilite la legalización.
VIGENCIA El presidente de la Confederación Nacional de Juntas Vecinales, Efraín Chambi, afirma que la Ley 247 es “excepcional y única”, por lo tanto tiene vigencia de cuatro años desde su promulgación en septiembre de 2012.
Desde esa fecha las alcaldías tienen plazo de un año, hasta agosto de 2013, para que presenten la homologación de sus áreas urbanas. Los siguientes años serán para los trámites a nivel nacional, en Derechos Reales y en los juzgados.
“No habrá otra ley de excepción, por eso la preocupación de los vecinos para obtener los títulos propietarios”, destaca Chambi.
El dirigente explica que el retraso en la recolección de información para la homologación del área urbana, se debe a la “falta de prioridad” de los gobiernos municipales porque no agilizan el proceso.
También criticó la “falta de información” de los técnicos municipales porque no siguen los procedimientos, pasos y requisitos que pide la reglamentación de la ley, ya que en los últimos meses, ocho municipios presentaron sus propuesta del área urbana, pero estaban “mal hechas” y fueron rechazadas en el Ministerio de Planificación.
“Evo Morales (el Presidente) está preocupado con los plazos”, puntualiza Chambi.
Criterios para identificar y delimitar el área urbana de municipios
Los criterios para la identificación del área urbana, según el Ministerio de Planificación son:
Los centros poblados pueden adquirir categoría urbana a partir de los 2.000 habitantes. Sin embargo, un asentamiento urbano de menor población, puede presentar esta categoría cuando tenga un uso intensivo del suelo en vivienda, equipamientos, espacios públicos, cuente con una estructura urbana definida por una red vial que conecta los espacios públicos con los privados y al asentamiento con su entorno rural y otras poblaciones.
Que la red vial permita estructurar los servicios de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, gas domiciliario, iluminación pública entre otros.
Independientemente del tamaño del asentamiento urbano debe existir una densidad de carácter urbano. Debe existir una tasa de crecimiento poblacional cercana al promedio nacional.
Mínimamente los equipamientos de salud y educación deben estar funcionando, sin perjuicio de otros como centro de comunicaciones, centro de acopio y otros.
El centro urbano debe generar dinámicas económicas que potencien el desarrollo de su entorno rural (intercambio, producción, servicios), un centro de gestión y administración (capital de municipio, provincia o departamento).
Los criterios para la delimitación del área urbana son: definir el área con edificaciones consolidadas en la cartografía georreferenciada, la red vial existente, el alcance de los servicios básicos y equipamientos.
Identificar los límites arcifinios o naturales.
Identificar los aires de los ríos (25 metros a ambos lados de la máxima crecida) y ponerlo a nombre del municipio. Definir las directrices o tendencias de crecimiento del área consolidada (vías y superficies).
Identificar y definir las áreas de riesgo, forestales, arqueológicas, patrimoniales y otros donde no se puede autorizar ningún tipo de asentamiento.
Sociedad de Ingenieros rechaza que El Alcázar esté inclinado
La Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) filial La Paz rechazó ayer que el edificio El Alcázar se haya inclinado, como aseguró el abogado Franklin Gutiérrez a nombre de algunos de los afectados.
Una de las columnas del edificio -ubicado en la calle Federico Zuazo, a una cuadra de El Prado paceño- colapsó a mediados de noviembre pasado. Los 174 copropietarios y vendedores de medio centenar de comercios evacuaron el predio e incluso la Alcaldía de La Paz prohibió la circulación vehicular por el lugar.
Tras este hecho, la constructora Sadeco SA inició los trabajos de reparación de 18 pilares en tres de los cinco subsuelos.
Gutiérrez denunció el lunes en radio Fides que el edificio se había inclinado. “La torre Córdova, en seis segundos de medición (se) ha detectado una inclinación de 30 centímetros hacia el lado del edificio de ENTEL. La torre Granada, con una medición de 12 segundos, ha demostrado una inclinación de 50 centímetros hacia el sur”, explicó.
Marcelo Badani, presidente de la SIB, negó que exista tal inclinación. “Se estabilizó la estructura y se descargó la carga viva (las personas). Al contrario de haberse inclinado, se alineó unos milímetros”, aseguró.
El Alcázar tiene 174 departamentos y los copropietarios superan las 200 familias. “Gutiérrez, por la información que recogimos en la Fiscalía, es abogado de ocho copropietarios. Por lo tanto, mal puede atribuirse la representación”, declaró Javier Guachalla, uno de los afectados.
Anunció que si Gutiérrez continúa con esas declaraciones, le seguirán un proceso civil porque puede afectar el trabajo de reparación del edificio.
Trabajos
Los copropietarios tienen que elegir a un estructuralista, de una lista que Badani les dio ayer, para que se encargue del relevamiento integral del edificio, lo que permitirá conocer si la estructura es rehabitable o necesita otras reparaciones que deberán ser hechas por la constructora.
La constructora ya trabajó en seis de los 18 pilares que deben ser reforzados en tres niveles distintos. El trabajo implica colocar planchas de acero a 20 centímetros de distancia de los pilares. En medio se ponen varas de acero unidas con un pegamento llamado grouting.
“El laboratorio dijo que el grouting pasó los 300 kilogramos de resistencia por centímetro cuadrado. El hormigón del pilar era de 210; por lo tanto, ya reemplazó al pilar dañado con una resistencia superior a la anterior”, aseguró Badani.
Una de las columnas del edificio -ubicado en la calle Federico Zuazo, a una cuadra de El Prado paceño- colapsó a mediados de noviembre pasado. Los 174 copropietarios y vendedores de medio centenar de comercios evacuaron el predio e incluso la Alcaldía de La Paz prohibió la circulación vehicular por el lugar.
Tras este hecho, la constructora Sadeco SA inició los trabajos de reparación de 18 pilares en tres de los cinco subsuelos.
Gutiérrez denunció el lunes en radio Fides que el edificio se había inclinado. “La torre Córdova, en seis segundos de medición (se) ha detectado una inclinación de 30 centímetros hacia el lado del edificio de ENTEL. La torre Granada, con una medición de 12 segundos, ha demostrado una inclinación de 50 centímetros hacia el sur”, explicó.
Marcelo Badani, presidente de la SIB, negó que exista tal inclinación. “Se estabilizó la estructura y se descargó la carga viva (las personas). Al contrario de haberse inclinado, se alineó unos milímetros”, aseguró.
El Alcázar tiene 174 departamentos y los copropietarios superan las 200 familias. “Gutiérrez, por la información que recogimos en la Fiscalía, es abogado de ocho copropietarios. Por lo tanto, mal puede atribuirse la representación”, declaró Javier Guachalla, uno de los afectados.
Anunció que si Gutiérrez continúa con esas declaraciones, le seguirán un proceso civil porque puede afectar el trabajo de reparación del edificio.
Trabajos
Los copropietarios tienen que elegir a un estructuralista, de una lista que Badani les dio ayer, para que se encargue del relevamiento integral del edificio, lo que permitirá conocer si la estructura es rehabitable o necesita otras reparaciones que deberán ser hechas por la constructora.
La constructora ya trabajó en seis de los 18 pilares que deben ser reforzados en tres niveles distintos. El trabajo implica colocar planchas de acero a 20 centímetros de distancia de los pilares. En medio se ponen varas de acero unidas con un pegamento llamado grouting.
“El laboratorio dijo que el grouting pasó los 300 kilogramos de resistencia por centímetro cuadrado. El hormigón del pilar era de 210; por lo tanto, ya reemplazó al pilar dañado con una resistencia superior a la anterior”, aseguró Badani.
sábado, 5 de enero de 2013
Vecinos de La Paz solicitan inspección a siete edificios
La Dirección Especial de Gestión Integral de Riesgos de la municipalidad de La Paz inició la inspección de siete edificios y predios particulares, después de recibir 11 solicitudes.
El responsable de la dirección, Vladimir Toro, dijo que el trabajo se realiza tras el colapso de uno de los pilares del edificio El Alcázar, ubicado en la calle Federico Suazo del centro de la ciudad.
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