Los edificios que sean manejados por una asociación de copropietarios están exentos del pago de tributos por no tener una actividad lucrativa y no serán clausurados, informó el presidente del Servicio de Impuestos nacionales (SIN), Erik Ariñez.
Pero los que tengan un administrador y ejerzan una actividad comercial, como el alquiler de oficinas u otros, deben tributar y contar con un Número de Identificación Tributaria (NIT).
"Si una asociación (de copropietarios) no cumple fines lucrativos debe solicitar su NIT y pedir la exención de impuestos. Es decir que no van a realizar ninguna actividad gravada. Nosotros como Impuestos le diremos que sí, que no debe pagar tributos”, aclaró Ariñez.
Los funcionarios de Impuestos clausuran desde hace tres meses varios edificios de la avenida Arce, de Sopocachi y de la zona Sur porque no tienen NIT ni emiten facturas.
La Cámara de la Propiedad Horizontal de La Paz rechazó el accionar del SIN, porque las asociaciones de copropietarios son organizaciones sin fines de lucro y no tienen actividad comercial.
Sin embargo, los funcionarios del SIN colocaron el letrero de clausura en estos predios.
Al respecto, Ariñez adelantó que la Administración Tributaria está predispuesta a atender cualquier reclamo de las asociaciones de copropietarios que hayan sido afectadas indebidamente.
"Mañana (hoy) estoy instruyendo a la gerente distrital de La Paz que reciba a los copropietarios para revisar (su situación). Si hay (asociaciones de) copropietarios de viviendas multifamiliares y de departamentos vamos a levantar la clausura. No hay ningún problema en ello si se verifica que no hay ninguna actividad lucrativa y que no hay un administrador”, remarcó.
¿Quiénes pagan?
El SIN realizó otros operativos y constató que en determinados edificios se alquilan oficinas para diferentes actividades comerciales (médicos, abogados, etcétera) por las cuales sus administradores contratados cobran alquileres, por ejemplo, pero no dan factura.
En este caso, deben contar con NIT y cumplir con sus obligaciones impositivas.
"Por el alquiler, deben dar una factura y por el mantenimiento del edificio es otra cifra adicional que cobran y tampoco dan factura. Este administrador que cobra (por ambos) genera una actividad lucrativa en la que obtiene una utilidad. Esta persona que presta el servicio debe tener un NIT y debe cumplir con su obligación tributaria”, precisó.
Los tributos que deben cancelar son el IVA, el Impuesto a las Transacciones (IT) y el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE).
Según el titular del SIN, las personas que pagan por el alquiler de estos inmuebles visitaron la Administración Tributaria para reclamar porque por estos pagos los administradores no les otorgan la factura correspondiente.
Actividad lucrativa
SIN El Servicio de Impuestos Nacionales llevó adelante los operativos de control después de recibir varias denuncias de personas que pagan por el alquiler de espacios en estos edificios y no les otorgan la factura. "Se debe tomar en cuenta que los administradores que cobran esos montos obtienen lucro”, señaló la Administración Tributaria.
Se debe tributar por la venta de departamentos
Las empresas constructoras o propietarios de edificios en construcción cuyos departamentos sean comercializados deben tener su Número de Identificación Tributaria (NIT) y pagar sus impuestos.
"Por la venta de departamentos hay una persona que esta ganando y puede ser el que construyó o el propietario, y debe tener un NIT. Si bien los departamentos como inmueble no están gravados con el IVA, tienen que pagar un impuesto a la transferencia (IT) y a las utilidades (IUE). Hemos verificado que muchas de estas construcciones no tienen un NIT”, dijo el presidente del SIN, Erick Ariñez.
Impuestos recaba información de estos edificios y de sus dueños, y se les explicó cuáles son sus obligaciones tributarias. "Si en un determinado plazo no lo hacen, comenzaremos un proceso de fiscalización. Ahí se establecerá en qué precio se vendieron los departamentos y cuál es la base imponible para pagar el impuesto”, dijo.
Los tributos alcanzan a la preventa y venta de departamentos en construcción. "Ni siquiera han concluido el edificio y ya todos los departamentos están vendidos”, dijo.
La administración tributaria realizó operativos en los edificios para verificar actividades comerciales o de prestación de servicios.
En ambos casos, las personas que trabajen en estos edificios deben entregar factura a sus clientes, remarcó Ariñez.
Un experto recomienda esclarecer la normativa
El analista tributario Jaime Rodrígo sugirió al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) que resuelva algunos vacíos normativos antes de continuar con los operativos de control por la no emisión de facturas en edificios de departamentos.
"En el ámbito tributario, la legislación no define lo que se debe entender como la prestación de servicios a pesar de que los principales impuestos de la ley 843 como el IVA y el IT contemplan dicha prestación como objeto gravado”, precisó.
Para el experto, es evidente que una asociación de copropietarios cumple una función de utilidad para la administración de los gastos comunes derivados y "los excedentes no constituyen retribución de servicios, puesto que van a servir de colchón financiero para atender exclusivamente los gastos del condominio en los casos de mora que incurren algunos copropietarios”.
En este sentido, aclaró que se trata de un autoservicio, porque "la asociación está conformada por los propios copropietarios. Ello no debe confundirse, sin embargo, con actividades o servicios que sí están alcanzados por tributos, por ejemplo, el caso del alquiler de ambientes”.
Por otro lado, estas asociaciones pueden resultar sujetos pasivos de otros impuestos como es el caso del RC-IVA por el pago de personal contratado, cuando sus emolumentos excedan los mínimos no imponibles. "El caso comentado demuestra que los vacíos normativos en un sistema tributario generan incertidumbre (...) por ello, el SIN debe proponer resolver dichos vacíos”, remarcó.
miércoles, 13 de agosto de 2014
martes, 12 de agosto de 2014
Los condominios rechazan la clausura y emisión de facturas
La Cámara de la Propiedad Horizontal de La Paz rechazó la clausura y emisión de facturas por el pago de expensas o mantenimiento de edificios, porque las asociaciones de copropietarios son entidades sin fines de lucro y no tienen una actividad comercial.
La entidad presentará un reclamo al Servicio de Impuestos Internos (SIN) por haber procedido con la clausura de varios multifamiliares en La Paz.
"Equivocadamente, los organismos del Estado clausuraron edificios construidos en propiedad horizontal. Vamos a reclamar, naturalmente, porque los edificios de propiedad horizontal tienen carácter social por su origen y no les corresponde emitir facturas”, informó el representante de la Cámara de la Propiedad, José Luis Portocarrero.
Según los copropietarios, los funcionarios de Impuestos exigieron a los administradores de edificios el Número de Identificación Tributaria (NIT) y la emisión de facturas por el cobro que hacen para el mantenimiento de las áreas comunes y el pago de servicios básicos.
Como no tenían estos documentos, el personal del ente recaudador pegó los letreros de clausura en estos inmuebles.
"Esto sucedió en la zona Sur, la avenida Arce y en varios edificios de Sopocachi encontrarán los letreros de clausurado por falta de pago de impuestos”, precisó Portocarrero después de la reunión que tuvieron ayer para definir medidas de presión.
Fernando Landívar, un segundo representante de los copropietarios, coincidió que estos inmuebles deben estar exentos de contar con un NIT.
Por lo general, los edificios se dividen en departamentos para vivienda, oficinas y locales comerciales, y entre todos los copropietarios se hace un aporte a la administración para el mantenimiento del inmueble.
"Pagamos por el ascensor, servicios de portería, limpieza, material eléctrico, energía eléctrica, consumo de agua y si queda algo se guarda para atender cualquier eventualidad o emergencia”, remarcó.
Ada Rodríguez, otra de las representantes de los copropietarios, reconoció que se sacó un NIT para alquilar un local. "Como asociación teníamos un local que alquilábamos, pero lo dejamos. Luego Impuestos me pidió actualizar mi NIT y me recomendaron hacer descargos para el IVA, pero que debía pagar desde este año el 3% por el IT”, dijo.
El abogado tributarista Rafael Vergara recordó que "la propiedad horizontal no está sujeta a ese pago, según la Ley 843 (de Reforma Tributaria) porque son entidades no lucrativas y no están sujetas a generar ganancias, porque no prestan ningún servicio o venden algún producto”.
El especialista recomendó a los copropietarios de edificios clausurados devolver los cedulones e iniciar las acciones de defensa contra lo que se consideran actos arbitrarios.
Además, las asociaciones de copropietarios que tengan personal dependiente, como porteros o guardias de seguridad, sólo deben constituirse en agentes de retención del RC-IVA y pago de aportes a las AFP. "Pueden sacar el RC-IVA y no el IVA, y no corresponde pagar tributos porque hay personal dependiente”, aclaró.
Este medio se comunicó con Impuestos Nacionales para conocer su versión al respecto, pero no se recibió respuesta.
Pago de tributos
Queja La administradora del edificio Campos, Edith Rodríguez, informó que desde el 1 de julio, Impuestos Nacionales procedió con la clausura de varios edificios. Según pudo verificar la semana pasada recorrió por unos 30 edificios y de esa cantidad al menos el 90% tenía clausura.
Venta Rodríguez también denunció que por la venta o pre-venta de departamentos, Impuestos Nacionales exige que se emita factura.
Rechazo El experto en temas tributarios Jaime Rodrígo explicó que cuando hay una transacción por la pre-venta de inmuebles, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) no alcanza a la venta de bienes inmuebles.
Alarma El sector se declaró en estado de emergencia.
Recomiendan que cada edificio tenga estatutos
El abogado tributarista Rafael Vergara recomendó a cada edificio contar con su personería jurídica, estatutos y un reglamento como entidad sin fines de lucro para evitar el pago de impuestos.
"Tienen que tener su personería jurídica, estatutos y reglamentos que demuestren que son una organización sin fines de lucro y no corresponde ningún pago”, explicó el especialista.
Añadió que si se demuestra esta categoría están exentos de pagar el tributo y debe ser hecho por cada uno de los edificios.
Es previsible, mencionó, que aquellos bienes inmuebles que fueron clausurados por el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) son aquellos que no tenían estos documentos en orden.
Además recomendó a aquellos que fueron sancionados tramitar esa documentación para no ser sujetos a sanciones o pagos. "No corresponde que tengan Número de Identificación Tributaria (NIT) porque no tienen un servicio y sólo se limitan a un tema interno”, remarcó.
Insistió que si fueron obligados a sacar un NIT y a pagar un tributo, deben "impugnar” ese registro y demostrar que no corresponde este pago.
Otra de las quejas de los copropietarios es la falta de información. Una de las representantes de un edificio pidió información a Impuestos tras recibir la clausura. "Los funcionarios no se ponen de acuerdo y me dan datos distintos”, señaló.
La entidad presentará un reclamo al Servicio de Impuestos Internos (SIN) por haber procedido con la clausura de varios multifamiliares en La Paz.
"Equivocadamente, los organismos del Estado clausuraron edificios construidos en propiedad horizontal. Vamos a reclamar, naturalmente, porque los edificios de propiedad horizontal tienen carácter social por su origen y no les corresponde emitir facturas”, informó el representante de la Cámara de la Propiedad, José Luis Portocarrero.
Según los copropietarios, los funcionarios de Impuestos exigieron a los administradores de edificios el Número de Identificación Tributaria (NIT) y la emisión de facturas por el cobro que hacen para el mantenimiento de las áreas comunes y el pago de servicios básicos.
Como no tenían estos documentos, el personal del ente recaudador pegó los letreros de clausura en estos inmuebles.
"Esto sucedió en la zona Sur, la avenida Arce y en varios edificios de Sopocachi encontrarán los letreros de clausurado por falta de pago de impuestos”, precisó Portocarrero después de la reunión que tuvieron ayer para definir medidas de presión.
Fernando Landívar, un segundo representante de los copropietarios, coincidió que estos inmuebles deben estar exentos de contar con un NIT.
Por lo general, los edificios se dividen en departamentos para vivienda, oficinas y locales comerciales, y entre todos los copropietarios se hace un aporte a la administración para el mantenimiento del inmueble.
"Pagamos por el ascensor, servicios de portería, limpieza, material eléctrico, energía eléctrica, consumo de agua y si queda algo se guarda para atender cualquier eventualidad o emergencia”, remarcó.
Ada Rodríguez, otra de las representantes de los copropietarios, reconoció que se sacó un NIT para alquilar un local. "Como asociación teníamos un local que alquilábamos, pero lo dejamos. Luego Impuestos me pidió actualizar mi NIT y me recomendaron hacer descargos para el IVA, pero que debía pagar desde este año el 3% por el IT”, dijo.
El abogado tributarista Rafael Vergara recordó que "la propiedad horizontal no está sujeta a ese pago, según la Ley 843 (de Reforma Tributaria) porque son entidades no lucrativas y no están sujetas a generar ganancias, porque no prestan ningún servicio o venden algún producto”.
El especialista recomendó a los copropietarios de edificios clausurados devolver los cedulones e iniciar las acciones de defensa contra lo que se consideran actos arbitrarios.
Además, las asociaciones de copropietarios que tengan personal dependiente, como porteros o guardias de seguridad, sólo deben constituirse en agentes de retención del RC-IVA y pago de aportes a las AFP. "Pueden sacar el RC-IVA y no el IVA, y no corresponde pagar tributos porque hay personal dependiente”, aclaró.
Este medio se comunicó con Impuestos Nacionales para conocer su versión al respecto, pero no se recibió respuesta.
Pago de tributos
Queja La administradora del edificio Campos, Edith Rodríguez, informó que desde el 1 de julio, Impuestos Nacionales procedió con la clausura de varios edificios. Según pudo verificar la semana pasada recorrió por unos 30 edificios y de esa cantidad al menos el 90% tenía clausura.
Venta Rodríguez también denunció que por la venta o pre-venta de departamentos, Impuestos Nacionales exige que se emita factura.
Rechazo El experto en temas tributarios Jaime Rodrígo explicó que cuando hay una transacción por la pre-venta de inmuebles, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) no alcanza a la venta de bienes inmuebles.
Alarma El sector se declaró en estado de emergencia.
Recomiendan que cada edificio tenga estatutos
El abogado tributarista Rafael Vergara recomendó a cada edificio contar con su personería jurídica, estatutos y un reglamento como entidad sin fines de lucro para evitar el pago de impuestos.
"Tienen que tener su personería jurídica, estatutos y reglamentos que demuestren que son una organización sin fines de lucro y no corresponde ningún pago”, explicó el especialista.
Añadió que si se demuestra esta categoría están exentos de pagar el tributo y debe ser hecho por cada uno de los edificios.
Es previsible, mencionó, que aquellos bienes inmuebles que fueron clausurados por el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) son aquellos que no tenían estos documentos en orden.
Además recomendó a aquellos que fueron sancionados tramitar esa documentación para no ser sujetos a sanciones o pagos. "No corresponde que tengan Número de Identificación Tributaria (NIT) porque no tienen un servicio y sólo se limitan a un tema interno”, remarcó.
Insistió que si fueron obligados a sacar un NIT y a pagar un tributo, deben "impugnar” ese registro y demostrar que no corresponde este pago.
Otra de las quejas de los copropietarios es la falta de información. Una de las representantes de un edificio pidió información a Impuestos tras recibir la clausura. "Los funcionarios no se ponen de acuerdo y me dan datos distintos”, señaló.
Santa Cruz tiene un déficit habitacional de 168.000 casas
De las 400.000 familias de cinco miembros en promedio que tiene Santa Cruz de la Sierra, unas 168.000 (42%) aún no tiene vivienda propia, según datos estimados de la Cámara de Inmobiliarias de Santa Cruz (Cicruz), sin considerar el crecimiento de la población por la migración interna y externa.
Según la Cicruz, la ciudad crece en las cuatro zonas; sin embargo, las construcciones se dirigen a diferentes segmentos socioeconómicos. A través de un recorrido se identificó que entre el segundo anillo, la calle Enrique Finot, Equipetrol Norte y el ingreso al Urubó existen alrededor de 12 edificaciones con oferta habitacional que va de $us 500 a más de 1.200 el m2.
Tres edificaciones ya tienen más del 50% de sus pisos vendidos, que compraron para el arrendamiento. Según Marco Hurtado, presidente de la Cicruz, es un negocio rentable porque ganan no solo del alquiler sino también de la plusvalía que se genera en el tiempo.
La firma inmobiliaria Sky Properties edificó, por ejemplo, seis residencias en los últimos cuatro años. Onix, es uno de sus proyectos a futuro. La construcción aún no se concluyó y ya vendieron más del 50% de sus apartamentos.
Miguel Ferrandiz, gerente de la firma Domotecnic, que edifica el condominio Carabassí, aseveró que la oferta inmobiliaria en Santa Cruz no está saturada porque se enfoca a diferentes economías. Carabbasí construyó ocho casas exclusivas dentro de la urbanización Villa Bonita, en la zona del Urubó.
Proyectos destacados
Jorge Telchi, gerente comercial de la constructora Pentágono, manifestó que La Fontana es el primer condominio privado con vocación en las artes y los deportes. Por ejemplo, el proyecto contará con una sala de cine propia y un sport club donde se podrán realizar un sinnúmero de actividades guiadas por profesores especializados en la materia. Además, dispondrá de transporte exclusivo que recorrerá el trayecto desde el 2.o anillo hacia el condominio.
La superficie total del condominio privado es de cerca de 2.016.713 m2, de los cuales cerca de 12.606 están dedicados a áreas comunes como piscinas, parque acuático, canchas de fútbol y tenis, dos canchas polifuncionales, sala de cine, patio de comidas, minimercado, entre otros. Se construirán aproximadamente 205 casas en la fase 1 y cerca de 210 casas en la fase 2.
Telchi informó que ya iniciaron la construcción del proyecto, por lo que se estima que entregarán la primera fase con la realización de su ‘open house’ a finales de mayo de 2015. El proyecto demanda una inversión de $us 18 millones.
La Riviera residencias & Beauty Plaza es una torre de más de 100 metros de altura, con 28 pisos, de los cuales los tres primeros serán para 45 tiendas comerciales y a partir del cuarto piso serán destinados para 80 departamentos.
Martha Cristina Franco, directora ejecutiva de Con4t, indicó que la construcción del proyecto ya tiene un 70% de avance y que del total de los departamentos un 65% ya fueron comercializados. Además, destacó que La Riviera es hasta el momento el único edificio en el país que ha recibido una certificación internacional que avala su cálculo estructural y sísmico, por parte de la firma chilena Sirve SA
Según la Cicruz, la ciudad crece en las cuatro zonas; sin embargo, las construcciones se dirigen a diferentes segmentos socioeconómicos. A través de un recorrido se identificó que entre el segundo anillo, la calle Enrique Finot, Equipetrol Norte y el ingreso al Urubó existen alrededor de 12 edificaciones con oferta habitacional que va de $us 500 a más de 1.200 el m2.
Tres edificaciones ya tienen más del 50% de sus pisos vendidos, que compraron para el arrendamiento. Según Marco Hurtado, presidente de la Cicruz, es un negocio rentable porque ganan no solo del alquiler sino también de la plusvalía que se genera en el tiempo.
La firma inmobiliaria Sky Properties edificó, por ejemplo, seis residencias en los últimos cuatro años. Onix, es uno de sus proyectos a futuro. La construcción aún no se concluyó y ya vendieron más del 50% de sus apartamentos.
Miguel Ferrandiz, gerente de la firma Domotecnic, que edifica el condominio Carabassí, aseveró que la oferta inmobiliaria en Santa Cruz no está saturada porque se enfoca a diferentes economías. Carabbasí construyó ocho casas exclusivas dentro de la urbanización Villa Bonita, en la zona del Urubó.
Proyectos destacados
Jorge Telchi, gerente comercial de la constructora Pentágono, manifestó que La Fontana es el primer condominio privado con vocación en las artes y los deportes. Por ejemplo, el proyecto contará con una sala de cine propia y un sport club donde se podrán realizar un sinnúmero de actividades guiadas por profesores especializados en la materia. Además, dispondrá de transporte exclusivo que recorrerá el trayecto desde el 2.o anillo hacia el condominio.
La superficie total del condominio privado es de cerca de 2.016.713 m2, de los cuales cerca de 12.606 están dedicados a áreas comunes como piscinas, parque acuático, canchas de fútbol y tenis, dos canchas polifuncionales, sala de cine, patio de comidas, minimercado, entre otros. Se construirán aproximadamente 205 casas en la fase 1 y cerca de 210 casas en la fase 2.
Telchi informó que ya iniciaron la construcción del proyecto, por lo que se estima que entregarán la primera fase con la realización de su ‘open house’ a finales de mayo de 2015. El proyecto demanda una inversión de $us 18 millones.
La Riviera residencias & Beauty Plaza es una torre de más de 100 metros de altura, con 28 pisos, de los cuales los tres primeros serán para 45 tiendas comerciales y a partir del cuarto piso serán destinados para 80 departamentos.
Martha Cristina Franco, directora ejecutiva de Con4t, indicó que la construcción del proyecto ya tiene un 70% de avance y que del total de los departamentos un 65% ya fueron comercializados. Además, destacó que La Riviera es hasta el momento el único edificio en el país que ha recibido una certificación internacional que avala su cálculo estructural y sísmico, por parte de la firma chilena Sirve SA
lunes, 11 de agosto de 2014
“Mercado negro de tierras” surge después de la Guerra del Chaco
Influenciados por factores políticos, económicos y sociales, propios y extraños empezaron a fijar su atención en el territorio cochabambino desde hace más de medio siglo.
Este marcado interés por poseer una propiedad en algún sector del departamento empezó a notarse especialmente después de la Guerra del Chaco, allá por los años 50.
A su regreso del conflicto bélico, gran parte de los soldados bolivianos se asentó informalmente en el valle, junto a sus familias.
Entonces, el gobierno de turno (Movimiento Nacionalista Revolucionario), a objeto de lograr una estructura de tenencia de tierras más equitativa, aprobó la Reforma Agraria.
Es en el marco de esta determinación que expropiaron tierras -pertenecientes a poderosos hacendados como Marcelo Gumucio y Simón I. Patiño, entre otros- próximas al Casco Viejo de Cochabamba.
No obstante, según el docente investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicos de la Universidad Mayor de San Simón (IESE-UMSS), Fernando Salazar, las autoridades distribuyeron las tierras “asaltadas” de forma irresponsable.
“No había ningún plan de urbanización ni de dotación de servicios básicos. Simple y llanamente se les dio la tierra para que cada uno haga su casa”, observó Salazar.
El investigador considera que este proceso fue un hito histórico, pues la presión política influyó en la distribución de tierras que supuestamente eran estatales. Por tanto, el pésimo criterio de repartición generó un caos porque no se sabía qué propiedades estaban destinadas, por ejemplo, para los servicios de educación o salud.
REFORMA URBANA
Este panorama empeoró unos años después con la llegada de la Reforma Urbana.
Se trató de un loteamiento privado e institucionalizado que benefició a personas y grupos sociales que habían comprometido su voto por el MNR.
Pero como ya no habían tierras estatales (la Reforma Agraria dispuso de ellas), la gente se disputó tierras municipales. Una de las zonas asaltadas fue el cerro San Pedro, espacio que la Municipalidad pretendía destinar al desarrollo urbano, pero sin dejar de lado lo ecológico.
Sin embargo, el Estado, un ente que arremetía contra todo aquel que pensara diferente, ignoró la herencia ecológica que las autoridades municipales de Cochabamba querían dejar al pueblo y loteó todos los cerros ubicados al sur del departamento.
Lo que más indignó a los cochabambinos fue que los beneficiarios eran de otros departamentos, como exmineros, excampesinos, entre otros, comentó Salazar.
NUEVA OLA
Tras el avasallamiento de tierras estatales y municipales, la necesidad compulsiva de conseguir propiedades en Cochabamba se calmó hasta los años 70.
Aquella temporada, personas vinculadas al poder estatal y al narcotráfico, según Salazar, empezaron a “engordar la tierra” para luego venderla a precios elevados.
Así, ya para el año 1985 las áreas verdes de Cochabamba fueron loteadas y ahí se construyeron barrios residenciales.
“Esos barrios residenciales provienen del mercado negro y están vinculados a la élite del poder nacional, por eso esos barrios nunca vas a poder tocarlos”, manifestó Salazar.
Hoy por hoy, el investigador dice que esta actividad continúa y es llevada adelantes por “profesionales que están vinculados al poder”.
“No es posible pensar en un actividad ilegal sin complicidad de autoridades políticas”, concluyó Salazar.
El valle es una zona codiciada
Según el docente investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicos de la Universidad Mayor de San Simón (IESE-UMSS) Fernando Salazar, Cochabamba, por sus condiciones territoriales, despierta en la gente del interior del país la intención de adquirir una residencia fija en alguna de sus zonas.
Demanda sube en los años 80
Según el gerente de la empresa de bienes raíces Faros S. A, Jhonny Flores, la demanda por adquirir una propiedad en Cochabamba se incrementó allá por los años 80. Aquel entonces hubo un elevado flujo migratorio de bolivianos a la Argentina y por ende la población tenía mayor capacidad de adquisición.
Este marcado interés por poseer una propiedad en algún sector del departamento empezó a notarse especialmente después de la Guerra del Chaco, allá por los años 50.
A su regreso del conflicto bélico, gran parte de los soldados bolivianos se asentó informalmente en el valle, junto a sus familias.
Entonces, el gobierno de turno (Movimiento Nacionalista Revolucionario), a objeto de lograr una estructura de tenencia de tierras más equitativa, aprobó la Reforma Agraria.
Es en el marco de esta determinación que expropiaron tierras -pertenecientes a poderosos hacendados como Marcelo Gumucio y Simón I. Patiño, entre otros- próximas al Casco Viejo de Cochabamba.
No obstante, según el docente investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicos de la Universidad Mayor de San Simón (IESE-UMSS), Fernando Salazar, las autoridades distribuyeron las tierras “asaltadas” de forma irresponsable.
“No había ningún plan de urbanización ni de dotación de servicios básicos. Simple y llanamente se les dio la tierra para que cada uno haga su casa”, observó Salazar.
El investigador considera que este proceso fue un hito histórico, pues la presión política influyó en la distribución de tierras que supuestamente eran estatales. Por tanto, el pésimo criterio de repartición generó un caos porque no se sabía qué propiedades estaban destinadas, por ejemplo, para los servicios de educación o salud.
REFORMA URBANA
Este panorama empeoró unos años después con la llegada de la Reforma Urbana.
Se trató de un loteamiento privado e institucionalizado que benefició a personas y grupos sociales que habían comprometido su voto por el MNR.
Pero como ya no habían tierras estatales (la Reforma Agraria dispuso de ellas), la gente se disputó tierras municipales. Una de las zonas asaltadas fue el cerro San Pedro, espacio que la Municipalidad pretendía destinar al desarrollo urbano, pero sin dejar de lado lo ecológico.
Sin embargo, el Estado, un ente que arremetía contra todo aquel que pensara diferente, ignoró la herencia ecológica que las autoridades municipales de Cochabamba querían dejar al pueblo y loteó todos los cerros ubicados al sur del departamento.
Lo que más indignó a los cochabambinos fue que los beneficiarios eran de otros departamentos, como exmineros, excampesinos, entre otros, comentó Salazar.
NUEVA OLA
Tras el avasallamiento de tierras estatales y municipales, la necesidad compulsiva de conseguir propiedades en Cochabamba se calmó hasta los años 70.
Aquella temporada, personas vinculadas al poder estatal y al narcotráfico, según Salazar, empezaron a “engordar la tierra” para luego venderla a precios elevados.
Así, ya para el año 1985 las áreas verdes de Cochabamba fueron loteadas y ahí se construyeron barrios residenciales.
“Esos barrios residenciales provienen del mercado negro y están vinculados a la élite del poder nacional, por eso esos barrios nunca vas a poder tocarlos”, manifestó Salazar.
Hoy por hoy, el investigador dice que esta actividad continúa y es llevada adelantes por “profesionales que están vinculados al poder”.
“No es posible pensar en un actividad ilegal sin complicidad de autoridades políticas”, concluyó Salazar.
El valle es una zona codiciada
Según el docente investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicos de la Universidad Mayor de San Simón (IESE-UMSS) Fernando Salazar, Cochabamba, por sus condiciones territoriales, despierta en la gente del interior del país la intención de adquirir una residencia fija en alguna de sus zonas.
Demanda sube en los años 80
Según el gerente de la empresa de bienes raíces Faros S. A, Jhonny Flores, la demanda por adquirir una propiedad en Cochabamba se incrementó allá por los años 80. Aquel entonces hubo un elevado flujo migratorio de bolivianos a la Argentina y por ende la población tenía mayor capacidad de adquisición.
Consejos útiles para comprar una propiedad sin ser estafado
La compra de un inmueble es una de las transacciones más importantes que realizan las familias durante su vida, porque disponen de casi todos sus ahorros a cambio de un espacio propio. No obstante, esta adquisición puede quedar truncada si los compradores no analizan todos los antecedentes legales de la propiedad.
Según el gerente de Faros S.A. y presidente de la Cámara de Empresas de Bienes Raíces de Cochabamba (Cebirac), Jhonny Flores, para comprar una propiedad se necesita, además de una cantidad considerable de dinero, prudencia y conocimiento básico.
DOS DETALLES
En ese sentido, de entre los muchos detalles que el interesado en comprar un bien inmueble debe tomar en cuenta, Flores destacó dos.
Uno de ellos es que el lote no esté a nombre de un menor de edad. La abogada Leyla Carrasco explicó que si una persona compra un terreno con estas características, deberá esperar a que el dueño (sea niño o adolescente) cumpla 18 años para iniciar un trámite que permita modificar el nombre del propietario.
Carrasco indicó que también existe la opción de que los padres o tutores del pequeño se responsabilicen del cambio de nombre, sin embargo, agregó que el proceso es igual o más moroso.
El segundo detalle que es necesario considerar en el ámbito legal es que el terreno no esté a nombre de un heredero inexistente.
Respecto a este caso, Carrasco dijo que se da cuando una persona muere sin dejar herencia. Entonces los familiares más cercanos inician un proceso civil para reclamar derecho sobre la o las propiedades que dejó. No obstante, en vista de que esta acción es duradera, algunos familiares cercanos al difunto venden lo que les corresponde explicando al comprador que “ya saldrán los papeles”.
Entonces, el interesado tendrá que esperar un tiempo prolongado para que salga el título a nombre del heredero y, por otra parte, tendrá que invertir otro período más para cambiar los papeles a su nombre.
Carrasco comentó que solo en el bufete de abogados en donde trabaja hay cerca de media decena de procesos de este tipo que aún no concluyen.
Por su parte, Jhonny Flores, de Cebirac, acotó que “si existe un problema sin solución es mejor no comprar”, aunque el precio y la ubicación de la propiedad sean convenientes.
CARA A CARA
Más allá de los dos detalles planteados por Flores, existen otros que, aunque no son tan trascendentales, vale la pena considerarlos.
Por ejemplo, es primordial apreciar la propiedad personalmente antes de adquirirla.
“Se debe conocer el entorno del bien inmueble, es decir, la ubicación, los vecinos e incluso las calles adyacentes”, recomendó Flores, a tiempo de agregar que de esta manera el interesado sabrá qué futuro le espera en esa zona.
Por otra parte, aunque parezca obvio, lo ideal es contratar a un abogado que domine el tema de bienes inmuebles y que verifique adecuadamente la documentación de la propiedad a adquirir.
PROFESIONAL
En algunos casos, con la finalidad de no ser timados, los compradores adquieren una propiedad a través de una empresa de bienes raíces, pero esta decisión, a veces, también conlleva sus riesgos.
Flores dice que así como hay empresas de bienes raíces muy bien constituidas en la sociedad, existen otras que funcionan de manera fraudulenta. Es decir, no tienen nombre, oficina de referencia, ni nada parecido, con la intención de pasar desapercibidos tras engañar a sus víctimas.
Flores contó que estos timadores son personas que alguna vez trabajaron en una empresa de bienes raíces para aprender la hermenéutica laboral.
Es así que hacen de intermediarios entre el comprador y el vendedor de una vivienda para sacar partido de ambas partes.
Por un lado, caer en las redes de estos timadores para un comprador significaría revelar a un extraño el monto exacto de ahorros que tiene.
En el caso de los vendedores, lo que les espera es entregar sus títulos con riesgo a perderlos.
Es por esta razón que antes de solicitar los servicios de un agente, el interesado en comprar debe comprobar que trabaje en una empresa legalmente constituida.
LO RECOMENDABLE
La política de la Cebirac, según su presidente, es que el comprador de un bien inmueble no debe pagar nada por recibir asesoramiento de un agente. Es más, el personal lo ayudará en la revisión de la documentación de la propiedad, la visita a Derechos Reales y otras instituciones, de forma gratuita.
En medio de este panorama fraudulento que debe afrontar el interesado en comprar un bien inmueble, Flores comentó que el terreno en Cochabamba es bastante codiciado y que la demanda creció tanto como la población.
Es por eso que durante el proceso de compra y venta, los involucrados deben hacerse asesorar o investigar de manera más minuciosa posible sobre este tema.
Según el gerente de Faros S.A. y presidente de la Cámara de Empresas de Bienes Raíces de Cochabamba (Cebirac), Jhonny Flores, para comprar una propiedad se necesita, además de una cantidad considerable de dinero, prudencia y conocimiento básico.
DOS DETALLES
En ese sentido, de entre los muchos detalles que el interesado en comprar un bien inmueble debe tomar en cuenta, Flores destacó dos.
Uno de ellos es que el lote no esté a nombre de un menor de edad. La abogada Leyla Carrasco explicó que si una persona compra un terreno con estas características, deberá esperar a que el dueño (sea niño o adolescente) cumpla 18 años para iniciar un trámite que permita modificar el nombre del propietario.
Carrasco indicó que también existe la opción de que los padres o tutores del pequeño se responsabilicen del cambio de nombre, sin embargo, agregó que el proceso es igual o más moroso.
El segundo detalle que es necesario considerar en el ámbito legal es que el terreno no esté a nombre de un heredero inexistente.
Respecto a este caso, Carrasco dijo que se da cuando una persona muere sin dejar herencia. Entonces los familiares más cercanos inician un proceso civil para reclamar derecho sobre la o las propiedades que dejó. No obstante, en vista de que esta acción es duradera, algunos familiares cercanos al difunto venden lo que les corresponde explicando al comprador que “ya saldrán los papeles”.
Entonces, el interesado tendrá que esperar un tiempo prolongado para que salga el título a nombre del heredero y, por otra parte, tendrá que invertir otro período más para cambiar los papeles a su nombre.
Carrasco comentó que solo en el bufete de abogados en donde trabaja hay cerca de media decena de procesos de este tipo que aún no concluyen.
Por su parte, Jhonny Flores, de Cebirac, acotó que “si existe un problema sin solución es mejor no comprar”, aunque el precio y la ubicación de la propiedad sean convenientes.
CARA A CARA
Más allá de los dos detalles planteados por Flores, existen otros que, aunque no son tan trascendentales, vale la pena considerarlos.
Por ejemplo, es primordial apreciar la propiedad personalmente antes de adquirirla.
“Se debe conocer el entorno del bien inmueble, es decir, la ubicación, los vecinos e incluso las calles adyacentes”, recomendó Flores, a tiempo de agregar que de esta manera el interesado sabrá qué futuro le espera en esa zona.
Por otra parte, aunque parezca obvio, lo ideal es contratar a un abogado que domine el tema de bienes inmuebles y que verifique adecuadamente la documentación de la propiedad a adquirir.
PROFESIONAL
En algunos casos, con la finalidad de no ser timados, los compradores adquieren una propiedad a través de una empresa de bienes raíces, pero esta decisión, a veces, también conlleva sus riesgos.
Flores dice que así como hay empresas de bienes raíces muy bien constituidas en la sociedad, existen otras que funcionan de manera fraudulenta. Es decir, no tienen nombre, oficina de referencia, ni nada parecido, con la intención de pasar desapercibidos tras engañar a sus víctimas.
Flores contó que estos timadores son personas que alguna vez trabajaron en una empresa de bienes raíces para aprender la hermenéutica laboral.
Es así que hacen de intermediarios entre el comprador y el vendedor de una vivienda para sacar partido de ambas partes.
Por un lado, caer en las redes de estos timadores para un comprador significaría revelar a un extraño el monto exacto de ahorros que tiene.
En el caso de los vendedores, lo que les espera es entregar sus títulos con riesgo a perderlos.
Es por esta razón que antes de solicitar los servicios de un agente, el interesado en comprar debe comprobar que trabaje en una empresa legalmente constituida.
LO RECOMENDABLE
La política de la Cebirac, según su presidente, es que el comprador de un bien inmueble no debe pagar nada por recibir asesoramiento de un agente. Es más, el personal lo ayudará en la revisión de la documentación de la propiedad, la visita a Derechos Reales y otras instituciones, de forma gratuita.
En medio de este panorama fraudulento que debe afrontar el interesado en comprar un bien inmueble, Flores comentó que el terreno en Cochabamba es bastante codiciado y que la demanda creció tanto como la población.
Es por eso que durante el proceso de compra y venta, los involucrados deben hacerse asesorar o investigar de manera más minuciosa posible sobre este tema.
Seis aspectos técnicos y legales que debe considerarse al adquirir un lote
Existen al menos media docena de aspectos técnicos y legales que una persona debe considerar antes de adquirir un lote, según el departamento de Normas Urbanas y Rurales del Municipio de Cochabamba.
1 Una de las recomendaciones que emitió el técnico del departamento de Normas Urbanas y Rurales del municipio de Cochabamba Dennis Quiroga es que el interesado verifique si el terreno que comprará está registrado en Derechos Reales.
Quiroga explicó que esta unidad queda en la Jordán esquina San Martín y ahí se puede solicitar “información rápida” del inmueble.
Los únicos requisitos que necesita el interesado es la ubicación exacta del lote que adquirirá y el nombre del propietario. Entonces, los funcionarios le informarán, por ejemplo, si ese terreno tiene algún problema legal, entre otras cosas.
2 Lo segundo que debe hacer la persona que desea comprar un terreno es exigir al vendedor un plano de lote aprobado. Quiroga recomendó que este documento sea verificado por un profesional del Colegio de Arquitectos de Cochabamba. Además, el sello de dicha institución y de la municipalidad deben figurar en los papeles.
Acotó que cada plano de lote que se aprueba en Cercado cuenta con una resolución municipal y una numeración específica. Por tanto, el interesado debe asegurarse de que estos detalles figuren en el plano del lote.
SIN PLANO APROBADO
En caso de que el vendedor le proponga un precio de oferta por un lote sin planos aprobados, Quiroga dijo que es posible considerar su adquisición siempre y cuando esté registrado en Derechos Reales.
Sin embargo, en este tipo de casos, el vendedor tendrá que atenerse a que, durante el proceso de regularización, por ejemplo, el lote presente superficies afectadas o excedentarias.
Quiroga explicó que lo primero sucede cuando un lote abarca, por ejemplo, hasta la calzada de la calle, por tanto, el nuevo dueño debe transferir esa parte de su propiedad a la municipalidad. En caso de que hayan excedentes, sucede lo contrario, es decir deberá comprar ese espacio al municipio.
3 El tercer consejo es dirigirse a Catastro (pasaje Sucre) para registrar datos técnicos del predio como superficie, nombre de propietario y otros datos.
Quiroga dijo que el cambio de nombre al título propietario del lote se lo hace después de haberlo comprado.
4 Una cuarta recomendación tiene que ver con el lugar en el que está ubicado el terreno a comprar, pues existen zonas que son aptas para la construcción y otras que no lo son.
Es decir, las propiedades que están dentro la mancha urbana pueden regularizarse y las que están fuera no, porque son de uso exclusivamente agrícola.
Para cerciorarse de que el lote que le interesa está o no dentro de la mancha, el interesado puede apersonarse por el departamento de Reordenamiento Territorial (pasaje Sucre) y solicitar planos actualizados del departamento de Cochabamba a los técnicos.
5 La penúltima recomendación pasa por cerciorarse de que el vendedor no haya registrado la propiedad que le quiere vender con gravámenes.
Si es que sí existen gravámenes en Derechos Reales, debe pedir al propietario que pague y que luego recién le transfiera la propiedad.
6 Por último, Quiroga aclaró que, de acuerdo a la normativa urbana, hay un margen mínimo de superficie que debe tener un lote.
Ejemplificando, existen personas que subdividen un terreno grande en parcelas de 100 metros cuadrados y las venden a diferentes personas, sin saber que esto no está admitido.
Y es que la superficie mínima que debe tener un lote ubicado, por ejemplo, en una esquina es de 250 metros cuadrados (m2), mientras que en zonas intermedias es 180 m2 y en cerros con pendientes mínimamente el lote que comprará debe ser de 120 m2.
“Si el lote que comprará no tiene como mínimo alguna de las superficies mencionadas, no lo va a poder regularizar”, advirtió Quiroga.
Venden lotes a precios bajos
Las personas que lucran con terrenos ilegales, ofrecen precios bajos a sus víctimas. Esta situación fue comprobada por autoridades que hicieron una inspección al Proyecto Múltiple Misicuni, donde 400 hectáreas están siendo loteadas por gente inescrupulosa que vendió parcelas de hasta 300 metros cuadrados en 7 mil dólares.
3 a 8 años de cárcel para loteadores
Una persona que se dedica al tráfico de tierras puede ser privado de libertad durante 3 años e incluso 8, según la Ley Nro. 477 Contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras.
En el peor de los casos, esta pena puede ampliarse hasta en un tercio, si el traficante trabaja en una institución pública, según esta Ley.
Cochabamba Loteadores edifican cuartos precarios y se apoderan de terrenos
En detrimento de los productores agrícolas de Cochabamba, e incluso del mismo medio ambiente, a los traficantes de tierras les ha dado por, además de invadir tierras, marcar propiedad, a través de la construcción de precarias viviendas.
Son edificaciones de no más de cuatro por cuatro metros, comparables con cajitas de fósforos y, según una vecina de Marquina (comunidad en la que hay este tipo de construcciones), Marcia Mercado, no tienen baño, cocina, ni dormitorios.
No obstante, la comodidad es lo último que les interesa a los avasalladores, cuando de por medio hay tierras.
Su finalidad, según el asambleísta Marco Carrillo, es hacer “engordar” los terrenos de los que se apropian, para luego comercializarlos a precios elevados a la gente humilde.
Esto sucedió hace más de tres meses en la comunidad de Quiroz Rancho (Valle Bajo), donde los comunarios encontraron media docena de cuartos construidos con calamina y ladrillo, a la intemperie. Sus propietarios, como era de esperarse, eran loteadores.
Las edificaciones estaban sumidas en lo infrahumano, pues además de estar emplazadas en zonas ilegales, no respondían a ningún criterio arquitectónico de vivienda, según policías que testificaron el hecho.
Eran cuatro muros levantados sobre la misma tierra y hierbas del lugar y con techos improvisados de calamina. Algunos de los cuartos incluso tenían colchones y ciertas pertenencias en su interior.
Pese a que las habitaciones estaban deshabitadas, los comunarios de Quiroz Rancho mostraron preocupación porque las seis edificaciones se construyeron en poco tiempo, por tanto, si dejaban pasar por alto este hecho, en unos meses más la zona podía haberse llenado de viviendas ilegales.
Es por eso que salieron en defensa de su comunidad, decretada por ley zona arqueológica, derrumbando con maquinaria pesada las “cajitas de fósforos”.
Durante este proceso, dos loteadores, “de la nada”, aparecieron. Uno de ellos aceptó que construyó su casa sin autorización alguna porque no podía pagar alquiler, mientras que el otro explicó que en un tiempo más cancelaría por ese lote a un dirigente que se lo ofreció.
Al final, estas justificaciones no impidieron que los vecinos terminen de derrumbar las seis construcciones ilegales.
En este caso, los avasalladores reaccionaron pacíficamente, pues los vecinos de Quiroz Rancho eran centenares.
Sin embargo, esto no es común en la gente que lucra con tierras, pues casi siempre están bien armados, según un exdirigente de Ch’aska Rumi (zona sur), Octavio Itusca.
Este vecino fue baleado en 2009 en el cuello y la pierna por Celso Franco, un hombre que se asentó ilegalmente en un lote donde supuestamente se construiría la sede de su Organización Territorial de Base (OTB).
Itusca dice que, en calidad de dirigente de Ch’aska Rumi, intentó reflexionar al avasallador, sin embargo se llevó la peor parte.
A la fecha se sabe que Celso Franco fue procesado por intento de asesinato y avasallamiento. Además, al ventilarse el caso, aquel año, Itusca dijo que apareció otra víctima del loteador.
ENGAÑO
“Estoy esperando a que el agua y la luz lleguen a mi lote desde hace más de cinco años para irme a vivir ahí”, declaró con preocupación Macario T., un hombre que adquirió un lote de 300 metros cuadros “en el extremo sur de Cochabamba”, a dos mil dólares.
Cuenta que un hombre, con el que aún mantiene contacto, llegó hasta donde él trabaja para ofrecerle a él y al resto de los obreros terrenos a crédito y en proceso de regularización.
Entonces, sin pensarlo dos veces, él y más de 20 de sus compañeros se apuntaron.
Sin embargo, hasta que los obreros culminaron de pagar sus cuotas por los terrenos, el vendedor no los regularizó.
Es más, según Macario, literalmente les obliga a ir cada fin de mes a una reunión que se desarrolla en la zona donde están los terrenos.
“Si no vamos nos cobra multa de 100 bolivianos, yo ya debo como 300. Además nos dice que perderemos nuestro lotes”, indicó Macario.
En la última reunión que tuvieron, el vendedor conminó a los obreros a que construyan, “por lo menos un cuartito” en sus terrenos, bajo el justificativo de que por el lugar hay loteadores que se quieren asentar.
Macario dice que, pese a que el vendedor no ha desaparecido luego de venderles los lotes, teme que después tengan que defender su tierra “como se ve en la tele, peleando con otra gente”, concluyó.
Son edificaciones de no más de cuatro por cuatro metros, comparables con cajitas de fósforos y, según una vecina de Marquina (comunidad en la que hay este tipo de construcciones), Marcia Mercado, no tienen baño, cocina, ni dormitorios.
No obstante, la comodidad es lo último que les interesa a los avasalladores, cuando de por medio hay tierras.
Su finalidad, según el asambleísta Marco Carrillo, es hacer “engordar” los terrenos de los que se apropian, para luego comercializarlos a precios elevados a la gente humilde.
Esto sucedió hace más de tres meses en la comunidad de Quiroz Rancho (Valle Bajo), donde los comunarios encontraron media docena de cuartos construidos con calamina y ladrillo, a la intemperie. Sus propietarios, como era de esperarse, eran loteadores.
Las edificaciones estaban sumidas en lo infrahumano, pues además de estar emplazadas en zonas ilegales, no respondían a ningún criterio arquitectónico de vivienda, según policías que testificaron el hecho.
Eran cuatro muros levantados sobre la misma tierra y hierbas del lugar y con techos improvisados de calamina. Algunos de los cuartos incluso tenían colchones y ciertas pertenencias en su interior.
Pese a que las habitaciones estaban deshabitadas, los comunarios de Quiroz Rancho mostraron preocupación porque las seis edificaciones se construyeron en poco tiempo, por tanto, si dejaban pasar por alto este hecho, en unos meses más la zona podía haberse llenado de viviendas ilegales.
Es por eso que salieron en defensa de su comunidad, decretada por ley zona arqueológica, derrumbando con maquinaria pesada las “cajitas de fósforos”.
Durante este proceso, dos loteadores, “de la nada”, aparecieron. Uno de ellos aceptó que construyó su casa sin autorización alguna porque no podía pagar alquiler, mientras que el otro explicó que en un tiempo más cancelaría por ese lote a un dirigente que se lo ofreció.
Al final, estas justificaciones no impidieron que los vecinos terminen de derrumbar las seis construcciones ilegales.
En este caso, los avasalladores reaccionaron pacíficamente, pues los vecinos de Quiroz Rancho eran centenares.
Sin embargo, esto no es común en la gente que lucra con tierras, pues casi siempre están bien armados, según un exdirigente de Ch’aska Rumi (zona sur), Octavio Itusca.
Este vecino fue baleado en 2009 en el cuello y la pierna por Celso Franco, un hombre que se asentó ilegalmente en un lote donde supuestamente se construiría la sede de su Organización Territorial de Base (OTB).
Itusca dice que, en calidad de dirigente de Ch’aska Rumi, intentó reflexionar al avasallador, sin embargo se llevó la peor parte.
A la fecha se sabe que Celso Franco fue procesado por intento de asesinato y avasallamiento. Además, al ventilarse el caso, aquel año, Itusca dijo que apareció otra víctima del loteador.
ENGAÑO
“Estoy esperando a que el agua y la luz lleguen a mi lote desde hace más de cinco años para irme a vivir ahí”, declaró con preocupación Macario T., un hombre que adquirió un lote de 300 metros cuadros “en el extremo sur de Cochabamba”, a dos mil dólares.
Cuenta que un hombre, con el que aún mantiene contacto, llegó hasta donde él trabaja para ofrecerle a él y al resto de los obreros terrenos a crédito y en proceso de regularización.
Entonces, sin pensarlo dos veces, él y más de 20 de sus compañeros se apuntaron.
Sin embargo, hasta que los obreros culminaron de pagar sus cuotas por los terrenos, el vendedor no los regularizó.
Es más, según Macario, literalmente les obliga a ir cada fin de mes a una reunión que se desarrolla en la zona donde están los terrenos.
“Si no vamos nos cobra multa de 100 bolivianos, yo ya debo como 300. Además nos dice que perderemos nuestro lotes”, indicó Macario.
En la última reunión que tuvieron, el vendedor conminó a los obreros a que construyan, “por lo menos un cuartito” en sus terrenos, bajo el justificativo de que por el lugar hay loteadores que se quieren asentar.
Macario dice que, pese a que el vendedor no ha desaparecido luego de venderles los lotes, teme que después tengan que defender su tierra “como se ve en la tele, peleando con otra gente”, concluyó.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)