lunes, 4 de julio de 2016
Santa Cruz 1.480 casas tributan como lotes, solo en el distrito 9
Solo en el distrito 9, que comprende la zona sudoeste de la ciudad, pasando el cuarto anillo, hay 1.480 viviendas que están tributando como lotes, según se ha detectado a través de las vistas satelitales del Servicio de Recaudación y Gestión Catastral (SER) de la Alcaldía.
El secretario del SER, Joaquín Crapuzzi, dijo que entre el primer y segundo anillo hay 1.300 inmuebles que están declarados como terrenos, pero está seguro de que la realidad es distinta, puesto que en muchos de estos hay construcciones. La situación aumenta en las zonas alejadas.
Incluso en una anterior oportunidad, la Alcaldía detectó que en un barrio residencial de nuestra ciudad, de los 500 predios registrados, 360 tienen anotado que carecen de viviendas y que las calles son de tierra, lo cual es evidentemente falso.
Lotes baldíos
Por otro lado, la Alcaldía anunció que está preparando un proyecto de ley para cobrar una tasa especial por los terrenos baldíos, ya que muchos se tornan inseguros para los vecinos por el descuido de sus propietarios.
“Estamos preparando un proyecto de ley para gravarle una tasa especial y fuerte por terrenos baldíos, porque de esta forma obligaríamos a los propietarios o bien a construir o a tomar medidas para darle un uso”, afirmó Crapuzzi.
Medidas en otras regiones
En Cochabamba también se viene aplicando desde el 1 de julio la Ley de Regularización Voluntaria de Deudas Tributarias Municipales, con la que 170.000 deudores, que corresponden al 95% del total de los contribuyentes, pueden beneficiarse con descuentos en sus impuestos.
Según el diario Los Tiempos, nueve de cada diez contribuyentes en el municipio de Cochabamba podrán acogerse a la condonación, del 70% hasta un 100% de deudas acumuladas por multas e intereses de impuestos a la propiedad de viviendas, vehículos y negocios.
El secretario de Servicios al Ciudadano de la Alcaldía valluna, Alejandro Rivas, explicó que las deudas se consideran desde el año 1995 hasta 2014.
La Alcaldía de Cochabamba ha habilitado 17 puntos para acceder al perdonazo de deudas por estos tres tributos
domingo, 3 de julio de 2016
Lanzan innovador plan de inversión inmobiliaria
Rentabilidad de la inversión a corto plazo, riesgos controlados, respaldo corporativo y la participación en proyectos innovadores del sector de bienes raíces en ubicaciones estratégicas de la ciudad, son algunos de los beneficios que ofrece Inversionistas de Impacto, la primera empresa dedicada al ‘crowdfunding’ (o captación colectiva de fondos de inversión, en español), del sector inmobiliario en Bolivia.
Este nuevo modelo de inversión ya ha captado más de 100 inversionistas, que han sido destinados al Condominio Berchatti Hamacas, que se constituye en el primer proyecto financiado bajo el sistema de crowdfunding en Bolivia.
Carlos Alberto Saucedo, gerente de la empresa, dijo que el modelo de negocio es simple: los inversionistas compran paquetes accionarios de proyectos inmobiliarios específicos y se convierten en poseedores de acciones de una sociedad anónima.
El monto de inversión puede ser de cualquier tamaño, con un retorno entre el 20% y el 25%, en un plazo de un año, según Saucedo
Este nuevo modelo de inversión ya ha captado más de 100 inversionistas, que han sido destinados al Condominio Berchatti Hamacas, que se constituye en el primer proyecto financiado bajo el sistema de crowdfunding en Bolivia.
Carlos Alberto Saucedo, gerente de la empresa, dijo que el modelo de negocio es simple: los inversionistas compran paquetes accionarios de proyectos inmobiliarios específicos y se convierten en poseedores de acciones de una sociedad anónima.
El monto de inversión puede ser de cualquier tamaño, con un retorno entre el 20% y el 25%, en un plazo de un año, según Saucedo
Cochabamba Edificaciones irregulares desbordan a las alcaldías
Los asentamientos irregulares en áreas protegidas, de recarga de acuíferos, propiedad comunitaria y lagunas, tienden a desbordar la capacidad de control de las alcaldías del eje metropolitano, conformado por Sipe Sipe, Vinto, Cercado, Colcapirhua, Quillacollo, Tiquipaya y Sacaba.
En Sipe Sipe, las autoridades confían en lo que llaman “autocontrol” para frenar el avasallamiento de tierras.
En tanto que Vinto elabora leyes de protección como la Ley 59 del Playón de Charinco. Quillacollo intenta encontrar un equilibrio entre zonas para urbanizar y agrícolas. Cercado tiene normativas que no aplica.
Sacaba intentará contener el crecimiento horizontal y priorizará la vertical. Tiquipaya conservará la zona del trópico para la agricultura. Colcapirhua no tiene políticas de protección.
En opinión del presidente del Comité de Defensa de las Tierras Agrícolas del Agua y la Madre Tierra, Manuel Castro, los responsables directos para poner límites al avance de la mancha urbana son la Gobernación y las alcaldías. Lamentó que los gobiernos municipales no protejan las tierras agrícolas frente a la expansión urbana.
El coordinador del Consejo Metropolitano Kanata de la Gobernación, Omar Fernández, informó que los municipios ampliaron 16.420 hectáreas de tierras en sus manchas urbanas. Una de las más afectadas fue Sacaba, donde al menos 6.000 hectáreas pasaron al área urbana.
“Desde la Gobernación, Alcaldía y las direcciones departamentales del Ministerio de Tierras que es el INRA a nivel departamental y nacional, se están pasando el problema y están infringiendo la ley. Toda la persona que infringe la norma se vuelve delincuente”, dijo Castro.
Recordó que, desde 2012, enviaron reclamos sobre la pérdida de tierras con vocación agrícola. “Las denuncias fueron escritas, tenemos los recibidos. Incluso al presidente Evo Morales”, señaló.
A pesar de que en las alcaldías les conceden audiencias públicas para exponer la problemática, las autoridades no se encuentran por múltiples excusas; “Justo cuando vamos, fijamos hora, agendamos y no están, están haciendo entregas, salieron de emergencia o esto que el otro”, lamentó.
Proyecto de ley
Ante la pérdida de tierras productivas, se elabora un anteproyecto de ley que limitará la venta de tierras agrícolas y sancionará a los loteadores. Este documento será presentado al Gobierno Central en las siguientes semanas. El Comité de Defensa de las Tierras Agrícolas del Agua y la Madre Tierra prepara un ampliado departamental para una “gran marcha de protesta” de protección de tierras agrícolas.
Ciudad Sustentable
A nivel de gestión sustentable de territorio, el investigador y docente de la facultad de Arquitectura de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), Marko Quiroga, planteó que para ser una “ciudad ideal” se requiere de un plan sostenible de asentamientos humanos metropolitanos y otro para el uso de suelo, entre algunos elementos.
A ello se suma que es necesario contar con un plan regulador de la metrópoli que incluya tres estrategias: “el manejo de espacios públicos y el incremento de áreas verdes, la reducción de la segregación socioespacial y el establecimiento de conectividad eficiente centro y periferia”
Las propuestas fueron planteadas en su artículo denominado “Un modelo de sustentabilidad para la ciudad: hacia la construcción de una política integral para el territorio”, publicado en el libro “Kanata la metrópoli bajo la lupa”.
Constitución manda cuidar tierras a tres instancias
El país y Cochabamba cuentan con normativas para proteger el acceso a la tierra y la preservación de las tierras agrícolas, verdes y de recarga. A continuación se presentan algunas:
1.- La Constitución Política del Estado (CPE) establece que la competencia exclusiva de la Gobernación es:
• Artículo 300. I.5: Elaboración y ejecución de Planes de Ordenamiento Territorial y de uso de suelos, en coordinación con los planes del nivel central del Estado, municipales e indígena.
2.- Es competencia exclusiva de las Alcaldías:
• Articulo 302. I.6: La elaboración y ejecución de programas de planes de uso de suelo en coordinación con los planes del nivel central del Estado, departamental e indígenas.
• Artículo: 302. I.29: Desarrollo urbano y asentamientos humanos urbanos. •Decreto Supremo 1809: Protección de áreas productivas agropecuarias urbanas. En concurrencia con el Estado
Artículo 299. II.5: Conservación de suelos y bosques.
3.- Competencia del Estado:
Artículo 396. I: El Estado regulará el mercado de tierras, evitando la acumulación en superficies mayores a las reconocidas por la ley, así como su división en superficies menores.
PROBLEMA DE TIERRAS
Vinto propone blindaje legal para lechos de río
MARÍA PATRICIA ARZE, ALCALDESA DE VINTO
La alcaldesa de Vinto, María Patricia Arce, dijo que todos los municipios cuentan con problemas de loteamientos. Con miras a “frenar” estas acciones y cuidar las áreas agrícolas, de recarga hídrica e históricas, el municipio trabaja en una “ley de consolidación de áreas protegidas”.
La normativa será enviada al Concejo la próxima semana. Respecto al lecho de río y recarga hídrica de Charinco, una de las zonas más afectadas por avasallamientos donde ahora construyen un cementerio, Arce informó que el área cuenta con una ley municipal que la declaró como un bien municipal de dominio público.
Aseguró que no permitirá “ningún tipo de construcciones a nadie”. Por ello, el 19 de julio entregarán de forma oficial la norma a los comunarios. Al menos nueve comunidades —entre ellas Thiomoko, Charinco, Mote Cato, Machajmarka, Cocahaca Chico, Coachaca Grande— serán beneficiadas.
Por otro lado, informó que los denominados “andinos” continúan la toma de tierras en la Comunidad del Sud en el cerro de Cota. Para “frenar” los avasallamientos, Vinto espera la reglamentación de la Ley 3194 de Cota.
Sipe Sipe aplica “autocontrol” de tierras
ADOLFO ARISPE, SECRETARIO GENERAL DE SIPE SIPE
El secretario general de la Alcaldía de Sipe Sipe, Adolfo Arispe, considera que el municipio no existe una “proliferación de loteamientos” debido a la “coordinación y autocontrol” que existe entre las 78 sindicatos y OTB afiliadas a la central regional.
Sin embargo, en el centro urbano de Sipe Sipe hay urbanizaciones que no cumplen con las normas de cesión de terreno. “En algunos casos no han dejado para calle y tenemos pasajes de cuatro o cinco metros”. Ante ello, elaboran una ley para regular la creación de urbanizaciones nuevas.
Sobre los loteamientos del cerro de cota, informó que el problema radica en la falta de una delimitación entre los municipios de Vinto y Sipe Sipe. Esperan una conciliación del problema entre ambos municipios.
Al igual que Vinto, esperan que la reglamentación de la Ley 3194 concluya en los próximos días.
“El senador Efraín Chambi nos manifestó que ya estaba concluido (la ley) y en días más estaría promulgado porque son asentamientos de data antigua”, señaló Arispe.
Tiquipaya ampliará más el área urbana
JUAN CARLOS ANGULO, ALCALDE DE TIQUIPAYA
Ante la acelerada y descomunal construcción de urbanizaciones en Tiquipaya a costa de la perdida de tierras agrícolas, el alcalde de ese municipio, Juan Carlos Angulo, informó trabajan en una normativa para “construir menos” a fin de tener más espacio para la producción y para precautelar el medio ambiente.
Añadió que algunos sectores agrícolas solicitaron ser urbanos a fin de registrar sus predios en Derechos Reales. Por ello, amplían el polígono urbano en un 90 por ciento del sector valle del municipio. El restante 10 que corresponde a la cordillera del Tunari y a la zona de trópico será preservado como área agrícola.
“Seguramente el próximo mes o dos meses ya nos darán la aprobación de esta norma”, dijo al respecto. Para muchos, Tiquipaya dejó de ser la “ciudad de las flores” para convertirse en la “ciudad cemento”.
Angulo indicó que ello se debe a los fenómenos climáticos que traen sequía y falta de agua. Sin embargo, cuentan con proyectos de riego tecnificado, con los cuales “pretenden recuperar” los terrenos para la producción.
Sacaba plantea crecer verticalmente
HUMBERTO SANCHEZ, ALCALDE SACABA
El Alcalde de Sacaba reconoció que en su municipio existe el tráfico y loteamiento de tierras, que escapan al manejo administrativo. Ante ello, elaboran el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT) a fin de evitar el avance. “A veces se nos escapa de la parte administrativa. En Sacaba haya personas que se dedican al tráfico de tierras, a la venta y loteamiento ilegal de las tierras sin cumplir los requisitos”, lamentó. Espera que los movimientos sociales y campesinos colaboren con la meta.
Ante el avance urbano, informó que un desafío de Sacaba es crecer de forma vertical y no horizontal. La unidad de Planificación y Urbanismo trabaja en la tarea. “No vamos a poder parar el crecimiento poblacional, pero invocamos a los ciudadanos que tienen planificado sus nuevas construcciones que vayamos a lo vertical, ya no a los horizontales porque estamos terminando con los terrenos productivos”, dijo.
Expresó su preocupación por la seguridad alimentaria de los próximos hijos y nietos. El coordinador del Consejo Metropolitano Kanata de la Gobernación, Omar Fernández, informó que la mancha urbana de Sacaba homologada en 2014 avanzó hacia “toda” la zona agrícola. También están afectadas las comunidades de López Rancho, Curubamba y Tuskapujllo.
Quillacollo: “Hay loteamiento tras loteamiento”
EDUARDO MÉRIDA, ALCALDE DE QUILLACOLLO
El alcalde de Quillacollo, Eduardo Mérida, informó que El Paso se convirtió en “tierra de nadie”, porque los loteamientos son frecuentes. Sin embargo, aseguró que su gestión municipal realiza acciones penales e investigaciones para frenar los avasallamientos. “He estado en El Paso y precisamente y hemos instruido actuar drásticamente con los loteamientos. Hemos hecho la llamada de atención al abogado que está allá. Lamentablemente, es tierra de nadie, existe loteamiento tras loteamiento”, lamentó al respecto.
Añadió que, amparados en títulos provistos por el INRA, los habitantes subdividen las tierras para urbanizaciones clandestinas. Ante ello, la Alcaldía demanda la nulidad de los títulos.
Aseguró que la ampliación de la mancha urbana permitirá reglamentar el uso de la tierra. Entretanto, las zonas más afectadas por los loteamientos son El Playón de Marquina, donde cerca de 100 hectáreas están en riesgo.
La Alcaldía informó que lograron recuperar el Playón de Marquina que contempla dos áreas: una para viviendas que existen en el sector y otra para la zona de recarga hídrica y protección. Más de 70.000 familias se beneficiarán.
Cercado tiene ordenanzas para proteger áreas
EDWIN JIMÉNEZ, CONCEJAL DE COCHABAMBA
El concejal Edwin Jiménez informó que, en diciembre de 2010, el Concejo Municipal de Cochabamba aprobó una ordenanza que instruye a la Alcaldía tomar acciones legales contra las personas que se dediquen al loteamiento de propiedad municipal.
“Esa misma norma determina que la comuna Tunari (norte) debe contratar si es necesario mayor cantidad de personal para evitar las construcciones fuera de norma encima de la cota 2.750”, señaló. Añadió que, según un informe de la comuna, los controles se realizan de lunes a viernes; pero los fines de semana se introduce material de construcción que termina en edificaciones emplazadas en tiempo récord.
La norma también recomendó la delimitación “clara” de la cota 2.750. Informó que, hace tres semanas, un grupo de vecinos de la zona sur denunció el loteamiento de tierras comunes en Alto Cochabamba y la serranía donde se ubica el túnel de El Abra. Ante ello, pidieron a la Alcaldía un informe para ver las acciones que realizan con miras a precautelar las áreas verdes, además de un estudio de topografía y georreferenciación de la serranía de San Pedro para ver las construcciones fuera de norma.
En Colcapirhua demolieron viviendas ilegales
DAVID SUÁREZ, CONCEJAL COLCAPIRHUA
El concejal de Colcapirhua, David Suárez, lamentó que en el municipio no existan políticas para frenar los loteamientos y la pérdida de tierras agrícolas. Dijo que los casos de avasallamientos aumentan. Uno de los más críticos fue el avasallamiento de una propiedad agrícola en Esquilán. Sólo una orden judicial y la demolición de 30 viviendas instaladas en la zona lograron el desalojo en 2015.
Las medidas fueron asumidas por los propietarios, quienes se dedicaban a la siembra de alimentos. A ello se suma el avasallamiento en las qollqas de Quenamari por presuntos comunarios que “hacen prevalecer” títulos ejecutoriados con los cuales fraccionan y venden terrenos. Éstos incluso fueron a La Paz para ampliar la mancha urbana hasta la serranía. La gente, enterada de que la mancha urbana se extendería en Colcapirhua, comenzó a comprar lotes en áreas agrícolas. El metro cuadrado que antes costaba 9 dólares ahora subió a 140. Por otro lado, hace dos meses, dos funcionarios de Derechos Reales fueron detenidos por falsificar sellos para aprobar terrenos en áreas agrícolas. Además, en Urbanismo operaba un clan de funcionarios que en la pasada gestión se dedicaba a legalizar terrenos.
En Sipe Sipe, las autoridades confían en lo que llaman “autocontrol” para frenar el avasallamiento de tierras.
En tanto que Vinto elabora leyes de protección como la Ley 59 del Playón de Charinco. Quillacollo intenta encontrar un equilibrio entre zonas para urbanizar y agrícolas. Cercado tiene normativas que no aplica.
Sacaba intentará contener el crecimiento horizontal y priorizará la vertical. Tiquipaya conservará la zona del trópico para la agricultura. Colcapirhua no tiene políticas de protección.
En opinión del presidente del Comité de Defensa de las Tierras Agrícolas del Agua y la Madre Tierra, Manuel Castro, los responsables directos para poner límites al avance de la mancha urbana son la Gobernación y las alcaldías. Lamentó que los gobiernos municipales no protejan las tierras agrícolas frente a la expansión urbana.
El coordinador del Consejo Metropolitano Kanata de la Gobernación, Omar Fernández, informó que los municipios ampliaron 16.420 hectáreas de tierras en sus manchas urbanas. Una de las más afectadas fue Sacaba, donde al menos 6.000 hectáreas pasaron al área urbana.
“Desde la Gobernación, Alcaldía y las direcciones departamentales del Ministerio de Tierras que es el INRA a nivel departamental y nacional, se están pasando el problema y están infringiendo la ley. Toda la persona que infringe la norma se vuelve delincuente”, dijo Castro.
Recordó que, desde 2012, enviaron reclamos sobre la pérdida de tierras con vocación agrícola. “Las denuncias fueron escritas, tenemos los recibidos. Incluso al presidente Evo Morales”, señaló.
A pesar de que en las alcaldías les conceden audiencias públicas para exponer la problemática, las autoridades no se encuentran por múltiples excusas; “Justo cuando vamos, fijamos hora, agendamos y no están, están haciendo entregas, salieron de emergencia o esto que el otro”, lamentó.
Proyecto de ley
Ante la pérdida de tierras productivas, se elabora un anteproyecto de ley que limitará la venta de tierras agrícolas y sancionará a los loteadores. Este documento será presentado al Gobierno Central en las siguientes semanas. El Comité de Defensa de las Tierras Agrícolas del Agua y la Madre Tierra prepara un ampliado departamental para una “gran marcha de protesta” de protección de tierras agrícolas.
Ciudad Sustentable
A nivel de gestión sustentable de territorio, el investigador y docente de la facultad de Arquitectura de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), Marko Quiroga, planteó que para ser una “ciudad ideal” se requiere de un plan sostenible de asentamientos humanos metropolitanos y otro para el uso de suelo, entre algunos elementos.
A ello se suma que es necesario contar con un plan regulador de la metrópoli que incluya tres estrategias: “el manejo de espacios públicos y el incremento de áreas verdes, la reducción de la segregación socioespacial y el establecimiento de conectividad eficiente centro y periferia”
Las propuestas fueron planteadas en su artículo denominado “Un modelo de sustentabilidad para la ciudad: hacia la construcción de una política integral para el territorio”, publicado en el libro “Kanata la metrópoli bajo la lupa”.
Constitución manda cuidar tierras a tres instancias
El país y Cochabamba cuentan con normativas para proteger el acceso a la tierra y la preservación de las tierras agrícolas, verdes y de recarga. A continuación se presentan algunas:
1.- La Constitución Política del Estado (CPE) establece que la competencia exclusiva de la Gobernación es:
• Artículo 300. I.5: Elaboración y ejecución de Planes de Ordenamiento Territorial y de uso de suelos, en coordinación con los planes del nivel central del Estado, municipales e indígena.
2.- Es competencia exclusiva de las Alcaldías:
• Articulo 302. I.6: La elaboración y ejecución de programas de planes de uso de suelo en coordinación con los planes del nivel central del Estado, departamental e indígenas.
• Artículo: 302. I.29: Desarrollo urbano y asentamientos humanos urbanos. •Decreto Supremo 1809: Protección de áreas productivas agropecuarias urbanas. En concurrencia con el Estado
Artículo 299. II.5: Conservación de suelos y bosques.
3.- Competencia del Estado:
Artículo 396. I: El Estado regulará el mercado de tierras, evitando la acumulación en superficies mayores a las reconocidas por la ley, así como su división en superficies menores.
PROBLEMA DE TIERRAS
Vinto propone blindaje legal para lechos de río
MARÍA PATRICIA ARZE, ALCALDESA DE VINTO
La alcaldesa de Vinto, María Patricia Arce, dijo que todos los municipios cuentan con problemas de loteamientos. Con miras a “frenar” estas acciones y cuidar las áreas agrícolas, de recarga hídrica e históricas, el municipio trabaja en una “ley de consolidación de áreas protegidas”.
La normativa será enviada al Concejo la próxima semana. Respecto al lecho de río y recarga hídrica de Charinco, una de las zonas más afectadas por avasallamientos donde ahora construyen un cementerio, Arce informó que el área cuenta con una ley municipal que la declaró como un bien municipal de dominio público.
Aseguró que no permitirá “ningún tipo de construcciones a nadie”. Por ello, el 19 de julio entregarán de forma oficial la norma a los comunarios. Al menos nueve comunidades —entre ellas Thiomoko, Charinco, Mote Cato, Machajmarka, Cocahaca Chico, Coachaca Grande— serán beneficiadas.
Por otro lado, informó que los denominados “andinos” continúan la toma de tierras en la Comunidad del Sud en el cerro de Cota. Para “frenar” los avasallamientos, Vinto espera la reglamentación de la Ley 3194 de Cota.
Sipe Sipe aplica “autocontrol” de tierras
ADOLFO ARISPE, SECRETARIO GENERAL DE SIPE SIPE
El secretario general de la Alcaldía de Sipe Sipe, Adolfo Arispe, considera que el municipio no existe una “proliferación de loteamientos” debido a la “coordinación y autocontrol” que existe entre las 78 sindicatos y OTB afiliadas a la central regional.
Sin embargo, en el centro urbano de Sipe Sipe hay urbanizaciones que no cumplen con las normas de cesión de terreno. “En algunos casos no han dejado para calle y tenemos pasajes de cuatro o cinco metros”. Ante ello, elaboran una ley para regular la creación de urbanizaciones nuevas.
Sobre los loteamientos del cerro de cota, informó que el problema radica en la falta de una delimitación entre los municipios de Vinto y Sipe Sipe. Esperan una conciliación del problema entre ambos municipios.
Al igual que Vinto, esperan que la reglamentación de la Ley 3194 concluya en los próximos días.
“El senador Efraín Chambi nos manifestó que ya estaba concluido (la ley) y en días más estaría promulgado porque son asentamientos de data antigua”, señaló Arispe.
Tiquipaya ampliará más el área urbana
JUAN CARLOS ANGULO, ALCALDE DE TIQUIPAYA
Ante la acelerada y descomunal construcción de urbanizaciones en Tiquipaya a costa de la perdida de tierras agrícolas, el alcalde de ese municipio, Juan Carlos Angulo, informó trabajan en una normativa para “construir menos” a fin de tener más espacio para la producción y para precautelar el medio ambiente.
Añadió que algunos sectores agrícolas solicitaron ser urbanos a fin de registrar sus predios en Derechos Reales. Por ello, amplían el polígono urbano en un 90 por ciento del sector valle del municipio. El restante 10 que corresponde a la cordillera del Tunari y a la zona de trópico será preservado como área agrícola.
“Seguramente el próximo mes o dos meses ya nos darán la aprobación de esta norma”, dijo al respecto. Para muchos, Tiquipaya dejó de ser la “ciudad de las flores” para convertirse en la “ciudad cemento”.
Angulo indicó que ello se debe a los fenómenos climáticos que traen sequía y falta de agua. Sin embargo, cuentan con proyectos de riego tecnificado, con los cuales “pretenden recuperar” los terrenos para la producción.
Sacaba plantea crecer verticalmente
HUMBERTO SANCHEZ, ALCALDE SACABA
El Alcalde de Sacaba reconoció que en su municipio existe el tráfico y loteamiento de tierras, que escapan al manejo administrativo. Ante ello, elaboran el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT) a fin de evitar el avance. “A veces se nos escapa de la parte administrativa. En Sacaba haya personas que se dedican al tráfico de tierras, a la venta y loteamiento ilegal de las tierras sin cumplir los requisitos”, lamentó. Espera que los movimientos sociales y campesinos colaboren con la meta.
Ante el avance urbano, informó que un desafío de Sacaba es crecer de forma vertical y no horizontal. La unidad de Planificación y Urbanismo trabaja en la tarea. “No vamos a poder parar el crecimiento poblacional, pero invocamos a los ciudadanos que tienen planificado sus nuevas construcciones que vayamos a lo vertical, ya no a los horizontales porque estamos terminando con los terrenos productivos”, dijo.
Expresó su preocupación por la seguridad alimentaria de los próximos hijos y nietos. El coordinador del Consejo Metropolitano Kanata de la Gobernación, Omar Fernández, informó que la mancha urbana de Sacaba homologada en 2014 avanzó hacia “toda” la zona agrícola. También están afectadas las comunidades de López Rancho, Curubamba y Tuskapujllo.
Quillacollo: “Hay loteamiento tras loteamiento”
EDUARDO MÉRIDA, ALCALDE DE QUILLACOLLO
El alcalde de Quillacollo, Eduardo Mérida, informó que El Paso se convirtió en “tierra de nadie”, porque los loteamientos son frecuentes. Sin embargo, aseguró que su gestión municipal realiza acciones penales e investigaciones para frenar los avasallamientos. “He estado en El Paso y precisamente y hemos instruido actuar drásticamente con los loteamientos. Hemos hecho la llamada de atención al abogado que está allá. Lamentablemente, es tierra de nadie, existe loteamiento tras loteamiento”, lamentó al respecto.
Añadió que, amparados en títulos provistos por el INRA, los habitantes subdividen las tierras para urbanizaciones clandestinas. Ante ello, la Alcaldía demanda la nulidad de los títulos.
Aseguró que la ampliación de la mancha urbana permitirá reglamentar el uso de la tierra. Entretanto, las zonas más afectadas por los loteamientos son El Playón de Marquina, donde cerca de 100 hectáreas están en riesgo.
La Alcaldía informó que lograron recuperar el Playón de Marquina que contempla dos áreas: una para viviendas que existen en el sector y otra para la zona de recarga hídrica y protección. Más de 70.000 familias se beneficiarán.
Cercado tiene ordenanzas para proteger áreas
EDWIN JIMÉNEZ, CONCEJAL DE COCHABAMBA
El concejal Edwin Jiménez informó que, en diciembre de 2010, el Concejo Municipal de Cochabamba aprobó una ordenanza que instruye a la Alcaldía tomar acciones legales contra las personas que se dediquen al loteamiento de propiedad municipal.
“Esa misma norma determina que la comuna Tunari (norte) debe contratar si es necesario mayor cantidad de personal para evitar las construcciones fuera de norma encima de la cota 2.750”, señaló. Añadió que, según un informe de la comuna, los controles se realizan de lunes a viernes; pero los fines de semana se introduce material de construcción que termina en edificaciones emplazadas en tiempo récord.
La norma también recomendó la delimitación “clara” de la cota 2.750. Informó que, hace tres semanas, un grupo de vecinos de la zona sur denunció el loteamiento de tierras comunes en Alto Cochabamba y la serranía donde se ubica el túnel de El Abra. Ante ello, pidieron a la Alcaldía un informe para ver las acciones que realizan con miras a precautelar las áreas verdes, además de un estudio de topografía y georreferenciación de la serranía de San Pedro para ver las construcciones fuera de norma.
En Colcapirhua demolieron viviendas ilegales
DAVID SUÁREZ, CONCEJAL COLCAPIRHUA
El concejal de Colcapirhua, David Suárez, lamentó que en el municipio no existan políticas para frenar los loteamientos y la pérdida de tierras agrícolas. Dijo que los casos de avasallamientos aumentan. Uno de los más críticos fue el avasallamiento de una propiedad agrícola en Esquilán. Sólo una orden judicial y la demolición de 30 viviendas instaladas en la zona lograron el desalojo en 2015.
Las medidas fueron asumidas por los propietarios, quienes se dedicaban a la siembra de alimentos. A ello se suma el avasallamiento en las qollqas de Quenamari por presuntos comunarios que “hacen prevalecer” títulos ejecutoriados con los cuales fraccionan y venden terrenos. Éstos incluso fueron a La Paz para ampliar la mancha urbana hasta la serranía. La gente, enterada de que la mancha urbana se extendería en Colcapirhua, comenzó a comprar lotes en áreas agrícolas. El metro cuadrado que antes costaba 9 dólares ahora subió a 140. Por otro lado, hace dos meses, dos funcionarios de Derechos Reales fueron detenidos por falsificar sellos para aprobar terrenos en áreas agrícolas. Además, en Urbanismo operaba un clan de funcionarios que en la pasada gestión se dedicaba a legalizar terrenos.
sábado, 2 de julio de 2016
Lanzan 1er proyecto de crowdfunding inmobiliario
Inversionistas de Impacto, se constituye en la primera empresa en el país en lanzar un proyecto inmobiliario bajo la modalidad del “crowdfunding” (o captación colectiva de fondos de inversión).
Este nuevo modelo ofrece la rentabilidad de la inversión a corto plazo, riesgos controlados, respaldo corporativo y la participación en proyectos innovadores del sector de bienes raíces en ubicaciones estratégicas de la ciudad, destacan sus ejecutivos. Ya se ha captado más de 100 inversionistas que han sido destinados al Condominio Berchatti Hamacas que se constituye en el primer proyecto financiado bajo el sistema de Crowdfunding. Inversionistas de Impacto, es una unidad de negocios del Grupo Korban Inversiones.
Este nuevo modelo ofrece la rentabilidad de la inversión a corto plazo, riesgos controlados, respaldo corporativo y la participación en proyectos innovadores del sector de bienes raíces en ubicaciones estratégicas de la ciudad, destacan sus ejecutivos. Ya se ha captado más de 100 inversionistas que han sido destinados al Condominio Berchatti Hamacas que se constituye en el primer proyecto financiado bajo el sistema de Crowdfunding. Inversionistas de Impacto, es una unidad de negocios del Grupo Korban Inversiones.
Vivienda Social Más de 30 mil familias accedieron a créditos
El viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Mario Guillén, informó que la cartera total del Sistema Financiero se incrementó en $us 2.610 millones entre mayo de 2015 y mayo de 2016. Pues según una nota oficial del Ministerio de Economía, desde la promulgación del Decreto Supremo 1842 (diciembre de 2013), que establece el Crédito de Vivienda de Interés Social, hasta mayo de este año, 30.331 familias han sido beneficiadas gracias a la Ley de Servicios Financieros. Antes de esa ley se otorgaban aproximadamente $us 204 millones en créditos de vivienda anualmente (entre 2006 y 2013), mientras que a partir de la normativa se otorgaron aproximadamente $us 680 millones en créditos de vivienda de interés social cada año. La autoridad también destacó que, de mayo de 2015 a mayo de 2016, el sistema financiero nacional otorgó $us 663 millones en créditos de Vivienda de Interés Social./ANF
viernes, 1 de julio de 2016
Los créditos de vivienda llegaron a 30.331 familias
El viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Mario Guillén, informó este jueves que la cartera total del Sistema Financiero se incrementó en $us 2.610 millones entre mayo de 2015 y mayo de 2016.
Pues según una nota oficial del Ministerio de Economía, desde la promulgación del Decreto Supremo 1842 (diciembre de 2013), que establece el Crédito de Vivienda de Interés Social, hasta mayo de este año, 30.331 familias han sido beneficiadas gracias a la Ley de Servicios Financieros.
Antes de esa ley se otorgaban aproximadamente $us 204 millones en créditos de vivienda anualmente (entre 2006 y 2013), mientras que a partir de la normativa se otorgaron aproximadamente $us 680 millones en créditos de vivienda de interés social cada año.
La autoridad también destacó que, de mayo de 2015 a mayo de 2016, el sistema financiero nacional otorgó $us 663 millones en créditos de Vivienda de Interés Social.
El 49,6% de estos recursos se destinó para la compra de una casa, 18,5% a la construcción, el 18,5% a la adquisición de un departamento, el 8,2% para remodelación o ampliación de viviendas y el 5,2% para compra de terreno.
Santa Cruz es el departamento que mayor crédito ha obtenido, desde el punto de vista de operaciones, con 8.774 operaciones que corresponden al 34,8% del total de créditos que se han otorgado para Vivienda de Interés Social. En segundo lugar se encuentra La Paz con 4.905 operaciones (19,4%) y en tercer lugar Cochabamba con 4.704 operaciones realizadas que representan el 18,6%.
Delincuentes abren una casa y estafan dándola en anticrético
Dos mujeres fueron estafadas por una delincuente que logró sonsacarles 25.000 dólares, a cada una, por el anticrético de la misma casa. Las víctimas descubrieron después que la vivienda le pertenecía a otra persona. La Policía ya investiga este caso.
De acuerdo a documentos a los que accedió este diario, una mujer desconocida consiguió el carnet de Katia F.C.M. y lo alteró colocándole su propia fotografía, pero manteniendo los datos personales de Katia para que coincidieran con otros documentos como un poder notariado y fotocopias de carátulas de Derechos Reales, planos de regularización, folios y otros de un inmueble que está en la calle Paccieri 828.
Con todos estos documentos, la delincuente publicó un aviso en clasificados ofertando en anticrético una casa en la calle Paccieri, pero no en el número 828 sino en el número 495, por un monto de 25.000 dólares.
El 8 de junio, dos mujeres, una adulta mayor y una trabajadora social llamaron cada una por su lado al teléfono del aviso y acordaron una cita para ver el inmueble. Cada una relata que la casa estaba vacía y que un hombre de unos 26 años les abrió la puerta con un alambre alegando que la chapa estaba mal. El lugar les gustó por lo que acordaron firmar contrato. La delincuente que se hizo pasar por Katia les entregó fotocopias de los papeles de la vivienda, para que fueran a verificar que estaba libre de gravámenes en Derechos Reales. Las víctimas nunca se fijaron que los papeles no coincidían con el número de la vivienda que visitaron, sino que eran de otro inmueble en la misma calle, pero a unas cuadras del primero. Katia decía que la casa era de su hermano que vive en La Paz y que ella tenía un poder para darla en anticrético antes de viajar. Aceptó ir al abogado que las víctimas eligieran, suscribieron el contrato y acordó ir a protocolizar los documentos ante notarios, pero como éstos debían confirmar que el inmueble estaba notariado en La Paz y pedían tiempo para recibir la respuesta de la sede de Gobierno, Katia las presionó diciéndoles que tenía varios interesados y que necesitaba viajar, por lo que las víctimas le adelantaron el pago de los 25.000 dólares con el fin de asegurar el anticrético. Katia desapareció. Las víctimas constataron que la verdadera Katia es otra persona y que los papeles eran de otro inmueble. El que ellas querían tomar, le pertenece a un empresario que estaba ofertando el ambiente en alquiler y que no estaba enterado de que una criminal forzó la chapa de su propiedad para ofrecerla como si fuera suya.
Los vecinos
Las víctimas cometieron el error de no consultar a los vecinos a quién pertenecía la casa que les interesaba.
De acuerdo a documentos a los que accedió este diario, una mujer desconocida consiguió el carnet de Katia F.C.M. y lo alteró colocándole su propia fotografía, pero manteniendo los datos personales de Katia para que coincidieran con otros documentos como un poder notariado y fotocopias de carátulas de Derechos Reales, planos de regularización, folios y otros de un inmueble que está en la calle Paccieri 828.
Con todos estos documentos, la delincuente publicó un aviso en clasificados ofertando en anticrético una casa en la calle Paccieri, pero no en el número 828 sino en el número 495, por un monto de 25.000 dólares.
El 8 de junio, dos mujeres, una adulta mayor y una trabajadora social llamaron cada una por su lado al teléfono del aviso y acordaron una cita para ver el inmueble. Cada una relata que la casa estaba vacía y que un hombre de unos 26 años les abrió la puerta con un alambre alegando que la chapa estaba mal. El lugar les gustó por lo que acordaron firmar contrato. La delincuente que se hizo pasar por Katia les entregó fotocopias de los papeles de la vivienda, para que fueran a verificar que estaba libre de gravámenes en Derechos Reales. Las víctimas nunca se fijaron que los papeles no coincidían con el número de la vivienda que visitaron, sino que eran de otro inmueble en la misma calle, pero a unas cuadras del primero. Katia decía que la casa era de su hermano que vive en La Paz y que ella tenía un poder para darla en anticrético antes de viajar. Aceptó ir al abogado que las víctimas eligieran, suscribieron el contrato y acordó ir a protocolizar los documentos ante notarios, pero como éstos debían confirmar que el inmueble estaba notariado en La Paz y pedían tiempo para recibir la respuesta de la sede de Gobierno, Katia las presionó diciéndoles que tenía varios interesados y que necesitaba viajar, por lo que las víctimas le adelantaron el pago de los 25.000 dólares con el fin de asegurar el anticrético. Katia desapareció. Las víctimas constataron que la verdadera Katia es otra persona y que los papeles eran de otro inmueble. El que ellas querían tomar, le pertenece a un empresario que estaba ofertando el ambiente en alquiler y que no estaba enterado de que una criminal forzó la chapa de su propiedad para ofrecerla como si fuera suya.
Los vecinos
Las víctimas cometieron el error de no consultar a los vecinos a quién pertenecía la casa que les interesaba.
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