Millones de dólares permanecen a la espera de la aprobación de proyectos urbanísticos para ser invertidos. Los trámites que se iniciaron hace años, y que por diversas causas no se aprueban hasta hoy, incluso han generado una especie de pulseada entre el Plan Regulador y los propietarios de estos proyectos.
Con una década de trabajo en el campo educativo y una comunidad de 750 alumnos, el colegio Cambridge College se propuso el desafío de construir una nueva infraestructura en el kilómetro 8 al norte. Sin embargo, lleva más de dos años gestionando la aprobación de su proyecto en el Plan Regulador y hasta ahora no lo consigue.
La propietaria y directora María René Canedo y su esposo y gerente general, Juan Coronel, dicen no entender por qué no avanza el trámite, lo que tiene frenado un proyecto de $us 1,5 millones. El Cambridge obtuvo 5,5 hectáreas en la unidad vecinal 342, pero para ceder al municipio el 40%, como exige el Código de Urbanismo y Obras, compró 10.000 metros más en la UV 343, aledaña al lote original, y por donde la Alcaldía abriría el canal Perovélez.
Desde el 21 de agosto de 2010, su propietaria viene haciendo gestiones para que esta cesión se consolide, sin tener un resultado positivo.
Según Daniela Roca, abogada de la sección Urbanizaciones del Departamento de Ordenamiento Territorial del Plan Regulador, la Ordenanza Municipal 018/2009 que permite ceder a favor del municipio áreas en otra UV que no sea donde está el terreno a urbanizarse feneció en septiembre de 2011, por lo que no se puede consolidar esa cesión mientras no se amplíe el plazo o se apruebe otra ordenanza municipal. La norma data del 1 de abril de 2010 y daba 30 meses para concluir todos los procesos de cesión de áreas públicas.
Consultada sobre si el Cambridge presentó su solicitud dentro del plazo, Roca respondió: “Estaban dentro del tiempo, pero el problema es que no hubo la suficiente gestión de parte de los urbanizadores y quizás de parte nuestra en el proceso”.
Ruví Suárez, jefa de ese departamento, incluso habló de una posible tardanza por los “cambios que hubo el año pasado, nuevos jefes, fue un poco difícil la continuidad de gestiones importantes como estas”.
Sin embargo, Roca y Suárez explicaron que ya se ha hecho la solicitud al Concejo Municipal para que amplíe el plazo de la ordenanza o apruebe una nueva con el mismo tenor, aunque ese proceso ya no está en manos del Plan Regulador. Ambas profesionales coincidieron en que al Cambridge solo le queda esperar la nueva ordenanza, pero no se sabe cuándo será aprobada.
Otro millón de dólares para la construcción de un condominio está ‘durmiendo’. “Lo tenemos parado el proyecto desde hace cinco años. Por diversas causas ha sido observado, lo hemos reingresado varias veces, han pasado varias personas por el proyecto y hasta ahora no sale”, reclamó Carlos Roca, gerente general de la constructora Acrópolis, que confesó que, finalmente, uno se cansa de hacerle seguimiento y en cierto momento se decide parar el proyecto porque no hay una solución.
Según Roca, otro proyecto de un edificio en el centro que, de acuerdo con las normas, debería tardar cerca de dos meses para su aprobación, salió después de un año.
Roca considera que en el Plan hay mucha burocracia que se convierte “en un negocio”, funcionarios sin experiencia ni conocimiento pleno de las normas, lo que fomenta finalmente la ilegalidad.
Sin embargo, Edmundo Farah, oficial mayor de Planificación, consideró que el 70% de los proyectos de urbanización que tardan se debe a que los interesados no siguen las instancias correspondientes o algo no está en orden, por lo que son observados y reingresados en repetidas oportunidades. “A quienes no tienen las cosas en orden les cuesta más y le echan la culpa al municipio”, insistió.
Farah aclaró que el proceso de urbanización de la tierra para un condominio, por lo general es más complejo, porque los terrenos rústicos tienen que ser urbanizados y ceder el 40% para áreas públicas.
Según Farah, en cada etapa del trámite se han puesto un plazo máximo de 15 días para rechazar o hacer una observación a una carpeta en cada etapa del trámite, por lo que se trata de cumplir con este objetivo. Sin embargo, dijo que hay muchos urbanistas que se toman varios meses para arreglar los puntos observados y hasta abandonan los trámites para retomarlos después, culpando al Plan Regulador por el retraso de su proceso.
El Grupo Boliviano de Inversiones (GBI) es otra empresa que tropieza con el papeleo. En este momento maneja al menos cinco proyectos inmobiliarios, varios de los cuales aún esperan aprobación en el Plan Regulador desde hace más de dos años, informó su director, Ramiro Miranda Valverde.
El GBI está dedicado sobre todo a la venta de terrenos urbanizados en condominios o urbanizaciones abiertas y actualmente está invirtiendo unos $us 20 millones en los proyectos. “La Colonia es uno de nuestros proyectos que espera aprobación y hay otros dos más en la misma situación. Al sur también está el condominio La Florencia. Allí tenemos otro que ya está aprobado por el municipio de La Guardia, que, pese a ser más pequeño, tiene una organización destacable. La aprobación solo tarda unos meses”, enfatizó.
Miranda aclaró que en el Plan hay funcionarios capaces, honestos y que facilitan las cosas, pero por otro lado, la falta de gestión, las dificultades administrativas y la poca tecnología que existen se convierten en una traba para los inversionistas.
Otro de los efectos negativos, agregó, es que el propio municipio pierde mucho dinero al no agilizar los papeles, porque la gente no puede tributar.
Más de $us 2 millones para un edificio de 10 pisos en Equipetrol y más de $us 10 millones para condominios ubicados al norte y al este de la ciudad también esperan ser desarrollados por la Inversora y Constructora Ethos.
Fernando Áñez Chávez, director de Desarrollo de Negocios de esa empresa, aseguró que desde 2011 vienen haciendo gestiones para la aprobación de estos proyectos sin una solución. “Sin embargo, hay proyectos que entran y salen por un tubo o lugares donde se construyen sin tener la debida aprobación. El trato no es el mismo”, se quejó Áñez y mostró una serie de fotografías con construcciones que supuestamente no cumplen normas.
Los afectados también afirmaron que esta situación tampoco les permite agilizar créditos por falta de papeles para proyectos aprobados.
Quejas
Paúl Ribera / Dueño de lotes
Desde 2008 viene tramitando la ampliación de restructuración de 165 lotes en las UV 133 y 134. Se le entraron loteadores y llegó a un arreglo, pero no los puede vender porque tiene que individualizarlos en el Plan Regulador. Por cada comprador le lleva hasta dos meses y medio la espera. Recién va por 32 lotes y cada vez que va al Plan le toma casi toda la mañana.
Cristina Menacho / Dueña de una casa
Perdió los planos originales de su casa en el Plan Tres Mil. Hace dos meses inició el trámite para pedir uno nuevo y en el Plan Regulador le dijeron que estaría listo en un mes, pero sigue ‘en firma’. Lleva el mismo tiempo esperando el cambio de nombre del inmueble. Perdió la oportunidad de vender su casa, porque el interesado esperó un mes y compró otra.
Miguel Vaca | Vecino
Desde febrero de 2011 está tramitando uso de suelo de un lote que se dividió entre dos hermanos. Para Miguel el gran problema son las fichas que dan. El miércoles madrugó a las 5:00 y ya era el número 38. “Otros llegan más tarde y están adelante, parece que les dan por compadrerío o amistad”, se quejó. Lo mandan con su trámite a diferentes pisos y los funcionarios “se pasan la pelota”, lamentó.
Derecho propietario y cesión son problemas
Dos de los problemas más recurrentes en el proceso de urbanización de la tierra en Santa Cruz son el derecho propietario y la cesión de áreas públicas a favor del gobierno municipal, como establece el Código de Urbanismo y Obras.
La etapa cero, como la llaman en el Plan Regulador, se inicia en el Departamento de Cartografía y consiste en el registro topográfico (medición) del terreno y el registro propietario a nombre del urbanizador. Según la abogada Daniela Roca, del Departamento de Ordenamiento Territorial, muchas veces la gente hace el registro topográfico y luego abandona el trámite. También se da con frecuencia que la persona no tiene saneado su derecho propietario, porque su título no le alcanza para urbanizar todo el terreno que posee o está en posesión de más tierra de lo que le reconoce el título.
En la etapa de aprobación del anteproyecto de parcelamiento, el urbanizador tiene que ceder el 40% de su terreno a favor del municipio. “Generalmente el urbanizador quiere que todo su terreno sea útil y no quiere ceder al municipio ni un milímetro”, argumentó Roca.
Consultado al respecto, Farah aseguró que en realidad “la mayoría tiene problemas particulares y eso, multiplicado por el tamaño de la ciudad, puede hacer más lento los procesos, pero yo creo que más bien se han arreglado muchas cosas”.
Ruví Suárez, jefa del departamento de Ordenamiento Territorial, consideró que en torno a la cesión de áreas existen ciertas contradicciones en el Código de Urbanismo (de hace 21 años) y que “no se toma en cuenta que la planificación es dinámica, que no se puede cumplir con un porcentaje específico en todos los casos, porque cada terreno tiene características diferentes”. Sin embargo, aclaró que hacen todo el esfuerzo de ajustarse al Código, porque así lo exige el Concejo Municipal.
El artículo 91 del Código también establece la creación del Tribunal de Apelaciones compuesto por representantes del Colegio de Arquitectos, la Sociedad de Ingenieros, el Colegio de Abogados y otros, cuya función principal es procesar reclamos de personas cuyas tramitaciones hubiesen sufrido demoras sin causa justificada o sanciones por infringir el Código.
Farah admitió que esta instancia no funciona ni lo hizo nunca y que hoy cualquier reclamo se hace a través del Alcalde o del Concejo Municipal.
Requisitos
Registro topográfico. Carta de solicitud firmada por el dueño dirigida al director de Ordenamiento Territorial. Fotocopia de títulos de propiedad, certificado alodial, planos del levantamiento topográfico, planillas de coordenadas de vinculación, radiación y superficie. Información digital.
Lineamiento urbano. Fotocopias de títulos de propiedad, certificado alodial actualizado. Dos planos de registro topográfico y planillas de coordenadas.
Anteproyecto de parcelamiento. Copias del plano de anteproyecto con coordenadas, sellado por el Colegio de Arquitectos y firmado por el proyectista. Copias del plano altimétrico. Fotocopia del lineamiento del sector y del registro topográfico.
Aprobación de replanteo. Copia del anteproyecto de parcelamiento autorizado para su replanteo, copias del plano de replanteo de la urbanización firmado por el topógrafo o agrimensor. Planillas de coordenadas, ejes de calles, vinculación y radiación, más memoria descriptiva.
Proyecto final. Ordenamiento Territorial elabora una ficha técnica y la envía a asuntos jurídicos, que hace una minuta de cesión de áreas públicas. Se pasa el trámite al Concejo Municipal, que aprueba la urbanización con una resolución municipal. La minuta es firmada por el urbanizador y el Alcalde y se devuelve todo el trámite al Plan Regulador. El urbanizador tiene que registrar las áreas cedidas en la Notaría de Gobierno, Derechos Reales e inscribir a nombre del municipio todo lo cedido. Una vez cumplido este paso, el Plan Regulador recién libera el plano de uso de suelo y entrega la aprobación al dueño.
domingo, 1 de abril de 2012
El 31% de las obras está fuera de norma
Por lo menos el 31% de los inmuebles que se construyen en Santa Cruz de la Sierra no cuenta con autorización de la municipalidad. Según una página oficial de la Alcaldía, de las 103 obras que fueron inspeccionadas en agosto del año pasado, 32 tenían el proyecto aprobado por el Plan Regulador. Las restantes estaban con el proceso avanzado y otras se encontraban en el trámite inicial.
De acuerdo con la información oficial, en la Oficialía Mayor de Planificación se reciben diariamente entre 15 y 25 denuncias de edificaciones fuera de norma, pero se deben seguir procedimientos para intervenirlas y paralizarlas, como establece la Ordenanza Municipal 049/2006.
Antes de iniciar una obra, el propietario debe obtener la licencia de construcción y aprobación del proyecto. No se puede modificar la estructura, superficie, funciones ni aspecto del proyecto aprobado sin autorización del Plan Regulador; tampoco es permitido dar uso diferente al inmueble sin el permiso correspondiente y colocar el cartel de obra con las especificaciones requeridas. En la construcción siempre debe haber un personal encargado. Incumplir uno de esos puntos significa estar fuera de norma.
De acuerdo con la información oficial, en la Oficialía Mayor de Planificación se reciben diariamente entre 15 y 25 denuncias de edificaciones fuera de norma, pero se deben seguir procedimientos para intervenirlas y paralizarlas, como establece la Ordenanza Municipal 049/2006.
Antes de iniciar una obra, el propietario debe obtener la licencia de construcción y aprobación del proyecto. No se puede modificar la estructura, superficie, funciones ni aspecto del proyecto aprobado sin autorización del Plan Regulador; tampoco es permitido dar uso diferente al inmueble sin el permiso correspondiente y colocar el cartel de obra con las especificaciones requeridas. En la construcción siempre debe haber un personal encargado. Incumplir uno de esos puntos significa estar fuera de norma.
Una sola persona tiene más de 500 inmuebles
El sobreprecio en las adquisiciones que realizan instituciones del Estado es la forma más común de corrupción en el sector público, pero no es la única. Se presentan hechos tan insólitos como que una sola persona, de apenas 30 años de edad, posea, a su nombre, más de 500 inmuebles en el país.
La ministra de Lucha contra la Corrupción, Nardy Suxo, afirma que su trabajo en esa cartera de Estado en más de cinco años ha sido arduo, con un equipo de gente joven y muy reducido. “Cada abogado tiene que ver hasta cien casos y eso es muy difícil, además con todo lo que significa la lucha contra la mafia. No tengo otro nombre para decir lo que significa el hecho de usufructuar recursos del Estado. Son situaciones que hemos ido pasando pero también superando”.
Explicó que en su tarea de recuperar bienes del Estado, se ha logrado la incautación de más de 45 bienes inmuebles de personas que han cometido actos de corrupción, y otros bienes como por ejemplo una colección completa de automóviles de una persona que está prófuga. Además, se ha incautado una empresa y se tiene anotación preventiva de 596 bienes e inmuebles.
“Más de 500 de estos bienes inmuebles están registrados a nombre de una sola persona que tiene 30 años de edad. Esa persona tiene que explicarnos cómo con 30 años de edad se puede tener más de 500 inmuebles registrados a su nombre. Me refiero a una persona que es el yerno del expresidente de AEROSUR y que, casualmente, es el nieto del dictador Hugo Banzer”, dijo la ministra.
En su trabajo también se encontró con el hecho de que logró la anotación preventiva de 104 bienes muebles que en su mayoría son vehículos, 20 empresas y 21 cuentas bancarias que por sus gestiones se encuentran congeladas.
“Todo este trabajo ha sido de mucho compromiso de algunas personas de las diferentes instituciones que tienen a su cargo la anotación preventiva de estos bienes porque no estaban acostumbradas a hacerlo. La persona que cometía un acto de corrupción se llevaba la plata como si nada, como el caso Kukoc que si no se detectaba la maleta que llevaba con dinero, nunca se hubiera sabido”.
Además, la ministra citó el caso de la “mochila viajera” que ocurrió en el Beni, “cuando una persona muy allegada al exrector de la Universidad llevaba en su mochila fuertes sumas de dinero que trasladaba fuera del país”.
Señaló que en las licitaciones públicas, se ha encontrado, como ejemplo, el caso de la compra de diez motores generadores de energía eléctrica, por lo que se facturó, por cada motor, 70.000 dólares, “pero resulta que cuando uno va y verifica los motores y el costo con la empresa, se encuentra con que no costaron más de 700 dólares”.
“Eso es lo que significa el monto del enriquecimiento ilícito de ese servidor público. Es un caso concreto que tenemos con el exgobernador del Beni”.
Suxo dijo que otro caso fue la adquisición de vehículos de parte de un prefecto de Cochabamba, con precios exorbitantes. “Eran vehículos que no alcanzaban los 30.000 dólares, pero por ellas se pagó casi 70.000 dólares. Ésos son hechos de corrupción”.
Además citó casos del exgobernador de Tarija, Mario Cossío, “que entrega en un acto público entre comillas, una obra que se llama La Presa del Molino. Él dijo que había entregado la Presa del Molino, vamos a verificar y encontramos que no existe nada”.
“Lo mismo pasa con el tema de la piscina olímpica, con caminos vecinales, con varias represas de agua que dice que cuestan por decir algo, 10.000 dólares, cuando en realidad gastaron sólo mil dólares y no tienen cómo justificar los otros 9.000 dólares”.
La ministra de Lucha contra la Corrupción, Nardy Suxo, afirma que su trabajo en esa cartera de Estado en más de cinco años ha sido arduo, con un equipo de gente joven y muy reducido. “Cada abogado tiene que ver hasta cien casos y eso es muy difícil, además con todo lo que significa la lucha contra la mafia. No tengo otro nombre para decir lo que significa el hecho de usufructuar recursos del Estado. Son situaciones que hemos ido pasando pero también superando”.
Explicó que en su tarea de recuperar bienes del Estado, se ha logrado la incautación de más de 45 bienes inmuebles de personas que han cometido actos de corrupción, y otros bienes como por ejemplo una colección completa de automóviles de una persona que está prófuga. Además, se ha incautado una empresa y se tiene anotación preventiva de 596 bienes e inmuebles.
“Más de 500 de estos bienes inmuebles están registrados a nombre de una sola persona que tiene 30 años de edad. Esa persona tiene que explicarnos cómo con 30 años de edad se puede tener más de 500 inmuebles registrados a su nombre. Me refiero a una persona que es el yerno del expresidente de AEROSUR y que, casualmente, es el nieto del dictador Hugo Banzer”, dijo la ministra.
En su trabajo también se encontró con el hecho de que logró la anotación preventiva de 104 bienes muebles que en su mayoría son vehículos, 20 empresas y 21 cuentas bancarias que por sus gestiones se encuentran congeladas.
“Todo este trabajo ha sido de mucho compromiso de algunas personas de las diferentes instituciones que tienen a su cargo la anotación preventiva de estos bienes porque no estaban acostumbradas a hacerlo. La persona que cometía un acto de corrupción se llevaba la plata como si nada, como el caso Kukoc que si no se detectaba la maleta que llevaba con dinero, nunca se hubiera sabido”.
Además, la ministra citó el caso de la “mochila viajera” que ocurrió en el Beni, “cuando una persona muy allegada al exrector de la Universidad llevaba en su mochila fuertes sumas de dinero que trasladaba fuera del país”.
Señaló que en las licitaciones públicas, se ha encontrado, como ejemplo, el caso de la compra de diez motores generadores de energía eléctrica, por lo que se facturó, por cada motor, 70.000 dólares, “pero resulta que cuando uno va y verifica los motores y el costo con la empresa, se encuentra con que no costaron más de 700 dólares”.
“Eso es lo que significa el monto del enriquecimiento ilícito de ese servidor público. Es un caso concreto que tenemos con el exgobernador del Beni”.
Suxo dijo que otro caso fue la adquisición de vehículos de parte de un prefecto de Cochabamba, con precios exorbitantes. “Eran vehículos que no alcanzaban los 30.000 dólares, pero por ellas se pagó casi 70.000 dólares. Ésos son hechos de corrupción”.
Además citó casos del exgobernador de Tarija, Mario Cossío, “que entrega en un acto público entre comillas, una obra que se llama La Presa del Molino. Él dijo que había entregado la Presa del Molino, vamos a verificar y encontramos que no existe nada”.
“Lo mismo pasa con el tema de la piscina olímpica, con caminos vecinales, con varias represas de agua que dice que cuestan por decir algo, 10.000 dólares, cuando en realidad gastaron sólo mil dólares y no tienen cómo justificar los otros 9.000 dólares”.
jueves, 29 de marzo de 2012
Derecho propietario Montaño pide tranquilidad a propietarios de inmuebles
La presidenta de la Cámara de Senadores, Gabriela Montaño, descartó ayer que los inquilinos de viviendas, lotes o terrenos se beneficien con un título de propiedad por el hecho de habitar o cuidar esos predios, amparados en la Ley de Regularización del Derecho Propietario en Bienes Inmuebles Urbanos, que se debate en la Asamblea Legislativa.
La autoridad explicó que la norma tiene el objetivo fundamental de ayudar a la gente con la regularización del título propietario de su casa o terreno, que está pendiente hace 20 años.
Remarcó que “esta ley no es para proteger a loteadores ni avasalladores, y así lo dice muy claro en la disposición adicional segunda, que todo avasallamiento y asentamiento ilegal será sancionado conforme a lo previsto en el Código Penal, lo cual demuestra que aquí no se está tratando de legalizar avasallamientos ilegales”, dijo en declaraciones divulgadas por ABI.
En ese marco, pidió tranquilidad a los dueños de casa que tienen inquilinos en sus viviendas, lotes o terrenos.
Sobre el mismo tema, la diputada Betty Tejada dijo a radio Panamericana: “es absolutamente falso (que los inquilinos se apropien de un inmueble); el derecho propietario se respeta y se garantiza. Hay muchas familias que hacen su esfuerzo para dejar herencia a su hijo, a su hija, para sus estudios, y esto por supuesto se garantiza”.
En tanto, la presidenta del Concejo Municipal de La Paz y vicepresidenta de la Asociación de Municipios de Bolivia (AMB), Gabriela Niño de Guzmán, reiteró su esperanza de que la citada norma sea suficientemente clara y no de derecho a interpretación; además, debe sustentarse en el respeto a la propiedad municipal y a la privada legal y legítimamente obtenida.
“Nosotros estamos esperando conocer el nuevo proyecto para tener un criterio más formado, pero hay determinados principios que tienen que ser respetados”, apuntó la autoridad.
La autoridad explicó que la norma tiene el objetivo fundamental de ayudar a la gente con la regularización del título propietario de su casa o terreno, que está pendiente hace 20 años.
Remarcó que “esta ley no es para proteger a loteadores ni avasalladores, y así lo dice muy claro en la disposición adicional segunda, que todo avasallamiento y asentamiento ilegal será sancionado conforme a lo previsto en el Código Penal, lo cual demuestra que aquí no se está tratando de legalizar avasallamientos ilegales”, dijo en declaraciones divulgadas por ABI.
En ese marco, pidió tranquilidad a los dueños de casa que tienen inquilinos en sus viviendas, lotes o terrenos.
Sobre el mismo tema, la diputada Betty Tejada dijo a radio Panamericana: “es absolutamente falso (que los inquilinos se apropien de un inmueble); el derecho propietario se respeta y se garantiza. Hay muchas familias que hacen su esfuerzo para dejar herencia a su hijo, a su hija, para sus estudios, y esto por supuesto se garantiza”.
En tanto, la presidenta del Concejo Municipal de La Paz y vicepresidenta de la Asociación de Municipios de Bolivia (AMB), Gabriela Niño de Guzmán, reiteró su esperanza de que la citada norma sea suficientemente clara y no de derecho a interpretación; además, debe sustentarse en el respeto a la propiedad municipal y a la privada legal y legítimamente obtenida.
“Nosotros estamos esperando conocer el nuevo proyecto para tener un criterio más formado, pero hay determinados principios que tienen que ser respetados”, apuntó la autoridad.
PENTÁGONO INAUGURÓ EL CONDOMINIO PENTÁGONO II
La constructora Pentágono inauguró el condominio Versalles II, una construcción cinco estrellas.
La ceremonia tuvo en el rol de azafatas a Jéssica Mouton (Miss Bolivia), Olivia Pinheiro (ex Miss Bolivia) y María René Salazar (ex Miss Litoral), además de invitados especiales como José Carlo (El gato) Fernández, tenistas como Nanda Álvarez y Noelia Zeballos, campeona y sub campeona, respectivamente.
Aparte de la amenización de ‘Ronico’ Cuellar, los presentes se deleitaron con el talento musical de la cantante Cecilia Landívar.
La tarde de lujo contó con la visita de 1.200 personas, entre las que se sortearon importantes premios.
La empresa Mia Boda se encargó de la organización y el servicio de catering fue realizado por Leos Café Bistro.
La ceremonia tuvo en el rol de azafatas a Jéssica Mouton (Miss Bolivia), Olivia Pinheiro (ex Miss Bolivia) y María René Salazar (ex Miss Litoral), además de invitados especiales como José Carlo (El gato) Fernández, tenistas como Nanda Álvarez y Noelia Zeballos, campeona y sub campeona, respectivamente.
Aparte de la amenización de ‘Ronico’ Cuellar, los presentes se deleitaron con el talento musical de la cantante Cecilia Landívar.
La tarde de lujo contó con la visita de 1.200 personas, entre las que se sortearon importantes premios.
La empresa Mia Boda se encargó de la organización y el servicio de catering fue realizado por Leos Café Bistro.
La Asamblea analiza el derecho de propiedad urbana Se regularizará un predio por persona
A partir de la promulgación de la norma, no deberán haber nuevos asentamientos.
El artículo 10 del anteproyecto de Ley de Regularización del Derecho Propietario Sobre Bienes Inmuebles establece la prohibición de que una misma persona regularice su derecho propietario sobre más de un predio urbano destinado a la vivienda.
En caso de hacerlo, el infractor será pasible a sanciones y la anulación del proceso. Además, a partir de su promulgación, los municipios están en la obligación de impedir nuevos asentamientos ilegales en sus jurisdicciones.
LA ASAMBLEA INICIÓ SU TRATAMIENTO. La aplicación de la norma se extiende a los inmuebles cuyos dueños tienen problemas para perfeccionar su derecho propietario y no a aquellos que cuentan con los documentos en regla, según explicaron los técnicos que participaron en su elaboración.
En la presentación del proyecto, el ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, dijo que con esta norma se pretende regularizar al menos al 60 por ciento de los predios urbanos, debido a que se comprobó que en algunos municipios hay problemas en casi un 75% de las viviendas.
El anteproyecto, que empezó a ser considerado por la Asamblea Legislativa, establece la prohibición de “regularizar más de un bien inmueble urbano destinado a vivienda, en el marco de la presente ley; caso contrario, el actor será pasible a sanciones pecuniarias determinadas en decreto supremo y las previstas en la normativa vigente, sin perjuicio de la anulación de los procesos de regularización ya sustanciados”. Para evitar que un solo individuo haga más de un trámite de regularización, se creará un sistema informático de registro.
No podrán efectuar estos trámites los inquilinos, u haber ocupado un inmueble bajo contrato anticrético. La norma se aplicará a las personas naturales que ocupen de buena fe un predio municipal, sin dueño o que tenga conflicto con sus documentos.
los jueces conocerán los casos. El objetivo del proyecto es regularizar el derecho propietario de “personas naturales sobre bienes inmuebles destinados a vivienda, ubicados dentro del radio o área urbana y se encuentren en posesión pacífica y continua”, tengan o no título de propiedad registrado en Derechos Reales.
A partir de la promulgación de la ley, se establece un plazo de 60 días para que el Ejecutivo emita la reglamentación respectiva.
Los juzgados en materia civil serán las instancias para “conocer y resolver” en primera instancia las acciones judiciales relativas a la regularización del derecho propietario y tendrán un plazo de dos años a partir de la publicación de la Resolución Suprema de Homologación de la Ordenanza Municipal que aprueba la delimitación del radio urbano.
LOS REQUISITOS para hacer el trámite en LA PAZ. Las personas que deseen regularizar sus trámites deberán contar con construcciones permanentes de buena fe, con una antigüedad no menor a cinco años antes de la promulgación de la ley.
Lo primero que deberá hacer una persona para regularizar su título de propiedad es presentar a consideración del juez cualquier medio de prueba pertinente, una declaración testifical de dos colindantes y/o dos vecinos del inmueble que acrediten la posesión, también se incluye la presentación de recibos de pago de servicios públicos, el croquis de ubicación, comprobantes de pago de impuestos a la propiedad inmueble, constancia de realización de trámites municipales y registro biométrico o cédula de identidad.
Se establece la obligatoriedad de presentar una declaración voluntaria hecha ante notario de fe pública del tiempo y lugar de posesión; una fotocopia legalizada de la planimetría o plano individual y, finalmente, una certificación de no propiedad emitida por las oficinas de Derechos Reales.
El proyecto de ley determina también que podrán legalizar el predio público que hubiera sido ocupado y cuente con construcciones permanentes antes de 2006; en tal sentido, se podrá iniciar el trámite para la “enajenación a título oneroso, misma que será perfeccionada con la aprobación por ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional”.
El pago por el terreno ocupado será efectuado al gobierno municipal y se definirá con base en el “valor catastral de los mismos o de los predios de su entorno”.
60% de los predios urbanos en todo el país serán regularizados con esta norma, según el Ministerio de Obras Públicas.
LOS MUNICIPIOS SeRÁN LOS ACTORES PRINCIPALES DEL PROCESO de regularización, porque deben aprobar la delimitación de su área o radio urbano en un plazo que será determinado por decreto. Además, deben remitirse al Ministerio de Planificación del Desarrollo, los documentos para la correspondiente tramitación de la homologación.
se DeBEN ACTUALIZAR los DATOS. Los municipios deben hacer públicos los resultados de la regularización del derecho de propiedad; mantener y actualizar en forma permanente y obligatoria la información catastral; además de aprobar planimetrías con reconocimiento de las áreas públicas consolidadas con el asentamiento.
REMITIR AL LEGISLATIVO. Los municipios tienen que registrar las áreas de cesión en Derechos Reales y deben remitir a la Asamblea Legislativa los proyectos de ley de enajenación de bienes de dominio público a terceros.
Este paso debe cumplirse obligatoriamente, pues toda propiedad del Estado pasa a ser patrimonio de un privado sólo en caso de que una ley expresa lo determine.
La inexistencia de esa disposición legal dará lugar a que la transferencia a título oneroso no tenga validez legal alguna y, en el futuro, el Estado podrá recuperar el predio.
EL TRÁMITE NO DEBE DURAR MÁS DE 20 DÍAS
DERECHOS REALES
El trámite para las correcciones de identidad tiene que estar avalado por el Segip.
DERECHOS REALES
Las correcciones técnicas de superficie, ubicación y colindancias deben ser respaldadas por la comuna.
COLEGIOS
Los beneficiarios de la ley quedan exentos de cobros adicionales de colegio de profesionales.
SENTENCIA
La sentencia ejecutoriada será requisito suficiente para que Derechos Reales registre la propiedad.
El artículo 10 del anteproyecto de Ley de Regularización del Derecho Propietario Sobre Bienes Inmuebles establece la prohibición de que una misma persona regularice su derecho propietario sobre más de un predio urbano destinado a la vivienda.
En caso de hacerlo, el infractor será pasible a sanciones y la anulación del proceso. Además, a partir de su promulgación, los municipios están en la obligación de impedir nuevos asentamientos ilegales en sus jurisdicciones.
LA ASAMBLEA INICIÓ SU TRATAMIENTO. La aplicación de la norma se extiende a los inmuebles cuyos dueños tienen problemas para perfeccionar su derecho propietario y no a aquellos que cuentan con los documentos en regla, según explicaron los técnicos que participaron en su elaboración.
En la presentación del proyecto, el ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, dijo que con esta norma se pretende regularizar al menos al 60 por ciento de los predios urbanos, debido a que se comprobó que en algunos municipios hay problemas en casi un 75% de las viviendas.
El anteproyecto, que empezó a ser considerado por la Asamblea Legislativa, establece la prohibición de “regularizar más de un bien inmueble urbano destinado a vivienda, en el marco de la presente ley; caso contrario, el actor será pasible a sanciones pecuniarias determinadas en decreto supremo y las previstas en la normativa vigente, sin perjuicio de la anulación de los procesos de regularización ya sustanciados”. Para evitar que un solo individuo haga más de un trámite de regularización, se creará un sistema informático de registro.
No podrán efectuar estos trámites los inquilinos, u haber ocupado un inmueble bajo contrato anticrético. La norma se aplicará a las personas naturales que ocupen de buena fe un predio municipal, sin dueño o que tenga conflicto con sus documentos.
los jueces conocerán los casos. El objetivo del proyecto es regularizar el derecho propietario de “personas naturales sobre bienes inmuebles destinados a vivienda, ubicados dentro del radio o área urbana y se encuentren en posesión pacífica y continua”, tengan o no título de propiedad registrado en Derechos Reales.
A partir de la promulgación de la ley, se establece un plazo de 60 días para que el Ejecutivo emita la reglamentación respectiva.
Los juzgados en materia civil serán las instancias para “conocer y resolver” en primera instancia las acciones judiciales relativas a la regularización del derecho propietario y tendrán un plazo de dos años a partir de la publicación de la Resolución Suprema de Homologación de la Ordenanza Municipal que aprueba la delimitación del radio urbano.
LOS REQUISITOS para hacer el trámite en LA PAZ. Las personas que deseen regularizar sus trámites deberán contar con construcciones permanentes de buena fe, con una antigüedad no menor a cinco años antes de la promulgación de la ley.
Lo primero que deberá hacer una persona para regularizar su título de propiedad es presentar a consideración del juez cualquier medio de prueba pertinente, una declaración testifical de dos colindantes y/o dos vecinos del inmueble que acrediten la posesión, también se incluye la presentación de recibos de pago de servicios públicos, el croquis de ubicación, comprobantes de pago de impuestos a la propiedad inmueble, constancia de realización de trámites municipales y registro biométrico o cédula de identidad.
Se establece la obligatoriedad de presentar una declaración voluntaria hecha ante notario de fe pública del tiempo y lugar de posesión; una fotocopia legalizada de la planimetría o plano individual y, finalmente, una certificación de no propiedad emitida por las oficinas de Derechos Reales.
El proyecto de ley determina también que podrán legalizar el predio público que hubiera sido ocupado y cuente con construcciones permanentes antes de 2006; en tal sentido, se podrá iniciar el trámite para la “enajenación a título oneroso, misma que será perfeccionada con la aprobación por ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional”.
El pago por el terreno ocupado será efectuado al gobierno municipal y se definirá con base en el “valor catastral de los mismos o de los predios de su entorno”.
60% de los predios urbanos en todo el país serán regularizados con esta norma, según el Ministerio de Obras Públicas.
LOS MUNICIPIOS SeRÁN LOS ACTORES PRINCIPALES DEL PROCESO de regularización, porque deben aprobar la delimitación de su área o radio urbano en un plazo que será determinado por decreto. Además, deben remitirse al Ministerio de Planificación del Desarrollo, los documentos para la correspondiente tramitación de la homologación.
se DeBEN ACTUALIZAR los DATOS. Los municipios deben hacer públicos los resultados de la regularización del derecho de propiedad; mantener y actualizar en forma permanente y obligatoria la información catastral; además de aprobar planimetrías con reconocimiento de las áreas públicas consolidadas con el asentamiento.
REMITIR AL LEGISLATIVO. Los municipios tienen que registrar las áreas de cesión en Derechos Reales y deben remitir a la Asamblea Legislativa los proyectos de ley de enajenación de bienes de dominio público a terceros.
Este paso debe cumplirse obligatoriamente, pues toda propiedad del Estado pasa a ser patrimonio de un privado sólo en caso de que una ley expresa lo determine.
La inexistencia de esa disposición legal dará lugar a que la transferencia a título oneroso no tenga validez legal alguna y, en el futuro, el Estado podrá recuperar el predio.
EL TRÁMITE NO DEBE DURAR MÁS DE 20 DÍAS
DERECHOS REALES
El trámite para las correcciones de identidad tiene que estar avalado por el Segip.
DERECHOS REALES
Las correcciones técnicas de superficie, ubicación y colindancias deben ser respaldadas por la comuna.
COLEGIOS
Los beneficiarios de la ley quedan exentos de cobros adicionales de colegio de profesionales.
SENTENCIA
La sentencia ejecutoriada será requisito suficiente para que Derechos Reales registre la propiedad.
miércoles, 28 de marzo de 2012
La gente ya recibe créditos sin garantía hipotecaria
El año pasado, las entidades financieras canalizaron 24,6 millones de dólares como préstamos para vivienda sin garantía hipotecaria, gracias a una norma de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).
Según datos incluidos en la Memoria de la Economía Boliviana 2011, ése es el monto que se otorgó como crédito a las personas interesadas como parte de las reformas introducidas el año pasado en el ámbito de la regulación bancaria.
El 6 de octubre de 2010, Página Siete informó que la ASFI -mediante la resolución 693/2011 y circular 091/2011- autorizó a las entidades financieras a canalizar créditos de vivienda hasta un límite de 65.000 bolivianos (casi 10.000 dólares) sin necesidad de garantía hipotecaria.
La norma aclara que los recursos se otorgarán siempre y cuando sean destinados exclusivamente para a) construcción de vivienda individual y b) para la refacción, remodelación, ampliación, mejoramiento de vivienda individual o que se encuentre en propiedad horizontal.
Además, remarca que “el crédito de vivienda sin garantía hipotecaria no podrá exceder el equivalente de 65.000 bolivianos y 48 meses plazo”, es decir, cuatro años.
El Ministerio de Economía señala que la normativa fue aprobada en el marco del incentivo a la actividad crediticia.
Aunque el monto canalizado no es muy significativo respecto a la cartera total o la destinada a la compra o construcción de casas, es una alternativa que tienen los clientes para acceder a un préstamo sin necesidad de entregar una garantía del bien inmueble o terreno.
Los créditos que se hicieron viables al sector de vivienda el año pasado alcanzaron a 1.639,9 millones de dólares, según los datos de la Memoria de la Economía Boliviana 2011.
Para que una persona asalariada acceda a financiamiento sin garantía hipotecaria, el servicio mensual de la deuda y sus intereses no deben comprometer más del 25% del promedio de los últimos tres meses del total ganado menos los descuentos de ley, o la suma de los salarios de la sociedad conyugal (matrimonio) cuando corresponda. En este cálculo se incluye el servicio de otras obligaciones directas.
Para las personas independientes, las entidades financieras deben evaluar la capacidad de pago e ingresos.
Más datos
Informe La cartera total del sistema financiero el año pasado alcanzó a 8.284 millones de dólares, un 26,2% más que en 2010.
Expansión El incremento de los préstamos, según el Gobierno, obedeció al crecimiento sostenido de la actividad económica .
Según datos incluidos en la Memoria de la Economía Boliviana 2011, ése es el monto que se otorgó como crédito a las personas interesadas como parte de las reformas introducidas el año pasado en el ámbito de la regulación bancaria.
El 6 de octubre de 2010, Página Siete informó que la ASFI -mediante la resolución 693/2011 y circular 091/2011- autorizó a las entidades financieras a canalizar créditos de vivienda hasta un límite de 65.000 bolivianos (casi 10.000 dólares) sin necesidad de garantía hipotecaria.
La norma aclara que los recursos se otorgarán siempre y cuando sean destinados exclusivamente para a) construcción de vivienda individual y b) para la refacción, remodelación, ampliación, mejoramiento de vivienda individual o que se encuentre en propiedad horizontal.
Además, remarca que “el crédito de vivienda sin garantía hipotecaria no podrá exceder el equivalente de 65.000 bolivianos y 48 meses plazo”, es decir, cuatro años.
El Ministerio de Economía señala que la normativa fue aprobada en el marco del incentivo a la actividad crediticia.
Aunque el monto canalizado no es muy significativo respecto a la cartera total o la destinada a la compra o construcción de casas, es una alternativa que tienen los clientes para acceder a un préstamo sin necesidad de entregar una garantía del bien inmueble o terreno.
Los créditos que se hicieron viables al sector de vivienda el año pasado alcanzaron a 1.639,9 millones de dólares, según los datos de la Memoria de la Economía Boliviana 2011.
Para que una persona asalariada acceda a financiamiento sin garantía hipotecaria, el servicio mensual de la deuda y sus intereses no deben comprometer más del 25% del promedio de los últimos tres meses del total ganado menos los descuentos de ley, o la suma de los salarios de la sociedad conyugal (matrimonio) cuando corresponda. En este cálculo se incluye el servicio de otras obligaciones directas.
Para las personas independientes, las entidades financieras deben evaluar la capacidad de pago e ingresos.
Más datos
Informe La cartera total del sistema financiero el año pasado alcanzó a 8.284 millones de dólares, un 26,2% más que en 2010.
Expansión El incremento de los préstamos, según el Gobierno, obedeció al crecimiento sostenido de la actividad económica .
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