El jefe de Transparencia de la Agencia Estatal de Vivienda, Orlando Barreta, advirtió ayer que se sancionarán a las personas que hicieron mal uso de las viviendas sociales entregadas por el Gobierno, en el marco de la ley que también permitirá revertir el derecho propietario sobre esas viviendas.
BENEFICIARIOS
Según Barreta, en la última década el Gobierno entregó alrededor de 86.000 viviendas sociales en el país, pero 4.000 presentaron irregularidades porque beneficiaron a personas que ya tenían casas, las alquilaron o las vendieron, lo que evitó que cumplan una función social. El viceministro del sector, Bony Morales, calculó, 6.000 unidades la semana pasada.
DELITO
“Hay una sanción que tiene que operar, toda vez que han usufructuado un bien, es como indicar que la Renta Dignidad pueda cobrar una persona que tenga 30 años, eso es un delito”, advirtió el funcionario.
Barreta confirmó que se presentó a la Asamblea Legislativa Plurinacional un proyecto de ley para revertir las viviendas que no cumplen una función social, ya que se identificaron personas que fueron favorecidas con esos inmuebles solo por ser parientes de autoridades comunales o por afinidad política.
PARIENTES
“En ese proceso autoridades y dirigentes han favorecidos a parientes y afines políticamente, han sido asignadas (casas) a personas que ya tienen viviendas”, agregó.
Dijo que aparte de revertir el derecho propietario de esas viviendas, la Agencia de Vivienda iniciará acciones judiciales contra las personas que dieron un mal uso a esos inmuebles, porque se cometió usufructo con bienes del Estado.
PRINCIPIO
“La vivienda social debe dar cobertura a personas que básicamente no tenga vivienda, eso no se fue cumpliendo. El proyecto de ley está en etapa final, ya está en la Cámara de Diputados, estimamos su aprobación el siguiente mes a más tardar. Estamos preparándonos”, remarcó.
Adelantó que las viviendas revertidas serán reasignadas a familias que en realidad las necesiten.
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