El cambio de uso de suelo es un tema recurrente en el proyecto de reglamento de la Ley 247 de Regularización del Derecho Propietario sobre Bienes Inmuebles Urbanos destinados a Vivienda. Se anuncia que el reglamento será aprobado el 2 de agosto próximo.
Autoridades y profesionales del área explican que, además de tener varias contradicciones con la Constitución Política del Estado (CPE) y las leyes de Medio Ambiente, de Áreas Protegidas y de los Derechos de la Madre Tierra, ponen en peligro la seguridad y soberanía alimentaria y el medio ambiente.
La primera contradicción se encuentra en el artículo 1, donde el objeto es la regularización del terreno para favorecer a personas naturales que se encuentren en posesión continua, pública, pacífica y de buena fe, de un bien inmueble destinado a vivienda, “ubicada dentro del radio urbano o área urbana”. En el proyecto se establece que los municipios deben definir sus áreas urbanas en un plazo no mayor a un año. Si bien el el artículo 9 restringe las áreas protegidas, el artículo 11 brinda los procedimientos para la ampliación de la mancha urbana obviando procedimientos.
El arquitecto Marcelo Delgadillo explica que “El reglamento establece que para la definición del área urbana, los Gobiernos Autónomos Municipales (GAM) deben solicitar una serie de documentos, entre éstos una certificación de que el área no presente conflictos o litigios de derecho propietario en el Instituto de Reforma Agraria (INRA), obviando la verdadera función del INRA de certificar el mejor uso de suelo según su vocación.
Asimismo, el reglamento establece que el área urbana extensiva (expansión) estará definida en función de las tendencias de crecimiento. “¿Quién define las tendencias? En las zonas agrícolas, donde dos o tres casas fueron construidas ilegalmente se perderá esta función por la tendencia urbana que le otorgaron personas ilegales”, asevera Delgadillo.
La segunda contradicción está en el artículo dos donde se incluye otra definición de Áreas Protegidas, alejadas de la ley, dejando en puntos suspensivos el tema agrícola. “e) Áreas agrícolas de abastecimiento”, señala el artículo 2 sin hacer ninguna precisión.
La senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS), Carmen Peredo, advierte además que en los artículos 2, 5 y 10, el concepto de Área Protegida es manejado rompiendo el cuidado y protección que le otorga la CPE. “Las áreas o radios urbanos podrán incluir las áreas de expansión o extensivas y las áreas de preservación o protegidas” (Art. 5).Y el artículo 2 establece “las áreas de reserva urbana son las que actualmente tienen uso agrícola y pueden ser urbanizadas a largo plazo”.
En un taller realizado con todas las instituciones estatales y municipales que intervienen en esta ley, la Asociación de Municipios de Cochabamba (Amdeco) elevó el pasado 16 de julio trece observaciones al reglamento.
Entre los riesgos de fondo, el director ejecutivo de Amdeco, Henry López, explica que uno de los temas preocupantes para las municipalidades es que en la Ley 247 se señala que en las viviendas construidas en zonas de riesgo y que fueron aprobadas, serán las mismas municipalidades que deben reubicarlas.
“Esto significa que el municipio debe ceder un espacio físico y además construir la vivienda, otorgándoles las mismas comodidades”, señala López. En los municipios ya no hay espacios disponibles y menos recursos económicos para esta carga, dice el representante, explicando que el pedido en este punto es que el nivel central sea quien resuelva esta situación, ya sea asumiendo el gasto o instruyéndolo a los gobiernos departamentales.
Delgadillo critica esta situación, porque la ley le pasa a los municipios el resarcimiento de algo ilegal. El pago será con recursos de la población, olvidando a los responsables. “Es como si se asumiera que los loteamientos y asentamientos hubieran surgido como algo natural y ahora se tiene que regularizar”, reprocha Delgadillo.
El artículo 4 de Clasificación señala que están sujetos a la delimitación de área urbana los “asentamientos humanos menores a 2 mil habitantes, que cuenten por lo menos con uno de los servicios básicos: agua, luz, alcantarillado, escuela o centro de salud.
Con el reglamento se altera la definición de Áreas Protegidas, obviando los procedimientos para su protección. Con el mínimo de requisitos se les otorga todo el derecho a los asentados, las zonas en riesgo 1) la zona Sud, que debió ser preservada como zona de reserva urbana para planes de vivienda social, 2) el Parque Tunari, que expone la principal reserva de agua; y 3) todo el Valle Bajo central, fuente de la seguridad y soberanía alimentaria, concluye Delgadillo.
Ley 247.
Objeto
La Ley 247 tiene por objeto la regularización del derecho propietario de personas naturales que se encuentren en posesión continua, pública, pacífica y de buena fe, de un bien inmueble destinado a vivienda, ubicada dentro del radio urbano o área urbana.
Finalidad
Regularizar legal y técnicamente el derecho propietario de personas sin título, o propietarios con títulos sujetos a corrección.
Tres condiciones
Contar con construcciones habitadas de carácter permanente destinadas a vivienda, con una antigüedad no menor a 5 años. Posesión pública de buena fe, pacífica y continua y que estén en el radio urbano o área urbana homologada.
Una segunda ley de “chutos”
Los participantes del taller de revisión del proyecto de Reglamento a la Ley de Regulación del Derecho Propietario sobre Bienes Inmuebles Urbanos destinados a Vivienda, advierten que si bien la ley establece su aplicación “por única vez”, existen antecedentes como la Ley de Regulación y Saneamiento Vehicular que legalizó los vehículos de contrabando.
“No sabemos qué habrá con las presiones de grupos sociales más adelante”, advierte el arquitecto Marcelo Delgadillo.
Con la presente ley, la regulación del derecho propietario será efectiva por única vez en un periodo no mayor de 3 años, un año para que los municipios delimiten sus radios o áreas urbanas, la homologación ante el ministerio en 3 meses y dos años para que los beneficiarios realicen el trámite.
Según Delgadillo, el riesgo es mayor al otorgar la responsabilidad a las municipalidades. “Las alcaldías son los principales centros de tráfico que, a través de prebendas y coimas, se hacen de la vista gorda,no paralizan la obra ilegal, o incluso la autorizan”, señaló Delgadillo.
Las zonas de recarga acuífera y de seguridad alimentaria en peligro de ser urbanizadas
La senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS), Carmen Peredo, advierte sobre los conflictos y daños al medio ambiente y la soberanía alimentaria que serán irreversibles.
Explica que la Ley 247 contradice la esencia de la Constitución Política del Estado, así como las leyes de Revolución Productiva, de los Derechos de la Madre Tierra y de Medio Ambiente.
“Con esta ley y su reglamento se abren las puertas para que todo sea urbanizado, yendo contra el principal discurso del proceso de cambio: la protección de la madre tierra y la priorización de la seguridad y soberanía alimentaria”. Informó que al alterar las definiciones o no precisar las mismas repercutirá en riesgos mayores.
“El hecho de regularizar bienes públicos, significaría también legalizar construcciones en el lecho de los ríos, cabeceras de cuenca y entre ríos”, cuestiona Peredo.
La legisladora expone que a raíz de los asentamientos ilegales en los lechos de los ríos, la contaminación de estas fuentes de agua son mayores y los riesgos de inundación y deslizamientos son mayores, por no haberse paralizado las construcciones que fueron emplazadas en zonas de seguridad, o lugares que irrumpen con el curso normal de las aguas en las cuencas.
Asimismo, la presencia intensiva de viviendas en las cabeceras de cuencas, además de contaminar las fuentes subterráneas de agua, arriesgan las zonas de recarga, ya que las construcciones asfaltan las y calles impiden la infiltración del agua en época de lluvia.
El director ejecutivo de Amdeco, Henry López, señala además que la finalidad de esta ley busca defender el derecho a la vivienda de quienes más lo necesitan. Si bien la ley crea un sistema informático de registro, será difícil prohibir que un “loteador”, registre más propiedades a nombre de su hijo, su yerno u otros. “La CPE reconoce y defiende el derecho de todo ciudadano a gozar de una vivienda”.
Municipios presentan observaciones al reglamento
Autoridades de los municipios de Cochabamba revisaron, el pasado 16 de julio, el proyecto de reglamento a la Ley 247 y enviaron sus observaciones el mismo día. El viceministro de Vivienda y Urbanismo, Bony Bernardo Morales, remitió el borrador del reglamento de la Ley 247 para la remisión de “comentarios y observaciones”.
El documento enviado tiene como principal objetivo concertar la propuesta y allanar alternativas de solución a la problemática de Predios Rurales Municipales, el no registro de Derechos Reales, el cambio de uso de suelo y homologación de ordenanzas municipales que actualmente generan problemas sociales con los propietarios de los predios que ya se encuentran dentro las manchas urbanas. Piden que el INRA tome en cuenta que los saneamientos que se hacen por considerar zonas agrícolas, no deben ser sujetos a parcelamiento. Asimismo, solicitan que la prohibición de asentamientos contemple también en bienes de dominio público, en áreas verdes de riesgo ya definidos y en zonas con restricciones administrativas o disposiciones legales vigentes (Art. 38).
Solicitan que se autorice a los gobiernos municipales regularizar su derecho propietario con relación a áreas verdes, campos deportivos y predios municipales en áreas rurales.
Las alcaldías ven difícil la reubicación de viviendas o asentamientos porque no existen predios, ni recursos en los municipios. Este efecto, que debe ser aclarado en el Reglamento de la Ley 247. La certificación de antigüedad del bien inmueble deberá realizar la instancia técnica del gobierno municipal, en razón a que se tienen imágenes satelitales y toda la información se maneja mediante Catastro (Art. 1).
También sugieren que el Ministerio de Planificación declare amnistía técnica, logrando que los cambios de uso de suelo sean inmediatos.
viernes, 27 de julio de 2012
jueves, 26 de julio de 2012
Gobierno lanza Plan Plurianual para acceder a viviendas sociales
"Estamos lanzando de manera oficial la política estatal de vivienda, que ha sido construida desde hace bastante tiempo y en una última ruta desde la gestión 2006, hemos logrado concluir ese proceso y ahora la hemos lanzado", indicó el viceministro de Vivienda y Urbanismo, Bonny Morales.
Morales señaló que los créditos tendrán distintas modalidades, de acuerdo con la necesidad y capacidad de pago de las personas y se otorgarán a través del Banco Unión, una vez se culminen los procesos de negociación que mantiene el Gobierno con esa entidad bancaria.
Explicó que el Plan Plurianual prioriza cinco ejes estratégicos: El acceso a terreno urbanizable, a vivienda digna, informar sobre el manejo de riesgos, uso de tecnología y participación ciudadana e institucional en los procesos de adquisición de unidades habitacionales.
Además, dijo que dicho Plan establece la creación y puesta en marcha del la Agencia Estatal de Vivienda (AEVI) con el objetivo de planificar, operar y tutelar la construcción de viviendas que el Plan Plurianual impulse.
"Estará especializada en la construcción de viviendas, con la participación de todos los sectores sociales involucrados. Es hora de atender a toda la población pero de una forma planificada", añadió.
El Viceministro de Vivienda agregó que el Plan Plurianual arranca con una inversión inicial de 450 millones de bolivianos y prevé entregar hasta diciembre alrededor de 20.000 viviendas entre los 337 municipios que tiene el país.
Por su parte, la directora general de la AEVI, Mabel Gómez, explicó que esa nueva entidad estatal también tendrá la misión de incluir a la clase media urbana en los programas de vivienda social que impulse el Gobierno, a través del Plan Plurianual.
"Habrá una asignación de vivienda en cada una de las 10 ciudades principales del país", afirmó.
Morales señaló que los créditos tendrán distintas modalidades, de acuerdo con la necesidad y capacidad de pago de las personas y se otorgarán a través del Banco Unión, una vez se culminen los procesos de negociación que mantiene el Gobierno con esa entidad bancaria.
Explicó que el Plan Plurianual prioriza cinco ejes estratégicos: El acceso a terreno urbanizable, a vivienda digna, informar sobre el manejo de riesgos, uso de tecnología y participación ciudadana e institucional en los procesos de adquisición de unidades habitacionales.
Además, dijo que dicho Plan establece la creación y puesta en marcha del la Agencia Estatal de Vivienda (AEVI) con el objetivo de planificar, operar y tutelar la construcción de viviendas que el Plan Plurianual impulse.
"Estará especializada en la construcción de viviendas, con la participación de todos los sectores sociales involucrados. Es hora de atender a toda la población pero de una forma planificada", añadió.
El Viceministro de Vivienda agregó que el Plan Plurianual arranca con una inversión inicial de 450 millones de bolivianos y prevé entregar hasta diciembre alrededor de 20.000 viviendas entre los 337 municipios que tiene el país.
Por su parte, la directora general de la AEVI, Mabel Gómez, explicó que esa nueva entidad estatal también tendrá la misión de incluir a la clase media urbana en los programas de vivienda social que impulse el Gobierno, a través del Plan Plurianual.
"Habrá una asignación de vivienda en cada una de las 10 ciudades principales del país", afirmó.
Idealista.com Permite buscar su casa con el celular
El portal inmobiliario idealista.com aterriza en el mundo de Windows Phone con una apps de búsqueda de hogar. Esta aplicación móvil gratuita incorpora lo mejor de la página Web con búsquedas personalizadas, además de las facilidades de ver qué casas quedan cerca de donde está el usuario. El portal busca-hogares, que ha visto un incremento en popularidad durante los últimos años gracias a sus servicios de búsqueda personalizada y por la cantidad de propiedades que ofrece, ha hecho su último lanzamiento apostando por Windows Phone. La nueva apps tiene un buscador vinculado al geo-posicionamiento del usuario, además de las categorías habituales que se aprecian en la página Web personalizados para cada usuario. También estarán disponibles un mapa de ubicación geográfica y fotos de los inmuebles para los usuarios, esto puede ser un añadido importante a la hora de buscar casa con mayor tranquilidad.
Loteadores dejan a 360 familias en la calle
Con llanto de impotencia al sentirse engañadas por una red de loteadores, Roberta Saca y Sabina Mita (foto principal) tuvieron que aceptar resignadas la orden de desalojo que dejó sin hogar ayer a más de 360 familias que habitaban desde hace 5 años, 20 hectáreas fundadas con el nombre de barrio Loma Grande. Mita echó a llorar con su hijo en la espalda cuando observó un inusual movimiento policial de más de 800 efectivos de distintas unidades ingresar en motos y camiones calle por calle advirtiéndoles a los vecinos que debían sacar sus cosas de valor y abandonar los terrenos. Debían hacerlo porque había una orden de desapoderamiento en su contra emanada por un tribunal de justicia interpuesta por la dueña de las 20 hectáreas loteadas, Ana María Gutiérrez Chávez. Niños, ancianos y adultos se vieron obligados a sacar sus catres, heladeras, camas, garrafas, televisores y otras cosas de valor a la intemperie. Quienes tenían algunos recursos económicos lo hicieron contratando camiones de mudanzas.
Quieren pagar por los terrenos. Muchas de las personas desalojadas de los predios loteados expresaron su voluntad de conciliar un pago justo con la propietaria de los terrenos. "Yo pagué por posesión 200 bolivianos y estuve a punto de que me reviertan mi terreno porque quienes lideraron las tomas querían que construya una casa de material", admitió David Céspedes, mecánico de profesión. A su lado, Arnoldo Limón Méndez contó ante el fiscal Álvaro Latorre, que en una ocasión fue objeto de agresión por quienes comandaban los loteamientos por el hecho de negarse a pagar un dinero supuestamente por las tierras asentadas.
Varios de los afectados admitieron saber que estaban asentados en terrenos ajenos pero querían llegar a un arreglo con la dueña de los terrenos. Esta intención de conciliación generó división en los vecinos aliados con los supuestos loteadores que amenazaban con desalojarlos por la fuerza si negociaban por su lado.
No hay acercamientos. La representante legal de los terrenos, Katiuska Quiroga, indicó que la propietaria no tenía ningún interés en negociar los predios y tan solo quería recuperar sus tierras tomadas por supuestos loteadores. Pero el drama es aún mayor ya que de las 360 familias afectadas, al menos 150 tienen construcciones de material e inversiones que hasta superan los 5 mil dólares, aunque la mayoría vivía en construcciones precarias de madera y calaminas, de acuerdo a lo observado en el desalojo.
Blanca Zambrana (65) asentada desde hace más de tres años dijo que su inversión supera los 6 mil dólares y que el terreno le fue traspasado por terceras personas que la ilusionaron con que tarde o temprano se llegaría a un arreglo. "No queremos vivir gratis, sabemos que los terrenos son ajenos pero queremos un precio justo. Tampoco nos pueden dejar en la calle", lamentó en medio de lágrimas.
En tanto, Marina Rodríguez Mamani (33) calificó de atropello la acción interpuesta por la propietaria al no querer ningún acercamiento con los asentados. "Cuando entramos todo era monte. Nosotros tramitamos el tendido eléctrico y el agua y ahora que hay servicios básicos nos quieren sacar como a perros. No es justo", reclamó airada por el desalojo.
Organización de loteadores. El fiscal Álvaro Latorre, en breve acercamiento con algunas personas asentadas en esos predios, les aclaró que como Ministerio Público no busca la detención de las personas que viven en los predios ajenos, pues a decir de la autoridad, fueron engañadas con falsas ilusiones, sino desarticular y detener a los cabecillas de la organización de loteadores. "Tenemos varias órdenes de aprehensión para tratar de ejecutarlas. Con esta acción queremos dar una muestra a la población que no se va a tolerar más loteamientos. Vamos a ir tras los cabecillas, entendemos y comprendemos a la gente que tiene la esperanza de tener un terreno", justificó el fiscal Latorre.
La autoridad indicó que dentro de la supuesta organización de loteadores hay una persona que guarda detención preventiva en la cárcel de Palmasola, identificado como Félix Vidaurre Maldonado, luego que durante un allanamiento a su domicilio se encontraron documentación, planos, minutas, sellos escaneados de directivas vecinales pasadas entre otras evidencias que lo incriminan como supuesto cabecilla. La Fiscalía lo imputó por los delitos de allanamiento, robo agravado, organización criminal por delitos ambientales, daño calificado y estafa agravada. Algunos vecinos afectados con el desalojo sindicaron como miembros de la organización a Tito M.C., Anabol M. Sandra N.N., entre otros implicados en los loteamientos.
La defensa. La defensa de las familias desalojadas, Enrique Aguilera, indicó que la orden de desalojo recién debía ejecutarse, si es que salía favorable a la propietaria el 1º de agosto porque la sentencia aún se encontraba en revisión del Tribunal Constitucional. "Hemos ido en persona a tratar de conciliar con la dueña de los terrenos pero ella nunca tuvo el interés de atendernos", alegó el abogado. Muchas de las personas desalojadas durmieron en la calle.
Lo que se vio en el desalojo
Inusual. Jefes de las unidades policiales como la Caminera, Tránsito, Interpol, Aticc, PAC, estuvieron toda la mañana plantoneados a la espera de la orden de desaolojo. Algunos cuestionaron que su presencia no era necesaria en el desalojo.
El Neptuno. Por primera vez el carro Neptuno (echa agua) llegó hasta un predio en desaolojo. Un jefe policial justificó su presencia en sentido que es para evitar el uso de químicos y de esta manera maltratar a las personas.
Sin Violencia. Varios de los asentados optaron por dejar pacíficamente sus viviendas y buscar cobijo en otros lugares. Se observaron bastantes camiones de mudanzas que sacaron sus cosas a fin de evitar enfrentamientos con los uniformados.
De rodillas. Francisca Pérez González (40) le pidió al fiscal Álvaro Latorre de rodillas dejar sin efecto su desalojo porque no tenía dónde más ir a vivir. La mujer vive hace dos años y pagó a terceras personas mil dólares.
Quieren pagar por los terrenos. Muchas de las personas desalojadas de los predios loteados expresaron su voluntad de conciliar un pago justo con la propietaria de los terrenos. "Yo pagué por posesión 200 bolivianos y estuve a punto de que me reviertan mi terreno porque quienes lideraron las tomas querían que construya una casa de material", admitió David Céspedes, mecánico de profesión. A su lado, Arnoldo Limón Méndez contó ante el fiscal Álvaro Latorre, que en una ocasión fue objeto de agresión por quienes comandaban los loteamientos por el hecho de negarse a pagar un dinero supuestamente por las tierras asentadas.
Varios de los afectados admitieron saber que estaban asentados en terrenos ajenos pero querían llegar a un arreglo con la dueña de los terrenos. Esta intención de conciliación generó división en los vecinos aliados con los supuestos loteadores que amenazaban con desalojarlos por la fuerza si negociaban por su lado.
No hay acercamientos. La representante legal de los terrenos, Katiuska Quiroga, indicó que la propietaria no tenía ningún interés en negociar los predios y tan solo quería recuperar sus tierras tomadas por supuestos loteadores. Pero el drama es aún mayor ya que de las 360 familias afectadas, al menos 150 tienen construcciones de material e inversiones que hasta superan los 5 mil dólares, aunque la mayoría vivía en construcciones precarias de madera y calaminas, de acuerdo a lo observado en el desalojo.
Blanca Zambrana (65) asentada desde hace más de tres años dijo que su inversión supera los 6 mil dólares y que el terreno le fue traspasado por terceras personas que la ilusionaron con que tarde o temprano se llegaría a un arreglo. "No queremos vivir gratis, sabemos que los terrenos son ajenos pero queremos un precio justo. Tampoco nos pueden dejar en la calle", lamentó en medio de lágrimas.
En tanto, Marina Rodríguez Mamani (33) calificó de atropello la acción interpuesta por la propietaria al no querer ningún acercamiento con los asentados. "Cuando entramos todo era monte. Nosotros tramitamos el tendido eléctrico y el agua y ahora que hay servicios básicos nos quieren sacar como a perros. No es justo", reclamó airada por el desalojo.
Organización de loteadores. El fiscal Álvaro Latorre, en breve acercamiento con algunas personas asentadas en esos predios, les aclaró que como Ministerio Público no busca la detención de las personas que viven en los predios ajenos, pues a decir de la autoridad, fueron engañadas con falsas ilusiones, sino desarticular y detener a los cabecillas de la organización de loteadores. "Tenemos varias órdenes de aprehensión para tratar de ejecutarlas. Con esta acción queremos dar una muestra a la población que no se va a tolerar más loteamientos. Vamos a ir tras los cabecillas, entendemos y comprendemos a la gente que tiene la esperanza de tener un terreno", justificó el fiscal Latorre.
La autoridad indicó que dentro de la supuesta organización de loteadores hay una persona que guarda detención preventiva en la cárcel de Palmasola, identificado como Félix Vidaurre Maldonado, luego que durante un allanamiento a su domicilio se encontraron documentación, planos, minutas, sellos escaneados de directivas vecinales pasadas entre otras evidencias que lo incriminan como supuesto cabecilla. La Fiscalía lo imputó por los delitos de allanamiento, robo agravado, organización criminal por delitos ambientales, daño calificado y estafa agravada. Algunos vecinos afectados con el desalojo sindicaron como miembros de la organización a Tito M.C., Anabol M. Sandra N.N., entre otros implicados en los loteamientos.
La defensa. La defensa de las familias desalojadas, Enrique Aguilera, indicó que la orden de desalojo recién debía ejecutarse, si es que salía favorable a la propietaria el 1º de agosto porque la sentencia aún se encontraba en revisión del Tribunal Constitucional. "Hemos ido en persona a tratar de conciliar con la dueña de los terrenos pero ella nunca tuvo el interés de atendernos", alegó el abogado. Muchas de las personas desalojadas durmieron en la calle.
Lo que se vio en el desalojo
Inusual. Jefes de las unidades policiales como la Caminera, Tránsito, Interpol, Aticc, PAC, estuvieron toda la mañana plantoneados a la espera de la orden de desaolojo. Algunos cuestionaron que su presencia no era necesaria en el desalojo.
El Neptuno. Por primera vez el carro Neptuno (echa agua) llegó hasta un predio en desaolojo. Un jefe policial justificó su presencia en sentido que es para evitar el uso de químicos y de esta manera maltratar a las personas.
Sin Violencia. Varios de los asentados optaron por dejar pacíficamente sus viviendas y buscar cobijo en otros lugares. Se observaron bastantes camiones de mudanzas que sacaron sus cosas a fin de evitar enfrentamientos con los uniformados.
De rodillas. Francisca Pérez González (40) le pidió al fiscal Álvaro Latorre de rodillas dejar sin efecto su desalojo porque no tenía dónde más ir a vivir. La mujer vive hace dos años y pagó a terceras personas mil dólares.
miércoles, 25 de julio de 2012
Vecinos exigen regularización de planos en forma inmediata
Los vecinos de las urbanizaciones Ampliación San Isidro y Qaqachacas 3 de Mayo exigen a la alcaldesa municipal, Rossio Pimentel Flores, la inmediata aplicación de la resolución concejal 098/2012, para la regularización técnica y administrativa de aprobación de los planos, para evitar nuevos avasallamientos de terrenos e impedir enfrentamientos en las zonas periféricas de la ciudad.
Una carta fue enviada a la alcaldesa pidiéndole una inmediata instrucción a la directora de ordenamiento territorial, Marisol Soto, para que empiece la aplicación del nuevo reglamento de urbanizaciones, porque de lo contrario, seguirá el conflicto entre los dueños legalmente constituidos y los avasalladores.
El presidente del Comité de Defensa de las Juntas Vecinales de la Zona Este de la ciudad, Carlos Espinar, dijo que han pasado más de 20 días desde la aprobación de esa resolución del Concejo Municipal, pero sigue la resistencia de parte de las autoridades del ejecutivo municipal.
“Parece que no quieren hacer caso a las determinaciones del órgano legislativo del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro. Si es que hay observaciones a esa resolución, ya debería efectuarse una impugnación, pero hasta el momento no conocemos nada”, afirmó Espinar.
Según la explicación, desde hace dos años, la alcaldesa Pimentel sigue retrasando la solución de ese conflicto que provocó muertos y heridos en los constantes enfrentamientos entre los vecinos, porque no existía una norma clara para la aprobación de planos de urbanizaciones, ya que las exigencias eran prácticamente imposibles de cumplir.
Por ese motivo, Espinar dijo que quedaron 44 urbanizaciones sin planos aprobados y de eso se aprovecharon los avasalladores para ocupar terrenos que no les pertenece, destruyendo casas de gente pobre, sin que ninguna autoridad pueda resolver este conflicto.
El Comité Cívico de Oruro, presidido por Sonia Saavedra, pidió al gobierno municipal la inmediata solución de este problema, para acabar con el avasallamiento de terrenos en las zonas periféricas, porque además se está destruyendo el crecimiento ordenado de la ciudad.
“Si no existen planos aprobados, el desorden en la ciudad continuará para destruir el crecimiento de grandes extensiones de terrenos, donde todos hacen lo que quieren y con esa situación, estamos atentando contra Oruro”, afirmó Saavedra.
Por su parte, la alcaldesa Rossio Pimentel Flores, dijo que se hizo una representación ante el Concejo Municipal para que esa resolución sea reconsiderada y se eleve a rango de ordenanza, porque sólo así se puede aplicar una disposición de esa naturaleza.
El presidente del Concejo, Juan José Ramírez, dijo que si la disposición no se aplica, se tendría que iniciar una demanda por incumplimiento de deberes a la alcaldesa. Sin embargo, se ha emitido la resolución y ahora corresponde a los vecinos tomar los recaudos de ley, para el cumplimiento de esa disposición legalmente aprobada por los concejales.
Los vecinos de las urbanizaciones Ampliación San Isidro, Qaqachacas 3 de Mayo y otras, se reunieron ayer y tomaron la decisión de exigir la solución inmediata de los entredichos entre los concejales y la alcaldesa, para pagar los impuestos en el municipio.
Caso contrario, en una carta remitida a la alcaldesa, advirtieron con adoptar medidas de hecho más contundentes.
Una carta fue enviada a la alcaldesa pidiéndole una inmediata instrucción a la directora de ordenamiento territorial, Marisol Soto, para que empiece la aplicación del nuevo reglamento de urbanizaciones, porque de lo contrario, seguirá el conflicto entre los dueños legalmente constituidos y los avasalladores.
El presidente del Comité de Defensa de las Juntas Vecinales de la Zona Este de la ciudad, Carlos Espinar, dijo que han pasado más de 20 días desde la aprobación de esa resolución del Concejo Municipal, pero sigue la resistencia de parte de las autoridades del ejecutivo municipal.
“Parece que no quieren hacer caso a las determinaciones del órgano legislativo del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro. Si es que hay observaciones a esa resolución, ya debería efectuarse una impugnación, pero hasta el momento no conocemos nada”, afirmó Espinar.
Según la explicación, desde hace dos años, la alcaldesa Pimentel sigue retrasando la solución de ese conflicto que provocó muertos y heridos en los constantes enfrentamientos entre los vecinos, porque no existía una norma clara para la aprobación de planos de urbanizaciones, ya que las exigencias eran prácticamente imposibles de cumplir.
Por ese motivo, Espinar dijo que quedaron 44 urbanizaciones sin planos aprobados y de eso se aprovecharon los avasalladores para ocupar terrenos que no les pertenece, destruyendo casas de gente pobre, sin que ninguna autoridad pueda resolver este conflicto.
El Comité Cívico de Oruro, presidido por Sonia Saavedra, pidió al gobierno municipal la inmediata solución de este problema, para acabar con el avasallamiento de terrenos en las zonas periféricas, porque además se está destruyendo el crecimiento ordenado de la ciudad.
“Si no existen planos aprobados, el desorden en la ciudad continuará para destruir el crecimiento de grandes extensiones de terrenos, donde todos hacen lo que quieren y con esa situación, estamos atentando contra Oruro”, afirmó Saavedra.
Por su parte, la alcaldesa Rossio Pimentel Flores, dijo que se hizo una representación ante el Concejo Municipal para que esa resolución sea reconsiderada y se eleve a rango de ordenanza, porque sólo así se puede aplicar una disposición de esa naturaleza.
El presidente del Concejo, Juan José Ramírez, dijo que si la disposición no se aplica, se tendría que iniciar una demanda por incumplimiento de deberes a la alcaldesa. Sin embargo, se ha emitido la resolución y ahora corresponde a los vecinos tomar los recaudos de ley, para el cumplimiento de esa disposición legalmente aprobada por los concejales.
Los vecinos de las urbanizaciones Ampliación San Isidro, Qaqachacas 3 de Mayo y otras, se reunieron ayer y tomaron la decisión de exigir la solución inmediata de los entredichos entre los concejales y la alcaldesa, para pagar los impuestos en el municipio.
Caso contrario, en una carta remitida a la alcaldesa, advirtieron con adoptar medidas de hecho más contundentes.
martes, 24 de julio de 2012
La tragedia del Málaga provoca un plan de contingencia
Viviana Molina Cabrera, como ingeniera forestal de profesión, y experta en prevención de incendios forestales, se encuentra actualmente trabajando en la coordinación del naciente Grupo Asesor para la gestión de Riesgos, dependiente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia Departamental Santa Cruz (SIB-SC). Es un proyecto de profesionales ingenieros para asesorar a las autoridades y grupos de primera respuesta y que busca apoyar a reducir diferentes riesgos relativos a un ámbito preseleccionados en Santa Cruz, como por ejemplo los mercados, incendios estructurales, inundaciones, y el Parque Industrial.
¿A qué llamamos gestión de riesgo?
La Gestión de Riesgo es un componente del sistema social constituido por un proceso eficiente de planificación, organización, dirección y control dirigido al análisis y la reducción de riesgos, al manejo de eventos adversos y la recuperación de los ya ocurridos, se generan mapas de riesgos, de vulnerabilidades para eventos adversos como por ejemplo una inundación, sequías, incendio forestal, o el desplome de un edificio. Entonces cuando hablamos de gestión de riesgos, hablamos de todo el circuito del antes, el durante, y el después.
Por ejemplo
El antes, es como nosotros nos preparamos para estos tipos de eventos, para lo cual debemos generar el mapa de riesgos. Debemos saber que es lo más frecuente que está sucediendo, tanto en la ciudad de Santa Cruz como en el departamento. Por ejemplo se ve que son las inundaciones, incendios, epidemias. El durante, es cuando se desarrolla el evento en sí y como nosotros vamos apoyar en el asesoramiento a los grupos de primera respuesta, para que puedan hacer una labor adecuada directa y especialmente con resultados para salvar vidas humanas. Además es para que los rescatistas que vayan a ingresar al lugar del incidente a realizar labores operativas, entren de una manera más segura. Este grupo asesor va a ser todo el análisis de la situación y entregará la información a las autoridades y a quienes estén comandando el incidente para que puedan tomar las decisiones adecuadas.
¿cómo Nace este Grupo Asesor para la gestión de Riesgos?
Este proyecto se inició después del desplome del edificio Málaga, acá vinieron diferentes grupos de rescates, donde varias de las personas eran profesionales, de ahí que vimos la necesidad de conformar este grupo asesor. A nivel de Latinoamérica somos el primer país que va a tener un grupo asesor para la gestión de riesgo, a nivel de intercolegiado como la SIB-SC.
¿Cuál es la función del grupo?
Como SIB - SC estamos dentro de la organización del Plan de Ayuda Mutua, organización que aglutina a diferentes instituciones públicas, privadas y de primera respuesta, como ser Transierra, Gobernación de Santa Cruz, Gobierno Municipal, Funsar, Cruz Roja, la UAGRM, la EMI, este grupo es para fortalecer a las instituciones en el proceso de la Gestión de Riesgos. Parte de este grupo que tenemos, somos los facilitadores, de la capacitación que se le va a dar al grupo asesor, para manejarnos en el mismo lenguaje técnico en el tema de la Gestión de Riesgos, y para poder apoyarlos de una manera más adecuada. Es decir, vamos a asesorar tanto a las autoridades como a los grupos de primera respuesta (Funsar, bomberas, municipios).
¿Qué profesionales van a participar ?
Es un grupo multidisciplinario de diferentes especialidades de los colegios que conforman la SIB SC, quienes han coincidido que se debe fortalecer las labores que ellos desempeñan en las áreas de la Gestión de Riesgos. Se tienen Ing. Químicos, Ambientales, Forestales, Civiles, Eléctricos, Petroleros, y de otras áreas.
¿Cuáles son los problemas y sectores de más riesgos?
Entre los sectores de mayor riesgo están los mercados, el incendio que ocurrió hace un tiempo en el mercado La Ramada, por ejemplo, fue con suerte. Después tenemos los edificios. Si pasa un siniestro en el cuarto piso es muy difícil controlarlo, debido a las escasas condiciones de equipamientos y vehículos de los bomberos. Otra zona es el Parque Industrial, se debe analizar muy bien, y hacer un plan estratégico para operar de la mejor manera. Otro aspecto son las inundaciones, ahí entra el tema de suelo, profesionales en manejo de cuenca e hidrología. Todos estos sectores y otros es donde vamos a trabajar.
¿Cómo se actuaría en el caso de un incendio en el parque industrial?
Si ocurre un incendio en el parque industrial, los expertos en ingeniería química y otras áreas, tendrán que analizar cuáles son los materiales peligrosos, o los que se encuentran ahí. Entonces en base a esa información dar un asesoramiento de cómo se debe trabajar, cuanto tiempo puede estar un bombero, hacer una ruta para movilizar a la gente, y otras acciones que dependerá del caso.
¿Es alta la inversión para lograr los objetivos?
Obviamente la inversión que se da en cuanto a capacitación tiene un costo, pero en el sentido de adquirir materiales y herramientas no, porque no vamos a ser un grupo de primera respuesta. Nosotros somos un equipo que va a asesorar en base a los insumos que nos den y de acuerdo a los elementos del incidente que se haya dado.
¿A qué llamamos gestión de riesgo?
La Gestión de Riesgo es un componente del sistema social constituido por un proceso eficiente de planificación, organización, dirección y control dirigido al análisis y la reducción de riesgos, al manejo de eventos adversos y la recuperación de los ya ocurridos, se generan mapas de riesgos, de vulnerabilidades para eventos adversos como por ejemplo una inundación, sequías, incendio forestal, o el desplome de un edificio. Entonces cuando hablamos de gestión de riesgos, hablamos de todo el circuito del antes, el durante, y el después.
Por ejemplo
El antes, es como nosotros nos preparamos para estos tipos de eventos, para lo cual debemos generar el mapa de riesgos. Debemos saber que es lo más frecuente que está sucediendo, tanto en la ciudad de Santa Cruz como en el departamento. Por ejemplo se ve que son las inundaciones, incendios, epidemias. El durante, es cuando se desarrolla el evento en sí y como nosotros vamos apoyar en el asesoramiento a los grupos de primera respuesta, para que puedan hacer una labor adecuada directa y especialmente con resultados para salvar vidas humanas. Además es para que los rescatistas que vayan a ingresar al lugar del incidente a realizar labores operativas, entren de una manera más segura. Este grupo asesor va a ser todo el análisis de la situación y entregará la información a las autoridades y a quienes estén comandando el incidente para que puedan tomar las decisiones adecuadas.
¿cómo Nace este Grupo Asesor para la gestión de Riesgos?
Este proyecto se inició después del desplome del edificio Málaga, acá vinieron diferentes grupos de rescates, donde varias de las personas eran profesionales, de ahí que vimos la necesidad de conformar este grupo asesor. A nivel de Latinoamérica somos el primer país que va a tener un grupo asesor para la gestión de riesgo, a nivel de intercolegiado como la SIB-SC.
¿Cuál es la función del grupo?
Como SIB - SC estamos dentro de la organización del Plan de Ayuda Mutua, organización que aglutina a diferentes instituciones públicas, privadas y de primera respuesta, como ser Transierra, Gobernación de Santa Cruz, Gobierno Municipal, Funsar, Cruz Roja, la UAGRM, la EMI, este grupo es para fortalecer a las instituciones en el proceso de la Gestión de Riesgos. Parte de este grupo que tenemos, somos los facilitadores, de la capacitación que se le va a dar al grupo asesor, para manejarnos en el mismo lenguaje técnico en el tema de la Gestión de Riesgos, y para poder apoyarlos de una manera más adecuada. Es decir, vamos a asesorar tanto a las autoridades como a los grupos de primera respuesta (Funsar, bomberas, municipios).
¿Qué profesionales van a participar ?
Es un grupo multidisciplinario de diferentes especialidades de los colegios que conforman la SIB SC, quienes han coincidido que se debe fortalecer las labores que ellos desempeñan en las áreas de la Gestión de Riesgos. Se tienen Ing. Químicos, Ambientales, Forestales, Civiles, Eléctricos, Petroleros, y de otras áreas.
¿Cuáles son los problemas y sectores de más riesgos?
Entre los sectores de mayor riesgo están los mercados, el incendio que ocurrió hace un tiempo en el mercado La Ramada, por ejemplo, fue con suerte. Después tenemos los edificios. Si pasa un siniestro en el cuarto piso es muy difícil controlarlo, debido a las escasas condiciones de equipamientos y vehículos de los bomberos. Otra zona es el Parque Industrial, se debe analizar muy bien, y hacer un plan estratégico para operar de la mejor manera. Otro aspecto son las inundaciones, ahí entra el tema de suelo, profesionales en manejo de cuenca e hidrología. Todos estos sectores y otros es donde vamos a trabajar.
¿Cómo se actuaría en el caso de un incendio en el parque industrial?
Si ocurre un incendio en el parque industrial, los expertos en ingeniería química y otras áreas, tendrán que analizar cuáles son los materiales peligrosos, o los que se encuentran ahí. Entonces en base a esa información dar un asesoramiento de cómo se debe trabajar, cuanto tiempo puede estar un bombero, hacer una ruta para movilizar a la gente, y otras acciones que dependerá del caso.
¿Es alta la inversión para lograr los objetivos?
Obviamente la inversión que se da en cuanto a capacitación tiene un costo, pero en el sentido de adquirir materiales y herramientas no, porque no vamos a ser un grupo de primera respuesta. Nosotros somos un equipo que va a asesorar en base a los insumos que nos den y de acuerdo a los elementos del incidente que se haya dado.
En El Alto hay canchas de césped sintético en casas y edificios
En El Alto hay canchas de césped sintético dentro de casas y edificios. Los recintos deportivos se alquilan, por hora, entre 50 y 80 bolivianos y se han vuelto una opción para hacer deporte en la ciudad.
Los recintos miden, por lo general, 28 metros de largo por 16 de ancho, y el material es importado desde Iquique (Chile), pero también es fabricado por empresas bolivianas. La inversión llega hasta 70.000 bolivianos.
“Es una cancha que nos gusta mucho. Está cerca de nuestra escuela y nos permite desestresarnos para luego trabajar y estudiar”, dice Ernesto Escalante, de 30 años, técnico medio de la Escuela Superior de Mecánica Automotriz, Simón Bolívar.
Escalante y diez de sus compañeros juegan en el Center Flora, ubicado en el patio de una casa de la calle Quintanilla, a dos cuadras de la Cruz Papal, de la zona 16 de Julio. Por fuera, no hay letreros o señalización que indiquen el recinto deportivo.
El técnico dice que prefiere ir con sus amigos a ese lugar porque queda a dos cuadras de su trabajo. Ellos juegan todos los martes desde las 13:00 a 14:00, “sacrificando el almuerzo”.
“Vimos que no hay muchas canchas públicas por la zona y en lugar de que los jóvenes se dediquen a beber es mejor que practiquen deporte”, dijo el dueño que no quiso identificarse, aunque contó que proviene de la provincia Ingavi.
Asegura no recordar el monto de la inversión, aunque “fueron miles de dólares”, y acota que cobra 50 bolivianos por hora. El recinto atiende de lunes a domingo de 8:00 a 22:00 horas.
Otro de estos recintos se encuentra en un edificio de la calle Fray Diego de Ocaña (zona Tejada Alpacoma, en el distrito 1). El dueño es José Mamani, de 29 años, quien invirtió cerca de 28.000 bolivianos en importar, desde Iquique, el césped sintético.
Cobra 30 bolivianos la hora en el día y 40 en la noche y hace dos meses se animó al negocio porque considera que es una buena opción para generar ingresos tomando en cuenta que no hay muchas canchas públicas por la zona.
El recinto deportivo, llamado Wally Doble R, está en la terraza de un edificio de cuatro pisos. Desde la cancha se tiene una vista panorámica de la zona y de la ciudad de La Paz.
Los que más van a jugar, dice la encargada Marina Mamani, de 30 años, son los alumnos de la Universidad Tecnológica Boliviana y los del colegio Holandés, ubicado a una cuadra del lugar.
“Se llena de vez en cuando ('). No tenemos mucha gente. Más vienen los fines de semana por la noche. Seguro es por la ubicación y porque somos nuevos”.
En La Ceja se construye uno de estos sitios. En la avenida Franco Valle, en la calle 5, entre abarrotes, cibercafés y bancos hay un edificio de cuatro niveles, donde en la planta baja funcionan varios librerías y jugueterías, y en el segundo piso hay una cancha de wally. En el último piso se instala la cancha de Grover Calle, de 54 años.
Cuando Página Siete estuvo en el lugar, el miércoles 11 de julio, Calle supervisaba la instalación del césped artificial de la cancha que está en el último piso.
“Esperamos que sea una buena inversión. Antes la cancha era de parquet, pero últimamente no nos estaba yendo bien y nos dimos cuenta que los jóvenes quieren comodidad y el pasto sintético es la respuesta”, comentó.
Cambiar el parquet por el césped le costó 70.000 bolivianos y cuenta que espera contar con la clientela que ante tenía y que eran desde banqueros hasta mecánicos, que por lo general iban al mediodía y en las noches, luego de la jornada laboral.
Cuando la cancha era de parquet, Calle cobraba 40 bolivianos la hora, pero duplicará el costo cuando esté listo el césped sintético.
Más detalles
Material El césped sintético es una cubierta de tela fabricada con plástico y materiales sintéticos. Utiliza el polietileno con fibras de más de cinco centímetros de largo, que se cosen en la tela recubierta y ésta se recubre con cuatro centímetros de arena y de caucho.
Comodidad Las tres canchas cuentan con su baño y vestidores para comodidad de los jugadores.
Otros Donde está la cancha de la zona Tejada Alpacoma, ofrecen además cuatro canchas de wally, dos futbolines y hasta una guardería. En el de La Ceja ofrecen también una cancha de ráquet y próximamente habrá billar y mesas de ping pong.
Los recintos miden, por lo general, 28 metros de largo por 16 de ancho, y el material es importado desde Iquique (Chile), pero también es fabricado por empresas bolivianas. La inversión llega hasta 70.000 bolivianos.
“Es una cancha que nos gusta mucho. Está cerca de nuestra escuela y nos permite desestresarnos para luego trabajar y estudiar”, dice Ernesto Escalante, de 30 años, técnico medio de la Escuela Superior de Mecánica Automotriz, Simón Bolívar.
Escalante y diez de sus compañeros juegan en el Center Flora, ubicado en el patio de una casa de la calle Quintanilla, a dos cuadras de la Cruz Papal, de la zona 16 de Julio. Por fuera, no hay letreros o señalización que indiquen el recinto deportivo.
El técnico dice que prefiere ir con sus amigos a ese lugar porque queda a dos cuadras de su trabajo. Ellos juegan todos los martes desde las 13:00 a 14:00, “sacrificando el almuerzo”.
“Vimos que no hay muchas canchas públicas por la zona y en lugar de que los jóvenes se dediquen a beber es mejor que practiquen deporte”, dijo el dueño que no quiso identificarse, aunque contó que proviene de la provincia Ingavi.
Asegura no recordar el monto de la inversión, aunque “fueron miles de dólares”, y acota que cobra 50 bolivianos por hora. El recinto atiende de lunes a domingo de 8:00 a 22:00 horas.
Otro de estos recintos se encuentra en un edificio de la calle Fray Diego de Ocaña (zona Tejada Alpacoma, en el distrito 1). El dueño es José Mamani, de 29 años, quien invirtió cerca de 28.000 bolivianos en importar, desde Iquique, el césped sintético.
Cobra 30 bolivianos la hora en el día y 40 en la noche y hace dos meses se animó al negocio porque considera que es una buena opción para generar ingresos tomando en cuenta que no hay muchas canchas públicas por la zona.
El recinto deportivo, llamado Wally Doble R, está en la terraza de un edificio de cuatro pisos. Desde la cancha se tiene una vista panorámica de la zona y de la ciudad de La Paz.
Los que más van a jugar, dice la encargada Marina Mamani, de 30 años, son los alumnos de la Universidad Tecnológica Boliviana y los del colegio Holandés, ubicado a una cuadra del lugar.
“Se llena de vez en cuando ('). No tenemos mucha gente. Más vienen los fines de semana por la noche. Seguro es por la ubicación y porque somos nuevos”.
En La Ceja se construye uno de estos sitios. En la avenida Franco Valle, en la calle 5, entre abarrotes, cibercafés y bancos hay un edificio de cuatro niveles, donde en la planta baja funcionan varios librerías y jugueterías, y en el segundo piso hay una cancha de wally. En el último piso se instala la cancha de Grover Calle, de 54 años.
Cuando Página Siete estuvo en el lugar, el miércoles 11 de julio, Calle supervisaba la instalación del césped artificial de la cancha que está en el último piso.
“Esperamos que sea una buena inversión. Antes la cancha era de parquet, pero últimamente no nos estaba yendo bien y nos dimos cuenta que los jóvenes quieren comodidad y el pasto sintético es la respuesta”, comentó.
Cambiar el parquet por el césped le costó 70.000 bolivianos y cuenta que espera contar con la clientela que ante tenía y que eran desde banqueros hasta mecánicos, que por lo general iban al mediodía y en las noches, luego de la jornada laboral.
Cuando la cancha era de parquet, Calle cobraba 40 bolivianos la hora, pero duplicará el costo cuando esté listo el césped sintético.
Más detalles
Material El césped sintético es una cubierta de tela fabricada con plástico y materiales sintéticos. Utiliza el polietileno con fibras de más de cinco centímetros de largo, que se cosen en la tela recubierta y ésta se recubre con cuatro centímetros de arena y de caucho.
Comodidad Las tres canchas cuentan con su baño y vestidores para comodidad de los jugadores.
Otros Donde está la cancha de la zona Tejada Alpacoma, ofrecen además cuatro canchas de wally, dos futbolines y hasta una guardería. En el de La Ceja ofrecen también una cancha de ráquet y próximamente habrá billar y mesas de ping pong.
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