Loteadores dejan a 360 familias en la calle

Con llanto de impotencia al sentirse engañadas por una red de loteadores, Roberta Saca y Sabina Mita (foto principal) tuvieron que aceptar resignadas la orden de desalojo que dejó sin hogar ayer a más de 360 familias que habitaban desde hace 5 años, 20 hectáreas fundadas con el nombre de barrio Loma Grande. Mita echó a llorar con su hijo en la espalda cuando observó un inusual movimiento policial de más de 800 efectivos de distintas unidades ingresar en motos y camiones calle por calle advirtiéndoles a los vecinos que debían sacar sus cosas de valor y abandonar los terrenos. Debían hacerlo porque había una orden de desapoderamiento en su contra emanada por un tribunal de justicia interpuesta por la dueña de las 20 hectáreas loteadas, Ana María Gutiérrez Chávez. Niños, ancianos y adultos se vieron obligados a sacar sus catres, heladeras, camas, garrafas, televisores y otras cosas de valor a la intemperie. Quienes tenían algunos recursos económicos lo hicieron contratando camiones de mudanzas.

Quieren pagar por los terrenos. Muchas de las personas desalojadas de los predios loteados expresaron su voluntad de conciliar un pago justo con la propietaria de los terrenos. "Yo pagué por posesión 200 bolivianos y estuve a punto de que me reviertan mi terreno porque quienes lideraron las tomas querían que construya una casa de material", admitió David Céspedes, mecánico de profesión. A su lado, Arnoldo Limón Méndez contó ante el fiscal Álvaro Latorre, que en una ocasión fue objeto de agresión por quienes comandaban los loteamientos por el hecho de negarse a pagar un dinero supuestamente por las tierras asentadas.

Varios de los afectados admitieron saber que estaban asentados en terrenos ajenos pero querían llegar a un arreglo con la dueña de los terrenos. Esta intención de conciliación generó división en los vecinos aliados con los supuestos loteadores que amenazaban con desalojarlos por la fuerza si negociaban por su lado.

No hay acercamientos. La representante legal de los terrenos, Katiuska Quiroga, indicó que la propietaria no tenía ningún interés en negociar los predios y tan solo quería recuperar sus tierras tomadas por supuestos loteadores. Pero el drama es aún mayor ya que de las 360 familias afectadas, al menos 150 tienen construcciones de material e inversiones que hasta superan los 5 mil dólares, aunque la mayoría vivía en construcciones precarias de madera y calaminas, de acuerdo a lo observado en el desalojo.

Blanca Zambrana (65) asentada desde hace más de tres años dijo que su inversión supera los 6 mil dólares y que el terreno le fue traspasado por terceras personas que la ilusionaron con que tarde o temprano se llegaría a un arreglo. "No queremos vivir gratis, sabemos que los terrenos son ajenos pero queremos un precio justo. Tampoco nos pueden dejar en la calle", lamentó en medio de lágrimas.

En tanto, Marina Rodríguez Mamani (33) calificó de atropello la acción interpuesta por la propietaria al no querer ningún acercamiento con los asentados. "Cuando entramos todo era monte. Nosotros tramitamos el tendido eléctrico y el agua y ahora que hay servicios básicos nos quieren sacar como a perros. No es justo", reclamó airada por el desalojo.

Organización de loteadores. El fiscal Álvaro Latorre, en breve acercamiento con algunas personas asentadas en esos predios, les aclaró que como Ministerio Público no busca la detención de las personas que viven en los predios ajenos, pues a decir de la autoridad, fueron engañadas con falsas ilusiones, sino desarticular y detener a los cabecillas de la organización de loteadores. "Tenemos varias órdenes de aprehensión para tratar de ejecutarlas. Con esta acción queremos dar una muestra a la población que no se va a tolerar más loteamientos. Vamos a ir tras los cabecillas, entendemos y comprendemos a la gente que tiene la esperanza de tener un terreno", justificó el fiscal Latorre.

La autoridad indicó que dentro de la supuesta organización de loteadores hay una persona que guarda detención preventiva en la cárcel de Palmasola, identificado como Félix Vidaurre Maldonado, luego que durante un allanamiento a su domicilio se encontraron documentación, planos, minutas, sellos escaneados de directivas vecinales pasadas entre otras evidencias que lo incriminan como supuesto cabecilla. La Fiscalía lo imputó por los delitos de allanamiento, robo agravado, organización criminal por delitos ambientales, daño calificado y estafa agravada. Algunos vecinos afectados con el desalojo sindicaron como miembros de la organización a Tito M.C., Anabol M. Sandra N.N., entre otros implicados en los loteamientos.

La defensa. La defensa de las familias desalojadas, Enrique Aguilera, indicó que la orden de desalojo recién debía ejecutarse, si es que salía favorable a la propietaria el 1º de agosto porque la sentencia aún se encontraba en revisión del Tribunal Constitucional. "Hemos ido en persona a tratar de conciliar con la dueña de los terrenos pero ella nunca tuvo el interés de atendernos", alegó el abogado. Muchas de las personas desalojadas durmieron en la calle.

Lo que se vio en el desalojo

Inusual. Jefes de las unidades policiales como la Caminera, Tránsito, Interpol, Aticc, PAC, estuvieron toda la mañana plantoneados a la espera de la orden de desaolojo. Algunos cuestionaron que su presencia no era necesaria en el desalojo.

El Neptuno. Por primera vez el carro Neptuno (echa agua) llegó hasta un predio en desaolojo. Un jefe policial justificó su presencia en sentido que es para evitar el uso de químicos y de esta manera maltratar a las personas.

Sin Violencia. Varios de los asentados optaron por dejar pacíficamente sus viviendas y buscar cobijo en otros lugares. Se observaron bastantes camiones de mudanzas que sacaron sus cosas a fin de evitar enfrentamientos con los uniformados.

De rodillas. Francisca Pérez González (40) le pidió al fiscal Álvaro Latorre de rodillas dejar sin efecto su desalojo porque no tenía dónde más ir a vivir. La mujer vive hace dos años y pagó a terceras personas mil dólares.