Continúa la venta de terrenos en Aranjuez

Desde la aprobación de la Ley 031, denominada “Área Protegida Municipal Bosques de Aranjuez”, que entre otros aspectos prohíbe los asentamientos en ese lugar, los terrenos bajaron de precio y se estarían comercializando en cinco mil bolivianos, denunció el asesor legal del Comité de Defensa de la Propiedad Pública y Privada, Tamer Medina.

“Hemos conocido que hace cinco meses atrás los terrenos se vendían en ese lugar a un precio de diez mil a quince mil bolivianos, hace dos semanas atrás, antes de que salga la ley que declara como reserva el parque de Aranjuez, los terrenos han bajado a cinco mil bolivianos”, denunció.
Medina indicó que estos lotes son comercializados sin dar ni un papel sobre la propiedad de los mismos, ya que no los vendedores no cuentan con los documentos, por lo que lo único que estarían haciendo es engañar a las personas. “Aquí se ve a las claras cómo se busca engañar a la gente por parte de los dirigentes, de esa red mafiosa; entonces, la Alcaldía tiene que aplicar mano dura en relación a este tema y no puede pretender echarle la carga al Ministerio Público, porque la Fiscalía no tiene todavía un instrumento legal que le permita actuar efectivamente”, sostuvo.
Señaló que si bien con la aprobación de la ley se dio un paso para que la alcaldía asuma medidas, ésta no frena los asentamientos o avasallamientos de propiedades públicas y privadas. “La ley no expropia a los propietarios, es decir, no discute el derecho propietario de la zona de Aranjuez, simplemente establece una limitación de uso para no poder urbanizar o poder meter los servicios básicos y mantener las características de la zona como era antes; entonces, si esto es así, la Fiscalía va a tener problemas en intervenir, porque si este fuese un bien del Estado, tendría más facultades para intervenir, por el momento sigue siendo de privados, pero con uso limitado”, agregó.
En ese marco, indicó que a la Alcaldía lo único que le queda es acelerar los procesos administrativos de desalojo por construcción clandestina que lleguen no sólo a una resolución ejecutoriada vía administrativa, sino también en la vía judicial para proceder con el desalojo. “Es un paso, pero no es la solución definitiva, esperamos que los asentados no le exijan al alcalde los convenios que se han firmado”, apuntó.