El viceministro de Vivienda y Urbanismo, Bony Morales, anunció ayer que esa entidad estatal iniciará procesos legales en contra de beneficiarios del Plan de Vivienda Social que vendieron, alquilaron o entregaron en anticrético las casas que fueron dotadas en ese programa social.
"Vamos a seguir trabajando, hasta la última vivienda, logrando que se regularicen; si hay alguna familia, y como la hay, que todavía está usufructuando, está haciendo un mal uso de viviendas, están alquilando, vendiendo de forma fraudulenta o dando en anticrético, que se atengan a las consecuencias legales, pues vamos a iniciarles proceso”, advirtió.
Precisó que se identificaron varios casos en el municipio de Yacuiba (Tarija) y en la ciudad de Santa Cruz, donde algunas familias no están habitando las viviendas que les entregó el Estado. "Las familias no las habitan, no las ocupan, están abandonadas las viviendas, alquiladas o en el peor de los casos las han vendido, y eso es ilícito, porque es propiedad del Estado, no se logró todavía transferir las viviendas porque son a crédito, está en proceso de regularización”, recalcó.
En esa línea, exhortó a la población beneficiaria del programa de vivienda social que habite su vivienda y que no cometa esos ilícitos. Recomendó a la población que antes de adquirir una vivienda social debe obtener un certificado de Derechos Reales para dar constancia de que no tiene ningún bien inmueble.
"Hay otros filtros, como el de verificar en los lugares donde solicita y los vecinos, esto optimiza y evita que gente inescrupulosa le quiera sacar al Estado una vivienda y darla en alquiler”, añadió.
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