Algunos avasalladores optan por desalojar los predios voluntariamente

Ante la intensificación del trabajo del Comité Interinstitucional conformado para frenar los avasallamientos en el departamento de Santa Cruz, los afectados advierten que algunos de sus invasores están desalojando sus predios de manera voluntaria
Tras la firma de este acuerdo se logró desalojar cerca de 40 predios privados que fueron objeto de avasallamiento y tráfico de tierras en el sector urbano.
Aunque algunos grupos de toma tierras mostraron algún tipo de resistencia, finalmente los propietarios pudieron recuperar sus predios para reactivarlos económicamente.
“Tenemos información de que muchos de los avasalladores decidieron desalojar los predios afectados para evitar ser expulsados a través de los operativos”, manifestó Alberto Gutiérrez dirigente de la Cámara Departamental de la Pequeña Industria y Artesania (Cadepia).
Del mismo modo informó que muchos de los avasalladores están en busca de negociar su retirada.
Explicó que algunos pequeños empresarios lograron conciliar con los avasalladores.
Los operativos de desalojos son acompañados con acciones concretas en cuanto a la captura de algunos cabecillas de avasallamiento.
Medidas que de alguna forman intimidan a algunos invasores o por lo menos eso lo demuestran los requerimientos para los desapoderamientos.
“En mi predio, por ejemplo, a un principio se requerían 400 efectivos para desalojar a los invasores, ahora solo se necesita 250. Ello evidenciaría que hay una movilización voluntaria de los avasalladores o de las familias estafadas para dejar los predios”, acotó Alberto Gómez Clementelli, dirigente de los afectados del sector urbano.
En ese marco, los afectados advierten que la incidencia del delito en ese departamento baja considerablemente.
“Por fin se están mostrando acciones claras para frenar este flagelo, ahora después de mucho tiempo se puede decir que las autoridades están luchando en contra del avasallamiento”, manifestó Germán Valdivieso, afectado del barrio Libertad.

POLÍTICAS CLARAS
El presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera, como muchas otras autoridades del Gobierno manifestaron abiertamente su rechazo al avasallamiento y al tráfico de tierras.
Muestra de ello es la promulgación de la Ley 477, norma que incorpora el delito en el Código de Procedimiento Penal, otorgando una pena de hasta ocho años de cárcel para las personas que promuevan el delito.