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viernes, 3 de julio de 2015
Inmobiliarias en emergencia tras aviso de intervención de Alcaldía
Luego del anuncio de una intervención regulatoria por parte de la Alcaldía de Cercado a las inmobiliarias, éstas se reunieron y optaron por declararse en emergencia, solicitando una audiencia con el alcalde Rodrigo Paz en el afán de llegar a un consenso.
Ariel Calizaya Ocampo, propietario de la inmobiliaria “Bienes y Raíces Alta Vida” informó que en la última reunión del sector se elaboró un voto resolutivo que considera un atropello a su sector el anuncio del secretario de Medio Ambiente y Gestión Territorial, Álvaro Orozco.
Aseguran que éstas no venden lotes que no tengan papeles en orden, pero que además coadyuvan con la gente de bajos recursos en su afán por satisfacer la necesidad de contar con un techo propio. A esto, expresó que más allá de quién compra o quién vende, como sector consideran que todos tienen derecho a una propiedad.
Calizaya afirmó que las inmobiliarias cumplen los requisitos estipulados, cuentan con NIT, licencia de funcionamiento, y además generan fuentes de empleo. Por otra parte, dijo que ofrecen predios de manera legal y advirtió que no se les notificó sobre intervenciones de parte del Municipio.
Asegura que todos los terrenos que se venden cuentan con títulos y documentos privados de compra y venta en conformidad de las partes.
Por todo esto, el dirigente del sector lamentó este accionar y dijo que este anuncio ya está generando perjuicios económicos al sector, pues expresó que se está generalizando y tratando a los miembros de su gremio como urbanizadores clandestinos. Dijo que el voto resolutivo hace referencia a este punto y que para dejar claro a las autoridades municipales, rechazan cualquier tipo de inversión sin seguir los pasos procedimentales establecidos por ley.
El otrora representante de las inmobiliarias, Manuel Segovia, remarcó que el voto resolutivo está firmado por todos los representantes de las inmobiliarias, aunque dijo también que no se tiene un registro de cuántas existen exactamente.
Por todo esto, invitaron a los propietarios a sumarse para hacer prevalecer sus derechos, y pidió públicamente una audiencia al alcalde Rodrigo Paz para llegar a un consenso, ya que reconoció que se encuentran preocupados por las inversiones realizadas.
Sobre el tema, el Director de Ordenamiento Territorial, Horacio Rodríguez, explicó que la determinación pasa porque para la venta de un terreno se precisa de una aprobación técnica para regularizar un plano de fraccionamiento, lo que permite individualizar un lote, y a partir de ello se tiene la vía libre para realizar el registro en Derechos Reales.
Sin embargo, señaló que algunas inmobiliarias y personas proceden a la venta de terrenos sin tener la documentación, lo que causa un perjuicio al Municipio y a la población, ya que no se ceden las áreas verdes ni de equipamiento.
El inconveniente al comprar este tipo de lotes, según refirió, es que los compradores no van a poder registrar el terreno a futuro, convirtiéndose en un problema el hecho de registrarlo y así hacerlo valer en caso de que terceros aleguen derecho sobre el predio.
El 29 de junio se emitió una resolución administrativa con el que se notificó a todas las inmobiliarias de la ciudad de Tarija para que presenten su documentación legal y acrediten que los lotes que están transfiriendo cuentan con los planos aprobados, de no ser así, Rodríguez anunció que se aplicará la normativa vigente, suspendiendo los códigos catastrales de esos inmuebles y aplicando las multas que establece para estos casos el plan municipal.
Municipio desplegará operativos de notificación
El Municipio prevé desplegar los operativos para notificar a los propietarios de las inmobiliarias con la finalidad de que estos realicen sus descargos correspondientes. Rodríguez remarcó que es de conocimiento público que existen muchos casos relacionados a la venta de este tipo de terrenos, que derivaron en estafas múltiples. Afirman que si bien la Constitución garantiza el derecho al trabajo, éste debe estar enmarcado dentro del interés colectivo y la legalidad.
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