Una cadena delincuencial que involucra a algunos agentes inmobiliarios, que operan sin regulación, y clanes de estafadores están tras los “ahorros de toda una vida” de las familias que buscan una vivienda provisional en anticrético en Cochabamba. Éstos urden tramas para apoderarse de ese dinero.
Considerando que en el país hay al menos 250 mil familias que no tienen casa, el anticrético es, entre todas las opciones de “techo provisional”, el más demandado, pero a la vez el más riesgoso.
Solo en el último trimestre de 2015 (octubre, noviembre y diciembre), falsos arrendadores timaron más de medio millón de bolivianos en Cochabamba, según un reporte del director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel Freddy Fernández.
La autoridad policial detalló que esa ingente cantidad de dinero está vinculada solamente a cinco casos.
Uno de los más graves le sucedió el 19 de diciembre de 2015 a una persona que pretendía tomar en anticrético un departamento ubicado en la zona de Queru Queru (norte).
La víctima perdió más de 198 mil bolivianos, informaron desde la FELCC.
Las estafas perpetradas en los últimos tres meses de 2015 en el departamento no solo tienen que ver con propiedades privadas, sino también comerciales.
Una persona que pretendía tomar en anticrético una tienda ubicada en la zona sur, entregó 35 mil bolivianos al supuesto dueño, pero jamás le devolvió su capital.
DETENCIONES
En los cinco casos, el personal de la FELCC detuvo a las personas implicadas en las estafas, pero ninguna de las víctimas recuperó su dinero.
MODUS OPERANDI
“Solo una persona que no tiene casa puede entender la desesperación que se siente cuando se está cumpliendo el plazo de un anticrético y no puedes encontrar otro”, explicó una víctima a la que le timaron “solo” dos mil dólares en la zona del Servicio Nacional de Caminos, avenida Villazón.
Esta desesperación a la que hace referencia la mujer, que prefirió guardar su identidad en reserva, es la que aprovechan los delincuentes, de acuerdo con los modus operandi descritos por la FELCC.
Según el coronel Fernández, la mayoría de los estafadores tiene un modo de operar similar.
En principio, el timador toma en alquiler una propiedad y, luego de ganarse la confianza del propietario, accede a una copia de su título propietario.
Posteriormente, el antisocial falsifica esa documentación -sobreponiendo nombres, cambiando número de identificación personal, entre otros aspectos, e inicia la estafa.
Generalmente, estos delincuentes captan a sus víctimas a través de los medios de comunicación escritos, en los que publican datos generales de la vivienda y solo un número de celular como referencia. Cuando las víctimas se contactan, el estafador se hace pasar por el propietario de la casa y las invita a conocerla.
El delincuente pasea a sus víctimas por la propiedad y “los hace sentir como en casa”, describió el abogado Iver León.
Entre toda la tramoya que arma el estafador, el golpe de gracia generalmente viene al final, cuando éste condiciona a su víctima.
Finge que hay muchos interesados en la propiedad y convence a la víctima de dejar un adelanto para ya no ofrecerla más. Según el coronel Fernández, la mayoría cede.
Otros delincuentes, aún más expertos, prolongan la ocupación de la vivienda y, entre tanto, piden a la víctima más adelantos económicos e incluso la cancelación del monto total del anticrético.
Una vez que el supuesto dueño logra su objetivo, huye con el dinero. Cuando la víctima intenta contactarlo, éste cambia el chip de su celular.
“Un número de celular no es garantía”, observó el gerente de Faros S.A. y presidente de la Cámara de Empresas de Bienes Raíces de Cochabamba (Cebirac), Jhonny Flores.
PROCESO ADECUADO
Este “trágico final” puede evitarse, según Flores, siempre y cuando los anticresistas -los que adquieren temporalmente el derecho sobre una propiedad a cambio de un monto económico- se enmarquen en la norma.
Y es que detrás de casi todas las estafas de anticresis, “hay un anticresista negligente”, acotó León.
Flores informó que hay un proceso para hacer un contrato de anticrético enmarcado en la norma.
Ejecutarlo implica inversión de tiempo y dinero, pero “es indispensable”, considerando que los ahorros de la familia están en juego.
Entre otras cosas, el anticresista debe contratar un abogado, acudir a un notario de fe pública y finalmente a Derechos Reales (San Martín, entre Jordán y Sucre).
Al finalizar el proceso, pagará un impuesto trimestral o anual por el contrato de anticrético.
Sin embargo, se puede sustituir ese pago, descargando facturas. Para ello se hace un último trámite en el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).
Desde el punto de vista de Flores, en Bolivia la gente debe acostumbrarse a realizar trámites y dejar de evadirlos.
En última instancia, los arrendatarios que por razones de fuerza mayor no tienen la posibilidad de ejecutar el proceso, pueden contratar los servicios de alguna de las 18 agencias de bienes y raíces establecidas legalmente en Cochabamba.
Para Cebirac, contratar a una agencia de bienes raíces es una especie de candado en medio de un mercado inmobiliario aún no regulado.
CLANES
Flores advirtió que detrás de las estafas hay gente peligrosa y, en algunos casos, organizada.
Los últimos casos de estafa, sucedidos en Cochabamba, involucran a media decena de antisociales que operaban de forma individual. Los cinco están recluidos.
Sin embargo, la cantidad de dinero que timaron en tres meses en Cochabamba es comparable con la cantidad que logran los clanes que operan durante años en otros departamentos del país.
Un clan está integrado por un grupo de personas unidas bajo un mismo fin, estafar. Es decir, si por lo menos hay dos personas involucradas, ya existe esta figura.
La mayoría de estos grupos actúa en La Paz y uno de los últimos que la Policía desarticuló es el clan El Doffini, que estafó a más de 100 personas.
El clan El Doffini tiene 70 casos abiertos en la Fiscalía de ese departamento, pero al menos un centenar de víctimas en su lista, según la Policía.
Un reporte del periódico La Razón indica que El Doffini es el alias de Justo René M.D., un hombre de 60 años que, en complicidad con su esposa Janneth Amalia M.V. y sus hijos, timó entre dos mil y tres mil dólares a más de 100 personas.
El dinero que la familia reunió a lo largo de los más de 15 años que operaron, les permitió -entre otras cosas- hacer construir la casa que era ofrecida a sus víctimas.
El clan El Doffini ofrecía en anticrético un departamento en una casa de tres niveles.
Luego de pedir adelantos económicos, e incluso cancelaciones totales a sus víctimas, Justo René M.D. apagaba su celular o cambiaba el número de referencia que había dado.
Lo más grave es que cuando las víctimas se dirigían personalmente a la vivienda, la familia se organizaba para agredirlas físicamente.
Solo el cabecilla del clan, Justo René M.D., fue aprehendido en septiembre de 2014, cuando caminaba por la calle cubriéndose el rostro, tras ser reconocido por una de sus víctimas.
Todos los cómplices están prófugos.
PADRE E HIJOS
Otro clan que se desarticuló en La Paz, pero cuyos integrantes, en su mayoría, huyeron a Cochabamba, estafó a más de 28 personas.
El monto económico que tomaron a los anticresistas superó los 500 mil bolivianos.
La cabecilla es una mujer llamada Juana Salazar que, sin ser propietaria de un inmueble, lo ofrecía en anticrético, a través de anuncios en casas comerciales de El Alto.
Juana actuaba en complicidad con sus hijos.
Al igual que en el anterior caso, algunos de los integrantes del clan fueron atrapados por sus propias víctimas.
RECUPERACIÓN
A ninguna de las víctimas en Cochabamba les repusieron la totalidad del dinero estafado, informó el coronel Fernández.
“Como son montos altos, es difícil de conseguir para reponer”.
Sin embargo, aclaró que los estafadores no solo deben cumplir una sentencia penal sino también resarcir el daño civil.
Dentro de lo último está contemplada la devolución del monto económico timado a la víctima.
Es decir, el estafador sí o sí debe devolver el dinero a la víctima, aunque esto implica mucho tiempo, reconoció el jefe policial.
RECOMENDACIÓN
Para evitar una estafa, Fernández llamó a la gente a desconfiar.
Su recomendación coincidió con la de la presidenta del Colegio de Notarios de Cochabamba, Orieta Alba, quien aconsejó sospechar incluso de los carnets de identidad de los arrendadores.
Hay gente que usurpa identidades para cometer sus fechorías indicó.
Ella evidenció un caso en el que reemplazaron la fotografía de un carnet.
Sin embargo, para comprobar situaciones como ésta es necesario solicitar respaldo al Servicio General de Identificación Personal (SEGIP).
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