En 2010, el Comité Pro-Cárcel vendió este terreno, de cerca de 7 mil metros cuadrados, por fracciones a 77 dólares, cuando el precio en la zona era superior a 200 dólares. Por este hecho, 11 de sus miembros son procesados y acusados de uso indebido de influencias, legitimación de ganancias ilícitas y otros.
La Fiscalía, dentro del proceso, solicitó la anotación preventiva de los 13 lotes, pero algunos de los compradores que ya tienen construcciones solicitaron la cancelación de esta medida.
Marina Vásquez Ureña, vecina del lugar, recordó que estos terrenos son patrimonio del Estado y se encuentran en litigio por lo que deben defenderse.
“Esta última construcción tiene planos aprobados por la Alcaldía para una casa de dos pisos, pero se ha avanzado a un tercer piso, eso es irregular”.
La alerta la dio Vásquez Ureña de manera verbal y por carta desde diciembre del año pasado a la Comuna Molle, la Subalcaldía, Alcaldía, la Dirección de Transparencia y la Fiscalía.
El 7 de enero hubo una inspección en el lugar y recién este sábado, a dos meses de la denuncia, personal del municipio colocó un adhesivo, donde señala que la construcción está fuera de norma y pide suspender obras.
LA SITUACIÓN En el 40 por ciento del terreno existen construcciones de viviendas, edificios y un local comercial de venta de vehículos.
El secretario interino de Servicios al Ciudadano del municipio, Sergio Coca, informó que se hizo una solicitud al juez para mantener la medida precautoria y restringir el uso de estos lotes que son un bien público y no así privado.
“El juez cautelar debe imponer la medida en resguardo de los bienes de propiedad del Estado”.
A siete años de descubrirse estas irregularidades y el inicio del proceso, la retardación de justicia y los incidentes presentados por las partes evitan llegar al juicio oral.
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