sábado, 20 de septiembre de 2014

Avanza el desalojo de diez predios tomados

El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y el Comando de la Policía, en coordinación con el Ministerio Público, comenzaron a restituir el derecho propietario y a brindar seguridad jurídica en dos de diez predios con actividad agrícola y pecuaria que fueron tomados ilegalmente por grupos organizados en áreas urbana y rural del departamento.

De forma conjunta, el jueves ejecutaron el desalojo de unas 200 personas que tomaron posesión ilegal de 40.000 hectáreas en producción en Limoncito, distante 15 km al norte de la capital cruceña. En el operativo se aprehendió a 30 personas y se decomisó 12 motocicletas y objetos cortantes que utilizaban los tomatierras para intimidar a trabajadores y propietarios de los predios afectados.

Ayer, la Policía, el INRA y la Fiscalía ejecutaron el desalojo pacífico de 50 familias que hace tres años tomaron posesión ilegal en La Sama, una propiedad lechera de 200 hectáreas que está ubicada en el municipio de Porongo. La propiedad pertenece a Carmen Beatriz Leigue de Parada y a Jaime Alberto Parada.

Precisamente en esta intervención, el director departamental del INRA, César Córdova, indicó que el desalojo fue elresultado de medidas precautorias dispuestas por la institución que preside, hasta que se dicte una resolución final de saneamiento o titulación del predio afectado. Desveló que Limoncito y La Sama están en proceso de saneamiento.

De igual forma, dijo que hay un ‘paquete’ que dispone el desalojo en diez predios con actividad agropecuaria en municipios de las provincias Andrés Ibáñez y Ñuflo de Chávez. Enfatizó que en cumplimiento de una orden superior en las proximas horas la Fiscalía y la Policía deben dejar libres de tomatierras estos predios.

A su turno, el comandante departamental de la Policía, Johnny Requena, que encabezó el operativo, indicó que hay un cronograma que incluye una lista de ocho predios, descontando Limoncito y La Sama, donde se debe ejecutar el desalojo de los intrusos.

El jefe policial dio cuenta de que el abandono de las 50 familias en La Sama fue pacífico. Con una pala mecánica se demolió las viviendas construidas por los tomatierras.

A tiempo de cargar sus pertenencias, uno de estos refirió que fueron estafados por personas que se presentaron como representantes del Sindicato Agrario Los Tigres -prefirió no dar nombres- a las que entregaron dinero por la compra de extensiones de tierra.

Un joven indicó que su familia compró siete lotes y 10 hectáreas, por un valor de $us 10.500 y 20.000, respectivamente. En la construcción de viviendas y en infraestructura para la reproducción de cerdos y en la siembra de 500 plantas de café dijo que su familia invirtió unos $us 60.000 en La Sama. Se declaró afectado por el desalojo.

Representantes de organizaciones que reúnen a víctimas de predios ocupados ilegalmente que estuvieron en el desalojo de La Sama destacaron la firmeza con la que el Gobierno, la Fiscalía, el INRA y la Policía vienen actuando para hacer respetar el estado de derecho y la seguridad jurídica de la propiedad privada.



El desalojo en el norte

En Limoncito retorna la calma, con lo cual los empresarios que resultaron víctimas de los tomatierras ayer comenzaron a rehabilitar las vías de acceso que vinculan con los predios y que resultaron deterioradas.

Expusieron también que comenzaron a aplicar herbicidas a los cultivos de soya, constatándose la cosecha ilegal por parte de los intrusos de 150 hectáreas de maíz -en choclo- que, de acuerdo con cálculos, representa una pérdida de $us 135.000.

Audiencia en Montero

Luego de tres horas de escuchar a los 31 aprehendidos el jueves en la propiedad San José de la comunidad Limoncito, al representante del Ministerio Público, Raúl Vaca y al propietario de los terrenos, José Luis Roca y a su abogado, el juez Mixto de Minero René Blanco, determinó la detención de 26 personas en el Centro de Rehabilitación Productiva de Montero y a los otros cinco les dio medidas sustitutivas como la presentación de garantes solventes y arraigo entre otras.

La audiencia se realizó en el Comando Policial de Montero, donde más de la mitad de los detenidos dijo haber llegado de Cochabamba y haber sido engañado

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