El coordinador general del Programa de Vivienda Social y Solidaria (PVS), Alfonso Parrado, informó que el Gobierno sigue procesos penales a 39 empresas constructoras por mala edificación y estafa en la ejecución de proyectos que afectan a 5 mil viviendas.
“Son alrededor de 39 empresas las que tienen procesos, por ejemplo está el grupo del señor Jorge Iriarte, está la empresa del arquitecto Samuel Pareja, del licenciado Jorge Iturralde, son algunas de las empresas (…). En torno a la mala construcción son alrededor de 1.500 a 1.800 viviendas y sobre incumplimiento de contratos son los restantes que afectan en total a unas 5.000 viviendas”, señaló el funcionario.
Parrado citó entre algunos proyectos afectados al realizado en Amachuma, en El Alto, por la mala calidad de las casas, y la destrucción de 155 viviendas en el departamento de Santa Cruz por conflicto entre municipios.
Lamentó la lentitud del Órgano Judicial, porque a más de cinco años de iniciados algunos procesos hasta el momento no emitió ni un solo fallo.
“Son diferentes los avances (de los juicios), pero en todos los casos son muy lentos. Hay casos en que han hecho imputación formal, como a la empresa del arquitecto Hurtado, pero es demasiado lento el avance”, deploró.
Agregó que los procesos continuarán este año por lo cual esperan contar con el apoyo del Sistema Judicial “para poder sancionar a esas personas que han pretendido apropiarse de recursos del Estado”.
El funcionario no pudo especificar a cuánto asciende el daño al Estado por las cinco mil viviendas afectadas. “Los recursos no los tengo en mente en este momento”, dijo.
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