jueves, 5 de febrero de 2015

Dueños solicitan desalojos Aún existen 62 propiedades avasalladas en Santa Cruz

En Santa Cruz continúan avasalladas 62 propiedades tanto en las zonas urbanas como rurales. Sus propietarios demandan celeridad a la Policía departamental, para dar cumplimiento a las más de veinte órdenes de desalojo o desocupación inmediata que el Ministerio Público libró el año pasado.

Propiedades amenazadas. Alberto Gómez, presidente de la Asociación de Predios Urbanos Avasallados (APUA), manifestó que en el departamento existen 42 propiedades urbanas avasalladas por algunas personas que en su momento fueron ligados a la red de tomatierras de Mario Horacio Gil, que actualmente se encuentra detenido en Palmasola.

"El 70% de las zonas que comprende la ciudad de Santa Cruz, presenta problemas de avasallamiento de lotes o urbanizaciones completas", dijo Gómez al momento de manifestar su malestar debido a que existen 20 órdenes de desalojo de propiedades urbanas que hasta la fecha no se han cumplido y los terrenos continúan en manos de avasalladores.

Por su parte, Wálter Ruiz, presidente de la Asociación de Predios Productivos Agropecuarios Avasallados (Asppa), explicó que dentro del sector productor aún existen 20 predios agropecuarios que están tomados por avasalladores y que todavía no se ha cumplido la orden de desapoderamiento de cuatro predios que fue librado el año pasado.

"Aun existen 12 predios pecuarios y ocho agrícolas con conflicto de avasallamiento. Estas propiedades productivas se encuentran en las zonas de Andrés Ibáñez, Guarayos, Yapacaní y Montero, entre otros lugares", detalló Ruiz explicando que en este sector los desalojos avanzaron notoriamente, toda vez que durante las gestiones 2013 y 2014 existían 172 predios tomados por grupos irregulares, pero a pesar de esto pretenden que se avance con mayor celeridad en los desalojos.

Estarán en la cumbre. Ruiz también dio a conocer que como productores tendrán su representación durante la Cumbre "Sembrando Bolivia", donde solicitarán al Gobierno fortalecer la seguridad jurídica en el país.

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