Los propietarios de los terrenos esperan una orden judicial para desalojarlos.
El Movimiento Sin Techo El Alto (MOTE El Alto) reiteró que continuará con la toma de propiedades a las que considera "sin uso social", para lo que decidieron crear una comisión que identificará los predios en las ciudades de La Paz y El Alto.
El Movimiento retomó vigencia la pasada semana cuando un grupo encabezado por Abdón Pérez Mamani tomó 24 hectáreas en la zona Chijini Alto (frente a la zona Franca) propiedad de la empresa Abendroth Internacional Ceisa.
El lunes 27 de agosto, esta agrupación también ingresó a la propiedad de la familia Vásquez y declaró 21 mil metros cuadrados como de "uso social para viviendas".
Comisión e invitación. Según Abdón Pérez, sus acciones están amparadas por la Constitución Política del Estado y la Ley de Regularización de Propiedad Urbana.
"Invitamos a todas las familias sin techo a que se unan a nuestra acción, y que avisen a nuestros compañeros de todos los terrenos que no tengan uso social, que estén así abandonados, que no estén pagados sus impuestos, para que comiencen a tener una utilidad social". El líder de este grupo indicó también que "hay una comisión para comenzar a recibir las denuncias de terrenos sin uso social y después verificar su condición, tomarlos". Puntualizó que su acción no se limitará a la ciudad de El Alto, por "hay muchas familias sin techo en la ciudad de La Paz".
Los afectados por estas tomas de tierras presentaron sus denuncias ante el Ministerio Público y esperan el requerimiento fiscal para proceder a su desalojo.
El viceministro de Régimen interior, Jorge Pérez dijo que espera un informe oficial sobre el caso.
La Ley de regularización del Derecho Propietario comienza su primera etapa en la primera semana de septiembre con la preinscripción de las personas que quieran acogerse a la norma, informó el presidente de la Confederación de Juntas de Vecinos de Bolivia, Efraín Chambi.
Según el dirigente, la Ley de Regularización sólo beneficia las personas que vivan en un predio cinco años antes de la promulgación de la norma y no reconoce a las personas que tengan prenda, arrendamiento, comodato, anticresis, ni pueden ser beneficiarias tampoco las que tengan condición de guardianes, vigilantes y depositarios.
65 por ciento de la propiedad en Bolivia no tiene su derecho propietario regularizado, según la Conaljuve.
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