Constructoras demandan seguridad jurídica en contratos con el Estado

La ejecución discrecional de boletas de garantía a las empresas constructoras privadas se convierte en un factor de riesgo al momento de decidir si se presentarán a las licitaciones estatales debido a la falta de seguridad jurídica, ya que pone en riesgo sus capitales, dijo el expresidente de la Cámara Boliviana de la Construcción, Iván Bustillos.

El 6 de agosto, el Presidente Evo Morales resaltó el hecho de que muy pocas empresas bolivianas se presentan para ejecutar obras de 40 a 50 millones de dólares.

El exrepresentante de los constructores explicó que la aplicación y ejecución de manera indiscriminada de las boletas de garantía, por parte de las entidades contratistas desalientan las inversiones y la presentación de empresas nacionales a las licitaciones.

“Lamentablemente no hay seguridad jurídica y las empresas constructoras no se pueden poner en riesgo al asumir responsabilidades que después cuando pasa el tiempo recaen solo en la empresa constructora que ejecuto obras con el Estado”, dijo.

Muchas de las obras que se ejecutan en el país se las hace a través de licitaciones públicas a las que se presentan las empresas, empero la forma discrecional con la que se ejecutan las boletas de garantía, desalientan a los empresarios a asumir riesgos, en obras de construcción para el Estado.

Bustillos recordó al Gobierno que durante estos últimos seis años, más de 20 empresas constructoras de caminos y otras que están en otros rubros como la minería o la industria textil, quebraron por la aplicación de las boletas de garantía o la falta de aplicación de políticas de fomento o nuevos mercados.

“Un cheque en blanco que se da y cualquier funcionario público puede ejecutarlo, cobrárselo y dejar en una total indefensión a las empresas constructoras”, dijo.

La Cámara Boliviana de la Construcción expresó su predisposición a discutir la normativa de contratación de obras públicas, con el objeto de lograr mayor seguridad jurídica, transparencia, eficiencia y ecuanimidad (social, económica y legal) en los procesos.

Existe la necesidad primordial de implementar un mecanismo de reajuste de precios que permita reponer el equilibrio de la ecuación económico-financiera de los proyectos, según los constructores.

Se requiere incluir en los procesos de adjudicación de obras públicas con financiamiento internacional, la participación de un 50% de empresas nacionales que permita la nacionalización de las obras.

En el tema del Plan de Vivienda Social, los constructores solicitan se incluya la dotación de servicios básicos y se coadyuve con la adquisición del terreno, además de dinamizar los procesos de adjudicación y administración de las obras.