Después de 14 años de juicio en contra de uno de los interventores de la Financiera Integral de Servicios Arévalo (Finsa), ayer, los adjudicatarios de los terrenos de Esmeralda Norte II procedieron, junto con la Alcaldía de Sacaba, a demoler más de 30 viviendas presuntamente ilegales.
En medio de llanto, forcejeos y amagues de enfrentamiento, la maquinaria pesada del municipio de Sacaba derribó una a una las viviendas de las personas asentadas desde hace más de 10 años, que aseguran haber cumplido con los depósitos que les exigió el interventor de Finsa, a quien identificaron como Andrés Lora.
Según los adjudicatarios los asentados fueron estafados por el interventor, quien, luego de la quiebra de Finsa, les ofreció los terrenos en compensación a cambio de un pago extra. Sin embargo, los terrenos nunca pertenecieron a la financiera; sino a los maestros urbanos y rurales, que ahora comenzaron a tomar posesión de los terrenos cubiertos de escombros.
Los asentados, que en muchos casos consolidaron casas con servicios básicos, dijeron que Andrés Lora les entregó los terrenos con la condición que de un día para otro construyan. Una vez que la casa estaba levantada les pedía anticipos por la venta y les aseguraba que pronto les iba a entregar la minuta de venta; pero, después de 14 años nunca vieron los documentos. Ayer, todos los que no alcanzaron a conciliar la compra del terreno con los maestros fueron desalojados, junto a sus hijos y nietos.
El operativo dejó a decenas de familias en la calle. Los adjudicatarios que aseguran haber comprado los terrenos hace más de 14 años llegaron al barrio, donde las viviendas ilegales se encontraban consolidadas, con la maquinaria de la Alcaldía de Sacaba, un contingente policial y estibadores, para proceder al desalojo, amparados en una sentencia ejecutoriada.
Los asentados reaccionaron con violencia y se aferraron a las construcciones intentando evitar que sean demolidas con palos.
Sin embargo, luego de una intensa gasificación, la maquinaria comenzó a derribar los enormes muros de ladrillo de la casa y luego las habitaciones y demás dependencias.
Las familias expulsadas salvaron lo que pudieron: camas, sillas, roperos, equipos electrónicos, ropa y vajilla. Todas las pertenencias fueron acumuladas en las calles. Los desalojados se quejaron porque no fueron notificados con anticipación y tampoco se les exhibió una orden judicial para la demolición de sus viviendas y pedían un día más para buscar a dónde irse. No obstante, los representantes de los adjudicatarios señalaron que durante años intentaron conciliar con los asentados la venta de los terrenos, pero siempre fueron echados con palos y dinamitas.
Buscan al interventor de la financiera
El interventor de Finsa, Andrés Lora, no pudo ser ubicado ayer durante el operativo. Los asentados, que lo buscaban intensamente para que frene el desalojo, dijeron que se encontraba en el Chapare. Sin embargo, las familias que se quedaron en la calle anunciaron con iniciar un proceso por estafa, pues afirmaron haber pagado hasta 30.000 dólares por los terrenos. También pidieron la intervención del Ministerio de Transparencia para conocer qué ha sido de los bienes recuperados de la desaparecida Finsa.
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