Centenares de avasalladores de terrenos de las zonas periféricas de la ciudad efectuaron ayer una manifestación y el bloqueo de calles, alrededor del edificio del Palacio de Justicia, para protestar contra los juicios que fueron abiertos en su contra y exigen la modificación de la Ley 247, para la regularización de su derecho propietario.
El dirigente del Movimiento Sin Techo, Luis Alegría, dijo que los vecinos “se han asentado en forma pacífica en diferentes zonas de la ciudad, pero por ese motivo, ahora nos han iniciado procesos judiciales en contra, sin darnos la posibilidad de lograr el derecho propietario”.
Otro dirigente, Valentín Colquehuanca, dijo que los terrenos “no son de propiedad de la familia Urquidi, sino del Estado y, por ese motivo, los vecinos están exigiendo el cambio del sistema judicial, para que con nuevas leyes se pueda asegurar la vivienda de miles de familias que se asentaron en las zonas periféricas”.
Pidió que los procesos iniciados para obtener la inscripción en Derechos Reales, se efectúe en forma acelerada, para terminar el calvario que están viviendo las familias, porque sin documentos, nadie puede garantizar su derecho propietario, después de nueve años de asentamientos.
El propietario de los terrenos, Enrique Urquidi, dijo que la movilización “fue protagonizada por los avasalladores de terrenos que, sin respetar el derecho propietario de mi familia, se han asentado violentamente, tratando de engañar a los vecinos y promover el enriquecimiento ilícito de algunos dirigentes que ahora quieren seguir recibiendo dinero por esos terrenos”.
La marcha se efectuó por diferentes calles de la ciudad y, después de dar una vuelta la plaza 10 de Febrero, utilizando petardos, llegaron hasta las puertas del edificio del Tribunal Departamental Electoral, para bloquear las calles y exigir, a través de los parlantes, el cambio total de los jueces y vocales y la transformación de la justicia.
Urquidi explicó que los avasalladores “quieren legalizar algo que no se puede legalizar, es decir, quieren el cambio de la Ley 247, porque no pueden legalizar sus documentos, porque a esos terrenos ingresaron violentamente, utilizando la fuerza, dinamitas, petardos, victimando a los verdaderos adjudicatarios, golpeando a niñas y niños y destruyendo paredes de los vecinos”.
Según los manifestantes, “el sistema judicial no funciona en Oruro, porque muchos procesos de regularización de terrenos fueron rechazados, porque no cumplían los requisitos establecidos por la Ley 247, que dispone la citación de los propietarios reales y su versión de una tenencia pacífica de los terrenos”.
Enrique Urquidi dijo que, hay una posibilidad de llegar a un acuerdo con los vecinos que viven en los terrenos, siempre que se respete la planimetría y que no intervengan los dirigentes, porque “éstos simplemente se están aprovechando de la gente pobre, para enriquecerse, cobrando gran cantidad de dinero, incluso por marchas, reuniones, asambleas y otras acciones delincuenciales”.
“Nosotros hemos demostrado el derecho propietario y se debe respetar la ley”, dijo.
El Palacio de Justicia fue resguardado por decenas de policías, para impedir el ingreso de los avasalladores de terrenos.
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