lunes, 18 de marzo de 2013

La ley amplía créditos para vivienda de ‘interés social’

El Gobierno regulará las tasas de interés para los créditos de vivienda y productivo. El ministro de Economía, Luis Arce, oficializó ayer que la nueva ley de servicios financieros que remplazará a la Ley de Bancos fijará las tasas de interés para que sean más bajas y viabilicen principalmente el acceso a la vivienda de ‘interés social’ con montos de hasta $us 120.000. En la actualidad, el límite máximo es de $us 30.000.

Además enfatiza que la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI) definirá el grado de crecimiento y expansión del sistema y anuncia la figura del leasing financiero en remplazo de las garantías que imponen los bancos para acceder a los créditos de vivienda y maquinaria.

“Nuestra propuesta es regular las tasas de interés (vía decreto supremo) fundamentalmente de los sectores de vivienda y el productivo, porque cuando uno va a los bancos a pedir un préstamo ellos le piden de garantía una casa; entonces, hemos abierto otras garantías para que los productores accedan a créditos a tasas y plazos que van a ser establecidos por el Gobierno”, dijo Arce.

Según el ministro, cada vez más gente sale de la pobreza y va a formar parte de la clase media, por lo cual debe resolverse este problema. La norma también permitirá que los usuarios puedan acceder a la figura del leasing financiero, en lugar de las garantías impuestas por las entidades.

Aclaró que en esta operación el usuario hace un acuerdo con una entidad para el uso de una maquinaria donde paga un alquiler y en el futuro el cliente puede hacer la compra utilizando las rentas como parte del monto y solo pagar la diferencia. Esta figura no será obligatoria para los bancos.

"Inclusive ese leasing puede operar con el tema de viviendas. Va ser la creatividad y la innovación que puedan efectuar los bancos", aseveró Arce.

Por su lado, el vicepresidente Álvaro García Linera, en una entrevista concedida al periódico Los Tiempos, informó de que se ha introducido un tipo de régimen impositivo que da un ‘goverment take’ que se mueve entre el 45 y el 50%. “De cada 100 dólares que gana la banca, entre 45 y 50 vienen al Estado. Está claro que si hubiera otra situación económica y el sistema tuviera problemas, esto será modificado”, dijo.

Modificaciones
La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) solicitó que para implementar tal medida (tasas), se defina, con base a parámetros objetivos y técnicos, qué abarca la definición de ‘sector productivo’ y ‘vivienda social’. Esto debido a que la experiencia ha demostrado que al existir amplitud de conceptos, el dinero destinado a créditos de apoyo productivo podría ser direccionado hacia el consumo u otros ámbitos que no permitirán cumplir con el espíritu de la ley (riesgo moral).

De igual forma sucede con el concepto de ‘vivienda social’, que deberá tener límites claros de costo para evitar que, con tasas preferenciales, sean subsidiadas onerosas mansiones y se altere el propósito social de esta medida. El monto que se define en otros instrumentos legales como ‘vivienda social’ es de $us 30.000 como máximo.

Asoban también rechaza que la ASFI sea quien defina el grado de crecimiento y expansión del sistema, cuando este debería estar determinado por cada entidad.

Sobre el tema, el economista José Baldivia Urdininea en un documento difundido por la Fundación Milenio y citado por la agencia ANF, opinó que "la medida gozará sin duda de popularidad, pues es natural que los demandantes de crédito quieran pagar menos por ellos y que los ahorristas busquen obtener un mayor rendimiento de sus depósitos".

Sin embargo, señaló que si se fijan topes demasiado bajos, las primeras entidades en verse afectadas serán las de microfinanzas, es decir, aquellas que tienen como clientela a pequeños prestatarios, quienes pagan tasas más altas debido a que obtienen microcréditos con plazos cortos y generalmente sin garantías hipotecarias.

El experto señala que la norma induce a pensar que el Gobierno busca reducir las dimensiones del sistema privado o sustituirlo gradualmente con bancos estatales.

Entre las nuevas obligaciones figuran cursos anuales de educación financiera, contribución al fondo de protección al ahorrista, cumplimiento de metas sociales a ser establecidas por la ASFI, mayores impuestos a la venta de moneda extranjera y mayor impuesto a las utilidades, aspectos que son cuestionados por Asoban.

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