Al menos 90 familias asentadas irregularmente en el cerro de Cota, en el límite entre el municipio de Quillacollo y Vinto, fueron desalojadas, ayer, por la Policía de acuerdo a una sentencia constitucional.
Los asentados fueron conminados a dejar el lugar como resultado de un proceso judicial que benefició a la familia Mérida Olmos, que reclamó el derecho propietario de los terrenos.
El comandante de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), Alberto Antezana, informó que la orden de desalojo de las 90 familias de la zona de El Mirador se ejecutó sin que se registren daños personales o conflicostos entre los asentados y propietarios. Explicó que no se realizó la demolición de ninguna vivienda debido a que la disposición judicial sólo establecía el desalojo de los asentados.
El alcalde de Vinto, Edgar Soliz, expresó que los conflictos por terrenos en El Mirador son constantes, debido a que varios sectores se acusan de avasallamiento.
El cerro de Cota, en los municipios de Quillacollo y Vinto, fue declarado por ley patrimonio arqueológico y religioso. El área está protegida y las construcciones están restringidas.
En los últimos años la tensión en este sector se ha incrementado, debido al avance de las urbanizaciones hacia el cerro de Cota, al punto de que varias organizaciones se han movilizado para exigir que el municipio de Vinto extienda su mancha urbana hacia ese sector.
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